Con la participación de magistrados y funcionarios del sistema judicial, fue inaugurada la primera edición del posgrado en Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción, un esfuerzo formativo impulsado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) con el objetivo de fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública.

El programa, dirigido especialmente a servidores públicos del sector justicia, tiene como meta reforzar sus capacidades en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, tanto en el ámbito administrativo como judicial. La formación también incluye el uso de tecnología y herramientas modernas para mejorar los procesos de fiscalización y control institucional.

El acto de apertura contó con la presencia de magistrados de las Salas de lo Constitucional, Penal y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahun Martínez García, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero y José Fernando Marroquín Galo.

La iniciativa marca un paso importante hacia una gestión pública más ética, al consolidar una cultura institucional basada en la integridad y la rendición de cuentas.

El posgrado, que se desarrollará de abril a noviembre, está compuesto por ocho módulos. La jornada inaugural comenzó con el primer módulo: Introducción al fenómeno de la corrupción, que sienta las bases conceptuales y contextuales del curso.

Funcionarios de distintas entidades del sector justicia también se sumaron al programa, en un gesto colectivo que refuerza el compromiso del Estado salvadoreño por mejorar la calidad del servicio público y recuperar la confianza ciudadana.

La administración del Puerto de Acajutla ha mostrado señales de mayor eficiencia desde que el consorcio turco Yilport asumió el control de la terminal marítima, de acuerdo con declaraciones de representantes del sector privado salvadoreño.

La Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) señaló que los procesos portuarios se han agilizado significativamente, lo cual ha generado una percepción positiva entre los empresarios que operan en la zona.

“Hay mucha más agilidad en el Puerto de Acajutla. No han cambiado las tarifas, todo se mantiene igual y la eficiencia se está mejorando”, indicó Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de AmCham.

Uno de los principales temores del sector empresarial tras el cambio de administración era un posible incremento en las tarifas portuarias. No obstante, hasta la fecha, los costos se han mantenido estables.

Concesión a largo plazo
La mejora en el funcionamiento de la terminal coincide con el inicio de una concesión de 50 años otorgada al grupo Yilport por el gobierno salvadoreño.

Anunciado en agosto de 2024 por el Gobierno, el acuerdo también contempla la gestión del puerto de La Unión e incluye una inversión de más de $1,600 millones.

Yilport y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) firmaron un acuerdo de sociedad de economía mixta. En este esquema, CEPA mantiene una participación del 20 % en la dirección de los puertos.

El traspaso de la administración se oficializó el 16 de diciembre de 2024, fecha en la que ambas entidades reiteraron su compromiso con la creación de un sistema portuario moderno, eficiente y competitivo.

Retos iniciales
A pesar del nuevo liderazgo, los primeros meses no estuvieron exentos de problemas. En febrero de 2025, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) reportó congestión en el Puerto de Acajutla, con al menos 27 embarcaciones varadas durante una semana crítica. Muchas de ellas transportaban insumos vitales para las industrias alimentaria, plástica y metalmecánica.

Sin embargo, en semanas recientes, el panorama ha cambiado. AmCham destacó que una de las navieras que opera en la terminal eliminó los cargos por almacenaje de mercancías, una señal de que los retrasos están disminuyendo.

“Antes se cobraba por los atrasos que se podían tener en el puerto; hoy ya se quitó ese recargo que había para las empresas”, afirmó Muñoz.

Además, la gremial empresarial confirmó que no hay reportes de aumentos en los fletes marítimos que estén afectando a las compañías que importan o exportan desde El Salvador.

Con una operación en proceso de consolidación, el Puerto de Acajutla parece avanzar hacia una mayor eficiencia, lo cual representa un alivio para los actores económicos que dependen de un flujo comercial fluido y predecible.

Con información de diario El Mundo

El presidente Nayib Bukele anunció este viernes el envío de una propuesta formal al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) para aplicar un incremento del 12 %, con vigencia a partir de junio de 2025.

La medida, según el mandatario, está orientada a beneficiar a los trabajadores de los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios. El Consejo deberá ahora evaluar la propuesta y determinar su aprobación, en el marco de la política salarial nacional. El anuncio lo hizo vía redes sociales.

La última revisión del salario mínimo se realizó en 2021, cuando se aprobó un ajuste del 20 %, elevando el salario mínimo a $365 mensuales en sectores como el comercio, la industria y los servicios. Desde entonces, no se habían realizado nuevas revisiones, a pesar de que el Código de Trabajo establece que estos ajustes deben evaluarse al menos cada tres años.
Entre 2022 y 2024, no hubo confirmación oficial de reuniones del CNSM para tratar el tema.

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, había declarado en múltiples ocasiones que el presidente Bukele sería quien anunciaría “en el momento oportuno” cualquier revisión salarial.

Con 57 votos a favor y solo uno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves dos reformas a la ley que regula los servicios de información sobre el historial de crédito, habilitando a las agencias crediticias para usar servicios de almacenamiento en la nube, tanto dentro como fuera del país.

Las modificaciones legales permitirán a Equifax, TransUnion e Infored alojar los datos en servidores externos, siempre que cumplan con los lineamientos de ciberseguridad y protección de datos que establecerá el Banco Central de Reserva (BCR).

La primera enmienda, incorporada en el artículo 17 literal “n”, autoriza expresamente el uso de la nube para almacenamiento. Mientras tanto, el artículo 19 literal “h”, que prohíbe compartir información sin consentimiento, fue modificado para incluir una excepción vinculada al nuevo literal.

La diputada Dania González, del partido oficialista Nuevas Ideas, defendió la reforma asegurando que no compromete la seguridad de los datos: “La información de los salvadoreños seguirá contando con todas las garantías de protección”. 

Agregó que esta medida amplía las posibilidades de respaldo más allá del territorio nacional.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, fue la única en oponerse a la reforma. Expresó dudas sobre si el uso de la nube será obligatorio para las agencias, señalando falta de claridad al respecto. González replicó que estas inquietudes pudieron haberse resuelto si se hubiera participado activamente en la comisión legislativa correspondiente.

El uso de almacenamiento en la nube ha ganado terreno en el país. En julio de 2024 se inauguró DataTrust, el primer centro de datos con certificación en El Salvador, que implicó una inversión de 30 millones de dólares

La Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) proyecta que el sector de externalización de procesos de negocios (BPO) y centros de llamadas mantendrá este año su dinámica de crecimiento laboral, tras haber generado 12,000 empleos durante 2024.

Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la gremial, destacó que este impulso fue liderado por una decena de empresas miembros de AmCham y subrayó el potencial de expansión del sector a nivel nacional. “Esperamos repetir esa cifra de nuevos empleos en 2025, sólo en BPO y call centers”, afirmó.

El crecimiento del sector ha estado acompañado por iniciativas de formación en inglés promovidas por el Ministerio de Economía (Minec), que, junto al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), Invest El Salvador y la Dirección General de Aduanas, han sido claves para mejorar el entorno operativo y facilitar la inversión, especialmente en la región centroamericana.

Entre la oportunidad y el reto

Aunque el sector está compuesto por cerca de 60 a 90 centros de llamadas asociados a la gremial, Muñoz señaló que empresas fuera del rubro tradicional —como bancos y comercios minoristas— también han implementado estructuras de atención tercerizada.

Las proyecciones de inversión para El Salvador se mantienen optimistas, impulsadas por proyectos estratégicos como el Aeropuerto del Pacífico, Surf City 2 y la instalación de un nuevo cable submarino. No obstante, AmCham advierte sobre un reto estructural: la falta de personal calificado para responder a la creciente demanda.

Armando Arias, presidente de la gremial, lamentó que el país haya tenido que rechazar oportunidades de inversión debido a la escasez de talento técnico. “Nos piden 200 ingenieros, pero no hay dónde encontrarlos. Tenemos que preparar mejor a nuestra gente”, enfatizó durante el evento Legal Summit.

Arias también citó al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para insistir en la urgencia de invertir tanto en infraestructura como en sostenibilidad ambiental, si El Salvador quiere sostener el ritmo de crecimiento y atraer más capital extranjero.

En conjunto, el panorama para el sector BPO y call center en El Salvador es prometedor, pero dependerá de un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado para cerrar las brechas de formación y aprovechar al máximo las oportunidades del mercado global.