El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) continúa su misión de mejorar la formación y capacitación de los actores del sistema judicial del país. En esta ocasión, con el objetivo de profundizar en el ámbito del Derecho Procesal Civil y Mercantil, se desarrolló el Módulo I del Diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil, que abordó temas cruciales como “El acto jurídico y las obligaciones civiles y mercantiles”.

Durante esta capacitación, los participantes recibieron herramientas doctrinales y jurisprudenciales fundamentales para una correcta interpretación y aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil. 

A través de un enfoque práctico y teórico, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos esenciales para resolver casos complejos dentro de estas ramas del derecho.

El CNJ reafirmó, una vez más, su compromiso con la excelencia judicial y la profesionalización de los operadores de justicia, promoviendo un aprendizaje significativo que contribuye a la mejora de la administración de justicia en el país. 

Con esta capacitación, se busca no sólo fortalecer los conocimientos, sino también fomentar la aplicación correcta de la ley, lo que a su vez garantiza la equidad y efectividad en la resolución de conflictos.

Este diplomado es parte de los esfuerzos continuos del CNJ, dijo la institución, por ofrecer formación especializada a jueces, abogados y demás profesionales del ámbito judicial, en aras de construir un sistema de justicia más sólido y eficiente.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que en el último año ha brindado atención psicológica a 10,668 personas, reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud mental de la población.
“En el último año hemos atendido 10,668 personas en el área de atención psicológica. Para más información, comunícate con nuestro Centro de Atención Virtual, CAVAL, al 2231-9484”, informó la institución a través de un mensaje en redes sociales.
La PGR es una institución clave en la protección de los derechos de los ciudadanos, brindando asesoría y asistencia legal gratuita a quienes lo necesiten. Históricamente, ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de personas en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la justicia y promoviendo el respeto a los derechos humanos.
Además de su labor legal, la PGR también ha incorporado servicios de apoyo psicológico con el objetivo de atender a quienes enfrentan situaciones de crisis emocional o requieren acompañamiento en procesos judiciales que afectan su salud mental.
“En la Procuraduría te ayudamos a que cuides de tu salud mental”, reiteró la institución, invitando a la ciudadanía a hacer uso de los servicios de atención psicológica disponibles.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, y el procurador general, René Gustavo Escobar, firmaron un convenio de cooperación tecnológica con el objetivo de mejorar la administración de justicia en el país. 

El acuerdo busca impulsar el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito judicial.

Entre los puntos más destacados del convenio, se encuentra la interoperabilidad de sistemas, que permitirá una mayor integración entre las plataformas de ambas instituciones. 

Asimismo, se promoverá el desarrollo de audiencias y diligencias judiciales por videoconferencia, lo que contribuirá a agilizar los procesos judiciales y facilitar el acceso a la justicia.

Este acuerdo interinstitucional tiene como fin optimizar los recursos disponibles, garantizando al mismo tiempo el respeto al debido proceso y aumentando la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial. 

Con esta iniciativa, se espera que la implementación de nuevas herramientas tecnológicas haga más ágil y transparente la administración de justicia en el país.

El Salvador ha experimentado un notable crecimiento en el sector empresarial, especialmente entre las micro y pequeñas empresas, según lo destacó el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner. 

Según el funcionario, el 99.6% de ellos pertenecen a este sector, lo que subraya su importancia para la economía nacional.

A nivel nacional, existen actualmente 980 empresas grandes, 2,830 medianas, 17,000 pequeñas, 290,000 micros, y 850,000 trabajadores por cuenta propia y agricultores en pequeño que emplean hasta tres personas. 

Las microempresas, que son aquellas que emplean hasta 10 personas o generan ventas anuales de hasta $175,000, constituyen el núcleo del emprendimiento en el país. 

Por su parte, las pequeñas empresas son aquellas que cuentan con entre 11 a 50 empleados o generan ingresos de entre $1.7 a $5 millones al año.

En este contexto, Steiner destacó los esfuerzos por formalizar y apoyar a las microempresas. 

En noviembre de 2023 el Ejecutivo firmó la Política de Integración Económica de las Microempresas, una estrategia destinada a integrar las economías, especialmente las microempresas, en el marco económico del país. 

Esta política incluye una reforma al marco legal, la implementación de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), y la simplificación de los procesos de tramitología, lo cual facilita la inscripción de estas empresas y la creación de nuevos negocios.

“Ahora el proceso de inscripción de las micros y pequeñas empresas es sumamente práctico y nos coloca en una categoría avanzada a nivel mundial”, expresó Steiner, destacando los avances alcanzados bajo el gobierno actual. Estos cambios no solo han simplificado la burocracia, sino que han permitido que más personas se animen a emprender, lo cual se refleja en los incrementos en la cantidad de negocios registrados.

Uno de los sectores más beneficiados por esta política ha sido el de las tiendas de barrio, que ha registrado un crecimiento del 25 % a nivel nacional, pasando de 45,000 a 65,000 negocios. Este aumento es aún más evidente en áreas como el Gran San Salvador, donde el crecimiento ha sido del 65 % y en distritos como Apopa, donde la cifra se eleva al 227 %.

En La Campanera, una comunidad previamente afectada por la violencia, el crecimiento alcanzó un impresionante 319% mientras que en Las Margaritas fue del 187 %.

Steiner subrayó que este crecimiento es el resultado de una mayor inclusión financiera y el acceso a nuevas alternativas de comercialización, como el diplomado en comercio en línea, que ha permitido a los microempresarios ofrecer sus productos a través de plataformas digitales, ampliando su alcance y competitividad.

“El mercado está cambiando, y las personas están cambiando con él”, afirmó el presidente de CONAMYPE, señalando que los salvadoreños ahora se sienten más seguros de invertir sus ahorros en sus propios negocios.

Este fenómeno refleja un panorama positivo para el sector empresarial en El Salvador, y demuestra cómo las políticas públicas enfocadas en la simplificación de trámites y la inclusión financiera pueden ser claves para fomentar el crecimiento económico y la formalización de los emprendedores del país.

Un equipo de abogados presentó este lunes un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, solicitando la liberación de 238 ciudadanos de ese país recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El bufete Grupo Ortega, que lleva la representación legal de 30 de los detenidos, indicó que la petición se realiza en coordinación con el Comité de Familiares de Migrantes. La petición, dijeron, es extensiva a todos los venezolanos encarcelados, aunque insistieron que representan a 30.
El abogado Jaime Ortega aseguró que los detenidos no tienen antecedentes criminales y que su detención se debió exclusivamente a su estatus migratorio en Estados Unidos.
“Hemos presentado documentación apostillada que demuestra que estas personas son migrantes, incluyendo a un cantante, y que no poseen vínculos con ninguna organización delictiva. El hábeas corpus es un recurso legal de emergencia que busca proteger la libertad e integridad física de los detenidos”, explicó Ortega.
El abogado también insistió en que sus representados no forman parte de la banda criminal Tren de Aragua, señalada por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador como una organización transnacional delictiva. “No hay pruebas que los vinculen con esa estructura criminal”, enfatizó.
La solicitud presentada ante la CSJ plantea dos opciones: la liberación inmediata de los detenidos o su traslado a Venezuela, ya que muchos de ellos se encontraban tramitando asilo y residencia en Estados Unidos antes de ser deportados.
Por su parte, el abogado Salvador Ríos, también del Grupo Ortega, calificó las detenciones como “ilegales”, argumentando que los venezolanos no enfrentan procesos penales ni en El Salvador, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos.
Tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño han identificado a los detenidos como presuntos miembros del Tren de Aragua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la medida el pasado viernes, afirmando que los migrantes venezolanos deportados y enviados a El Salvador pasaron por un “riguroso proceso de verificación” para determinar sus vínculos con la organización criminal.