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“Estamos legislando contra delitos informáticos que afectan a la población”
A las puertas de que la Asamblea Legislativa apruebe cambios importantes en las leyes para el combate de la ciberdelincuencia, Derecho y Negocios conversó con uno de los diputados promotores de estas reformas para ampliar argumentos.
¿Bajo qué contexto ustedes se encuentran con la regulación sobre este tipo de delitos?
Nos encontramos con una regulación rezagada, que no era aplicable en el acontecer nacional. Nosotros estamos legislando contra unos delitos cibernéticos que están afectando a la población. Nos informaron, durante las sesiones de consulta, que este tipo de delitos tienen un alto impacto en el país. Solo en el año 2021 se recibieron más de ocho mil denuncias, estos delitos van desde la trata de personas, la estafa, el hurto de identidad, el tráfico de personas, y los diferentes ilícitos por medio de las tecnologías de la comunicación y de la información.
Las reformas a la Ley contra los delitos informáticos y conexos y al Código Procesal Penal representan un golpe duro contra la criminalidad, y un avance a la seguridad de la población. No solo endurecemos las penas de los delitos informáticos, sino que les brindamos mayores herramientas a las autoridades de seguridad para la persecución, investigación y judicialización de los procesos, esto mediante el fortalecimiento de las regulaciones relacionadas con este tipo de delitos.
Este es un esfuerzo desde dos ámbitos, primero en lo concerniente a los delitos que ya fueron reformados y aprobados por la Asamblea Legislativa, y el siguiente paso es brindar de mayores capacidades para su persecución, este no es un trabajo fácil, ha sido un trabajo integral y largo, en un proceso de consultas que ha sido a la vista de la población, se trabaja de la mano con las autoridades y el Gobierno, a fin de realizar el mejor trabajo a favor de los salvadoreños.
Se han creado herramientas que son innovadoras no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, esperamos que algunos países pueden verlo y tomar algunos elementos para sus propias regulaciones, en el país hasta este momento no es mencionada la «evidencia digital», con las reformas estamos creando toda una base legal para su utilización.
¿En que consisten las reformas realizadas?
Hemos reformado lo relativo al fraude cibernético, la alteración de sistemas informáticos ya sean de origen público o privado, ya sea para la prestación de servicios de salud, o para las transacciones financieras, hasta se busca prevenir los ataques contra los sistemas de bitcoin a nivel nacional.
Así también, se establece nuevas regulaciones en lo relacionado a las estafas informáticas, endureciendo sus penas, ahora los delincuentes tendrán que pensarlo mejor antes de cometer este tipo de delitos, se estableció una pena de entre ocho y diez años para que no sean excarcelables, y darle mayor seguridad a la población.
Además, con las reformas a la ley se está castigando con mayor dureza el filtrar fotos íntimas, este es un problema de importancia para la sociedad salvadoreña, conocimos de casos que las personas creaban «packs» con las fotos de varias personas y las comercializan, ahora este tipo de actos tienen una pena de dos a cuatros años de cárcel.
Así también estamos asignado con mayores fondos a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), y es que los equipos y los softwares son costosos, perseguir este tipo de delitos tiene un alto costo, y nosotros estamos dando no solo la ley, sino los fondos a nuestra autoridades para que hagan su mejor labor para proteger a la población, esto por medio de unidades de investigación científica tanto de los delitos informáticos, como para el tratamiento de la evidencia digital.
¿Cuáles son las nuevas herramientas que se le otorgan a las instituciones públicas?
En primer lugar, se faculta tanto a la Fiscalía como a la Policía el poder suscribir acuerdos con entes públicos o privados, y no solo nacionales, sino también internacionales, que le permitan mejorar el tratamiento de los delitos informáticos y de la evidencia digital.
Se les está otorgando los fondos para que cuenten con equipos que realmente se adapte a sus necesidades para hacer su labor. También se les faculta el celebrar acuerdos públicos privados.
Al regular la evidencia digital les estamos dado a las autoridades los métodos para contar con los insumos probatorios necesarios dentro de los procesos judiciales de los delitos informáticos, esto de una manera más eficiente y capaz.
Una de las reformas que se realizaron es en lo concerniente a la regulación del agente encubierto, ¿Cuáles son sus consideraciones sobre el uso que se le dará a la figura?
Es lamentable que existan algunos medios de comunicación y diputados de la oposición que estén desinformando en lo que la figura del agente encubierto digital consiste. El agente encubierto es una figura preexistente en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se ha hecho es llevarlo al contexto digital, y es que es innegable que existen muchos delitos que son realizados dentro del mundo cibernético.
Es una figura necesaria, porque existen muchos momentos en los que nuestras autoridades, como son la Policía y la Fiscalía tendrán que entrar dentro de los grupos delictivos para el combate del crimen; le doy un ejemplo: existen grupos de venta de droga, donde el agente tendrá que fingir ser parte de ellos para poder obtener la evidencia necesaria para actuar contra ellos.
Esto no es que solo porque alguien me cae mal se harán intervenciones, se realizarán los procedimientos legales antes, se solicitarán las autorizaciones correspondientes para actuar, tal como se establece en la ley, como te repito esta es una figura que ya es regulada en el Código Procesal Penal, nosotros solo le hemos brindado las facultades para actuar en la era digital, mundo que nadie puede negar que ya existe.
Los agentes digitales serán utilizados únicamente para la investigación de un delito. Es una herramienta que ya se encuentra regulada en nuestra legislación y se utiliza en diferentes países del mundo
¿Cuáles fueron los comentarios que se realizaron por parte de las instituciones publicas dentro de la Comisión de Seguridad?
Este fue un proceso largo, se consultó con varios entes públicos; medicina legal, la Fiscalía, la PNC, peritos, y expertos en cibercriminalidad, y todos nos señalaron la necesidad de realizar profundas reformas en la regulación existente, y es que las legislaciones pasadas no trabajaron en este tema, lo dejaron abandonado por años, y nosotros estamos teniendo un trabajo articulado con todo el Gobierno para poder otorgar las herramientas necesarias para hacer su labor de la mejor manera.
Durante las consultas se nos comentó la importancia de endurecer las penas dentro de la ley.
La Asamblea Legislativa reeligió y juramentó este miércoles a los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Los funcionarios ejercerán del 28 de agosto de 2026 al 27 de agosto de 2029.
Walter Salvador Sosa Funes continuará como presidente. Julio Guillermo Bendek Panameño ocupará la primera magistratura y José Rodrigo Flores Ramos la segunda.
La propuesta recibió 57 votos
El diputado Raúl Chamagua, del partido oficialista Nuevas Ideas, propuso a los tres funcionarios durante la sesión plenaria.
Los diputados Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional, y Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano, respaldaron la propuesta.
El dictamen favorable de la Comisión Política incluyó a los tres candidatos entre 17 personas evaluadas por los diputados.
La Asamblea aprobó el dictamen con 57 votos a las 5:54 de la tarde. Después, cada magistrado recibió 57 votos en votaciones nominales y públicas.
Las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos; Marcela Villatoro y Silvia Regalado, de Arena, votaron contra las tres elecciones.
El oficialismo defiende la continuidad
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, defendió la continuidad de los magistrados tras evaluar a los 17 aspirantes.
Castro destacó la experiencia de los candidatos y, en particular, la trayectoria de Sosa Funes en la institución.
Además, pidió a los nuevos magistrados cumplir con su función de auditoría. También aseguró que la Asamblea permanecerá atenta a su trabajo.
La juramentación de Sosa Funes, Bendek Panameño y Flores Ramos concluyó a las 6:19 de la tarde.
Economía
La histórica textilera IUSA cerrará su planta textil en El Salvador por reestructuración de su matriz japonesa
Industrias Unidas, S.A. (IUSA) cerrará sus operaciones textiles en El Salvador el 30 de noviembre de 2026. La empresa atribuyó la decisión a una reestructuración de su matriz japonesa, Toyobo, y descartó que responda al clima de negocios salvadoreño.
La compañía aseguró que el cierre no supone una evaluación negativa del mercado de El Salvador ni de su industria textil. Además, señaló que continuará atendiendo los contratos y operaciones existentes hasta el final de sus actividades.
Una inversión japonesa con más de siete décadas
IUSA inició operaciones en El Salvador en 1955. Su establecimiento marcó una de las primeras expansiones industriales japonesas fuera de Japón tras la Segunda Guerra Mundial.
La empresa instaló sus operaciones en la Zona Franca de San Bartolo, en Ilopango, San Salvador. Allí desarrolló procesos de hilado, tejido y teñido.
Además, produjo telas de algodón y mezclas con poliéster. Sus productos abastecieron la confección de uniformes escolares, industriales, médicos, militares y de hostelería.
La empresa atravesó guerra y desastres naturales
Durante más de 70 años, IUSA mantuvo sus actividades durante distintos periodos de la historia salvadoreña.
La compañía sobrevivió a la guerra interna y a varias catástrofes naturales que afectaron al país.
Asimismo, amplió su oferta con acabados técnicos. Entre ellos incorporó protección contra rayos ultravioleta, propiedades antibacterianas y resistencia al fuego.
La empresa también exportó productos textiles bajo las condiciones comerciales del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
Toyobo vincula la decisión con su estrategia global
IUSA explicó que el cierre forma parte de la política de reestructuración definida por Toyobo dentro de su estrategia global.
La empresa destacó que esta decisión no refleja una pérdida de expectativas sobre El Salvador ni sobre su sector textil.
Por el contrario, IUSA afirmó que las industrias del país entran en una nueva etapa de desarrollo. También expresó su expectativa de crecimiento para la actividad textil salvadoreña.
Operaciones concluirán en noviembre de 2026
IUSA fijó el 30 de noviembre de 2026 como fecha para el cierre permanente de sus operaciones.
La compañía informó además que permanecerá cerrada del 25 al 30 de agosto. Para consultas relacionadas con el anuncio, atenderá solicitudes a partir del 31 de agosto.
Judicial
Fiscalía General anuncia que fallo contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha por más de 47,000 delitos comenzará a conocerse el próximo lunes
La Fiscalía General de la República anunció que un tribunal contra el Crimen Organizado comenzará el 31 de agosto la lectura del fallo contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha. El proceso reúne más de 47,400 imputaciones por delitos atribuidos a los acusados.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador fijó esa fecha para iniciar la lectura de la resolución.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, confirmó lo establecido por el juez.
Según la Fiscalía, el tribunal deberá resolver más de 47,420 imputaciones dentro del mismo proceso judicial.
Los cargos corresponden a hechos que las autoridades atribuyen a los acusados entre 2012 y 2022.
Investigación abarca 11 años de hechos
El expediente agrupa acusaciones por distintos delitos vinculados con integrantes de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.
La Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron durante un periodo de 11 años.
De acuerdo con Muñoz, el proceso permitirá resolver las imputaciones acumuladas por los delitos atribuidos durante ese periodo.
El juicio representa uno de los procesos colectivos contra miembros de estructuras de pandillas que impulsa la justicia salvadoreña.
Fallo se conocerá en medio de ofensiva contra pandillas
La resolución llegará en el contexto de la política de seguridad implementada por el Gobierno salvadoreño desde marzo de 2022.
Desde entonces, las autoridades han impulsado operativos y procesos judiciales contra integrantes de organizaciones criminales.
La Mara Salvatrucha figura entre las principales estructuras perseguidas dentro de esta estrategia de seguridad.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción.
Con esta extensión, el Gobierno reporta 92,959 personas detenidas desde la implementación de la medida en marzo de 2022.
La nueva extensión comenzará el sábado
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga con 57 votos de los 60 diputados.
Los legisladores de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron la medida.
La nueva extensión comenzará el 29 de agosto y finalizará el 27 de septiembre de 2026.
Esta corresponde a la prórroga número 54 desde la entrada en vigor del régimen de excepción.
La medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas con la detención administrativa, las telecomunicaciones y el derecho de defensa.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la continuidad del régimen de excepción.
El Gobierno y los diputados que respaldaron la prórroga sostienen que la medida forma parte de la estrategia de seguridad.
La nueva extensión mantendrá vigente el régimen durante un mes adicional, hasta el 27 de septiembre.
Carvimax lanzó este miércoles su plataforma digital para facilitar la compra y venta de vehículos usados en El Salvador.
La empresa busca reducir los riesgos de fraude y estafa que enfrentan compradores y vendedores durante estas operaciones.
“Carvimax es una plataforma digital donde un usuario puede comprar o vender su carro usado con mayor seguridad, con vendedores verificados y verificación del estado legal del vehículo”, explicó Leonardo Borja, director ejecutivo de Carvimax.
La plataforma verifica la identidad de los usuarios mediante el Documento Único de Identidad (DUI) y una fotografía personal.
Además, el equipo revisa la tarjeta de circulación y consulta la situación legal del vehículo en el Registro Público de Vehículos.
El proceso de validación tarda minutos
Borja explicó que el sistema compara los datos del usuario con su fotografía para confirmar su identidad.
Luego, el vendedor debe proporcionar fotografías de la tarjeta de circulación del vehículo.
El equipo de Carvimax contrasta esa información con el registro público. Así identifica multas, prendas o documentos vencidos.
“Para nosotros es solo darle la máxima cantidad de información y transparencia en la plataforma”, afirmó Borja.
Según el ejecutivo, la revisión tarda unos minutos. Después, Carvimax coloca el distintivo de verificación antes de publicar el vehículo.
Historial de vehículos importados
La plataforma también permite comprar reportes sobre vehículos importados desde Estados Unidos.
Los informes incluyen datos como kilometraje, fotografías previas a la importación, accidentes, compras y mantenimiento.
Carvimax ofrece este reporte por $4.99 dentro de su plataforma.
El servicio busca ampliar la información disponible para quienes evalúan comprar un automóvil importado.
Acuerdo con Banco Davivienda
Carvimax tiene una alianza estratégica con Banco Davivienda El Salvador para facilitar el financiamiento de vehículos.
Según la empresa, la alianza permitirá gestionar opciones de crédito desde la plataforma.
Esto permite el financiamiento de hasta el 100 % del vehículo, sin prenda, desde $3,000.
La plataforma también cuenta con alianzas para facilitar la contratación de seguros.
Tres planes para vendedores
Carvimax ofrece tres planes para quienes desean publicar un vehículo. El plan básico es gratuito y permite destacar el automóvil durante 30 días.
El plan Plus tiene un costo de $9.99. El Premium cuesta $19.99 e incluye el traspaso notarial.
La empresa aclaró que no cobra comisión por las ventas realizadas mediante la plataforma.
Además, durante el lanzamiento los planes estarán disponibles de forma gratuita.
Actualmente, Carvimax registra 330 vehículos publicados.
Próxima expansión
Los vendedores no necesitan entregar sus vehículos a Carvimax. La plataforma conecta a compradores y propietarios mediante herramientas digitales.
También dispone de un chat interno para facilitar la comunicación entre las partes.
Los usuarios pueden reunirse en las instalaciones de la empresa para revisar el vehículo y cerrar acuerdos.
Por ahora, Carvimax concentra su oferta en vehículos usados. Sin embargo, prepara su expansión hacia las motocicletas.
A futuro, la empresa también contempla incorporar vehículos nuevos a su marketplace.
“Nuestra meta siempre fue tener un marketplace digital para los salvadoreños que quieran comprar cualquier tipo de vehículo”, afirmó Borja.
El ejecutivo señaló que la plataforma busca mantener como ejes la confianza, la agilidad y la transparencia.
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