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Reforma a la LAIP aumenta plazos para entrega de información
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dictaminó a favor de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en lo relacionado con aumentar la información que por ley se considera como reservada, en esta se agregaría la declaración patrimonial de probidad de inicio y cese de funciones de los servidores públicos.
Según la reforma al artículo 21 de la normativa la reforma permite que «en caso de que se estime que la información pública y la información oficiosa comprendida en el Título II, Capítulo I de la Ley deban clasificarse como reservada, la entidad competente deberá motivar en su resolución que se cumplen los siguientes extremos».
Entre la información que podrá ser declarada reservada está:
- Los informes finales de auditoria practicadas a los entes obligados por parte de la Corte de Cuentas de la República.
- Las agendas y actas de la Corte Suprema de Justicia.
- Las resoluciones por las que proponga ternas de candidatos para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como la lista de candidatos que le presente la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, por parte del Consejo Nacional de la Judicatura.
- Las actas de las reuniones del Consejo de Ministros.
- Los textos de los vetos y observaciones enviados a la Asamblea Legislativa
- El proyecto de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones legislativa y de la Asamblea Legislativa
- Las listas de asistencia de los diputados a las reuniones de las comisiones y a las sesiones plenarias.
- Declaraciones patrimoniales de probidad de inicio y cese de funciones de los servidores públicos
Aunque se reformaría lo relativo a la información oficiosa obligatoria de las instituciones públicas, tanto el Órgano Ejecutivo, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como la propia Comisión mantuvieron que las reformas tienen como única finalidad homologar la normativa con la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).
“Esta reforma permitirá tener un cuerpo normativo fundamental y que garantice el derecho de la población a saber y estar informada”, detalló la presidenta de la comisión, Marcela Pineda.
En la ley vigente, los plazos de entrega de información son de 10 días hábiles. En la propuesta aprobada, estos serán de 20 días y si la información requerida excede los cinco años de antigüedad, puede extenderse 10 días más. En cuanto a los procedimientos de apelación, la LAIP establece que se darán cinco días hábiles a los ciudadanos que soliciten información, mientras que la LPA determina 15 días.
El argumento de los legisladores fue que se trata de un proceso de “homologación con la Ley de Procesos Administrativos”, aunque esto signifique retrasar más todavía la entrega de información de parte de los entes obligados.
Asimismo, las reformas establecen el procedimiento a seguir para la desclasificación de información reservada por parte del solicitante, que es mediante apelación. Este mismo recurso deberá utilizarse para solicitar información sobre un tema más de una vez.
La reforma también permitirá que se pueda «prescindir de la audiencia» en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) –que dirime las controversias por la publicidad o no de la información– cuando «con la mera aplicación del derecho y con lo que obre en el expediente pueda decidirse sobre la naturaleza de la información».
Además, las enmiendas delimitan las facultades del presidente de la institución en lo administrativo.
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Procurador general se reúne con Whole Child International para fortalecer atención a menores
El procurador general, René Escobar, sostuvo una reunión con Guillermo García, director de Whole Child International-El Salvador, para analizar y fortalecer las acciones conjuntas en favor de la niñez y adolescencia usuaria de los servicios de la institución.
Durante el encuentro, Escobar destacó el compromiso de la procuraduría con la mejora continua de los servicios que se brindan a esta población vulnerable, enfatizando el esfuerzo por establecer alianzas estratégicas que contribuyan a la garantía y protección de los derechos de los menores.
“Como Procuraduría General, estamos comprometidos con la mejora continua y con el fortalecimiento de alianzas que nos permitan beneficiar a esta población, así como velar por la garantía de sus derechos”, informó la institución.
Por su parte, Guillermo García expresó el interés de Whole Child International-El Salvador de continuar trabajando en conjunto con la PGR, asegurando que la colaboración entre ambas entidades es esencial para avanzar en la protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan en el país.
Esta ONG busca mejorar la calidad de vida de los niños en situación de abandono, abuso o institucionalización. Su objetivo es elevar la calidad de cuidado infantil en todo el mundo. Se enfoca en las causas específicas que dañan a los niños, como la baja calidad de atención y la falta de relaciones de cuidado estables, nutritivas y de alta calidad.
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Procuraduría recuerda plazos para pago de “aguinaldos” en cuotas alimenticias y advierte sobre sanciones por incumplimiento
La PGR ha comenzado a hacer los recordatorios para el pago adicional de la cuota alimenticia, que se paga en diciembre.
La Procuraduría General de la República emitió un recordatorio a todas las personas obligadas al pago de pensiones alimenticias sobre los plazos establecidos para la remisión de los pagos adicionales correspondientes a los “aguinaldos” de diciembre.
De acuerdo con el Decreto Legislativo número 140 de 1997, reformado en el año 2000, todos los responsables del pago de cuotas alimenticias deben realizar un pago adicional durante el mes de diciembre.
Este “aguinaldo” tiene características específicas dependiendo del tipo de ingreso de quien realiza el pago.
Para los asalariados, el pago adicional corresponde al 30% de su compensación económica o aguinaldo. Lo mismo aplica para aquellos que entregan personalmente o mediante depósito las cuotas alimenticias.
En el caso de las personas no asalariadas, el pago adicional debe ser equivalente al monto de la cuota alimenticia mensual que ya se haya establecido a favor de sus hijos o hijas.
Plazo para el pago y consecuencias legales
El plazo para la remisión de estos pagos adicionales es hasta el 1 de diciembre de 2024. La PGR advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede generar responsabilidades legales tanto en el ámbito del Código de Familia como del Código Penal, lo que podría acarrear consecuencias jurídicas para quienes no cumplan con el pago en tiempo y forma.
Las instituciones públicas, autónomas, municipalidades, empresas privadas y personas naturales que están obligadas a realizar estos pagos deberán cumplir con esta normativa para evitar sanciones.
Atención al público y horarios de atención
Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la PGR ha dispuesto un horario de atención especial en sus Unidades de Control de Fondos de Terceros, que estarán abiertas de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sin interrupción al mediodía.
Además, las unidades también estarán abiertas los sábados 30 de noviembre, y los 14 y 21 de diciembre de 2024, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para atender a los pagadores de las cuotas alimenticias.
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El plazo de la amnistía fiscal de Hacienda está por concluir
El próximo 1 de diciembre finaliza el período de gracia para poner al día los impuestos de los ciudadanos. Quienes se acojan a la amnistía quedan exentos de multas e intereses generados por deudas con Hacienda.
El Ministerio de Hacienda recordó que la amnistía fiscal 2024, que permite a los contribuyentes con deudas tributarias ponerse al día sin recargos, intereses o multas, está por concluir.
El plazo de gracia vence el próximo 1 de diciembre.
La amnistía es una oportunidad única para aquellos que aún tienen pendientes declaraciones o pagos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Tesorería (DGT).
Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, destacó que, a través de esta amnistía, los salvadoreños pueden regularizar su situación tributaria de forma voluntaria y sin sanciones adicionales.
El funcionario subrayó que para facilitar el proceso, el Ministerio ha habilitado más de 17 Centros de Atención Express en todo el país, donde se brinda asesoría especializada y gratuita a los contribuyentes. Esta medida busca garantizar que todos tengan acceso a la información necesaria para aprovechar el beneficio antes de que termine el plazo.
La amnistía cubre una variedad de impuestos, incluidos aquellos gestionados por la DGII, DGA y los pagos pendientes ante la DGT cuya fecha de vencimiento haya sido antes del 31 de julio de 2024.
Además, se extiende a los intereses generados por multas de tránsito, aunque es importante aclarar que las multas en sí mismas no se exoneran. En su lugar, el contribuyente podrá eliminar los recargos por intereses si se pone al día con el pago de la deuda. Para quienes tengan multas de tránsito, también existe la posibilidad de fraccionar el pago en hasta nueve cuotas mensuales.
Sorto también informó que, para mayor comodidad, los contribuyentes pueden optar por un plan de pagos flexible, que permite saldar la deuda en hasta nueve cuotas.
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¿Se podrán apelar las nuevas fotomultas?: Sí y aquí le decimos cómo y cuándo hacerlo
De acuerdo al ministro de Obras Públicas, las fotomultas comenzarán a imponerse este mes y aclaró que habrá margen para poder “refutarlas”.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que los conductores que sean infraccionados a través del sistema de fotomultas en El Salvador tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para presentar su apelación.
Esta nueva medida, parte de la estrategia de control de tránsito, busca garantizar la transparencia y la posibilidad de defenderse ante cualquier error en la aplicación de las multas.
En una entrevista televisiva, Rodríguez detalló que aquellos que reciban una fotomulta podrán acceder a una plataforma en línea habilitada en el portal web del Viceministerio de Transporte (VMT), donde podrán presentar su objeción si consideran que la infracción no fue correctamente aplicada.
Tres etapas de validación
El proceso para imponer una fotomulta no es inmediato ni automático. Según explicó el ministro, se realizarán tres etapas de validación para asegurar la precisión en la aplicación de las sanciones:
Identificación inicial: El sistema de cámaras y el pesaje dinámico identificarán al conductor que cometió la infracción. Este paso se realizará mediante tecnología avanzada que garantiza una identificación precisa.
Verificación técnica: Tras la identificación, un equipo especializado revisará la información del conductor y de la infracción, asegurándose de que todos los datos sean correctos y la infracción haya sido correctamente cometida.
Revisión final: El último paso involucra una verificación adicional por parte de los equipos del VMT, quienes comprobarán que los equipos hayan operado correctamente antes de proceder a la aplicación definitiva de la multa en el sistema.
Estas validaciones están diseñadas para reducir los márgenes de error y asegurar que las multas sean aplicadas de manera justa.
¿Cómo apelar?
Los conductores podrán acceder al portal web del VMT para consultar las fotomultas impuestas en su contra, donde podrán ver no solo el detalle de la infracción, sino también las imágenes capturadas por las cámaras, las cuales servirán como prueba.
Rodríguez enfatizó que la transparencia es clave en este proceso y los ciudadanos podrán informarse de manera fácil y clara a través de las plataformas en línea de las autoridades de transporte, como el VMT y Sertracen.
Iniciativa en el bulevar Monseñor Romero
La implementación de las fotomultas comenzará en una de las zonas más conflictivas del país: el bulevar Monseñor Romero, donde, según el ministro, se han registrado varios accidentes en lo que va del año.
Algunos de estos siniestros involucraron vehículos con defectos mecánicos y rastras sobrecargadas, que circulan a altas velocidades sin control.
La incorporación de cámaras y sistemas de pesaje dinámico en esta zona busca justamente prevenir estos accidentes y mejorar la seguridad vial.
Según Rodríguez, el sistema de fotomultas tiene como objetivo no sólo sancionar a los infractores, sino también disuadir comportamientos peligrosos en las carreteras, contribuyendo a la reducción de accidentes y muertes en el tránsito.
Un proceso más ágil y seguro
Con la implementación de estas medidas, las autoridades esperan reducir la cantidad de infracciones sin sancionar y garantizar un sistema de transporte más seguro y ordenado.
Las fotomultas y el sistema de apelación permitirán, además, una gestión más eficiente y transparente de las infracciones viales.
El ministro concluyó su intervención recordando a la población que, a través del portal web del VMT, podrán acceder a toda la información relacionada con las infracciones cometidas, lo que les permitirá conocer las multas a tiempo y ejercer su derecho a apelarlas dentro del plazo establecido.
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Diputados entrevistarán a los 11 candidatos a presidente de Corte de Cuentas entre este jueves y viernes
Los aspirantes a la presidencia de la CCR serán entrevistados por la comisión política de la Asamblea Legislativa, anunció el diputado Ernesto Castro.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que la comisión política llevará a cabo una serie de entrevistas a los 11 candidatos inscritos para ocupar la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), tras la vacante dejada por Roxana Soriano.
La elección del nuevo titular de la institución contralora será para completar el período para el que fue seleccionada Soriano y que finaliza en agosto de 2026.
En su declaración, Castro detalló que las entrevistas se realizarán en dos jornadas, los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde.
Los candidatos serán evaluados por los miembros de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y las entrevistas estarán disponibles para ser seguidas en tiempo real a través de las redes y medios oficiales del Legislativo. “En la Comisión Política acordamos entrevistar, en dos jornadas, a los candidatos a presidente de la Corte de Cuentas”, dijo Castro por medio de su cuenta en la red social X.
Desde el 27 de septiembre de 2024, la presidencia de la Corte de Cuentas está vacante, luego de que Roxana Soriano asumiera el cargo de presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Actualmente se encuentra bajo la dirección de dos magistrados: Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores, quienes ocupan los puestos de primer y segundo magistrado, respectivamente.
Los 11 candidatos a la presidencia
Son 11 aspirantes para liderar la Corte de Cuentas. Los candidatos provienen de diversos campos del derecho, la contaduría y la administración pública:
Carol Beatriz Murcia Carrillo: Abogada y notaria, especializada en derechos de la mujer, niñez y adolescencia. Actualmente se desempeña como inspectora general de Seguridad Pública.
Julio César Chacón Flores: Abogado y notario.
Gonzalo Octavio Ayala López: Abogado conocido por su postulación anterior como fiscal general. En 2019, pidió la cancelación del partido ARENA ante el Tribunal Supremo Electoral.
Julio César Figueroa Grande: Exmagistrado suplente de la CCR durante el periodo 2020 – 2023
Harold Iván Córdova Solís: Juez Segundo de Instrucción, conocido por su trabajo en el Tribunal Contra Crimen Organizado.
Lila Margarita Rosa de Lemus: Especialista en derecho administrativo, con experiencia en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación.
Sigfredo Alexis Ventura Bonilla: Licenciado en contaduría pública, actual jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR.
Walter Salvador Sosa Funes: Licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Derecho de Familia, ha laborado en el Ministerio de Trabajo.
José Luis Montalván Martínez: Maestro en gerencia pública.
María Del Carmen Martínez Barahona: Exmagistrada de la CCR.
José Arnoldo Gaitán Castro: Actual juez de cuentas de la Corte de Cuentas.
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