En un esfuerzo por promover la cultura de paz y la resolución de conflictos en la sociedad, la Institución Procuraduría General de la República (PGR) atendió desde enero hasta agosto de este año a 38,500 ciudadanos para la resolución de problemas legales por medio de la mediación de conflictos.

Según cifras oficiales, el equipo de profesionales de la institución ofrece soluciones efectivas para problemas familiares, vecinales y comunitarios, contribuyendo así a una convivencia más armónica. De acuerdo a la PGR, esto demuestra su compromiso con la comunidad y la efectividad de sus métodos.

“Somos la Institución rectora de la mediación en el país con soluciones reales a problemas familiares, vecinales, comunitarios, entre otros. Tenemos un equipo de profesionales que están dispuestos a ayudarte a encontrar una solución pacífica a los conflictos”, dijo la institución.

Hasta la fecha, se han acreditado 347 profesionales en mediación en todo el país, quienes están listos para brindar apoyo y orientación a quienes lo necesiten. La Institución invita a los ciudadanos a visitar la Unidad de Mediación en la Procuraduría General de la República (PGR) más cercana a su domicilio, donde podrán acceder a estos servicios de manera gratuita.

La mediación se presenta como una alternativa ágil y accesible para aquellos que buscan resolver disputas sin recurrir a procesos judiciales largos y complicados. Con la mediación se busca no sólo resolver conflictos, sino también fomentar un enfoque preventivo que permita a las comunidades convivir en un ambiente de paz y respeto mutuo.

El Centro Nacional de Registros (CNR) reporta un notable aumento en la creación de nuevas empresas en El Salvador durante este año. Desde el 1 de enero hasta el 2 de octubre de 2024, se registraron 4,412 nuevas empresas, lo que representa un incremento del 34.6 % en comparación con el mismo período de 2023, cuando se registraron 3,277.

Los sectores más destacados entre las nuevas inscripciones son el comercial y de servicios.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que este crecimiento refleja un entorno de negocios favorable, impulsado por un marco de seguridad jurídica y social que atrae inversiones.

“El Salvador está abierto a los negocios y ha establecido las bases necesarias para que empresas de todos los tamaños y sectores puedan operar de manera ágil y eficiente», afirmó Hayem.

Además, mencionó la expansión de empresas ya establecidas en el país, como Bimbo, Telus y Teleperformance, subrayando la importancia de la descentralización de inversiones en regiones anteriormente desatendidas. “Estamos viendo un aumento de inversiones en departamentos que antes fueron olvidados, especialmente a lo largo de nuestra costa», añadió.

En otro ámbito, el CNR informó que hasta el 2 de octubre, se inscribieron 1,441 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), de las cuales el 40 % se constituyó en línea. Esta modalidad, que permite la formalización de negocios con un capital mínimo de $1 y el uso de firma electrónica, facilita el acceso al registro empresarial.

Interés creciente entre niños y jóvenes en la creación de contenido

El CNR también ha observado un creciente interés entre niños y jóvenes en la presentación de obras creativas.
La institución destacó que este segmento de la población está pasando de ser sólo consumidores a convertirse en creadores de contenido.

En los últimos meses, ha aumentado significativamente el número de solicitudes de este grupo, abarcando diversas manifestaciones artísticas, como poemarios, historietas, personajes animados y videojuegos.

Estas iniciativas forman parte de la industria creativa, un sector que juega un papel cada vez más relevante en las economías tanto nacionales como internacionales.

En El Salvador, un total de 22 padres de familia enfrentan deudas acumuladas que superan los $139,000 debido a su negativa a pagar las cuotas alimentarias establecidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta situación se ha agravado por el recargo adicional por mora que se ha acumulado a lo largo de los años, con algunos casos que datan de hace más de dos décadas.

Uno de los casos más destacados es el de un padre que no ha cumplido con sus obligaciones alimentarias durante 23 años, acumulando una deuda de $21,268.12.

Este asunto fue llevado a instancias judiciales, donde un juez ordenó la conciliación entre las partes y determinó que el padre debe realizar pagos mensuales de $1,000 para saldar su deuda.

Según datos de los Centros Judiciales de El Salvador, entre el 15 de abril y el 10 de octubre de este año, se han procesado 21 casos de incumplimiento en los tribunales. El 70% de estos progenitores ha tenido que pasar a la fase de instrucción debido a la falta de acuerdos con las madres demandantes para regularizar sus deudas.

En otro caso, un padre adeuda $10,760 a su hija desde 2010, tras la fijación de una cuota mensual de $60 por parte de la PGR. Al no llegar a una conciliación durante la audiencia inicial, el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió llevar el caso a la fase de instrucción y le impuso la prohibición de salir del país.

Asimismo, un hombre de 43 años enfrenta una deuda de $10,500 por cuotas alimentarias no pagadas desde 2016.
El Juzgado Primero de Paz de Soyapango le impuso restricciones de viaje y la prohibición de obtener licencia de conducir o inscribir vehículos a su nombre hasta que salde su deuda.

En otro incidente, una madre de tres hijos logró una resolución a su favor en 2016 para recibir $105 mensuales por parte de su expareja. Sin embargo, tras el incumplimiento de pagos, el padre acumuló una mora de $9,550. Después de que se descontaran $2,730 por el tiempo que tuvo bajo su cuidado a dos de sus hijos, el caso fue trasladado al Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, donde también se declaró la falta de acuerdo entre las partes, llevando el caso a la fase de instrucción.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, aseguró este viernes ante la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa que la propuesta de presupuesto general 2025 garantiza la continuidad de la inversión social del Estado y negó que haya planes de incrementar impuestos o crear nuevos.

El funcionario acudió para iniciar el análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, que asciende a $9,663 millones.
Durante la reunión, Posada destacó que el presupuesto para el próximo año asegura la continuidad de diversos programas sociales, incluyendo subsidios para el gas, el transporte público y la energía eléctrica.

También se mantendrá el programa de Paquetes Agrícolas y los proyectos destinados a la primera infancia.
Posada aclaró que el proyecto no contempla aumentos en impuestos, como el predial o el IVA, buscando así aliviar la carga fiscal sobre la población.

“El presupuesto incorpora las proyecciones de crecimiento para el próximo año, el buen desempeño de varios sectores económicos y los esfuerzos de nuestra institución para aumentar la recaudación de ingresos”, afirmó el Ministro.

Además, se ha previsto un incremento en los fondos destinados a proyectos de inversión pública, incluyendo iniciativas desarrolladas por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

La Comisión de Hacienda también acordó invitar a representantes de todas las carteras de Estado para que expongan cómo utilizarán los fondos asignados en el Presupuesto 2025, asegurando así un uso transparente y efectivo de los recursos públicos.

La propuesta fue presentada ante la Asamblea el 30 de septiembre pasado y de acuerdo a lo expuesto por el gobierno este será autofinanciado y no requerirá de nuevos endeudamientos.

La alcaldía de La Paz Este enfrenta una crisis legal tras la orden de un juzgado que embarga los salarios de los empleados y el edificio del distrito de San Juan Nonualco.

Esta situación se origina en una deuda de $30,000 adquirida supuestamente de manera ilegal por la administración de ARENA, justo 180 días antes de las elecciones de 2021, según lo declarado por la actual alcaldesa Marcela Pineda.

La deuda, adquirida de un usurero, ha escalado a más de $100,000 debido a las exigencias del acreedor. Pineda detalló que el Juzgado de lo Civil de Zacatecoluca condenó a la Alcaldía a pagar esta cantidad.

La alcaldesa cuestiona la legalidad del proceso, señalando que, por ley, los salarios y el edificio municipal no pueden ser embargados. En respuesta a esta situación, Pineda ha solicitado una investigación exhaustiva, interponiendo denuncias ante las secciones de Investigación Profesional e Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

“El actuar de la jueza y otros involucrados fue contrario a derecho y afectó la operatividad del municipio”, afirmó Pineda. Desde el 1 de mayo, la alcaldía ha pagado más de $200,000 de un total de $8 millones que adeudan los distritos bajo su administración, lo que ha limitado su capacidad para llevar a cabo obras esenciales.

La Paz Este, conformada por San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca, está actualmente gobernada por el partido Nuevas Ideas en el período 2024-2027.

La alcaldesa ha señalado la existencia de irregularidades y actos de corrupción en la gestión anterior.