Con 57 votos a favor y solo uno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves dos reformas a la ley que regula los servicios de información sobre el historial de crédito, habilitando a las agencias crediticias para usar servicios de almacenamiento en la nube, tanto dentro como fuera del país.

Las modificaciones legales permitirán a Equifax, TransUnion e Infored alojar los datos en servidores externos, siempre que cumplan con los lineamientos de ciberseguridad y protección de datos que establecerá el Banco Central de Reserva (BCR).

La primera enmienda, incorporada en el artículo 17 literal “n”, autoriza expresamente el uso de la nube para almacenamiento. Mientras tanto, el artículo 19 literal “h”, que prohíbe compartir información sin consentimiento, fue modificado para incluir una excepción vinculada al nuevo literal.

La diputada Dania González, del partido oficialista Nuevas Ideas, defendió la reforma asegurando que no compromete la seguridad de los datos: “La información de los salvadoreños seguirá contando con todas las garantías de protección”. 

Agregó que esta medida amplía las posibilidades de respaldo más allá del territorio nacional.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, fue la única en oponerse a la reforma. Expresó dudas sobre si el uso de la nube será obligatorio para las agencias, señalando falta de claridad al respecto. González replicó que estas inquietudes pudieron haberse resuelto si se hubiera participado activamente en la comisión legislativa correspondiente.

El uso de almacenamiento en la nube ha ganado terreno en el país. En julio de 2024 se inauguró DataTrust, el primer centro de datos con certificación en El Salvador, que implicó una inversión de 30 millones de dólares

La Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) proyecta que el sector de externalización de procesos de negocios (BPO) y centros de llamadas mantendrá este año su dinámica de crecimiento laboral, tras haber generado 12,000 empleos durante 2024.

Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la gremial, destacó que este impulso fue liderado por una decena de empresas miembros de AmCham y subrayó el potencial de expansión del sector a nivel nacional. “Esperamos repetir esa cifra de nuevos empleos en 2025, sólo en BPO y call centers”, afirmó.

El crecimiento del sector ha estado acompañado por iniciativas de formación en inglés promovidas por el Ministerio de Economía (Minec), que, junto al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), Invest El Salvador y la Dirección General de Aduanas, han sido claves para mejorar el entorno operativo y facilitar la inversión, especialmente en la región centroamericana.

Entre la oportunidad y el reto

Aunque el sector está compuesto por cerca de 60 a 90 centros de llamadas asociados a la gremial, Muñoz señaló que empresas fuera del rubro tradicional —como bancos y comercios minoristas— también han implementado estructuras de atención tercerizada.

Las proyecciones de inversión para El Salvador se mantienen optimistas, impulsadas por proyectos estratégicos como el Aeropuerto del Pacífico, Surf City 2 y la instalación de un nuevo cable submarino. No obstante, AmCham advierte sobre un reto estructural: la falta de personal calificado para responder a la creciente demanda.

Armando Arias, presidente de la gremial, lamentó que el país haya tenido que rechazar oportunidades de inversión debido a la escasez de talento técnico. “Nos piden 200 ingenieros, pero no hay dónde encontrarlos. Tenemos que preparar mejor a nuestra gente”, enfatizó durante el evento Legal Summit.

Arias también citó al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para insistir en la urgencia de invertir tanto en infraestructura como en sostenibilidad ambiental, si El Salvador quiere sostener el ritmo de crecimiento y atraer más capital extranjero.

En conjunto, el panorama para el sector BPO y call center en El Salvador es prometedor, pero dependerá de un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado para cerrar las brechas de formación y aprovechar al máximo las oportunidades del mercado global.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó, a través de sus redes sociales oficiales, los lineamientos actualizados para que abogados y notarios puedan solicitar la reposición de sus sellos en caso de robo, hurto o extravío. Este trámite deberá realizarse ante la Secretaría General del órgano judicial, ubicada en el tercer nivel del Palacio Judicial, Centro de Gobierno.

Según la información publicada, los profesionales del derecho deberán presentar un escrito dirigido a la Secretaría General solicitando la reposición, especificando además la imprenta seleccionada para elaborar los nuevos sellos. Es obligatorio adjuntar una declaración jurada o una copia de la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República, que respalde el extravío, robo o hurto del sello.

Una vez entregada la documentación, la autorización para la elaboración de nuevos sellos estará disponible en un plazo de tres días hábiles. Posteriormente, la imprenta contará con otros tres días hábiles para elaborar y remitir los sellos a la Secretaría General, donde deberán ser retirados personalmente por el abogado o notario interesado.

Aunque el trámite puede ser presentado por un tercero, este debe contar con una firma autenticada del solicitante. Sin embargo, el retiro de los sellos será únicamente responsabilidad del titular.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 2271-8888, extensión 1210.

La CSJ reitera la importancia de mantener en resguardo estos instrumentos profesionales y facilitar el proceso de reposición en casos necesarios.

Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la Ley Orgánica Judicial que reestructura varios juzgados en los departamentos de Sonsonate y La Libertad. La modificación entrará en vigor el 1 de julio de 2025 y tiene como objetivo mejorar la distribución de casos y la eficiencia en el sistema judicial.

La medida contempla la conversión y ampliación de competencia de los juzgados civiles, mercantiles, laborales y penales en las localidades de Sonsonate Centro, Armenia e Izalco.

Según el dictamen aprobado, los cambios permitirán redistribuir la carga laboral y judicial en zonas con alta demanda.

Entre los principales ajustes se encuentra la transformación del Juzgado de Primera Instancia de Armenia en el nuevo Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, el cual mantendrá su sede en Armenia. Asimismo, se crean el Juzgado Primero y el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro, con residencia en esa ciudad.

Además, se amplía la competencia del Juzgado de Instrucción de Izalco, que asumirá los casos penales previamente tramitados por el juzgado de Armenia. Por su parte, el Juzgado de lo Laboral de Sonsonate absorberá los procesos laborales en trámite, incluyendo casos inactivos, del mismo juzgado.

Otra modificación relevante es que los tres juzgados civiles y mercantiles de Sonsonate podrán conocer casos provenientes de los distritos de Jayaque, Tepecoyo y Sacacoyo, pertenecientes al sector oeste del departamento de La Libertad. Las constancias de expedientes cerrados tramitados en Armenia también serán transferidas al nuevo Juzgado Tercero.

La reforma establece que la Cámara Segunda de lo Civil de Occidente, con sede en Sonsonate, se encargará de conocer en segunda instancia los procesos llevados por los juzgados civiles y mercantiles reestructurados.

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, explicó que la conversión no implicará gastos adicionales ni eliminación de plazas, ya que forma parte del plan estratégico institucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según datos proporcionados por la CSJ, cada despacho de lo civil y mercantil en Sonsonate actualmente maneja más de 500 casos, lo que ha generado demoras en la atención judicial.

Quinteros también adelantó que la CSJ estudia futuras reformas similares en los municipios de Tejutla y Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango.

El Caucus de El Salvador del Congreso de los Estados Unidos confirmó a través de sus redes sociales que una delegación de legisladores estadounidenses viajará próximamente al país centroamericano. La visita tiene como objetivo fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones.

“Nos complace anunciar que el Caucus regresará al hermoso país de El Salvador. Estamos orgullosos de haber contribuido a cimentar esta relación y pronto estaremos allí para celebrar sus logros”, publicó el grupo legislativo en la red social X (antes Twitter).

La presidenta del Caucus, la congresista republicana por Florida Ana Paulina Luna, informó que la comitiva será recibida por el presidente Nayib Bukele el próximo 8 de mayo, en una audiencia programada para las 6:00 de la tarde.

Luna ya había adelantado esta visita en febrero, durante una entrevista en el programa del excongresista Matt Gaetz en One America News Network.

Gaetz, quien fue uno de los impulsores del Caucus antes de retirarse del Congreso tras no conseguir la nominación como fiscal general de Estados Unidos, preguntó a Luna sobre la propuesta del expresidente Donald Trump de trasladar a presos violentos desde Estados Unidos a cárceles salvadoreñas.

En esa ocasión, la congresista expresó su apoyo a la idea y mencionó que el encuentro con Bukele podría ocurrir en marzo, aunque luego fue reprogramado para mayo.
Hasta el momento, no se ha confirmado la lista completa de legisladores que participarán en el viaje.

El Caucus de El Salvador fue constituido en julio de 2024 con un enfoque bipartidista, y está integrado por representantes tanto republicanos como demócratas. Entre sus miembros figuran María Elvira Salazar (FL), Vicente González (TX), Andy Biggs (AZ), Dan Bishop (NC), Alex Mooney (MD), Lauren Boebert (CO), Lou Correa (CA), Eli Crane (AZ), Ralph Norman (SC), Mike Collins (GA), Scott Perry (PA) y Cory Mills (FL), además de la propia Luna.

Cabe recordar que el grupo fue conformado tras la participación de Gaetz en la ceremonia de investidura de Bukele en junio de 2024. Posteriormente, el 5 de agosto, el Caucus solicitó a la administración de Joe Biden reducir el nivel de alerta de viaje hacia El Salvador, proponiendo cambiarla del Nivel 3 (reconsidere viajar) al Nivel 1 (tome precauciones normales).