Regresa el concurso interuniversitario sobre competencias para juicios orales en su XVIII edición 

El Consejo Nacional de la Judicatura anunció el regreso del Concurso Interuniversitario sobre Competencias para Juicios Orales, en su XVIII edición, una oportunidad única para los estudiantes de Derecho de diversas universidades del país para poner a prueba sus habilidades en audiencias orales.

Este evento, que se ha convertido en un referente en la formación de futuros abogados, busca fortalecer las destrezas de los participantes en la gestión y exposición de casos en el marco de juicios orales. 

En esta nueva edición, la temática central estará enfocada en los delitos contra las mujeres cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, un tema de gran relevancia en el contexto actual, marcado por el creciente uso de plataformas digitales.

La competencia, que se desarrollará en diversas fases, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una plataforma para mejorar su capacidad de argumentación y defender derechos en el contexto de la justicia penal. 

Además, les permitirá acercarse al mundo real de los procesos judiciales, enfrentándose a situaciones que requieren habilidades jurídicas, oratorias y de trabajo en equipo.

El período de inscripción está abierto del 17 al 31 de marzo, brindando a los estudiantes la oportunidad de formar parte de esta prestigiosa competencia. 

Las inscripciones se podrán realizar a través de la Escuela de Capacitación Judicial «Dr. Arturo Zeledón Castrillo», encargada de coordinar todo el proceso.

Participar en este concurso no sólo representa una oportunidad para reforzar las capacidades técnicas, sino también para destacar en el ámbito profesional, adquiriendo experiencia invaluable en el ejercicio de la oralidad, una de las áreas más cruciales del derecho actual.

El FBI confirmó la captura del salvadoreño Francisco Javier Román Bardales, uno de los diez prófugos más buscados por el organismo estadounidense, quien fue detenido en Veracruz, México.
La extradición de este peligroso cabecilla de la pandilla MS-13, conocido como ‘Veterano’, marca un importante logro en la lucha contra el crimen organizado internacional.
El arresto, que ocurrió en la ciudad de Baxtla, Veracruz, fue el resultado de un meticuloso trabajo de inteligencia y colaboración interinstitucional entre el FBI y diversas agencias de seguridad mexicanas, como la Sedena, la Semar, la FGR, la GN y la SSPC.
Tras su captura, Román Bardales fue trasladado a la Ciudad de México, desde donde fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará múltiples cargos, incluidos conspiración para apoyar a terroristas, crimen organizado, narcotráfico y tráfico de personas.

Kash Patel, director del FBI, expresó su satisfacción por el éxito de la operación. «Puedo confirmar que anoche, trabajando con el Departamento de Justicia y otros socios interinstitucionales, el FBI ha extraditado a uno de nuestros ‘10 más buscados’», declaró Patel. El funcionario añadió que esta detención es una victoria significativa tanto para las autoridades encargadas de la aplicación de la ley como para la seguridad de Estados Unidos.
Román Bardales es considerado un miembro de alto rango de la MS-13, una de las pandillas más violentas y temidas en América Central y Estados Unidos.
Su captura se da en un contexto de creciente cooperación entre Estados Unidos y México en la lucha contra el crimen organizado, en la que se han logrado diversas detenciones de figuras clave de la MS-13.

La Procuraduría General de la República (PGR) recordó a la ciudadanía las sanciones que enfrentan aquellos padres que no cumplen con su obligación de pagar la cuota alimenticia o manutención de sus hijos. 

La ley establece diversas restricciones que afectan directamente a los derechos y facilidades de quienes no abonen este pago esencial para el bienestar de los menores.

Entre las sanciones más destacadas, se encuentran:

1. La imposibilidad de obtener o renovar el pasaporte, lo que limita la capacidad del incumplidor para viajar al extranjero.
2. La prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir o la tarjeta de circulación, lo cual afecta su libertad de movilidad.
3. La restricción para salir del país, lo que implica que los padres morosos no podrán viajar fuera del territorio nacional hasta que regularicen su situación.

Estas medidas buscan asegurar que los derechos de los hijos sean respetados y que los responsables del sustento de los menores cumplan con su deber legal. 

La Procuraduría destaca que las hijas e hijos tienen el derecho a que se les brinde una manutención adecuada, y que cualquier incumplimiento de este compromiso será sancionado conforme a la ley.

En caso de que el padre o madre no cumpla con la cuota alimenticia establecida por el tribunal, los afectados pueden acudir a la Procuraduría General de la República para presentar la denuncia correspondiente. 

La institución se compromete a garantizar que se respeten los derechos de los menores y que los padres responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes.

Es fundamental recordar que los menores tienen derecho a recibir el apoyo necesario para su desarrollo, y la Procuraduría está dispuesta a tomar las acciones necesarias para hacer cumplir la ley.

La coordinadora de la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM), Karen Flores de Vásquez, recordó que el combate al acoso laboral contra las mujeres es tarea de todos y enumeró diferentes formas de esta violencia que persiste en la sociedad.

En una entrevista radial, la funcionaria abordó el «Acoso laboral y violencia contra las mujeres en el trabajo».

La UIAEM es una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR). 

La funcionaria destacó las diversas formas de violencia que las mujeres enfrentan en el ámbito laboral, un problema que sigue siendo una realidad preocupante en muchos entornos de trabajo.

Explicó que existen varias conductas que impactan negativamente en la vida de las mujeres en sus espacios laborales, las cuales pueden ser categorizadas en tres tipos principales:

1. Violencia psicológica: Esta se manifiesta a través de humillaciones y amenazas constantes que afectan la salud mental de las víctimas.
2. Violencia física: Se refiere a agresiones directas que ponen en peligro la integridad física de las trabajadoras.
3. Violencia simbólica: Se traduce en conductas como el aislamiento social dentro del entorno de trabajo o críticas destructivas sobre la apariencia física de las mujeres.

Resaltó, además, la importancia de crear conciencia sobre estas problemáticas y destacó el compromiso de la Procuraduría General  en ofrecer apoyo a las mujeres que enfrentan este tipo de violencia. 

En este sentido, la institución brinda asesoría y acompañamiento legal, así como atención psicosocial a las víctimas, con servicios disponibles a nivel nacional para garantizar que las mujeres reciban el apoyo necesario.

Este tipo de iniciativas busca ayudar a erradicar el acoso laboral y la violencia contra las mujeres, y resalta la necesidad urgente de cambiar las dinámicas laborales que perpetúan este tipo de conductas. 

El Salvador sigue siendo un país de tránsito para el narcotráfico, aunque los esfuerzos de interceptación han reducido significativamente el uso de rutas terrestres y han obligado a los traficantes a operar en el mar, según el informe “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025″ del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El informe, publicado este lunes, resalta que la cooperación entre el país norteamericano y el de Centroamérica se mantiene sólida, permitiendo la intercepción de drogas ilícitas con destino a Norteamérica. “Gracias a los enérgicos esfuerzos de interceptación, las organizaciones narcotraficantes evitan en gran medida el tránsito por tierra y prefieren utilizar rutas marítimas”, señala el documento.

El reporte también destaca que El Salvador ha realizado incautaciones de drogas a gran escala hasta a 1,600 kilómetros de su costa, superando su zona económica exclusiva y el alcance operativo habitual de otras fuerzas navales en América Latina. 

Además, subraya que la colaboración y asistencia de Estados Unidos han fortalecido estos operativos.

Resultados en la lucha contra el narcotráfico

Entre enero y septiembre de 2024, la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) incautó 8.1 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 161 % en comparación con el año anterior. 

Según el informe, el 99.8 % de la cocaína fue interceptada en el mar gracias a operaciones de la Marina salvadoreña realizadas a más de 1,000 millas de la costa.

Control de precursores químicos y lucha contra el fentanilo

Aunque en El Salvador no se ha detectado producción de drogas sintéticas, el país ha duplicado el personal de la Unidad Química de la PNC para auditar farmacéuticas y prevenir el desvío de sustancias químicas. En agosto de 2023, El Salvador se unió a la Coalición Global contra las Drogas Sintéticas.

El gobierno de Estados Unidos ha brindado apoyo con equipos y entrenamiento para unidades caninas capaces de detectar fentanilo. 

Hasta 2024, El Salvador ha incautado pequeñas cantidades de esta sustancia en investigaciones realizadas por la DAN.

Compromiso gubernamental y desafíos persistentes

El informe del Departamento de Estado reconoce el compromiso de El Salvador en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 

Sin embargo, advierte sobre desafíos como la corrupción, la debilidad institucional y problemas económicos, que podrían representar riesgos para la seguridad del país. Recomienda fortalecer el sistema judicial, mejorar la transparencia y garantizar el financiamiento adecuado de las políticas de seguridad.

Si bien el informe aclara que El Salvador no promueve ni facilita el narcotráfico como política de Estado, advierte que la corrupción sigue siendo un problema a enfrentar.

Alianzas internacionales y convenios de seguridad

El Salvador forma parte de la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI), un programa estadounidense que financia el combate al narcotráfico y el crimen organizado. 

También ha mostrado interés en fortalecer su seguridad fronteriza y mejorar su sistema judicial para enfrentar amenazas transnacionales.

Uno de los acuerdos clave en la cooperación con Estados Unidos es el Convenio de Ubicación de Seguridad Cooperativa, que permite a Estados Unidos utilizar aeropuertos y otras instalaciones en El Salvador para detectar y rastrear operaciones de narcotráfico. Este acuerdo será revisado en 2025.