El procurador general de El Salvador, René Escobar, insistió este miércoles en el compromiso de las instituciones públicas y los funcionarios en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la ética en la gestión pública, durante la tercera jornada de la Semana de la Ética 2024.

En este marco, Escobar asistió a la ponencia titulada “La toma de decisiones de la alta gerencia y los desafíos ante los sistemas de gestión antisoborno”, impartida por las especialistas internacionales Dra. Gloria Biassini y Dra. Lina Díaz.

La actividad, organizada por el Tribunal de Ética Gubernamental, reunió a representantes de diversas instituciones en un esfuerzo conjunto por concientizar sobre la importancia de la integridad y la gestión del riesgo reputacional y conductual. A través de un programa variado, la Semana de la Ética busca consolidar una cultura de integridad en la administración pública.

La ética en la gestión pública es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Promover la integridad en las instituciones no solo mejora la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, sino que también fomenta un entorno donde se prioriza el bienestar colectivo sobre los intereses individuales.

Cuando las decisiones se toman de manera transparente y responsable, se crean las bases para un desarrollo sostenible y un acceso equitativo a los servicios públicos.
Asimismo, el impacto de una gestión pública ética se refleja en la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones.

Esto, a su vez, mejora la calidad de vida de la población, ya que asegura que los recursos se utilicen de manera efectiva y se dirijan a las necesidades más apremiantes de la sociedad.
Una administración pública comprometida con la ética es, por tanto, un pilar esencial para el progreso social y económico de cualquier nación.

La Defensoría del Consumidor (DC) recuperó $29.2 millones a favor de más de 30,500 salvadoreños hasta el 2 de octubre, informó el titular de la institución, Ricardo Salazar, en una entrevista.

El funcionario indicó que esa cifra responde a la resolución de casos individuales y colectivos.
Mencionó, por ejemplo, que en el rubro inmobiliario (el cual ha tenido la mayor dinámica) han recuperado $18.3 millones en beneficio de 2,342 familias que habían sido afectadas por lotificaciones irregulares.

Salazar afirmó que los resultados muestran la efectividad de la institución, pero también son reflejo de la confianza de la población en su accionar. En ese sentido, añadió que se cerró septiembre con 103,000 atenciones, números récord en ese indicador.

“Esta es una cifra importante que muestra cómo la Defensoría tiene presencia a escala nacional, pero también fuera de nuestras fronteras a través de los quioscos virtuales. Esperamos cerrar el año con más de 130,000 atenciones… Esto es el resultado de un trabajo articulado”, añadió.

“Estas denuncias en lo que va del año superan las 21,000 que recibimos en todo 2023”, comentó.
Asimismo, en lo que va del año, se han impuesto multas por $800,000. Es importante que solo en temas de productos de la canasta básica, se han colocado $318,000.

La Defensoría del Consumidor ha realizado en este año 1,700 inspecciones en diversos comercios a nivel nacional, con un 20 % de incumplimientos detectados en las normas que verifica la institución.

El presidente de la entidad, Ricardo Salazar, enfatizó la importancia de estas inspecciones para prevenir abusos y ajustes repentinos en los precios.
En lo que va de 2024, la Defensoría ha atendido más de 100,000 consultas, de las cuales 23,000 son denuncias recibidas en los últimos 9 meses.

Esta cifra supera las 21,000 quejas acumuladas durante todo el año pasado. Además, la institución ha logrado recuperar más de $29.2 millones en favor de 30,500 consumidores, abarcando diversos rubros, incluido el inmobiliario.

Salazar, además descartó cualquier posibilidad de desabastecimiento de granos básicos en el corto plazo, al tiempo que anunció un incremento en las inspecciones para evitar abusos en los precios.

En una entrevista televisiva aseguró que la importación de productos como el maíz blanco y amarillo, así como los frijoles, continúa de manera constante. “Descartamos cualquier tipo de riesgo de desabastecimiento en el corto plazo. Por ejemplo, en el caso de maíz blanco, se han importado 1.2 millones de quintales”, afirmó Salazar.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche del pasado jueves la trigésima primera prórroga del régimen de excepción, que estará vigente del 8 de octubre al 6 de noviembre. La medida obtuvo 57 votos a favor, un voto en contra del partido Vamos y dos abstenciones del partido Arena.

La extensión fue avalada justo el día en que una encuesta da a conocer que más del 80 % de la población respalda la determinación gubernamental.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, justificó la solicitud de esta prórroga señalando la necesidad de erradicar completamente a los grupos terroristas o pandillas, ya que su presencia podría poner en riesgo los logros de seguridad alcanzados hasta ahora.

Durante la sesión, la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea por el partido Nuevas Ideas, destacó la importancia de mantener el régimen de excepción para “proteger la vida de millones de salvadoreños que desean salir adelante”.

La diputada subrayó que las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno han llevado a una significativa reducción de los homicidios, con más de 689 días sin asesinatos reportados. Según datos oficiales, se han capturado a 82,500 individuos, incluidos líderes de pandillas.

La prórroga mantiene suspendidos varios artículos de la Constitución, que incluyen el derecho de defensa, los plazos de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia, así como la intervención de telecomunicaciones.

La medida ha suscitado críticas de organismos defensores de derechos humanos, aunque cuenta con el apoyo mayoritario de la población
“Estamos a favor de los salvadoreños. Aprobamos, en la plenaria 23 la prórroga al régimen de excepción, y lo haremos las veces que sea necesario. Siempre defenderemos la paz de nuestro país”, publicó en redes sociales el presidente de la Asamblea, el oficialista Ernesto Castro.

Los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea aprobaron un dictamen para las reformas a la Ley de Activos Digitales, que incluye nuevas normas de conducta para los proveedores de servicios de bitcoin.

Durante la sesión, Miguel Serafín, director de la Comisión de Activos Digitales (CNDA), explicó que una de las principales metas de estas reformas es incluir el ecosistema de proveedores de servicios de bitcoin dentro de la CNDA, buscando mejorar la eficiencia en la regulación.

“Esto obedece exclusivamente a motivos de eficiencia”, afirmó Serafín.
Las reformas buscan regular las transferencias de activos digitales tanto en ofertas públicas como privadas, estableciendo obligaciones para emisores y proveedores de servicios.

El objetivo es promover el mercado de activos digitales mientras se protege a los adquirentes.
El dictamen fue respaldado por los 11 diputados del partido Nuevas Ideas, aunque la diputada Claudia Ortiz de Vamos no participó en la votación.

Entre las reformas aprobadas se encuentran:
Normas de conducta: Se introducen artículos que establecen la necesidad de que los proveedores de servicios de bitcoin (PSB) mantengan un programa contra el lavado de dinero y salvaguarden los activos de los clientes mediante políticas adecuadas.

Mantenimiento de registros: Los PSB deberán llevar libros que reflejen con precisión sus activos, pasivos y el patrimonio, así como la información relevante de cada cliente.

Obligaciones adicionales: Incluyen la creación de un registro de quejas, un programa de ciberseguridad, y un plan de recuperación ante desastres, entre otros.
La reforma también introduce un procedimiento de registro que incluye etapas de preinscripción e inicio de operaciones, buscando mayor claridad y agilidad en el proceso.

Serafín detalló que la preinscripción permitirá una verificación inicial del cumplimiento de requisitos antes de pasar a la etapa de registro.

Otras disposiciones establecen que los PSB no podrán suspender sus operaciones sin la autorización de la CNDA, y refuerzan la facultad de la CNDA para requerir información y realizar inspecciones a los supervisados.

Las reformas serían aprobadas en la sesión plenaria programada para el 3 de octubre.