Legal
ONU celebra anulación de la Ley de Amnistía

Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas* aplaudieron hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como las violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado interno (1980-1992).
“Esta decisión histórica para el país devuelve la esperanza a las víctimas y la confianza en el sistema legal,” señalaron los expertos al recordar que el conflicto salvadoreño dejó un saldo de 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos, en su mayoría civiles, numerosas víctimas de tortura y mujeres víctimas de violencia sexual, además de un millón desplazados internos y de refugiados en otros países.
“Más de 20 años después del fin del conflicto, esta decisión de la más alta instancia judicial restablece los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia y a una reparación integral,” recalcaron. “Es un ejemplo para el mundo”.
Los expertos de la ONU indicaron que la declaración de inconstitucionalidad refleja las normas y principios del derecho internacional, incluida la prohibición de amnistías para crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Asimismo, expresaron que la decisión de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña recalca el carácter imprescriptible de estos delitos y enfatiza que no podrá invocarse la existencia de la Ley de Amnistía o el tiempo de su vigencia para obstaculizar el derecho a la justicia, la investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de estas graves violaciones.
Los expertos en derechos humanos también explicaron que la Corte exige que se investigue la responsabilidad penal de los ejecutores directos de estos actos, así como aquella de quienes dieron las órdenes.
“Muchas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad siguen plenamente vigentes más de 20 años después de su adopción. Instamos a las autoridades salvadoreñas a aplicar estas recomendaciones que promueven reformas profundas de las instituciones del Estado, incluso la del sistema de justicia”, dijeron.
De igual forma, los expertos independientes instaron a las autoridades judiciales a diligenciar investigaciones prontas, independientes y efectivas y a diseñar una estrategia de persecución penal que tome en cuenta el derecho internacional, las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos y las experiencias comparadas. Insistieron en que se garantice la protección de los testigos y la participación de las víctimas en los procesos judiciales y en las medidas de reparación que les conciernen.
“Esta decisión es también un paso muy significativo en favor del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una señal importante en el marco del reciente pedido de extradición de España de presuntos responsables del asesinato de seis jesuitas españoles y dos salvadoreñas”, concluyeron los expertos.
Los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 no hacen mención alguna a una amnistía, por el contrario incluyen cláusulas tendientes a combatir la impunidad.
La Ley de Reconciliación Nacional del 23 de enero de 1992 contempla que no gozarán de amnistías “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980…”. Esta disposición, sin embargo, fue derogada mediante la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993 –5 días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad–, negando lo pactado expresamente en los mencionados Acuerdos.
Ahora, no obstante, la decisión de la Sala de lo Constitucional la Corte Suprema de Justicia restablece la vigencia de estas disposiciones de la Ley de Reconciliación Nacional.
(*) Los expertos: Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Mónica Pinto, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; y Alfred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Nota por: Derechos Humanos de la ONU.

Legal
Sector justicia inicia formación especializada en ética y lucha contra la corrupción

Con la participación de magistrados y funcionarios del sistema judicial, fue inaugurada la primera edición del posgrado en Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción, un esfuerzo formativo impulsado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) con el objetivo de fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública.
El programa, dirigido especialmente a servidores públicos del sector justicia, tiene como meta reforzar sus capacidades en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, tanto en el ámbito administrativo como judicial. La formación también incluye el uso de tecnología y herramientas modernas para mejorar los procesos de fiscalización y control institucional.
El acto de apertura contó con la presencia de magistrados de las Salas de lo Constitucional, Penal y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahun Martínez García, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero y José Fernando Marroquín Galo.
La iniciativa marca un paso importante hacia una gestión pública más ética, al consolidar una cultura institucional basada en la integridad y la rendición de cuentas.
El posgrado, que se desarrollará de abril a noviembre, está compuesto por ocho módulos. La jornada inaugural comenzó con el primer módulo: Introducción al fenómeno de la corrupción, que sienta las bases conceptuales y contextuales del curso.
Funcionarios de distintas entidades del sector justicia también se sumaron al programa, en un gesto colectivo que refuerza el compromiso del Estado salvadoreño por mejorar la calidad del servicio público y recuperar la confianza ciudadana.
Legal
Corte Suprema de Justicia recuerda sobre trámite de reposición de sellos para abogados y notarios

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó, a través de sus redes sociales oficiales, los lineamientos actualizados para que abogados y notarios puedan solicitar la reposición de sus sellos en caso de robo, hurto o extravío. Este trámite deberá realizarse ante la Secretaría General del órgano judicial, ubicada en el tercer nivel del Palacio Judicial, Centro de Gobierno.
Según la información publicada, los profesionales del derecho deberán presentar un escrito dirigido a la Secretaría General solicitando la reposición, especificando además la imprenta seleccionada para elaborar los nuevos sellos. Es obligatorio adjuntar una declaración jurada o una copia de la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República, que respalde el extravío, robo o hurto del sello.
Una vez entregada la documentación, la autorización para la elaboración de nuevos sellos estará disponible en un plazo de tres días hábiles. Posteriormente, la imprenta contará con otros tres días hábiles para elaborar y remitir los sellos a la Secretaría General, donde deberán ser retirados personalmente por el abogado o notario interesado.
Aunque el trámite puede ser presentado por un tercero, este debe contar con una firma autenticada del solicitante. Sin embargo, el retiro de los sellos será únicamente responsabilidad del titular.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 2271-8888, extensión 1210.
La CSJ reitera la importancia de mantener en resguardo estos instrumentos profesionales y facilitar el proceso de reposición en casos necesarios.
Legal
Asamblea Legislativa aprueba reforma judicial para reorganizar juzgados en Sonsonate y Armenia

Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la Ley Orgánica Judicial que reestructura varios juzgados en los departamentos de Sonsonate y La Libertad. La modificación entrará en vigor el 1 de julio de 2025 y tiene como objetivo mejorar la distribución de casos y la eficiencia en el sistema judicial.
La medida contempla la conversión y ampliación de competencia de los juzgados civiles, mercantiles, laborales y penales en las localidades de Sonsonate Centro, Armenia e Izalco.
Según el dictamen aprobado, los cambios permitirán redistribuir la carga laboral y judicial en zonas con alta demanda.
Entre los principales ajustes se encuentra la transformación del Juzgado de Primera Instancia de Armenia en el nuevo Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, el cual mantendrá su sede en Armenia. Asimismo, se crean el Juzgado Primero y el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro, con residencia en esa ciudad.
Además, se amplía la competencia del Juzgado de Instrucción de Izalco, que asumirá los casos penales previamente tramitados por el juzgado de Armenia. Por su parte, el Juzgado de lo Laboral de Sonsonate absorberá los procesos laborales en trámite, incluyendo casos inactivos, del mismo juzgado.
Otra modificación relevante es que los tres juzgados civiles y mercantiles de Sonsonate podrán conocer casos provenientes de los distritos de Jayaque, Tepecoyo y Sacacoyo, pertenecientes al sector oeste del departamento de La Libertad. Las constancias de expedientes cerrados tramitados en Armenia también serán transferidas al nuevo Juzgado Tercero.
La reforma establece que la Cámara Segunda de lo Civil de Occidente, con sede en Sonsonate, se encargará de conocer en segunda instancia los procesos llevados por los juzgados civiles y mercantiles reestructurados.
El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, explicó que la conversión no implicará gastos adicionales ni eliminación de plazas, ya que forma parte del plan estratégico institucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según datos proporcionados por la CSJ, cada despacho de lo civil y mercantil en Sonsonate actualmente maneja más de 500 casos, lo que ha generado demoras en la atención judicial.
Quinteros también adelantó que la CSJ estudia futuras reformas similares en los municipios de Tejutla y Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango.
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“Un Abogado en Nueva York”: la serie que expone las luchas legales de los inmigrantes indocumentados

En medio de un renovado debate sobre la inmigración impulsado por las políticas de la administración del expresidente Donald Trump, una serie digital ha captado la atención del público por su enfoque realista y conmovedor sobre el tema. Un Abogado en Nueva York, creada por el abogado Aníbal Romero, conocido por representar a trabajadores indocumentados empleados por la Organización Trump, retrata con dramatismo las batallas legales que enfrentan miles de inmigrantes en Estados Unidos.
La producción, compuesta por 35 episodios, se transmite de forma gratuita en YouTube e Instagram. Ambientada en la ciudad de Nueva York, la historia sigue a Aníbal, un abogado de inmigración comprometido con sus clientes, mientras navega casos que incluyen desde deportaciones y violencia doméstica hasta procesos para obtener visas y cargos penales.
Basada en hechos reales, la serie no solo muestra el complejo sistema judicial al que se enfrentan los inmigrantes, sino que también humaniza sus vivencias.
“Todos los días veo historias que merecen ser contadas, pero los medios no las cubren”, afirma Romero. “Hoy en día, la gente no ve las noticias como antes. Esta serie es una forma de llevarles esas historias directamente a donde están”.
La producción ha resonado especialmente entre comunidades inmigrantes que enfrentan barreras lingüísticas y viven en condiciones de incertidumbre legal. Aportando aún más fuerza al relato, la actriz y ex Miss Universo Alicia Machado aparece como estrella invitada en un arco de tres episodios, interpretando a una fiscal que enfrenta a Aníbal en un caso de asesinato relacionado con violencia doméstica.
Los episodios con Machado se estrenan este miércoles 23 de abril, y continuarán el 30 de abril y el 7 de mayo. El final de temporada está programado para el 28 de junio.
Un Abogado en Nueva York representa un nuevo enfoque para hablar de inmigración en la era digital, mezclando entretenimiento con conciencia social y llevando a la pantalla las historias que pocas veces llegan a los noticieros tradicionales.
Legal
Consejo de la Judicatura impulsa formación especializada sobre justicia penal juvenil con videoconferencia sobre cadena de custodia

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) continúa fortaleciendo las capacidades del funcionariado judicial y demás operadores del sector justicia mediante su ciclo de videoconferencias titulado Criminalística y Justicia Penal Juvenil. En esta ocasión, la institución anuncia la realización de su segunda sesión académica, enfocada en un tema clave para la administración de justicia: La Cadena de Custodia en el Proceso Penal Juvenil.
La jornada formativa se llevará a cabo el próximo 24 de abril de 2025, en horario de 9:00 de la mañana al mediodía y está dirigida a jueces, fiscales, defensores públicos, investigadores, académicos y miembros de la comunidad jurídica interesados en profundizar sus conocimientos sobre el tratamiento técnico y legal de las evidencias en procesos penales que involucran a adolescentes.
Los ponentes de esta edición son dos destacados especialistas en criminalística y derecho penal juvenil: el Msc. Rodolfo Saez Muñoz, experto chileno en Ciencias Forenses y Criminalística, y el Lic. Luis Eduardo Ticas Hernández, Coordinador de Apoyo de la Unidad Penal Juvenil de la Procuraduría General de la República (PGR).
La actividad forma parte del esfuerzo permanente del CNJ por ofrecer formación especializada que responda a los desafíos actuales del sistema de justicia, con especial atención a la protección de derechos en contextos sensibles como el de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley.
Para más información sobre el ciclo de videoconferencias y futuras actividades académicas, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales del Consejo Nacional de la Judicatura.
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