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¿Qué son las Offshores?

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Para que tenga claro en qué consiste una empresa offshore, consultamos a un experto en el tema para que despeje ciertas interrogantes. El abogado Diego Martín responde a las preguntas frecuentes que muchos salvadoreños se hacen con respecto al escándalo de los Panamá Papers.

¿Qué es una empresa Offshore?

“Offshore” es un término anglosajón para definir una actividad y operación desarrollada fuera de la costa de un territorio, como por ejemplo la explotación de plataformas petrolíferas o la obtención de energía eólica, y es el contrario del término “onshore”, que aplica a actividades dentro del territorio de un país o estado.

Este término se ha adoptado por el lenguaje financiero y jurídico, particularmente en las prácticas de derecho societario, derecho bancario y financiero, derecho de seguros, entre otros, para describir cualquier actividad económica o inversión que se realiza fuera del propio país de residencia. Se aplica este término “offshore” a diversidad de productos, servicios y entidades jurídicas, como por ejemplo: cuentas bancarias, pólizas de seguros, inversiones inmobiliarias, sociedades extranjeras, fondos de inversión, fideicomisos, etc.

Generalmente, estas actividades “offshore” se dan en países y estados que aplican un principio territorial de la renta, es decir, que gravan con impuesto únicamente las operaciones que se realizan dentro del territorio y con incidencia económica en el mismo, pero dejan exentas de impuestos aquellas actividades que se realizan fuera del territorio, aun cuando se utilice un vehículo jurídico local.

La gran mayoría de países en el mundo siguen un principio territorial de la renta, y otros gravan únicamente algunas actividades muy específicas (como los dividendos e intereses bancarios percibidos fuera del país de residencia), pero manteniendo la territorialidad de la renta como regla general. Unos pocos países, particularmente los más desarrollados, siguen un principio de renta mundial, aplicando dos tipos de criterios: el relacionado a una residencia o domicilio real de la persona en dicho territorio, y el sistema de renta mundial pura, que no distingue el domicilio de la persona y grava los ingresos de sus ciudadanos y/o residentes, independientemente donde tengan su domicilio legal y donde los obtengan (el caso de los Estados Unidos por ejemplo).

Existen países y estados que han desarrollado regulación más específica a este tipo de actividades “offshore”, con la intención de desarrollar su plataforma de servicios profesionales y ofrecer un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo para realizar actividades fuera del territorio de dicho país. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como un sistema financiero con una regulación sobre secreto bancario muy estricta. Panamá es uno de estos países que llevan más de cien años desarrollando este tipo de legislación, pero existen muchos otros, como algunos países y territorios ubicados en el Caribe, algunos estados dentro de los Estados Unidos de América, algunos países y estados ubicados en Europa y Asia. Dependiendo de ciertos factores clave que ha determinado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estos países pueden ser considerados paraísos fiscales.

No obstante, una sociedad “offshore” no se encuentra necesariamente establecida en un paraíso fiscal. Existen muchos países, estados y territorios, como es el caso actual de Panamá, que constantemente mejoran sus regulaciones de transparencia y leyes o prácticas administrativas que permitan el intercambio de información para propósitos fiscales, con la finalidad que no se les catalogue como tal.

¿Es legal el funcionamiento de  una empresa Offshore?

Debemos distinguir varias cosas. La primera es la incorporación de una sociedad offshore. Distinto es el funcionamiento o actividades de la misma, así como la fuente de capital para incorporarla. La incorporación de una sociedad offshore es perfectamente legal, pues se hace bajo un determinado marco regulatorio. No existen sociedades offshore ilegales. Si han sido debidamente incorporadas bajo las leyes del país donde se encuentran registradas, son legales. No estar debidamente incorporada las convierte en sociedades irregulares o de hecho, que es una figura jurídica que determina la responsabilidad de los accionistas o socios de dicha sociedad que no ha cumplido la totalidad de los requisitos de existencia, y los efectos jurídicos de tal incumplimiento, lo que es distinto a ser “ilegales”.

Lo otro, es el funcionamiento o actividades desarrolladas por la sociedad, así como la fuente del capital que se utilizó para incorporarla. Si una sociedad o cualquier otro vehículo similar (como fideicomisos o fundaciones) offshore realiza actividades ilegales, no es la sociedad la que se considera ilegal, sino sus actividades. Igualmente el capital con que fue constituido. Si el capital con que se incorporó la sociedad es un capital ilegítimo, mal habido, producto del lavado de dinero o actos fraudulentos o corruptos, estamos ante potenciales delitos, y la sociedad únicamente es el vehículo utilizado para “ocultar” la ilegitimidad de dichos capitales. Para este tipo de actividades ilícitas, no es necesario utilizar una sociedad offshore. Una sociedad salvadoreña por ejemplo, puede ser perfectamente usada para ello.

Según los medios esta compañía (Mossack Fonseca) creó empresas difíciles de rastrear y mantuvo posible oculta sus prácticas. ¿Esto viola alguna ley?

Depende. El anonimato es uno de los beneficios de una sociedad anónima que no es exclusivo de jurisdicciones que permiten el establecimiento de sociedades offshore. En El Salvador existen sociedades anónimas también, e inclusive sociedades anónimas cuyas acciones son al portador, lo que hace más difícil determinar quiénes son los beneficiarios finales reales de las mismas. Lo mismo puede decirse de sociedades que cotizan en bolsa. De un segundo a otro puede haber otros accionistas distintos a los que había anteriormente.

El esquema de anonimato en una sociedad no es una práctica ilegal ni viola ninguna ley.

Algunas actividades que son perfectamente legales, también son difíciles de rastrearse y eso no las convierte en incorrectas. Existen infinidad de contratos y actos jurídicos privados que no pueden rastrearse fácilmente por terceros ajenos a la transacción. Tener una cuenta bancaria por ejemplo, protegida por el secreto bancario, es una actividad normal en el comercio, y en todo caso el uso incorrecto de una cuenta bancaria, para el blanqueo de capitales por ejemplo, sería la actividad cuestionable y violatoria de la ley.

Muchas personas están confundidas por este escándalo. Legalmente, ¿cuál ha sido el delito que se supone ha realizado la firma panameña?

Hasta el momento no se ha mencionado que la firma panameña haya cometido ningún delito. Por el contrario, lo que sí es evidente ahora mismo es que varios delitos posiblemente se han cometido en contra de la firma panameña y sus clientes, por violación a los derechos de propiedad, privacidad, potenciales delitos informáticos, entre otros. Dependerá de las autoridades de los diversos países donde esta firma ha operado si existe el cometimiento de algún ilícito, tanto por parte de la firma, como de sus clientes, así como en contra de la firma y sus clientes en una posición de víctimas.

¿Alguna conclusión sobre el tema?

Lastimosamente, como en otros casos donde se han dado filtraciones masivas de información confidencial, siempre existirán personas desinformadas que generalicen el actuar incorrecto de unos pocos. Es importante que toda persona se informe y asesore bien en todo tipo de actividad que emprenda.

Personas que abusen de diversos mecanismos legales para el cometimiento u ocultación de actos ilegales siempre va a existir. Las empresas y personas privadas y las entidades públicas deben enfilar sus esfuerzos para evitar que estas personas encuentren “pórticos” o “vulnerabilidades” en la ley que faciliten un actuar incorrecto. Todos los países están obligados a colaborar entre sí para la erradicación de malas prácticas, actos de corrupción y cometimiento de delitos de toda naturaleza, así como a reforzar la adopción de buenas prácticas y las autoridades de estos países deben mantener una continua supervisión sobre estas actividades, sin llegar a los extremos de convertirse en un estado policía donde los negocios no puedan llevarse a cabo exitosamente, en perjuicio de la economía de un país, pero sin ser un estado laxo que permita a sus ciudadanos y personas extranjeras a usar su territorio como un lugar libre de regulación y apto para el cometimiento de actos delictivos, irregulares e incorrectos.

Consideramos que Panamá es un país moderno, avanzado, colaborador y con regulaciones en constante transformación para ser un lugar atractivo para las inversiones y competitivo mundialmente. Esta situación no debe ser usada para desprestigiar injustamente a un país hermano, pues esto pudo haberle pasado a cualquier firma importante, en cualquier parte del mundo, y siempre habría voces y críticas destructivas, con una intención dañina de mal interpretar las cosas, generalizarlas negativamente o exagerarlas.

Debemos dejar que las autoridades hagan sus investigaciones y castiguen a aquellos que han actuado mal, pero también que protejan a los que han actuado bien y apegados al marco legal actual.

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Sala frena avance de China y mantiene TLC con Taiwán

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Este día, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda de amparo que presentó la Asociación Azucarera contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por la denuncia de la terminación del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre El Salvador y Honduras con China (Taiwán).

La sala admitió la demanda por la supuesta vulneración  a los derechos de propiedad y a la seguridad jurídica por inobservancia al principio de legalidad, ya que a juicio de los demandantes, se debió cumplir con el artículo 142 de la Constitución de la República, que establece la ratificación del Órgano Legislativo de la denuncia del referido tratado por ser ley de la República. Esto implicaría la modificación de las condiciones arancelarias establecidas sin que haya existido la debida deliberación y derogatoria por parte de la Asamblea Legislativa.

Por ello, la sala ordena que se suspenda los efectos de la denuncia del tratado suscrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que se mantenga la auntenticidad de las razones jurídicas consideradas para su adopción. Dicho ministerio y demás autoridades involucradas deberán gestionar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente medida.

 

Lea la resolución completa: 

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El Salvador participó en Foro Internacional de Marca País Latinoamérica

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El Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA),  participó en el VI Foro Internacional de Marca País Latinoamérica 2018, que se llevó a cabo en la Ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

En dicho evento, los países participantes Bolivia, Costa Rica, Colombia, Honduras, El Salvador, entre otros, intercambiaron experiencias sobre las las creaciones de la Marca País y conocieron estrategias y buenas prácticas en las gestiones que han realizado.

Entre los temas que se trataron estuvieron la figura jurídica idónea para lograr mayor impacto en al estrategias, la velocidad de información mediática versus promoción positiva de la marca país; la importancia de legitimar una marca país, frente a la sociedad.

Además, se trataron temas como la figura jurídica idónea para lograr mayor impacto en la estrategia marca país, velocidad de información mediática versus promoción positiva de una marca país, la importancia de legitimar una marca país frente a la sociedad, cerrando el evento con experiencias de marcas territoriales.

El presidente de PROESA , Sigfrido Reyes, representante de Marca País «El Salvador, Grande como su gente» estuvo a cargo de presentar los ejes indispensables para la marca país y cómo alcanzar competitividad a través de esta.

 

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Industria manufacturera obtuvo mayor financiamiento en el último año

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La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) presentó su informe de Rendición de Cuentas 2018.

En este documento se informó que a junio 2018 los saldos bancarios y de sociedades de ahorro y crédito alcanzaron los $13,333.1 millones, lo que significa un crecimiento interanual de 4.9% respecto a lo reportado en el mismo periodo del año anterior.

Durante el período de gestión del 1 de junio de 2014 a junio 2018, los préstamos brutos registraron un alza de 22.6% mostrando también una mejora en la calidad de la cartera, medida a través del índice de vencimiento que pasó de 2.4% al inicio de la gestión en el 2014 a 1.9% en junio 2018, reporta el informe.

El informe determina que el principal destino de los préstamos fue la empresa con un 45.8% del total de prestamos entregados. Esto representa $6,121.4 millones de valor crediticio a junio de este año, esto es un aumento de $332.4 millones si se compara con el monto reportado en el mismo período de 2017 y crecimiento anual de 5.7 %.

El superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, aseguró que los préstamos “se han mantenido por encima de los niveles registrados en años anteriores”. El sector que recibió mayor financiamiento, agregó, fue la industria manufacturera, que obtuvo 25,661 préstamos equivalentes a $507.8 millones.

Por otra parte, el sector de consumo representó el 34.7 % de los préstamos colocados, con un valor de $4,639.3 millones. A comparación del año anterior se aprecia un crecimiento de $263.5 millones más que en 2017. Esta cifra refleja un crecimiento del 6 % respecto a junio del año pasado, cuando se entregaron créditos por $4,375.8 millones.

Los créditos para vivienda presentaron el crecimiento interanual más bajo, de apenas 0.7 %. A junio de 2018, los préstamos de este rubro llegaron a $2,592.5 millones, solo $16.8 millones más que los entregados hasta junio en 2017, cuando se colocaron $2,575.7 millones.

Los préstamos del exterior representaron un 14 %, los préstamos locales un 2.9 % y los títulos de emisión propia un 5.4 %, reduciendo la necesidad de recursos externos, aseguró Perdomo, quien destacó que “esto da señales que el sistema financiero salvadoreño es capaz de financiar el crecimiento económico y el desarrollo del país”.

Mercado de Valores

Sobre el Mercado de Valores de junio 2014 a junio 2018 los montos negociados y las ventas en ventanilla del Ministerio de Hacienda ascendieron a 18,708.5 millones, de los cuales el 11.8% correspondió al mercado primario donde se colocaron 13 titularizaciones de entidades públicas y privadas por un monto de $670.3 millones.

La participación del Ministerio de Hacienda es principalmente a través de la colocación de LETES, donde el 90.8% de los compradores de éste ultimo instrumento fueron del interior del país: 64.8% Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y 6.3% Fondos de Pensiones.

En lo referente a los Fondos de Inversión, la aprobación de la Ley de Fondos de Inversión han propiciado mayor dinamismo, afirma el reporte.

Actualmente se cuentan con 3 gestoras de fondos de inversión y 5 fondos de inversión autorizados e inscritos en el Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Las inversiones que están realizando los fondos asciende a un monto total de $48.9 millones y cuentan con un patrimonio que suma $47.6 millones. Esta figura promueve el desarrollo del mercado, brindando nuevas fuentes de financiamiento a los inversores locales.

Informe de la rendición de cuentas de la Superintendencia del Sistema Financiero 2018:

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El Salvador se integra a la unión aduanera

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El pasado 20 de Julio, con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa ratificó el Protocolo Habilitante para el proceso de Integración Profunda de Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales, es decir que la adhesión de El salvador a la unión aduanera del triángulo norte fue avalada. Este en un paso histórico para nuestro país porque representa el avance más trascendental que ha dado en favor de la Integración Económica Centroamericana.

En esta nueva etapa que atraviesa El Salvador, todos los trabajos estarán enfocados a la promoción de la libre circulación de mercancías y a la facilitación del comercio, siendo la conformación de puestos fronterizos integrados, uno de los elementos principales dentro del proceso. La aduana El Poy, entre nuestro país y Honduras será el primer puesto fronterizo.

Según el Ministerio de Economía, estos puestos funcionaran bajo ciertas características: una sola intervención por parte de los funcionarios de cada país; se usará un documento único que es la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA); carriles de facilitación de comercio; sistemas informáticos para transmitir información anticipada y procesos integrados e intervenciones conjuntas.

El principal actor en este esfuerzo ha sido el Ministerio de Economía, pero no ha estado solo, ha sido respaldado por instituciones vinculadas a su misma área: los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Ganadería, Justicia y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, el Banco Central de Reserva, ente otras.

La diputada de ARENA, Margarita Escobar expresó, “queremos resaltar la importancia de que hoy demos la cara a Centroamérica al ratificar este protocolo facultativo de adhesión; al hacerlo estamos definiendo integrar un territorio aduanero único entre los países que conformamos el triángulo norte. Estableceremos un catálogo de productos que gozarán de libre circulación y un listado de excepciones, además estaremos implementando medidas de facilitación del comercio a través de los puestos fronterizos integrados”.

Por otro lado, la diputada por el FMLN, Yanci Urbina apuntó que, “estamos frente a la definición de potenciar esta unión centroamericana que ha sido un anhelo de nuestros pueblos a lo largo de toda su historia. Hemos venido dando pasos en ese proceso de integración y suscribir este protocolo habilitante para la unión aduanera, indudablemente, va a contribuir a que esa integración centroamericana tan anhelada para nuestros pueblos dé pasos importantes; y que el comercio intrarregional tenga un mayor empuje y desarrollo”.

El Banco Mundial realizó mediciones a cerca de las reducciones en tiempo que tomará realizar un proceso en los puestos fronterizos integrados. Los tramites han pasado de tardar 10 horas a quince minutos. La simplificación en tiempos y procesos logísticos son unos de los beneficios del libre comercio en el triángulo norte.

 

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Minec anuncia implementación de ferry entre El Salvador y Costa Rica

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Ayer, el Ministerio de Economía (Minec) anunció la implementación del proyecto de Ferry entre El Salvador y Costa Rica. Ambos países cuentan con todas las condiciones para que comience a funcionar el ferry entre los puertos de La Unión y puerto Caldera de Costa Rica.

Por el momento, falta elegir a la empresa naviera que operará la ruta que será la primera de transporte de cabotaje en la región y que conectará al Puerto de La Unión Centroamericana (PLU), con lo cual se establecería una ruta marítima de comercio para las exportaciones e importaciones bilaterales.

La titular del Ministerio de Economía (Minec), Luz Estrella Rodríguez aseguró que “la entidad encargada para recibir a todas las compañías navieras que así lo requieran es CEPA, mientras que Costa Rica pone a disposición a las autoridades de Puerto Caldera, que operan con una concesionaria privada”.

También, enfatizó que es la opción más viable, «estamos plenamente convencidos que la implementación del proyecto del ferry entre Costa Rica y El Salvador se convierte en la alternativa más inmediata para conectar por vía marítima a la región del Triángulo Norte con la zona sur de Centroamérica», recalcó.

Las gestiones para implementar el ferry se intensificaron a raíz de la crisis social y política surgida en Nicaragua como medida alternativa para reducir la afectación en el comercio exterior centroamericano, debido a que miles de camiones y furgones con mercadería han estado varados por varios días en ese país.

Ahora les corresponderá a las compañías navieras interesadas completar los trámites necesarios para iniciar operaciones, tanto con las autoridades de El salvador y las de Costa Rica.

Hasta la fecha, hay tres compañías interesadas en operar esta ruta marítima: la panameña Atlantic Pacific Shipping Line y dos empresas españolas; entre ellas, la naviera Odiel que vuelve a apostar por el ferry un año después de haberse retirado, debido a discrepancias con Costa Rica por la tarifa de servicios portuarios.

“A partir de este momento las empresas interesadas pueden contactarse con las concesionarias de los puertos para ofrecer sus servicios”, aseguró el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Duayner Salas.

La distancia por vía terrestre entre la Aduana de El Amatillo hasta la Aduana de Peñas Blancas en Costa Rica, es de 860 kilómetros, y un medio de transporte de carga ocupa en promedio  de 5 días para recorrer esa distancia. Utilizando la vía del ferry el tiempo empleado, oscila entre 18 a 20 horas.

La expectativa es que la operación del Ferry pueda atender una frecuencia de tres servicios semanales, con una travesía aproximada de 18 a 20 horas y con un volumen de tráfico inicial de 60 contenedores por viaje.

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