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Santos Guerra Grijalba: Compromiso y ética en la búsqueda de la justicia

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Conversamos con Santos Guerra Grijalba, destacado profesional en el ámbito jurídico y un ferviente defensor de los valores éticos en la justicia, uno de los aspirantes para la elección de 15 candidaturas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dentro de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). 

Con una carrera destacada en el ámbito judicial y una amplia trayectoria como líder gremialista, Santos Guerra Grijalba se presenta como un candidato comprometido con la excelencia legal y la dignificación de la profesión jurídica en El Salvador. Actualmente, se desempeña como consejal propietario en el Consejo Nacional de la Judicatura.

A lo largo de su trayectoria, Santos ha demostrado un compromiso inquebrantable con la dignificación de la profesión legal, no solo a través de su labor en el ámbito penal y administrativo, sino también como fundador de la Asociación de Abogados Empleados Judiciales del Órgano Judicial (ABOJES), la cual se ha convertido en la mayor asociación de abogados del país.

En esta entrevista, exploraremos su perfil académico, sus áreas de especialización y los valores fundamentales que guían su labor. Además, Santos compartirá su visión sobre la dignificación de la profesión legal y el apoyo que ha recibido del gremio en su postulación para cargos de alto nivel.

Podría contarnos sobre su experiencia en el ámbito profesional y su participación en organizaciones profesionales.

Actualmente, soy consejal propietario en el Consejo Nacional de la Judicatura. Simultáneamente, la institución me ha designado como coordinador nacional ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, una estructura de cooperación destinada a fortalecer los órganos judiciales de los 23 países miembros. He ejercido este cargo con mucho empeño, entusiasmo y dedicación, lo cual se refleja en la incorporación de nuestro país como agente experto en la construcción de proyectos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en los órganos judiciales de estos países.

Esta experiencia se suma a mis 20 años como servidor judicial en el ámbito penal, donde desarrollé gradualmente diversos cargos en sedes judiciales, desde citador hasta secretario. Fue en ese rol donde observé la necesidad de crear unidad entre los profesionales del derecho para formar un ente organizado que velara por los intereses del gremio. Hace más de 20 años, de 13 mil empleados judiciales, el 80% eran abogados. Con mucha determinación y el apoyo de mis compañeros, fundamos la Asociación de Abogados Empleados Judiciales del Órgano Judicial (ABOJES), que hoy es la asociación de abogados más grande del país.

Quiero destacar que mis compañeros confiaron en mí para la primera presidencia de ABOJES, cargo que volví a desempeñar en el año 2020. Además, he sido galardonado en múltiples ocasiones por diversas organizaciones en reconocimiento a mi dedicación, compromiso y entrega gremial por más de 20 años. Entre los reconocimientos se incluyen el «Reconocimiento a la Dedicación, Compromiso y Entrega Gremial» y el «Reconocimiento al Sacrificio y Esmero e Invaluable Aporte a la Comunidad Jurídica» otorgado por ASAJELP. También fui reconocido como uno de los 45 abogados de mayor impacto y proyección en el ámbito jurídico salvadoreño por la revista Derecho y Negocios.

Como gremio, tuvimos un inicio difícil, pero nuestra determinación nos ha brindado frutos inimaginables y, gradualmente, fuimos ganando credibilidad. En mi caso particular, fue un honor y motivo de gratitud haber sido el abogado más votado en las elecciones organizadas por la FEDAES para el CNJ en 2021.

Hablemos del perfil académico y qué áreas de especialización ha desarrollado a lo largo de los años.

Siempre que hago alusión a mi perfil académico, inevitablemente me lleno de agradecimiento hacia mi familia, ya que gracias a sus esfuerzos pude convertirme en profesional. Mis padres ni siquiera alcanzaron la educación media, así que para mí, culminar mis estudios superiores, ejercer como abogado y fungir como servidor público es una forma de honrar esos sacrificios.

Soy licenciado en Ciencias Jurídicas, titulado por la Universidad Dr. José Matías Delgado. En la misma universidad, cursé una maestría en Derecho Administrativo, la cual me ha dotado de herramientas cruciales para el ejercicio de mis funciones. Además, cuento con un postítulo en Derecho Constitucional y certificaciones extranjeras en Jurisdicción Electoral por el Poder Judicial de España y Fundamentos de Criptomonedas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También tengo una acreditación en formación de tutoría virtual por la Escuela de Capacitación Judicial en coordinación con el Centro Nacional de Registros.

Mis áreas de especialización son el derecho público, concretamente en los ámbitos del derecho constitucional y el derecho administrativo, como mencioné anteriormente. Por otro lado, mi trayectoria profesional en el órgano judicial también me ha proporcionado una importante experiencia en derecho penal, tanto en sus aspectos sustantivos como procedimentales.

¿Cuáles son los valores fundamentales que deben guiar a un magistrado en su labor?

Esta pregunta me llama mucho la atención, ya que la tendencia normalmente es enfocarse en las acreditaciones profesionales y académicas requeridas para estos funcionarios de alto nivel. No pretendo subestimar estos elementos esenciales, sino enfatizar la necesidad de integrar valores democráticos al decidir las causas sometidas a su conocimiento.

Dicho esto, sostengo que el conocimiento y las habilidades jurídicas deben estar impregnados de consideraciones éticas, especialmente aquellas relacionadas con la ética judicial, como el único mecanismo para satisfacer realmente los principios trazados por la institución y los intereses de la ciudadanía. El Estado Constitucional de Derecho ha fortalecido esta noción que planteo.

Apelando a estas ideas, quiero destacar algunos valores trascendentales. La honestidad, que posiciona al funcionario judicial como un órgano incorruptible, comprometido únicamente con los fines de un Estado Democrático de Derecho. La justicia, en su vertiente de prudencia, entendida no solo como la virtud de callar las cuestiones sometidas a juicio, sino como la actuación uniforme basada en una reflexión justa y objetiva que busca genuinamente la bondad, de manera mesurada, teniendo en cuenta que la decisión que emita afectará la esfera jurídica de una persona.

No quiero ser excluyente con mi respuesta, ya que la investidura de juez exige una simbiosis de valores fundamentales que demuestren la aptitud de hacer lo correcto y lo sensato.

En consonancia con lo anterior, ¿nos podría comentar cómo se ha manejado el tema de la posibilidad de existencia de un conflicto de intereses con relación a las etapas del procedimiento de selección que corresponden al CNJ y su postulación?

Estaba esperando esta pregunta, y me da mucho gusto responderla. Definitivamente, existe un conflicto de intereses, y estoy absolutamente convencido de que mi participación como agente decisor en el procedimiento pondría en disputa mis principios éticos e imparcialidad, así como la de mis compañeros miembros del Pleno, al ser sujetos sometidos al escrutinio público.

Por ello, quiero ser categórico en establecer que, desde el 16 de mayo del presente año, me separé por completo de todas las gestiones, controversias, diligencias y documentos relativos al procedimiento de selección de magistrados de la CSJ 2024 que corresponden al CNJ. Esto está documentado en el punto siete punto seis del acta de la sesión ordinaria número 19, sostenida el jueves 16 de mayo de este año.

Asimismo, quiero aprovechar este espacio para informar a toda la comunidad que actualmente me encuentro disfrutando de un permiso personal sin goce de sueldo por todo el periodo que comprende la campaña, el cual fue solicitado a la máxima autoridad el 4 de junio del presente año.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los votantes sobre su compromiso con la dignificación de la profesión legal?

La dignificación de la profesión legal es un aspecto que merece ser analizado desde diferentes aristas. Tenemos la óptica del empleado judicial, la del colaborador judicial ad honorem, ya sea que se encuentre en modalidad de horas sociales, prácticas jurídicas o por méritos, y la del litigante. Lo más pertinente sería tener un acercamiento con representantes de estos grupos mencionados y construir de forma participativa soluciones que causen un impacto positivo y tangible en el ejercicio de la profesión.

En conclusión, mi propósito es que estas personas tengan la certeza de mi interés real por escucharlas y construir soluciones colaborativas que alcancen el bienestar de la comunidad jurídica. Indudablemente, la base del debate que se genere deberá ser la garantía de condiciones mínimas de respeto, tal como merece esta noble profesión.

Por último, ¿cómo ha sido el apoyo del gremio en su postulación?

Al hacer una recapitulación de estos 20 años como aficionado gremialista, me da mucha satisfacción saber que, como asociación, nos hemos apoyado mutuamente y concretado muchos proyectos de compañeros de ABOJES que ahora ostentan, o en su momento ostentaron, cargos de alto nivel. Definitivamente, existe un sentido de pertenencia entre los que conforman este proyecto. Los fundadores, sin darnos cuenta, hemos venido forjando nuestro camino. Todas aquellas veces que, con mucho esmero y solidaridad, pedíamos el voto para otro u otra, en realidad estábamos, por decirlo así, pidiendo nuestro voto futuro.

Una de las formas en que pude constatar esto, en mi caso particular, fue con la aceptación y apoyo de mi candidatura como consejal en el CNJ, siendo el más votado. No les voy a negar que durante todo ese periodo yo conversaba con Dios y le cuestionaba sobre retribuciones materiales para mí, tal vez esperando un reconocimiento mínimo de algunas personas, correlativas al trabajo que yo realizaba. Recordemos que yo trabajaba en Zacatecoluca, a más de 40 kilómetros de mi casa. Hoy, al llegar al funcionariado público, Dios me dio una respuesta a todas mis interrogantes y me mostró que lo fundamental en mi camino fue el trayecto, no la meta. Todas esas amistades y experiencias han sido fundamentales en mi carrera. Con certeza, puedo decir que Dios no hace cosas a medias; Él hace obras completas y yo soy un vivo ejemplo de ello.

De la misma forma me siento hoy. De hecho, fueron los compañeros del gremio quienes me motivaron a lanzar mi candidatura. Por otro lado, también me honra el hecho de que varios compañeros de otras organizaciones me han expresado su apoyo. Las insignias de muchos de ellos constan en el material publicitario que circula por las redes. Definitivamente, esto implica una exigencia personal bastante fuerte, pero hay que corresponder de forma adecuada a ese depósito de confianza del gremio hacia mí.

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Legal

Procuraduría General recuerda la necesidad de solicitar autorización migratoria para menores que viajan al extranjero

La PGR enfatizó al público en general la importancia de realizar el trámite migratorio, que se hace por medio de un notario autorizado, para evitar inconvenientes y potenciales repercusiones legales.

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Con la proximidad de las vacaciones de fin de año, muchas familias salvadoreñas se preparan para viajar al extranjero. En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un llamado a los padres de familia que planean salir del país con sus hijos, para que recuerden la importancia de contar con la autorización migratoria correspondiente, especialmente si uno de los progenitores no podrá acompañar al menor o si se desconoce el paradero de alguno de ellos.

Según la normativa vigente, cuando un niño, niña o adolescente desea salir del país acompañado de uno de los padres o de un tercero, es obligatorio obtener una autorización migratoria de salida.

Esta autorización, que se tramita con un documento notarial, es un requisito fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, así como para evitar posibles situaciones de secuestro parental o traslado ilegal de niños.

¿Cuándo es necesario solicitar la autorización?

La autorización migratoria es necesaria en los siguientes casos:

  • Si el niño, niña o adolescente viaja solo o acompañado solo por uno de los progenitores: En caso de que uno de los padres no pueda acompañar al menor, o si el menor será acompañado por una persona distinta a sus padres, se deberá gestionar la autorización para permitir que el menor pueda salir del país.
  • Si el paradero de uno de los progenitores es desconocido: Si uno de los padres está ausente o no se tiene conocimiento de su paradero, también será necesario tramitar la autorización para que el menor pueda viajar.

La Procuraduría advierte que el proceso de solicitud de autorización migratoria debe realizarse con anticipación, ya que puede implicar la recopilación de documentación adicional y la verificación de la situación legal del menor.

Es importante recordar que este procedimiento busca prevenir situaciones de riesgo para los menores y asegurar que su salida del país se realice de manera legal y conforme a la normativa vigente en El Salvador.

Lo que dice Migración y Extranjería

Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería informó que los documentos necesarios para que un menor de 18 años viaje sin la compañía de uno o ambos padres se requiere pasaporte vigente y en buen estado, además de la autorización de salida del país elaborada por un notario autorizado.

“Garantiza un viaje seguro y sin contratiempos cumpliendo con los requisitos que establece nuestra ley”, dijo la entidad pública.

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Judicial

Corte Suprema inaugura capacitación anticorrupción ISO 37001

En las jornadas impartes a servidores de la CSJ aspectos fundamentales, herramientas y estrategias para prevenir y detectar el soborno en actividades cotidianas.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una serie de capacitaciones sobre el sistema de gestión anti soborno ISO 37001, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.

Estas son impartidas por la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.
La inauguración de las jornadas estuvo a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien también coordina la mencionada comisión.

El curso, dirigido a servidores públicos de diversas dependencias de la Corte, tiene como propósito dotar a los participantes de herramientas efectivas para detectar, prevenir y combatir las prácticas corruptas.

Durante su intervención, el magistrado Martínez destacó la importancia de este proceso formativo, invitando a los participantes a convertirse en agentes multiplicadores de una cultura de cumplimiento normativo.

“Les invitamos a aprovechar esta experiencia y fomentar una cultura de cumplimiento, cerrando las puertas a cualquier forma de corrupción que atente contra el patrimonio del país”, expresó.

Por su parte, Claudia Orozco, directora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, enfatizó la relevancia de la norma ISO 37001 como un marco robusto para implementar un sistema de gestión antisoborno. Orozco subrayó que, a lo largo de las jornadas, se abordarán los principios fundamentales, las herramientas y las estrategias necesarias para prevenir, detectar y abordar el soborno en las actividades cotidianas de los servidores públicos.

Las jornadas de capacitación, que se extenderán a lo largo de 5 sesiones de 4 horas cada una, son organizadas por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Unidad de Recursos Humanos de la CSJ.

La inauguración del evento también contó con la presencia de Julio Alberto Chávez, gerente general de Administración y Finanzas de la Corte, quien expresó su respaldo a esta iniciativa en pro de la transparencia y la integridad institucional.

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Legal

Asamblea Legislativa ratificará convenio internacional sobre cuotas alimenticias

Los diputados de la comisión de salvadoreños en el exterior dieron su aval para que en la plenaria de este martes se ratifique dicho convenio y será la Procuraduría General y no Cancillería quien gestione trámites.

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La Comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para ratificar un convenio internacional firmado por 52 países. Este acuerdo busca mejorar la efectividad en el cobro de cuotas alimenticias para niños y otros miembros de la familia a nivel global.

La ratificación oficial del «Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia y su protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias» se llevará a cabo en la próxima sesión plenaria, programada para el martes.

Con este convenio, la Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá en la autoridad central encargada de gestionar directamente las solicitudes de cuotas alimenticias con sus contrapartes en otros países, en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el responsable actualmente.

El acuerdo consta de 65 artículos y 2 anexos.

La ratificación por parte de El Salvador incluirá una reserva sobre el apartado 3 del artículo 44, así como una declaración relacionada con el uso de la lengua oficial en las comunicaciones, excluyendo el uso del francés o inglés.

Durante la presentación del convenio, una representante de la Cancillería destacó que este acuerdo representa un avance significativo en el compromiso de construir una sociedad más justa, protegiendo a los más vulnerables y asegurando que la justicia trascienda fronteras.

Entre los beneficios mencionados se incluyen procesos simplificados que reducirán tiempos y costos para las familias salvadoreñas, asistencia jurídica gratuita, garantía de seguridad alimentaria, incluso en el extranjero, y la posibilidad de coordinar la ejecución de resoluciones alimenticias.

La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, afirmó que el convenio proporcionará la asesoría legal necesaria para niños que lo requieran.

Por su parte, el diputado Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, resaltó que este convenio soluciona el «limbo» en que quedaban las pensiones alimenticias cuando uno de los padres se mudaba al extranjero. Chamagua calificó el acuerdo como una «deuda» del Estado salvadoreño que no había sido abordada por administraciones anteriores, a pesar de que el acuerdo original data de 2007.

Finalmente, Figueroa expresó su confianza en que cuentan con los elementos necesarios para aprobar el convenio y solicitó a Chamagua que se preparen los proyectos para su votación.

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Noticias

La PGR busca fortalecer el trabajo de la defensora pública por medio de diplomado en justicia laboral

La capacitación inició el fin de semana y brindará nuevos conocimientos sobre inclusión y antidiscriminación en la práctica legal.

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La Procuraduría General de la República ha inaugurado el “Diplomado en Justicia Laboral”, impulsado por la Procuraduría Especializada de Derechos Laborales y ORMUSA.

Este programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes conocimientos esenciales sobre inclusión, antidiscriminación y derechos humanos en el ámbito laboral.

Melvin Zepeda, Procurador especializado de derechos laborales, enfatizó la importancia de la tecnificación de la defensoría pública y del personal en diversas áreas de la institución.

Durante la inauguración, el procurador general, René Escobar, subrayó la responsabilidad de los servidores públicos de crear un entorno que valore y respete los derechos de todos los trabajadores, incluso con recursos limitados.

Escobar también mencionó que, aunque se han logrado avances en la reducción de desigualdades en el ámbito laboral, aún queda mucho por hacer para eliminar de manera definitiva estas brechas, especialmente para los grupos históricamente excluidos.

“Una de mis apuestas es apoyar la formación y tecnificación permanente de nuestros defensores públicos”, añadió.

El diplomado buscará dotar a los participantes de herramientas necesarias para garantizar los derechos de los trabajadores, enfocándose en los sectores más vulnerables.

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Noticias

Estudio de factibilidad del Tren del Pacífico es entregado a CEPA

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma dijo que el tren partirá del puerto de Acajutla, en Sonsonate, y dinamizará el traslado de mercancías.

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El estudio de viabilidad del Tren del Pacífico fue entregado a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), por parte de una misión técnica de Corea del Sur, lo que le da más forma al ambicioso proyecto gubernamental.

El presidente de CEPA, Federico Anliker, anunció que un equipo técnico está colaborando con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para llevar a cabo esta iniciativa, aunque no se ofrecieron detalles sobre los hallazgos de los estudios.

Anliker recordó que el proyecto se dividirá en dos fases: la primera abarca el trayecto desde San Salvador hasta el Puerto de Acajutla en Sonsonate, y la segunda se extenderá desde Acajutla hasta La Hachadura, en Ahuachapán.

El presidente de CEPA aseguró que la implementación del tren facilitará el proceso de importaciones y exportaciones de El Salvador.

El proyecto está en la mesa desde 2019, cuando el presidente Nayib Bukele ganó sus primeras presidenciales.

En agosto de 2024, CEPA comunicó que el MOPT estaba encargado de la gestión del proyecto, y que había contratado consultores para identificar las zonas más adecuadas para la construcción del ferrocarril. Recientemente, se confirmó que la compañía argentina AC & A coordinará el primer tramo del Tren del Pacífico, que conectará el Puerto de Acajutla con el Sitio del Niño en San Juan Opico, La Libertad.

En febrero de este año, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) publicó un Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, que estimó que el tren y los aeropuertos del oriente del país requerirían una inversión superior a $2,841 millones.

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