La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que el cierre de 2024 es positivo en su balance y que atendió a más de 51,626 casos por medio de la unidad de Derechos de Familia y que, además, asistió en 28,223 procesos judiciales.

En un resumen divulgado por la institución, la PGR dijo que ofreció asesoría y acompañamiento legal para garantizar el bienestar familiar y el acceso a la justicia de los derechos fundamentales de cada integrante de la familia.
“Promovemos siempre el respeto, cumplimiento y defensa de dichos derechos”, enfatizó la institución.

Protección de derechos fundamentales
El trabajo de la PGR abarcó la promoción del acceso a derechos esenciales como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda.
Uno de los pilares fundamentales de estas acciones fue la gestión de cuotas alimenticias, destinadas a favorecer principalmente a los sectores más vulnerables, como la niñez, la adolescencia, las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad.

La Procuraduría destacó su esfuerzo constante por velar por la estabilidad y bienestar de las familias salvadoreñas, subrayando la importancia de la justicia y la equidad para fortalecer el tejido social del país.

El Salvador logró incautar más de 17 toneladas de drogas en 2024, un resultado calificado por las autoridades como el «más exitoso» en la historia reciente del país, marcando un récord en la lucha contra el narcotráfico.
Según el Gabinete de Seguridad, las operaciones realizadas durante el año permitieron decomisar 17.2 toneladas de sustancias ilícitas, valoradas en $429.4 millones, a través de 13 intervenciones estratégicas.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, explicó que de las 17.2 toneladas incautadas, 16.7 toneladas corresponden a cocaína, con un valor estimado de $419.6 millones.
Estas fueron confiscadas por la Fuerza Naval en operaciones realizadas en aguas salvadoreñas. Merino Monroy destacó que los resultados reflejan el éxito del Plan Control Territorial, una estrategia integral del gobierno para combatir el crimen organizado en todo el país.
“Estamos a punto de finalizar el año 2024 y ya podemos decir que se ha convertido en el año más exitoso en materia de seguridad”, afirmó el funcionario.

El último golpe al narcotráfico
El operativo más reciente tuvo lugar el 19 de diciembre, cuando las autoridades interceptaron una embarcación a 1,050 millas náuticas de las costas salvadoreñas, un récord en cuanto a la distancia cubierta. En la nave, que contaba con tres motores fuera de borda, se transportaban 1,500 kilos de cocaína, con un valor de $37.5 millones.
Durante la intervención fueron detenidos dos ciudadanos ecuatorianos, Luis Omar Vera Párraga (63 años) y Edison Rosendo Vinces Miraba (24 años), quienes fueron capturados y puestos a disposición de la justicia.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, subrayó que esta incautación pone en evidencia la creciente capacidad de las instituciones salvadoreñas en la lucha contra el narcotráfico.
“Estamos demostrando al mundo con datos que es posible derrotar a los principales enemigos que tenía la sociedad salvadoreña”, destacó Delgado.
“Este negocio de la droga no será tolerado en este país, y vamos a recorrer los kilómetros y las millas que sean necesarias para ir tras este veneno”, declaró Villatoro.
Además de los decomisos, las autoridades destacaron la captura de 131 narcotraficantes en el marco de diversas operaciones.
La Fiscalía General de la República también informó que cada paquete incautado será sometido a peritajes físico-químicos antes de ser destruido, conforme a la legislación salvadoreña. Los detenidos serán procesados y puestos a disposición de los tribunales de justicia.

Mientras algunos ciudadanos sostienen que el consumo de ciertos alimentos o medicamentos pueden incidir en niveles de alcohol en la sangre y algunos abogados cuestionan la legalidad de las endurecidas sanciones contra conductores peligrosos, las autoridades de tránsito continúan sorprendiendo a ciudadanos manejando bajo efectos de bebidas embriagantes.
La mañana de Óscar Alberto Portillo Carrillo, de 30 años, quien durante la madrugada chocó con su vehículo contra unos negocios en el kilómetro 36 de la calle que de San Salvador conduce hacia Tepecoyo, en La Libertad Oeste.
“Al realizarle la prueba de alcotest resultó con 219° de alcohol. Además se le decomisó una pistola con dos cargadores. Será procesado por conducción peligrosa y conducción irresponsable de arma de fuego”, informó la PNC por medio de sus cuentas en redes sociales.
La autoridad también reportó al menos dos casos más de conductores sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.
Con las recientes reformas de ley, en El Salvador hay cero tolerancia a conductores bajo efectos de bebidas embriagantes y es considerado delito el manejar con cualquier nivel de alcohol en el organismo.

Las sanciones incluyen una multa de $150, suspensión de la licencia de conducir por un año y un proceso judicial. En caso de reincidencia, el conductor pierde permanentemente su licencia.

El rigor de las medidas
No obstante, el rigor de estas medidas ha desatado debates en redes sociales y entre juristas.
Alegaciones sobre posibles falsos positivos generados por alimentos o medicamentos han sido frecuentes.
En una entrevista reciente, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, desmintió categóricamente estas aseveraciones.
“No existen medicamentos que contengan alcohol en dosis lo suficientemente altas como para afectar los niveles detectados en sangre o aire espirado”, afirmó Reyes.
“En el caso de los alimentos, el alcohol utilizado en la preparación se evapora durante la cocción. Incluso los enjuagues bucales solo podrían generar un rastro temporal durante los primeros 10 minutos tras su uso”, aclaró.
Por su parte, algunos abogados han expresado preocupación por la posible vulneración de derechos fundamentales y la proporcionalidad de las sanciones.
Pese a las críticas, las autoridades insisten en la necesidad de medidas estrictas para reducir la siniestralidad vial.
“Estamos ante un problema de salud y seguridad pública. Las reformas responden a una necesidad urgente de proteger vidas”, concluyó Reyes.

Desde la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cantidad de conductores peligrosos detenidos ha disminuido en un 50 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informes del Viceministerio de Transporte (VMT). 

Esta reducción se atribuye a las estrictas medidas implementadas, como la política de cero tolerancia al alcohol al volante.

La reforma, que se publicó en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2024, ha sido acompañada por una intensiva campaña de información que busca sensibilizar a la población sobre las nuevas normativas. Más de 2 millones de boletines informativos han sido distribuidos por el VMT, en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para asegurar que los ciudadanos estén al tanto de los cambios.

Félix Serrano, director de Tránsito Terrestre, destacó durante una visita a un control vehicular en el kilómetro 37 de la autopista a Comalapa que, desde la implementación de la reforma, se han detenido 23 conductores peligrosos. Este dato representa una significativa disminución respecto al mismo periodo del año pasado, lo que refleja, según Serrano, una mayor conciencia entre los conductores. 

“Creemos que estos resultados preliminares son positivos, y esperamos que se mantengan en el tiempo», comentó el funcionario.

Los controles vehiculares, que se han intensificado a nivel nacional, no solo verifican la documentación y los implementos de seguridad de los conductores, sino que también se utilizan para informar sobre las nuevas disposiciones legales. Una de las principales medidas es la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, así como sanciones severas para los infractores, que incluyen penas de cárcel de hasta 10 años, suspensión de la licencia de conducir por un año y la imposibilidad de conciliación económica en caso de accidentes con víctimas fatales.

Además, como parte de los esfuerzos por garantizar la seguridad vial, el gobierno ha desplegado más de 11,000 elementos a nivel nacional y ha instalado más de 2,000 controles vehiculares en todo el país durante la temporada festiva, buscando reducir los riesgos en las carreteras y promover una conducción más responsable.

El gobierno de Estados Unidos reveló este viernes un nuevo informe en el que señala a más actores corruptos y antidemocráticos de 4 países centroamericanos, entre los que se incluye a dos salvadoreños.

El documento, titulado Actores Corruptos y Antidemocráticos – Sección 353: 2024, detalla a individuos y grupos involucrados en prácticas que debilitan los procesos democráticos, facilitan la corrupción y obstruyen las investigaciones sobre actividades ilícitas en la región del Triángulo Norte.

José Bruno Ventura y Nercy Montano de Martínez

Entre los señalados de El Salvador, se encuentran figuras clave que habrían participado en esquemas de corrupción que socavan el sistema de justicia y promueven actividades ilícitas.

José Edgardo Bruno Ventura, conocido como «Brother», fue señalado por su participación en una red de narcotráfico y corrupción. Ventura, quien mantiene fuertes vínculos con pandillas y organizaciones criminales en El Salvador, habría sobornado a altos funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros miembros del gobierno para proteger sus actividades ilícitas y encubrir su red de narcotráfico. Según el informe, Ventura jugó un papel fundamental en la operación de una de las pandillas carcelarias más grandes del país, la cual se benefició de estos sobornos y de la complicidad de funcionarios de seguridad.

Por otro lado, Nercy Patricia Montano de Martínez, exalcaldesa de Soyapango, también figura en el listado. Montano es acusada de malversar fondos públicos y negociar ilegalmente contratos durante su gestión. Según el informe, la exfuncionaria habría dirigido contratos municipales a una persona sin la debida aprobación del Concejo Municipal y, además, habría estado involucrada en actividades que afectaron gravemente la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Estos actos de corrupción son especialmente graves, considerando que afectan a una de las ciudades más grandes y pobladas de El Salvador.

La Sección 353 y la lucha contra la corrupción

El informe presentado por el Departamento de Estado se enmarca dentro de la Sección 353(b) de la Ley de Aprobación de Asignaciones del Departamento de Estado, una ley promulgada en 2021 que permite al gobierno de Estados Unidos sancionar a individuos extranjeros involucrados en actos corruptos o que participen en actividades que debiliten las instituciones democráticas en países del Triángulo Norte. 

El objetivo de esta ley es promover la transparencia y erradicar la corrupción, fortaleciendo los mecanismos judiciales de rendición de cuentas en la región.

Entre las conductas señaladas por el Departamento de Estado se incluyen el soborno, la extorsión, el lavado de dinero y los actos de violencia o intimidación dirigidos contra aquellos que investigan estos crímenes. Además, el informe destaca la obstrucción de investigaciones contra la corrupción, lo cual impide avanzar en los esfuerzos para garantizar la justicia.

Sanciones y medidas contra redes corruptas

El informe también establece que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para sancionar a los individuos señalados, incluidas restricciones de visados y la congelación de activos en territorio estadounidense. Estas medidas buscan dificultar las actividades corruptas de los señalados y enviar un mensaje claro sobre la postura del gobierno estadounidense respecto a la lucha contra la corrupción en la región.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, destacó la importancia de este informe y subrayó que la corrupción no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también lleva a la población a buscar oportunidades en otros lugares. 

“Cuando las personas no pueden confiar en sus instituciones, buscan oportunidades en otros espacios. El informe de hoy sobre ‘Actores corruptos y antidemocráticos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua’ saca a la luz las personas que socavan el Estado de derecho y apoya la rendición de cuentas y la transparencia en la región”, afirmó Nichols en un comunicado.