Legal
ONU celebra anulación de la Ley de Amnistía
Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas* aplaudieron hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como las violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado interno (1980-1992).
“Esta decisión histórica para el país devuelve la esperanza a las víctimas y la confianza en el sistema legal,” señalaron los expertos al recordar que el conflicto salvadoreño dejó un saldo de 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos, en su mayoría civiles, numerosas víctimas de tortura y mujeres víctimas de violencia sexual, además de un millón desplazados internos y de refugiados en otros países.
“Más de 20 años después del fin del conflicto, esta decisión de la más alta instancia judicial restablece los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia y a una reparación integral,” recalcaron. “Es un ejemplo para el mundo”.
Los expertos de la ONU indicaron que la declaración de inconstitucionalidad refleja las normas y principios del derecho internacional, incluida la prohibición de amnistías para crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Asimismo, expresaron que la decisión de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña recalca el carácter imprescriptible de estos delitos y enfatiza que no podrá invocarse la existencia de la Ley de Amnistía o el tiempo de su vigencia para obstaculizar el derecho a la justicia, la investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de estas graves violaciones.
Los expertos en derechos humanos también explicaron que la Corte exige que se investigue la responsabilidad penal de los ejecutores directos de estos actos, así como aquella de quienes dieron las órdenes.
“Muchas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad siguen plenamente vigentes más de 20 años después de su adopción. Instamos a las autoridades salvadoreñas a aplicar estas recomendaciones que promueven reformas profundas de las instituciones del Estado, incluso la del sistema de justicia”, dijeron.
De igual forma, los expertos independientes instaron a las autoridades judiciales a diligenciar investigaciones prontas, independientes y efectivas y a diseñar una estrategia de persecución penal que tome en cuenta el derecho internacional, las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos y las experiencias comparadas. Insistieron en que se garantice la protección de los testigos y la participación de las víctimas en los procesos judiciales y en las medidas de reparación que les conciernen.
“Esta decisión es también un paso muy significativo en favor del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una señal importante en el marco del reciente pedido de extradición de España de presuntos responsables del asesinato de seis jesuitas españoles y dos salvadoreñas”, concluyeron los expertos.
Los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 no hacen mención alguna a una amnistía, por el contrario incluyen cláusulas tendientes a combatir la impunidad.
La Ley de Reconciliación Nacional del 23 de enero de 1992 contempla que no gozarán de amnistías “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980…”. Esta disposición, sin embargo, fue derogada mediante la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993 –5 días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad–, negando lo pactado expresamente en los mencionados Acuerdos.
Ahora, no obstante, la decisión de la Sala de lo Constitucional la Corte Suprema de Justicia restablece la vigencia de estas disposiciones de la Ley de Reconciliación Nacional.
(*) Los expertos: Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Mónica Pinto, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; y Alfred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Nota por: Derechos Humanos de la ONU.
Legal
Corte Suprema convoca a abogados y notarios a completar formulario antilavado antes del 19 de abril
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a abogados y notarios completar un formulario sobre prevención de lavado de dinero. La medida busca evaluar el nivel de cumplimiento de controles y definir supervisión en el sector.
El trámite estará disponible en línea hasta el 19 de abril de 2026. Las autoridades pidieron a los profesionales completar el proceso dentro del plazo establecido.
Formulario evaluará cumplimiento en prevención
La convocatoria la impulsa la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción del Órgano Judicial.
El formulario permitirá conocer cómo los abogados y notarios aplican medidas contra el lavado de activos. Además, servirá para segmentar a los profesionales que serán supervisados.
También incluirá información sobre controles relacionados con financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
Dos modalidades según tipo de ejercicio
La Corte habilitó dos versiones del formulario. Una está dirigida a abogados y notarios con dependencia laboral.
La otra opción corresponde a profesionales independientes. Cada usuario deberá elegir la modalidad que se ajuste a su ejercicio profesional.
Proceso se realiza en línea
Los profesionales deben ingresar al sistema electrónico del Órgano Judicial para completar el formulario. Luego, deberán llenar los datos requeridos y aceptar una declaración jurada.
Finalmente, el sistema permitirá enviar la información de forma digital. La Corte recordó que el proceso es obligatorio dentro del plazo indicado.
Fecha límite y canales de consulta
El plazo para completar el formulario vence el 19 de abril de 2026. Por ello, la institución pidió no dejar el trámite para último momento.
Además, habilitó líneas telefónicas y un correo electrónico para atender consultas relacionadas con el proceso.
La información recopilada permitirá al Órgano Judicial definir los próximos pasos en la supervisión del sector.
Legal
Corte Suprema convoca a imprentas para registro de sellos de abogados y notarios en El Salvador
La Corte Suprema de Justicia abrió una convocatoria dirigida a imprentas interesadas en elaborar sellos de abogados y notarios, con un nuevo proceso de registro en línea.
La medida forma parte de la implementación del Acuerdo de Corte Plena 5-P. Este establece cambios en el proceso de autorización.
La Secretaría General del Órgano Judicial informó que el trámite se realizará en línea. Además, creará un registro oficial de tipografías autorizadas.
Registro de tipografías será obligatorio
A partir de este acuerdo, las imprentas deberán registrar las tipografías que utilizarán. Solo las fuentes aprobadas podrán emplearse en la elaboración de sellos.
Con esta medida, el Órgano Judicial busca ordenar el proceso y estandarizar los formatos utilizados por abogados y notarios.
Asimismo, el sistema permitirá mayor control sobre la emisión de estos instrumentos legales.
Plazo y envío de documentación
Las imprentas interesadas deben enviar su información en un plazo de 10 días hábiles. La fecha límite es el 21 de abril.
El envío se realizará por correo electrónico a la Secretaría General.
Las empresas deberán remitir datos básicos como nombre, dirección, teléfonos y Número de Identificación Tributaria.
También deberán adjuntar documentos legales. Entre ellos figuran la escritura de constitución o matrícula de empresa.
Requisitos de cumplimiento y control
Además, la convocatoria exige información sobre controles internos. Las imprentas deben detallar medidas de prevención de soborno y lavado de dinero.
También deben incluir su política de cero tolerancia al soborno. Asimismo, deben identificar a la persona responsable de su cumplimiento.
En caso de contar con certificación ISO 37001, deberán adjuntarla.
Canales de consulta disponibles
El Órgano Judicial habilitó un número telefónico para consultas. Los interesados pueden comunicarse al 2231-8300, extensión 1210.
Con esta convocatoria, la Corte Suprema busca actualizar y supervisar la elaboración de sellos legales en el país.
Legal
¿Qué hacer con los sellos de abogado o notario en caso de su fallecimiento? La Corte Suprema recuerda que deben entregarse en un plazo de 15 días
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a la comunidad jurídica el procedimiento obligatorio en caso de fallecimiento de un abogado o notario, con énfasis en la entrega de sellos oficiales dentro del plazo legal establecido.
Según el aviso oficial, toda persona que tenga en su poder los sellos de un profesional del derecho fallecido debe entregarlos en la Secretaría General en un máximo de 15 días tras el deceso.
Entrega de sellos es obligatoria por ley
La institución explicó que esta obligación se encuentra regulada en el artículo 30 de la Ley de Notariado.
En ese sentido, la normativa establece que los sellos de abogado o notario no pueden permanecer en manos de terceros tras la muerte del titular. Por ello, su entrega debe realizarse de forma inmediata dentro del plazo fijado.
Además, la medida busca evitar el uso indebido de instrumentos legales y proteger la seguridad jurídica.
Lugar y forma de entrega
Las autoridades indicaron que los sellos deben entregarse en la Secretaría General, ubicada en el tercer nivel del Palacio Judicial, en el Centro de Gobierno de San Salvador.
Asimismo, la Corte Suprema habilitó la línea telefónica 2271-8888, extensión 1210, para brindar información adicional sobre el proceso.
Llamado a cumplir el procedimiento legal
La Corte reiteró el llamado a familiares, colegas o cualquier persona que resguarde los sellos a cumplir con esta disposición legal.
También subrayó que el cumplimiento oportuno del trámite contribuye al orden legal y evita posibles responsabilidades derivadas del uso indebido de sellos profesionales.
Finalmente, la institución insistió en que el plazo de 15 días es improrrogable, por lo que pidió actuar con diligencia tras el fallecimiento del abogado o notario.
Legal
Cadena perpetua en El Salvador: reforma constitucional entra en vigencia el 3 de abril de 2026
La ratificación de la cadena perpetua en El Salvador iniciará su vigencia el próximo 3 de abril de 2026. El decreto 533 fue aprobado y publicado el 26 de marzo de 2026 en el Diario Oficial.
Según el documento, la reforma constitucional entrará en vigor ocho días después de su publicación. Con ello, el país incorpora la pena de cadena perpetua dentro de su marco legal.
Cambios al artículo 27 de la Constitución
La reforma modifica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución. Antes, esta disposición prohibía de forma explícita las penas perpetuas en El Salvador.
El texto anterior establecía la prohibición de prisión por deudas, penas perpetuas, sanciones infamantes, proscriptivas y cualquier tipo de tormento.
Tras la modificación, la Constitución mantiene varias de esas prohibiciones. Sin embargo, ahora permite la pena perpetua exclusivamente para ciertos delitos graves.
El nuevo texto indica que la cadena perpetua se impondrá únicamente a homicidas, violadores y terroristas.
Delitos incluidos en la cadena perpetua
La Asamblea Legislativa aprobó la ratificación en la misma sesión plenaria en la que reformó varias leyes. Estas reformas buscan aplicar la cadena perpetua con opción de libertad controlada.
Los delitos contemplados incluyen:
- Homicidio simple
- Homicidio agravado
- Feminicidio
- Feminicidio agravado
- Violación
- Violación agravada
- Violación en menor o incapaz
- Violación agravada en menor o incapaz
- Pertenencia a organizaciones terroristas
- Además, la normativa establece que la pena perpetua se aplicará tanto a autores como a cómplices.
- Aplicación de la pena y revisión judicial
La reforma permite aplicar la cadena perpetua a personas desde los 12 años de edad. Asimismo, establece nuevas obligaciones para los jueces de lo criminal. - En este contexto, los jueces deberán revisar de forma obligatoria las condenas de cadena perpetua.
- Esta revisión aplicará a todos los casos, sin excepción.
- La primera evaluación para una posible libertad controlada se realizará entre los 25 y 40 años de prisión. Posteriormente, se efectuará cada cinco años.
- Reformas legales complementarias
Para implementar la reforma constitucional, la Asamblea Legislativa modificó seis cuerpos normativos. - Entre ellos se encuentran el Código Penal y el Código Procesal Penal.
- También se reformaron la Ley Orgánica Judicial, la Ley Penal Juvenil y la Ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres.
- Además, se incluyeron cambios en la Ley especial contra el terrorismo. Estas modificaciones buscan garantizar la aplicación de la cadena perpetua en el sistema judicial salvadoreño
Legal
Juramentan a 101 nuevos abogados y los llaman a ejercer con ética
La Corte Suprema de Justicia realizó la juramentación de 101 nuevos abogados en este viernes. El acto lo presidió Henry Alexander Mejía, presidente del máximo órgano judicial.
Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia del ejercicio ético de la abogacía. Además, subrayaron el compromiso que adquieren los nuevos profesionales del derecho al integrarse al sistema judicial salvadoreño.
Ética y responsabilidad profesional
Mejía afirmó que los nuevos abogados deben actuar con ética, responsabilidad y apego a la ley. También enfatizó su rol en la construcción de una sociedad más justa.
Asimismo, señaló que los profesionales del derecho contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho. Por ello, instó a ejercer la profesión con integridad y compromiso social.
Toma de protesta y autoridades presentes
La magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes dirigió la toma de protesta. En su intervención, resaltó el compromiso que implica el ejercicio de la abogacía.
Además, indicó que los nuevos abogados deben actuar con independencia, vocación de servicio e integridad en cada caso que atiendan.
El acto contó con la presencia de los magistrados José Ernesto Clímaco, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez, todos de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
También participó el jefe de la Sección de Investigación Profesional, Rubén Atilio Meléndez.
Fortalecimiento del sistema judicial
Finalmente, la juramentación de nuevos abogados refuerza la capacidad del sistema judicial. También garantiza la disponibilidad de profesionales capacitados para atender las demandas legales de la población.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia impulsa un ejercicio profesional basado en valores. Además, promueve el respeto a la ley y el acceso a la justicia en El Salvador.
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