El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado dictó sentencia contra 52 miembros de la pandilla Barrio 18, facción Sureños, de Soyapango, imponiendo penas que oscilan entre los 21 y 45 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este es el primer juicio masivo realizado tras la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022.

Condenas según su rol en la pandilla
Los procesados fueron capturados entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2022 y condenados de acuerdo con el papel que desempeñaban dentro de la estructura criminal. Entre ellos se encuentran ranfleros, palabreros, homeboys y colaboradores, pertenecientes a diferentes sectores de Soyapango, como El Progreso, Villa de Jesús, Montes de San Bartolo y Los Ángeles.
Entre los condenados con las penas más altas se encuentran:

• Víctor López Mármol, alias Black (Villa de Jesús) – 45 años de prisión (ranflero).
• José Mauricio Aguiluz Portillo, alias Repollero (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Dennis Humberto Velásquez García, alias Sol (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Sigfredo Alejandro Trujillo Hernández, alias Pollo (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
• Rafael Antonio Medrano Bonilla, alias Sombra (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
  Otros integrantes, como Erick Antonio Blanco Laínez y Juan Jeremías Martínez Escobar, recibieron penas de 28 años, mientras que 14 colaboradores fueron sentenciados a 21 años de cárcel.

Juicios masivos bajo críticas
El proceso se llevó a cabo en un Tribunal contra el Crimen Organizado, por lo que los medios de comunicación no tuvieron acceso a la audiencia. Toda la información fue proporcionada por la FGR a través de comunicados oficiales.
Desde julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones que permiten a la Fiscalía enjuiciar en bloque a presuntos pandilleros, agrupándolos según su clica y estructura criminal.
Esta medida, que estará vigente por dos años, ha sido cuestionada por la oposición y organizaciones internacionales, que advierten sobre posibles violaciones al debido proceso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto recibir el próximo mes en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, según fuentes cercanas a la administración estadounidense.
La reunión se enmarca en una agenda centrada en cooperación en materia migratoria y de seguridad.
Uno de los temas clave en la relación entre ambos países ha sido el reciente acuerdo mediante el cual El Salvador aceptó recibir a 234 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, deportados desde Estados Unidos. A cambio, Washington se comprometió a pagar 20,000 dólares anuales por cada detenido, lo que representaría un desembolso de 6 millones de dólares en un año, con opción de renovar el convenio.
Estos fondos contribuirían a los costos del sistema penitenciario salvadoreño, que requiere aproximadamente 200 millones de dólares anuales para su funcionamiento.
Sin embargo, el acuerdo ha generado controversia. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por posibles violaciones a los derechos de los deportados y por las condiciones en las cárceles salvadoreñas.
Además, su legalidad ha sido cuestionada luego de que un juez federal en Washington ordenara una suspensión temporal de las deportaciones, argumentando que la medida iba en contra de una resolución judicial previa.
La visita de Bukele marcaría un hito en la diplomacia regional, ya que sería el primer mandatario del hemisferio occidental en ser recibido por Trump en esta etapa de su gobierno, lo que subraya la relevancia de la relación bilateral en temas de migración y seguridad.

Un 23 % de las remesas enviadas desde Estados Unidos a El Salvador provienen de migrantes indocumentados, según un análisis del Grupo Bancolombia, matriz de Bancoagrícola.
La institución financiera presentó estos hallazgos a clientes, destacando el papel clave del sector construcción en el envío de dinero hacia el país.

Laura Clavijo, directora de investigaciones económicas de Bancolombia, explicó que, aunque muchos sectores en Estados Unidos emplean a personas con estatus migratorio regular, hay industrias donde la presencia de trabajadores indocumentados es significativa.
“Las actividades profesionales y el sector construcción podrían verse más impactados ante cambios en la migración”, señaló.
Los datos, correspondientes a 2023, muestran que sectores como manufactura, entretenimiento, salud, educación, transporte y finanzas fueron fuente de empleo para salvadoreños indocumentados en Estados Unidos. Además, la diáspora también se desempeña en ventas minoristas y mayoristas, administración pública, información y agricultura.

Impacto de las remesas en la economía salvadoreña

En 2023, más de $7,606 millones fueron enviados en concepto de remesas desde Estados Unidos, representando el 93 % del total de $8,181.8 millones recibidos en los hogares salvadoreños, según el Banco Central de Reserva (BCR).
Los trabajadores en actividades profesionales enviaron un 23.5 % de las remesas, lo que equivale a $1,785 millones. Por su parte, el sector construcción aportó un 21.5 % con $1,639 millones, mientras que un 10.1 % provino del sector manufacturero.
Asimismo, el 9.4 % de las remesas fue generado por trabajadores en educación y salud, y un 8.3 % por quienes laboran en entretenimiento.
Clavijo advirtió que las deportaciones desde Estados Unidos podrían impactar la economía salvadoreña, afectando el consumo privado, que pasaría de un 6.3 % a un 6.1 %.
Sin embargo, señaló que El Salvador podría estar mejor preparado para enfrentar estos cambios en comparación con otros países centroamericanos.
“Es una situación más regularizada para el país, lo que lo hace menos vulnerable a las políticas migratorias”, sostuvo.

Este escenario también podría influir en el comercio y el turismo provenientes de la región, afectando indirectamente la economía nacional.
Con información de diario El Mundo

Con el objetivo de brindar orientación sobre la modalidad de la práctica jurídica y explicar los requisitos para acreditarse como abogado de la República, autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibieron a los aspirantes que comenzarán este proceso en el año 2025.

Un total de 365 egresados y graduados en Ciencias Jurídicas iniciarán su práctica bajo la modalidad de Apoyo a Instituciones, Tribunales y Dependencias de la CSJ, lo que les permitirá adquirir valiosa experiencia en el ejercicio profesional del derecho.

Durante la inducción, el presidente de la CSJ, Henry Mejía, subrayó la importancia de la práctica para fortalecer tanto los conocimientos como las competencias profesionales. 

“La practicidad es lo que los va a llevar a fortalecer no solo los conocimientos, sino también las competencias profesionales. Recuerden que en este proceso también comienza la prueba de su ética profesional, un aspecto esencial para caminar por el camino de la rectitud y la probidad que exige esta carrera”, expresó Mejía.

Por su parte, el magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco, destacó que el objetivo de la inducción era proporcionar a los nuevos practicantes una visión integral del trabajo en la administración de justicia, más allá de los aspectos jurídicos. 

“Queremos que conozcan las diversas facetas que influyen en la administración de justicia, las habilidades profesionales necesarias, y la importancia de las relaciones laborales en el entorno en el que se van a desempeñar. Esto contribuirá al fortalecimiento del sistema judicial”, afirmó Clímaco.

En su intervención, el jefe del Departamento de Práctica Jurídica, Mario Ernesto Ávalos, recordó a los practicantes que las mil 024 horas que tendrán frente a ellos representan una oportunidad única para desarrollarse en un entorno profesional similar al que encontrarán al ejercer la abogacía. 

“Esta práctica es un requisito para autorizarse como abogado, pero también es una oportunidad para adquirir habilidades fundamentales para el futuro. El esfuerzo y la dedicación durante este proceso también deben generar satisfacción personal, ya que lo que se dé en esta etapa se traducirá en futuras oportunidades profesionales”, comentó Ávalos.

Simultáneamente, las oficinas regionales de oriente y occidente realizaron sus respectivas jornadas de inducción en sus sedes locales, contando con la participación de la jefa de la Sección de Apoyo a Instituciones, Tribunales y Dependencias de la CSJ, María Elena Ortiz.

La Marina Nacional de El Salvador interceptó tres embarcaciones vinculadas a una red de narcotráfico internacional, incautando 1.3 toneladas de cocaína valoradas en 32.5 millones de dólares.
El operativo se realizó en aguas internacionales, al suroeste del país, a unas 920 millas náuticas (aproximadamente 1,704 kilómetros) de la costa salvadoreña.
El presidente Nayib Bukele informó sobre la operación, que comenzó con la interceptación de una embarcación en la que viajaban tres narcotraficantes guatemaltecos. Durante el interrogatorio, los detenidos revelaron que esperaban recibir un cargamento de droga, lo que permitió a las autoridades trazar la ubicación de las embarcaciones involucradas.
Poco después, una segunda lancha, con tres guatemaltecos a bordo, se aproximó a la zona. Estos individuos confirmaron que su tarea era apoyar la operación de la embarcación encargada de recibir la cocaína.
Con esta información, la Marina salvadoreña pudo rastrear la tercera embarcación, que resultó ser ecuatoriana y transportaba las 1.3 toneladas de cocaína.
El cargamento fue incautado y trasladado a puerto.
En el último año, la Marina Nacional ha logrado incautar un total de 27.2 toneladas de droga, con un valor aproximado de 681.1 millones de dólares