En un evento solemne celebrado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cerca de un centenar de nuevos abogados fueron juramentados por el presidente del máximo tribunal, Henry Alexander Mejía. La ceremonia, correspondiente al mes de marzo, marcó el inicio oficial de la carrera profesional de los graduados.
Durante su discurso, Mejía destacó el esfuerzo y dedicación de los nuevos profesionales del derecho, resaltando el respaldo de sus familias en el proceso.
“Hoy se concreta todo el esfuerzo que han realizado a lo largo de su formación universitaria», expresó.
Además, hizo un llamado a la ética y responsabilidad en el ejercicio de la abogacía.
“La CSJ no solo juramenta y autoriza, sino que también sanciona. Es fundamental que devuelvan la credibilidad a la sociedad a través del ejercicio profesional con rectitud», enfatizó, destacando la importancia de la justicia, la seguridad jurídica y la paz social en el país.

Como parte del acto, los abogados recibieron el Manual para la Prevención de Lavado de Activos, con el objetivo de fortalecer su conocimiento en la materia y cumplir con sus responsabilidades legales. También se les proporcionó información sobre el proceso de registro ante la Unidad de Investigación Financiera.
La ceremonia contó con la presencia de destacados miembros de la CSJ, entre ellos, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco Valiente, y el jefe de la Sección de Investigación Profesional, Rubén Atilio Meléndez.

El concejo municipal de La Libertad Este dejó sin efecto dos reformas a la «Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Antiguo Cuscatlán», aprobadas en julio y octubre de 2024.
Estas modificaciones buscaban aplicar un esquema único de cobros en todos los distritos del municipio, pero fueron revertidas por no alcanzar los resultados esperados.
Desde el 1 de mayo de 2024, La Libertad Este está conformado por los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza, tras la reducción de 262 municipios a 44 por decisión de la Asamblea Legislativa y el Gobierno.
En diciembre del mismo año, el concejo municipal resolvió extender las tasas de Antiguo Cuscatlán al resto de distritos.
Sin embargo, el 3 de marzo de 2025, el concejo determinó que la aplicación de esta medida no era efectiva debido a diferencias en la información catastral y la base tributaria de los distritos.
Ante esta situación, el gobierno municipal decidió mantener las ordenanzas previas de cada distrito hasta que se diseñe una nueva normativa que responda a sus características particulares.
El decreto que anula la homologación fue aprobado el 3 de marzo, publicado en el Diario Oficial el 25 de marzo y entrará en vigencia el 2 de abril.
Este documento lleva la firma de la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, junto con otros miembros del concejo municipal.
A pesar de esta derogatoria, la decisión no afecta la reforma a la ordenanza de convivencia del municipio, que estableció aumentos en las multas.
Las reformas anuladas

1. Reforma del 29 de octubre de 2024: Derogaba disposiciones contrarias a la ordenanza de Antiguo Cuscatlán y eliminaba ordenanzas previas en San José Villanueva, Zaragoza y Huizúcar, excepto en los cobros no mencionados en la normativa de Antiguo Cuscatlán.
2. Reforma del 19 de julio de 2024: Integraba los decretos de tasas de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva y Huizúcar en la ordenanza de Antiguo Cuscatlán.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado dictó sentencia contra 52 miembros de la pandilla Barrio 18, facción Sureños, de Soyapango, imponiendo penas que oscilan entre los 21 y 45 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este es el primer juicio masivo realizado tras la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022.

Condenas según su rol en la pandilla
Los procesados fueron capturados entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2022 y condenados de acuerdo con el papel que desempeñaban dentro de la estructura criminal. Entre ellos se encuentran ranfleros, palabreros, homeboys y colaboradores, pertenecientes a diferentes sectores de Soyapango, como El Progreso, Villa de Jesús, Montes de San Bartolo y Los Ángeles.
Entre los condenados con las penas más altas se encuentran:

• Víctor López Mármol, alias Black (Villa de Jesús) – 45 años de prisión (ranflero).
• José Mauricio Aguiluz Portillo, alias Repollero (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Dennis Humberto Velásquez García, alias Sol (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Sigfredo Alejandro Trujillo Hernández, alias Pollo (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
• Rafael Antonio Medrano Bonilla, alias Sombra (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
  Otros integrantes, como Erick Antonio Blanco Laínez y Juan Jeremías Martínez Escobar, recibieron penas de 28 años, mientras que 14 colaboradores fueron sentenciados a 21 años de cárcel.

Juicios masivos bajo críticas
El proceso se llevó a cabo en un Tribunal contra el Crimen Organizado, por lo que los medios de comunicación no tuvieron acceso a la audiencia. Toda la información fue proporcionada por la FGR a través de comunicados oficiales.
Desde julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones que permiten a la Fiscalía enjuiciar en bloque a presuntos pandilleros, agrupándolos según su clica y estructura criminal.
Esta medida, que estará vigente por dos años, ha sido cuestionada por la oposición y organizaciones internacionales, que advierten sobre posibles violaciones al debido proceso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto recibir el próximo mes en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, según fuentes cercanas a la administración estadounidense.
La reunión se enmarca en una agenda centrada en cooperación en materia migratoria y de seguridad.
Uno de los temas clave en la relación entre ambos países ha sido el reciente acuerdo mediante el cual El Salvador aceptó recibir a 234 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, deportados desde Estados Unidos. A cambio, Washington se comprometió a pagar 20,000 dólares anuales por cada detenido, lo que representaría un desembolso de 6 millones de dólares en un año, con opción de renovar el convenio.
Estos fondos contribuirían a los costos del sistema penitenciario salvadoreño, que requiere aproximadamente 200 millones de dólares anuales para su funcionamiento.
Sin embargo, el acuerdo ha generado controversia. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por posibles violaciones a los derechos de los deportados y por las condiciones en las cárceles salvadoreñas.
Además, su legalidad ha sido cuestionada luego de que un juez federal en Washington ordenara una suspensión temporal de las deportaciones, argumentando que la medida iba en contra de una resolución judicial previa.
La visita de Bukele marcaría un hito en la diplomacia regional, ya que sería el primer mandatario del hemisferio occidental en ser recibido por Trump en esta etapa de su gobierno, lo que subraya la relevancia de la relación bilateral en temas de migración y seguridad.

Un 23 % de las remesas enviadas desde Estados Unidos a El Salvador provienen de migrantes indocumentados, según un análisis del Grupo Bancolombia, matriz de Bancoagrícola.
La institución financiera presentó estos hallazgos a clientes, destacando el papel clave del sector construcción en el envío de dinero hacia el país.

Laura Clavijo, directora de investigaciones económicas de Bancolombia, explicó que, aunque muchos sectores en Estados Unidos emplean a personas con estatus migratorio regular, hay industrias donde la presencia de trabajadores indocumentados es significativa.
“Las actividades profesionales y el sector construcción podrían verse más impactados ante cambios en la migración”, señaló.
Los datos, correspondientes a 2023, muestran que sectores como manufactura, entretenimiento, salud, educación, transporte y finanzas fueron fuente de empleo para salvadoreños indocumentados en Estados Unidos. Además, la diáspora también se desempeña en ventas minoristas y mayoristas, administración pública, información y agricultura.

Impacto de las remesas en la economía salvadoreña

En 2023, más de $7,606 millones fueron enviados en concepto de remesas desde Estados Unidos, representando el 93 % del total de $8,181.8 millones recibidos en los hogares salvadoreños, según el Banco Central de Reserva (BCR).
Los trabajadores en actividades profesionales enviaron un 23.5 % de las remesas, lo que equivale a $1,785 millones. Por su parte, el sector construcción aportó un 21.5 % con $1,639 millones, mientras que un 10.1 % provino del sector manufacturero.
Asimismo, el 9.4 % de las remesas fue generado por trabajadores en educación y salud, y un 8.3 % por quienes laboran en entretenimiento.
Clavijo advirtió que las deportaciones desde Estados Unidos podrían impactar la economía salvadoreña, afectando el consumo privado, que pasaría de un 6.3 % a un 6.1 %.
Sin embargo, señaló que El Salvador podría estar mejor preparado para enfrentar estos cambios en comparación con otros países centroamericanos.
“Es una situación más regularizada para el país, lo que lo hace menos vulnerable a las políticas migratorias”, sostuvo.

Este escenario también podría influir en el comercio y el turismo provenientes de la región, afectando indirectamente la economía nacional.
Con información de diario El Mundo