Proponen ley para crear instituto universitario especializado de la Fiscalía General

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para crear un instituto de educación superior adscrito a la Fiscalía General de la República, enfocado en la formación especializada en justicia.

La iniciativa propone la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República. El objetivo es fortalecer la preparación académica y técnica del personal vinculado al sistema de justicia, ante la evolución de las ciencias forenses y las nuevas exigencias del ámbito judicial.

Buscan formación altamente especializada

Según el proyecto, la institución estaría orientada a la formación de profesionales altamente especializados en áreas como ciencias jurídicas, criminalística, criminología, ciencias forenses, investigación criminal y administración de justicia. También contempla disciplinas afines relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial.

El texto establece que el instituto tendría personalidad jurídica propia, autonomía técnica y académica, patrimonio independiente y duración indefinida. Además, estaría adscrito a la Fiscalía General de la República, lo que permitiría alinear la oferta académica con las necesidades operativas del Ministerio Público.

En cuanto a sus funciones, el proyecto plantea que el instituto podrá diseñar e impartir programas de formación inicial y capacitación continua. Estos incluirán diplomados, maestrías y doctorados en áreas jurídicas y forenses. Asimismo, promoverá la investigación científica y aplicada, así como la elaboración de estudios técnicos y publicaciones académicas.

La propuesta también prevé la suscripción de convenios con instituciones nacionales e internacionales de educación superior y organismos de justicia. Además, el instituto podría certificar competencias profesionales del personal fiscal y de otros participantes en sus programas educativos.

Otro eje de la iniciativa es la formación en ética profesional, integridad, transparencia y protección de víctimas. También se plantean programas de actualización permanente dirigidos a fiscales, agentes auxiliares, peritos y personal técnico.

El proyecto establece que el Fiscal General de la República será el representante legal del instituto. El reglamento interno deberá emitirse en un plazo de 30 días tras la entrada en vigencia de la ley, con disposiciones sobre la estructura administrativa y académica.

El financiamiento provendría del presupuesto de la Fiscalía, ingresos propios, donaciones y cooperación internacional. La fiscalización estaría a cargo de la Corte de Cuentas. De aprobarse, la ley entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.