La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que otorga a los tribunales especializados en delitos de crimen organizado la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las penas impuestas.
Esta medida busca regular la autoridad judicial competente para controlar la fase de ejecución de las penas en los casos de delitos relacionados con el crimen organizado.
El cambio específico a la ley establece que los tribunales y cámaras contra el crimen organizado se encargarán de garantizar el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con la ejecución de las penas, de acuerdo con las atribuciones que también corresponden a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, tal como lo establece la Ley Penitenciaria.
La reforma fue incorporada en el artículo 3 de la ley con un nuevo inciso que resalta la responsabilidad de los tribunales especializados en esta materia.
Además, se introdujo un artículo transitorio que especifica que los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que actualmente estén encargados de la supervisión de las penas impuestas por delitos bajo la Ley Contra el Crimen Organizado continuarán con el control hasta su cumplimiento total. Esta disposición busca asegurar que no haya interrupciones en la ejecución de las penas ya en curso.
El dictamen fue emitido por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia y avalado por mayoría en la plenaria del martes 1 de abril.
La reforma, se explicó, responde a la necesidad de mantener la continuidad en la supervisión de las penas, evitando conflictos de competencia judicial. Asimismo, resalta la importancia de contar con herramientas jurídicas adecuadas para enfrentar los retos del enjuiciamiento de personas vinculadas a estructuras criminales organizadas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó en su momento que los jueces especializados tienen la capacidad de manejar los casos relacionados con el crimen organizado de manera más eficiente.

La creación del Consejo Industrial de El Salvador es un paso importante para fortalecer la industria del país, enfocándose en mejorar el talento humano mediante la capacitación y el desarrollo profesional. Con este objetivo en mente, el Consejo se ha propuesto unir los 26 sectores industriales que conforman el ecosistema productivo nacional para enfrentar juntos los retos y aprovechar las oportunidades que la dinámica industrial actual demanda.

Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y coordinador del Consejo Industrial, destacó que el objetivo central de este esfuerzo es «unir a los sectores industriales». 

Existen en el mundo 26 sectores industriales y el trabajo que se realizó recientemente para unificar unificarlos en El Salvador es fundamental para crear planteamientos comunes que beneficien a todos los involucrados. 

Este enfoque de colaboración es clave para mejorar las condiciones del sector industrial y fomentar un crecimiento sostenible.

Fortalecimiento del talento humano y capacitación

Uno de los pilares de esta iniciativa es el fortalecimiento del talento humano, una de las principales necesidades de la industria salvadoreña. 

Según Arriaza, la industria está buscando profesionales con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de las operaciones actuales. Esto requiere una mayor inversión en capacitación y formación continua, lo que permitirá que los trabajadores se adapten a las exigencias tecnológicas y operativas de la industria moderna.

El Consejo Industrial, a través de la ASI, promueve esta transformación mediante programas de formación especializados que brindan a los empleados la oportunidad de desarrollar sus habilidades y mejorar su competitividad en el mercado laboral. 

Esta capacitación no sólo beneficiará a los empleados, sino también a las empresas, ya que contar con un equipo altamente capacitado contribuye directamente al aumento de la productividad y la eficiencia.

Perspectivas de crecimiento económico 

El presidente de la ASI también hizo un balance del panorama económico actual, señalando que el año pasado la industria salvadoreña experimentó un crecimiento nulo, pero se mostró optimista con las perspectivas para este año. 

“La perspectiva este año es que sea al menos un 2.0% porque hay condiciones», comentó Arriaza. 

Este crecimiento está relacionado con factores como el enfoque en los mercados de Estados Unidos y Centroamérica, los cuales presentan grandes oportunidades para el sector industrial salvadoreño.

Asimismo, destacó que la mejora de la seguridad y el clima de inversión en El Salvador han creado un entorno favorable para el desarrollo económico. «Si se logra en un buen porcentaje, la industria va a poder consolidarse y mejorar sus condiciones», agregó Arriaza, refiriéndose a las expectativas de crecimiento y estabilidad que se visualizan para el sector industrial en el futuro cercano.

Desafíos y oportunidades logísticas 

Otro aspecto importante que mencionó Arriaza fue la planificación logística. En su opinión, una correcta planificación y la compra de materia prima en volumen son esenciales para mejorar la competitividad del sector industrial. 

“La planificación es básica en la logística; y la otra, es comprar en volumen… hay materia prima que se puede comprar en volumen y mejorar la logística», explicó.

La optimización de la logística no solo beneficia a las empresas al reducir costos, sino que también contribuye a mejorar la eficiencia en la cadena de suministro y la producción. 

La integración de estos elementos en la estrategia industrial de El Salvador es vital para el crecimiento sostenido y la consolidación de la industria nacional.

Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), destacó que más de 40 empresas en El Salvador están preparadas para ofrecer franquicias, lo que marca un avance significativo en la internacionalización del país. 

De estas, 7 ya han logrado establecerse en el extranjero, principalmente en el sector turístico, con un enfoque destacado en restaurantes.

En su declaración, Cuéllar enfatizó que uno de los principales objetivos de estas empresas es que las franquicias salvadoreñas sean reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. 

“Lo que nosotros queremos es expandir ese tema”, afirmó, subrayando el esfuerzo por posicionar a El Salvador como un referente en el ámbito de las franquicias.

Además, Cuéllar compartió un balance positivo sobre el desempeño de las exportaciones del país. 

Hasta febrero de este año, las exportaciones han mostrado un crecimiento del 5 % en valor y del 2% en volumen. 

“Eso quiere decir que estamos creciendo en cantidad y en valor”, concluyó, destacando que este crecimiento es una señal de fortaleza para la economía salvadoreña y su potencial en los mercados internacionales.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos de la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados, el “Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal de 2024”, un documento que el Ministerio de Hacienda debía presentar conforme al artículo 168 de la Constitución de la República.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se pronunció en contra del informe, mientras que los legisladores de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) optaron por la abstención.

Según el informe, las 140 instituciones del Estado habían proyectado un total de $17,650.9 millones en ingresos, pero sólo se recaudaron $16,678 millones, lo que representa un cumplimiento del 94.4%. 

En cuanto a los egresos, de los $17,650.9 millones presupuestados, se ejecutaron $15,379.4 millones, equivalente a un 87.1% de lo previsto.

El documento también revela que el Estado, incluyendo al gobierno central, las descentralizadas no empresariales y las empresas públicas, posee activos por un total de $25,056.2 millones, cifra que contempla tanto el patrimonio estatal como los pasivos, es decir, las deudas.

Entre los detalles que se incluyen en el informe, se destacan los siguientes gastos:

• El Gobierno Central destinó $2,695 millones a remuneraciones, ejecutando $2,685 millones. De esta cantidad, $1,718 millones estaban destinados a remuneraciones permanentes, con una ejecución de $1,715 millones.
• El sistema penitenciario ejecutó $165.4 millones, cantidad cercana a la prevista.
• En pasajes y viáticos se gastaron $14.1 millones, por debajo de los $15.1 millones que se habían programado.
• La Corte Suprema de Justicia asignó $38.4 millones a infraestructura, pero solo ejecutó $22.3 millones.
• La Secretaría de Innovación de la Presidencia proyectó $37.2 millones, de los cuales se ejecutaron $14.7 millones.

El artículo 168 de la Constitución establece que el presidente de la República debe presentar, dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada año, un informe sobre la labor de la Administración Pública durante el período. 

Además, el ministro de Hacienda tiene la obligación de presentar la cuenta general del último presupuesto y el estado financiero del Tesoro Público y el patrimonio fiscal en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. 

La Constitución también advierte que el incumplimiento de estas obligaciones provocará la destitución automática del ministro responsable, quien deberá ser reemplazado por el presidente.

Los procuradores auxiliares en El Salvador destinan la mayor parte de su tiempo a audiencias judiciales, dejando poco espacio para la preparación técnica de los casos y la atención a familiares de los privados de libertad. Así lo reveló la procuradora general adjunta, Cándida Parada de Acevedo, durante su comparecencia ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa el pasado lunes.

Parada de Acevedo, quien aspira a dirigir la Procuraduría General de la República (PGR) en el período 2025-2028, presentó los hallazgos de un estudio reciente. Según los datos expuestos, un defensor público penal emplea un 60 % de su tiempo en audiencias, un 20 % en atender a los familiares de los imputados y solo otro 20 % en la preparación técnica de los casos.

Ante esta situación, la funcionaria propuso la implementación de un sistema de atención virtual que permitiría a los defensores públicos brindar información a los familiares de los reclusos y facilitar mediaciones en línea. Esta medida busca optimizar el trabajo de los abogados que asisten a las audiencias diariamente.

Una apuesta por la justicia digital

En su intervención, Parada de Acevedo planteó el programa “Justicia digital al alcance de todos y todas”, basado en datos recientes del Censo de Población y Vivienda 2024. 

Según el estudio, el 80 % de la población salvadoreña usa internet, el 77 % posee un teléfono inteligente y el 53 % de las mujeres hacen uso de la tecnología, lo que facilitaría la implementación de herramientas digitales en la PGR.

Además, destacó que actualmente el 56 % de los casos atendidos por la PGR se resuelven por la vía administrativa, principalmente a través de mediación, mientras que el 40 % siguen un proceso judicial. 

No obstante, la funcionaria sugirió que la proporción ideal sería un 70 % de resoluciones administrativas y un 30 % judiciales, con el fin de agilizar los procesos y descongestionar el sistema de justicia.

Con estas propuestas, la candidata busca modernizar la PGR y mejorar la eficiencia del servicio de defensa pública, adaptándolo a las nuevas tecnologías y a las necesidades de la población.

Con información de diario El Mundo