La Corte Suprema de Justicia de El Salvador lanzó un llamado a la ciudadanía para formar parte de una nueva red de facilitadores judiciales, con el objetivo de abordar y resolver conflictos de manera pacífica y sin recurrir a los procesos judiciales tradicionales. 

Este esfuerzo tiene como fin mejorar el acceso a la justicia y promover una cultura de paz en las comunidades, ofreciendo una alternativa a los largos y costosos procesos judiciales.

¿Qué hace un facilitador judicial?

Los facilitadores judiciales son responsables de mediar en disputas dentro de sus comunidades, ayudando a las partes involucradas a encontrar soluciones amigables mediante el diálogo y la negociación. 

De esta manera, los conflictos no se convierten en juicios, lo que aligera la carga de los tribunales y evita el desgaste emocional y económico de los litigantes.

Los requisitos

Para formar parte de esta red, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos:

1. Ser mayor de edad y contar con nacionalidad salvadoreña.
2. Poseer una conducta ejemplar, destacándose por su honorabilidad y respeto hacia las normas y valores de la comunidad.
3. Ser un líder o lideresa reconocido en la comunidad, lo que implica tener influencia positiva y ser una persona de confianza.
4. Trabajar por vocación de servicio, actuando de manera voluntaria y sin recibir remuneración alguna.
5. Ser elegido en asamblea por los miembros de la comunidad, un proceso democrático que asegura que el facilitador sea una persona aceptada y respetada.
6. Juramentarse ante el Juez de Paz de la localidad, lo que formaliza su rol dentro del sistema judicial comunitario.

El rol de los facilitadores judiciales no sólo busca agilizar el sistema judicial, sino también fomentar una cultura de resolución pacífica de conflictos. 

Este modelo se basa en la creencia de que muchas disputas pueden resolverse a través de la mediación, evitando así el desgaste de las personas involucradas y reduciendo la sobrecarga de los tribunales.

Los facilitadores judiciales actuarán como puentes entre las partes en conflicto, ayudando a que ambas partes lleguen a un acuerdo justo y equitativo. 

Este enfoque tiene la ventaja de ser más accesible, menos formal y más cercano a la realidad de las comunidades, donde los conflictos son comunes pero pueden ser solucionados mediante la colaboración y el entendimiento mutuo.

La Corte Suprema invita a aquellos interesados en marcar una diferencia significativa en su comunidad a formar parte de esta iniciativa. 

Con una vocación de servicio y un firme compromiso con el bienestar colectivo, los facilitadores judiciales tendrán la oportunidad de transformar la forma en que los salvadoreños resuelven sus problemas legales, contribuyendo a la construcción de un sistema judicial más eficiente, inclusivo y justo.

Ser parte de la red de facilitadores judiciales no sólo es una oportunidad de servicio, sino también una manera de fortalecer el tejido social y promover la paz en cada comunidad de El Salvador.

Para más información sobre cómo postularse y los procedimientos correspondientes, los interesados pueden contactar a la Corte Suprema de Justicia o dirigirse al Juzgado de Paz de su localidad.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que el cierre de 2024 es positivo en su balance y que atendió a más de 51,626 casos por medio de la unidad de Derechos de Familia y que, además, asistió en 28,223 procesos judiciales.

En un resumen divulgado por la institución, la PGR dijo que ofreció asesoría y acompañamiento legal para garantizar el bienestar familiar y el acceso a la justicia de los derechos fundamentales de cada integrante de la familia.
“Promovemos siempre el respeto, cumplimiento y defensa de dichos derechos”, enfatizó la institución.

Protección de derechos fundamentales
El trabajo de la PGR abarcó la promoción del acceso a derechos esenciales como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda.
Uno de los pilares fundamentales de estas acciones fue la gestión de cuotas alimenticias, destinadas a favorecer principalmente a los sectores más vulnerables, como la niñez, la adolescencia, las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad.

La Procuraduría destacó su esfuerzo constante por velar por la estabilidad y bienestar de las familias salvadoreñas, subrayando la importancia de la justicia y la equidad para fortalecer el tejido social del país.

En un esfuerzo por garantizar el respeto a los derechos laborales, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que durante el año 2024 logró brindar apoyo legal a más de 30,000 trabajadores a través de su Unidad de Derechos Laborales.
Este respaldo permitió la recuperación de más de $11 millones de dólares en concepto de indemnizaciones y prestaciones laborales.
La PGR destacó que su labor se centra en defender los derechos de las personas trabajadoras, asegurando que reciban un trato digno y justo en sus empleos.
A través de redes sociales, invitó a la ciudadanía a acercarse a sus oficinas para recibir asesoría legal gratuita y defender sus derechos laborales: “Vení a la Procu y defendé tus derechos laborales”, es el mensaje central de su campaña.
La institución subrayó la importancia de garantizar un ambiente laboral respetuoso, libre de discriminación y con condiciones justas para todos los trabajadores.
“Toda persona trabajadora tiene derecho a un buen ambiente laboral, a un salario justo y a que no se le discrimine por su condición”, afirmaron en el comunicado.

La Corte Suprema de Justicia reforzó el llamado a la ciudadanía, especialmente a los conductores, para que tomen conciencia sobre los riesgos legales y personales derivados de la imprudencia al volante. 

En un contexto en el que las sanciones viales se han endurecido, el máximo tribunal del país enfatiza la importancia de cumplir con las normas de tránsito para evitar consecuencias graves.

Las modificaciones legislativas recientes han incrementado las penas para aquellos que cometan infracciones relacionadas con la conducción peligrosa. 

El Código Penal establece sanciones severas para quienes violen estas disposiciones, particularmente cuando el comportamiento al volante pone en peligro la vida de las personas, tanto de los conductores como de peatones y pasajeros.

La Corte recuerda que tres acciones particularmente riesgosas pueden acarrear penas de prisión, según lo estipulado por la ley. Entre ellas se encuentran:

1. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: Esta conducta no sólo afecta la capacidad de reacción y juicio del conductor, sino que también aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves.
2. Realizar competencias en la vía pública: Participar en carreras o enfrentamientos entre vehículos en carreteras y calles urbanas pone en peligro la vida de todos los usuarios de la vía, y es una infracción que se castiga con severidad.
3. Disputar la vía con otro vehículo: La actitud de desafiar a otro conductor por ocupar espacios de la vía de forma agresiva, sin respetar las señales de tránsito, es otro comportamiento que se considera peligroso y que, de acuerdo con la ley, puede llevar a la detención y sanción penal.

El tribunal hizo un llamado a la reflexión, destacando que la velocidad excesiva y la imprudencia son factores que suelen generar consecuencias fatales. 

Además, la Corte alertó sobre los riesgos legales asociados con este tipo de conductas. Si bien el endurecimiento de las sanciones tiene como objetivo salvar vidas y reducir accidentes, los conductores también deben entender que estas modificaciones pueden resultar en penas de prisión si se demuestra que sus actos fueron deliberadamente peligrosos.

En este sentido, las autoridades instan a los conductores a tomar decisiones prudentes, especialmente durante las festividades o en situaciones donde las tentaciones de exceso de velocidad o conducción bajo los efectos del alcohol y drogas sean mayores. La clave para evitar consecuencias fatales y legales es simple: respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad.

Este llamado de la Corte Suprema coincide con los mensajes de concientización que las autoridades viales están llevando a cabo para reforzar el cumplimiento de las leyes de tránsito y garantizar la seguridad en las carreteras. La multa por conducir de manera imprudente no solo afecta el bolsillo, sino que puede traer consigo consecuencias mucho más graves, tanto a nivel personal como en la vida de otros.

El mensaje es claro: la responsabilidad al volante no solo es una cuestión de respeto a la ley, sino también de respeto por la vida y la seguridad de todos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a El Salvador responsable por incumplir su deber de garantizar los derechos fundamentales de una mujer conocida como Beatriz, quien enfrentó un embarazo de alto riesgo sin la protección adecuada del Estado.
Beatriz, una joven que padecía enfermedades crónicas como lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoide, enfrentó graves complicaciones durante su segundo embarazo en 2013.
Los médicos determinaron que el feto tenía anencefalia, una condición incompatible con la vida extrauterina. Sin embargo, la ausencia de protocolos médicos claros y la inseguridad jurídica impidieron que recibiera la atención oportuna que necesitaba.
El Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad analizó el caso, considerando interrumpir el embarazo antes de las 20 semanas para proteger la salud de Beatriz.
No obstante, la decisión se trasladó a consultas legales, lo que burocratizó y judicializó el proceso. Como resultado, Beatriz fue sometida a un trato deshumanizado y su familia también sufrió las consecuencias, incluyendo su hijo mayor, de apenas un año de edad.

Finalmente, a las 26 semanas de gestación, se realizó una cesárea. La recién nacida, nombrada Leilany Beatriz, falleció cinco horas después del parto debido a su condición de anencefalia.
Beatriz sobrevivió al procedimiento, pero la Corte determinó que la falta de protocolos claros contribuyó directamente a la violencia obstétrica y a la vulneración de sus derechos.
Durante el juicio, el Estado salvadoreño admitió que existía una «situación de confusión» en torno a los protocolos médicos aplicables.
Aunque se han implementado lineamientos técnicos tras los hechos, la Corte identificó vacíos normativos que continúan afectando la atención adecuada y oportuna en casos similares.
En su sentencia, la Corte indicó que la condición de Beatriz imponía al Estado un deber especial de protección. Sin embargo, la respuesta inadecuada derivó en largos periodos de espera e incertidumbre, constituyendo violencia obstétrica y un incumplimiento en el acceso a recursos judiciales efectivos. Estos fallos afectaron profundamente la integridad personal de Beatriz y su entorno familiar.
Como parte de las medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado salvadoreño desarrollar directrices claras y guías específicas para el personal médico y judicial, con el fin de garantizar seguridad jurídica en casos de embarazos de alto riesgo. Esto podrá lograrse mediante la adecuación de protocolos existentes o la emisión de nuevas normativas.