La Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general del Estado para 2025, de $9,662,997,142, incluyendo una medida que restablece de forma parcial los escalafones salariales en los sectores de Salud y Educación.
Esta decisión fue respaldada por 57 votos, mientras que la modificación al artículo 4, que permite esta aplicación parcial, obtuvo 60 votos a favor.

Asignaciones presupuestarias para escalafones
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, propuso cambiar el artículo 4 del presupuesto, que inicialmente congelaba los escalafones salariales.
Según el cambio aprobado, en el sector Salud los escalafones se aplicarán exclusivamente a empleados con salarios menores a $1,500 mensuales, con un refuerzo presupuestario de $8 millones.
En Educación, se asignaron $2 millones para financiar el escalafón conforme a las leyes General de Educación y de la Carrera Docente.

El texto del cambio indica: “Para el presente ejercicio fiscal, del escalafón salarial correspondiente al ramo de Salud se otorgará únicamente a empleados y funcionarios públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500 y su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo antes establecido. Adiciónase la suma de $8 millones para financiar la aplicación de dicho escalafón. Adiciónese a Educación, Ciencia y Tecnología, $2 millones para financiar la aplicación de su escalafón conforme a lo establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.

Críticas y debate en el pleno
La aprobación del presupuesto ocurrió en un ambiente de fuerte debate. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó las reducciones presupuestarias en Salud y Educación, así como el aumento al Ministerio de Defensa Nacional.
Ortiz propuso incluir en el artículo 19 una disposición que blinde los fondos destinados a programas sociales, la Ley Crecer Juntos y la inversión pública, declarándolos intransferibles. Su propuesta sólo obtuvo tres votos.
Por su parte, el diputado William Soriano (Nuevas Ideas) celebró el restablecimiento parcial de los escalafones y aseguró que se mantiene el enfoque en seguridad. “Misión cumplida, estamos listos para arrancar un año más de trabajo y continuar con la estrategia y la promesa del presidente Nayib Bukele del milagro económico”, declaró.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también reconoció el restablecimiento de los escalafones, pero criticó la reducción del presupuesto en sectores clave. Cuestionó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sufrió un recorte del 45 % ($6 millones), mientras el presupuesto de Defensa aumentó en un 22 % ($48 millones).
La diputada oficialista Suecy Callejas desestimó las críticas de la oposición, asegurando que los subsidios no han sido eliminados y que los paquetes agrícolas contarán con $23 millones en 2025.
También destacó que el presupuesto de Educación alcanzará $1,537 millones.
“Por primera vez vamos a aprobar un presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria. Arena, cuyo sueño dorado era la privatización de salud, sigue mintiendo”, afirmó.
“Aprobamos el Presupuesto General de 2025, el primero de nuestra historia en estar completamente financiado, es decir, que no necesitará de deuda para su ejecución”, dijo el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, del partido Nuevas Ideas.

Este martes 17 de diciembre, la Asamblea Legislativa elegiría en la sesión plenaria al fiscal general para el periodo 2025-2028 y todo apunta a que Rodolfo Delgado será reelecto para un nuevo mandato.
El otro aspirante al cargo es Gonzalo Octavio Ayala López, actual oficial de información de la Corte de Cuentas de la República.
Los candidatos fueron entrevistados por los diputados de la Comisión Política la tarde del 16 de diciembre.
Esta aprobó un dictamen favorable para someter la elección al pleno legislativo. La propuesta se basa en un proceso de elección para un cargo que será asumido el 6 de enero de 2025 y concluirá el 5 de enero de 2028.
Delgado asumió el puesto de fiscal general el 2 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Ernesto Melara, quien fue removido por la legislatura 2021-2024 con mayoría de Nuevas Ideas.
En esa ocasión, la elección se dio por un periodo interino de 8 meses y 3 días, hasta el 5 de enero de 2022. En diciembre de 2022, el fiscal fue reelecto para un primer periodo de 3 años que finalizará el próximo 5 de enero.
Ahora, a punto de concluir ese mandato, todo parece indicar que el funcionario continuará al frente del Ministerio Público durante un nuevo ciclo.
Según el presidente de la Comisión, diputado Ernesto Castro, el dictamen será presentado ante el pleno legislativo para su ratificación en la sesión convocada para las 9:30 de la mañana.
“Propongo que se presente al pleno legislativo el dictamen favorable a efecto de que se proceda a la elección del fiscal general de la República para el periodo de tres años que inicia el 6 de enero de 2025 y concluye el 5 de enero de 2028”, expresó Castro tras la votación.
La propuesta fue aprobada con una abstención y 8 votos a favor.
El dictamen aprobado no contiene una propuesta concreta de nombre para el cargo.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) planea “poner al día” las auditorías municipales y del gobierno central en 2025, con su propuesto plan intensivo de controles, de acuerdo a lo planteado ante los diputados de la Comisión de Hacienda al justificar el presupuesto que la institución tendrá para el próximo año.

La asignación propuesta es la misma con la que la CCR ha funcionado en este 2024, $50,448,939. 

Según Juan Manuel Pascasio, subdirector financiero de la Corte, el plan de fiscalización masiva, como le han llamado, busca reducir desfases de hasta 5 años, especialmente en las municipalidades.

Al presentar a los diputados de la Comisión de Hacienda los objetivos de la institución para el próximo año, destacó que desde tienen un enfoque en la eficiencia y el control en el uso de los recursos públicos. 

“Este 2025 será un ejercicio fiscal clave, ya que queremos seguir con esta mística de trabajo para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera más eficiente. El plan masivo de fiscalización incluye la actualización de los períodos a auditar, con un enfoque en que todas las instituciones de gobierno estén al día”, aseguró Pascasio.

Explicó que en 2024 han auditado un total de 103 alcaldías correspondientes al período 2018-2021 y 174 de 2021-2024. 

“Este mismo proyecto se extenderá a todas las instituciones del Estado”, agregó Pascasio, señalando que la Corte de Cuentas continuará con esta labor de control en 2025.

Según Pascasio, la decisión de contar con el mismo presupuesto obedece a una política de racionalización y eficiencia en el uso de los recursos. 

“Nos hemos mantenido con el mismo presupuesto bajo los principios de eficiencia. Con esta asignación hemos logrado importantes avances en la Corte de Cuentas, lo que nos ha permitido tener una mayor presencia en las instituciones que gestionan los recursos públicos”, explicó el funcionario.

La mayor parte del presupuesto de 2025, $22.8 millones, se destinará a la realización de auditorías, mientras que $6.5 millones se asignarán para juicios de cuentas. 

En cuanto a las metas específicas, Pascasio detalló que la Corte de Cuentas proyecta realizar 435 acciones de control y 486 sentencias de juicios de cuentas durante 2025.

Además, uno de los objetivos para el próximo año es actualizar el equipo técnico de la institución, que según Pascasio se encuentra “obsoleto”. También se trabajará en la mejora de la capacitación de los servidores públicos, para lo cual se creará un aula virtual.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) justificó ante la Asamblea Legistativs su presupuesto para el año 2025, el cual ascendería a un total de $485.7 millones, lo que representa un incremento de $42.7 millones respecto al monto aprobado para este año.
Durante una reunión con los diputados de la Comisión de Hacienda, el presidente de la CSJ, Henry Mejía, y otros magistrados detallaron cómo se distribuirán los recursos del Órgano Judicial.
Uno de los puntos clave de la presentación fue el gasto en remuneraciones, que alcanza un total de $298.8 millones, lo que representa el 61% del presupuesto total. Este monto está destinado a cubrir los salarios de los empleados judiciales y de los magistrados, y refleja la prioridad que la CSJ otorga a garantizar el funcionamiento adecuado de sus tribunales y salas.
Además de los salarios, se destinarán $77 millones para la adquisición de bienes y servicios, un gasto que incluye la construcción de nuevos centros judiciales en varias localidades del país, como en Ahuachapán, Santa Ana y San Martín, en San Salvador.
La CSJ también planea adquirir un inmueble para la construcción de un cuarto centro judicial enfocado en materia civil, mercantil y de crimen organizado en la capital.
Julio Chávez, gerente general de la CSJ, destacó que, entre otros proyectos, se llevará a cabo la ampliación del Centro Judicial Dr. Reynaldo Galindo Pohl en Sonsonate, así como la construcción de un almacén regional en Chalchuapa y una bodega en San Miguel para la gestión de documentos y archivos judiciales.
Además, se destinan recursos a la planificación y diseño de seis nuevos centros judiciales previstos para 2026.
Ante un cuestionamiento del diputado Giovanni Saldaña sobre cómo la CSJ se alinea con la política de austeridad del gobierno, Iván Montejo, director de planificación institucional de la CSJ, aseguró que los recursos solicitados se asignarán «de manera inteligente» y prioritariamente al área jurisdiccional, sin generar un gasto corriente innecesario.
A pesar de las inquietudes sobre la austeridad, los diputados no objetaron el incremento en el presupuesto solicitado por la CSJ, que se considera clave para el funcionamiento de la justicia en el país.
Detalle del presupuesto 2025 de la Corte Suprema de Justicia:

• Remuneraciones: $298,871,205
• Adquisición de bienes y servicios: $77,010,165
• Gastos corrientes: $14,790,270
• Transferencias corrientes: $196,350
• Adquisición de mobiliario, equipo e intangibles: $36,714,025
• Infraestructura física y proyectos de inversión: $8,143,270

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa estableció cita para las entrevistas de los d aspirantes al cargo de fiscal general de la República para el período 2025-2028. Esta selección se da en un contexto donde el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, busca su reelección, mientras que el abogado Gonzalo Ayala se presenta como su competidor.
El proceso de elección de fiscal general comenzó con la convocatoria pública emitida por la Asamblea Legislativa, la cual estableció un plazo para que los interesados presentaran sus hojas de vida y cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución y el reglamento interno del Órgano Legislativo.
Desde el 9 de octubre hasta el 5 de noviembre, los aspirantes tuvieron tiempo para postularse.
Delgado ocupa el cargo de fiscal general desde el 1 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Melara. Completó el periodo restante de Melara y fue reelecto en diciembre de 2021 para un mandato de tres años (2021-2024). Ahora, busca continuar en el puesto por un nuevo período de tres años.
Por su parte, Gonzalo Ayala, un abogado con experiencia en el ámbito judicial, también ha sido un actor político en el país. En 2019, solicitó la cancelación de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Además de su candidatura a fiscal general, Ayala también ha aspirado en otras ocasiones a ocupar la presidencia de la Corte de Cuentas.
El presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Ernesto Castro, fue quien propuso que las entrevistas se lleven a cabo el lunes 16 de diciembre, a partir de las 2:00 de la tarde, comenzando con Gonzalo Ayala y continuando con Rodolfo Delgado a las 2:50 de la tarde.
La propuesta fue aprobada sin objeciones por los miembros de la comisión.
El nombramiento del nuevo fiscal general debe realizarse antes del 5 de enero de 2025, fecha en la que concluirá el mandato de Delgado. Esta elección será crucial, ya que el fiscal general tiene un papel fundamental en la administración de justicia y en la lucha contra la corrupción en El Salvador.