El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una inversión de $26 millones con el objetivo de fortalecer las exportaciones y la integración económica en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Este esfuerzo se llevará a cabo a través del Proyecto Regional de Comercio e Inversión, que será implementado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante un periodo de 5 años, desde junio de 2024 hasta junio de 2029.

Se prevé que al finalizar el programa se logre movilizar hasta $100 millones en inversión privada, incluyendo la ampliación de plantas existentes y la llegada de nuevas empresas en el marco del fenómeno de “nearshoring”. Además, al menos $30 millones de esta inversión se destinarán a proyectos de energía limpia.

Paul Moore, director del proyecto, indicó que se espera que las empresas participantes aumenten sus exportaciones en un 30% para el cierre del programa. William Duncan, embajador de Estados Unidos en El Salvador, destacó la importancia de mejorar la infraestructura y reducir los tiempos de espera en las fronteras, recordando que la economía estadounidense es el principal destino de las exportaciones del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Estamos conscientes de los desafíos que enfrentan estos países para atraer más inversiones y generar oportunidades laborales, así como para incrementar la competitividad de la región”, afirmó Duncan.

Esta nueva inversión es una extensión del Proyecto Regional de Facilitación de Comercio y Gestión de Fronteras, que USAID concluyó en agosto pasado, con un financiamiento de $18.8 millones.

El nuevo proyecto se basa en cuatro pilares fundamentales: profundizar la unión aduanera y la integración regional, digitalizar procesos, mejorar políticas comerciales y modernizar regulaciones, así como aumentar la competitividad del sector privado y facilitar el acceso a financiamiento.

Además, se apoyará el uso de declaraciones anticipadas y el programa de operador autorizado, que permite un paso preferencial en los cruces aduaneros. En este esfuerzo participan las autoridades de economía de los tres países, junto con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Centroamérica, la quinta economía más grande de América Latina y el Caribe, envía el 32% de sus exportaciones a Estados Unidos, y el 29.5% a otros mercados regionales.
Guatemala y Honduras son los principales socios comerciales de El Salvador, con exportaciones de $839.5 millones y $670.3 millones, respectivamente, hacia esos países en lo que va del año.

El principal mercado sigue siendo Estados Unidos, que adquirió productos por un valor de $1,468.3 millones, lo que representa el 34% del total exportado.

En un esfuerzo por proteger a la ciudadanía de fraudes, la Fiscalía General de la República (FGR) lanzó mensajes para alertar sobre las estafas por medio de aplicaciones de mensajería, justo en el mismo día en que solicitó que un grupo de 12 delincuentes acusados de operar un esquema de engaño con “maletas enviadas desde el extranjero” sean enviados a la etapa de instrucción y permanezcan prisioneros.

La FGR advirtió a la población que los estafadores suelen ofrecer “dinero y beneficios instantáneos” y recomendó no creer en estas promesas.
“Bloquea cualquier número que solicite tu información o te invite a participar en dinámicas desconocidas. No sabes quién puede estar del otro lado”, enfatizó la institución en su campaña.

Mientras tanto, los detenidos son señalados por engañar a sus víctimas con la promesa de entregar maletas provenientes del extranjero, para lo cual solicitaban un pago previo que debía ser depositado en cuentas que ellos proporcionaban.
Una vez recibido el dinero, los estafadores bloqueaban la comunicación, dejando a las víctimas sin respuestas.

Las investigaciones han revelado que entre 2011 y 2024, esta organización logró movilizar más de $1,205,000.00, con un lavado de dinero que alcanzó los $301,500.00 solo en el 2024.
La FGR ha logrado inmovilizar $177,000.00 en el contexto de este caso. Los delitos que se les atribuyen a los procesados incluyen estafa agravada, lavado de dinero y activos, así como agrupaciones ilícitas.

Los imputados, que se encuentran ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, son:

Ana Del Carmen López Sánchez (imputada ausente)
Dina Raquel López De Carpeño
Gloria Daysi Jiménez Rodríguez
Patricia Abigail Méndez Cruz
Ruth Nohemy Medina Córdova
Sara Jesús Hernández De Martínez
Trinidad De Jesús Lovo De Hernández
Riselda Raquelina Rodríguez De Parada
María Norma Rodríguez Henríquez (imputada ausente)
Julia Nohemy Pérez Barrientos
Dolores Del Carmen Orellana Díaz

Este enfoque simultáneo de la FGR resalta la necesidad urgente de educar al público sobre los riesgos de las estafas, mientras se busca justicia contra quienes operan estos esquemas fraudulentos.

Una medida que durará 90 días fue aprobada por 57 diputados, con lo que se permitirá el registro de armas que actualmente no cuentan con ninguna documentación. Hay algunas restricciones para aplicar al proceso.

La Asamblea Legislativa aprobó el las «Disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego», que establecen un periodo de 90 días para registrar armas no matriculadas y para la entrega de armas artesanales o hechizas en estado irregular, que serán destruidas.

El decreto fue respaldado por 57 votos del partido Nuevas Ideas y sus aliados, mientras que el derechista ARENA se opuso y VAMOS no participó en la votación. La normativa entrará en vigor inmediatamente tras su publicación y tendrá una duración de 90 días.

Las personas interesadas en registrar sus armas no deben tener antecedentes por delitos relacionados con el uso de armas de fuego, así como por agrupaciones ilícitas de terrorismo o crimen organizado.

Los requisitos, conforme al artículo 24 de la “Ley de control y regulación de armas», incluyen:

• Solicitud con datos personales, marca, modelo, calibre y número de serie del arma.
• Presentación del arma y cuatro municiones para huellas balísticas.
• Fotocopia de la licencia de uso de armas.
• Ser mayor de 21 años para tenencia y 24 para portación.
• Carecer de antecedentes penales.
• Acta notarial vigente que certifique el traslado del arma al Ministerio de Defensa.

Quienes cumplan con el proceso de legalización no enfrentarán acciones penales o civiles por tenencia o portación ilegal de armas, siempre y cuando presenten el acta notarial.
Asimismo, se les exime de presentar factura para el registro de armas artesanales o hechizas.

Las personas que informen anónimamente sobre la ubicación de estas armas también estarán protegidas de sanciones.

La acción penal se activará únicamente si se encuentra un arma y el propietario se niega a acudir al Ministerio de Defensa para su legalización. Con esta medida, el gobierno busca regular la tenencia de armas no registradas, una práctica que se volvió común en el país a través de los años.

El popular presidente Nayib Bukele dijo que la meta de su gobierno es que El Salvador figure en el mapa internacional por su recuperación económica, el principal objetivo de su segundo mandato, que inició el 1 de junio de este año.

“Nuestra próxima meta es que el mundo vea a El Salvador más por su milagro económico que por su milagro en seguridad”, publicó el mandatario en su cuenta en la red social X, su vía de comunicación preferida.

Su mensaje lo lanzó después que el gobierno de Estados Unidos anunciara el cierre financiero para la recompra de $1,000 millones de bonos vigentes a descuento sobre su valor nominal.

“Tomará algunos años, pero estamos en el camino correcto”, agregó Bukele.
Su política de seguridad ciudadana ha resultado exitosa para contener la criminalidad y arrestar a unos 82,000 pandilleros, prácticamente desarticulando a las maras, que provocaron miles de muertes durante años.

Al asumir su nuevo mandato de 5 años, el presidente se comprometió rescatar la economía y en estos meses ha lanzado medidas enfocadas a estabilizarla, como un proyecto de agromercados donde se ofrecen productos de canasta básica a bajos precios, el asocio público-privado para administrar puertos y la presentación de una propuesta de presupuesto general del país autofinanciado, entre otras.

En un logro para la sostenibilidad ambiental, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y el Gobierno de El Salvador, junto a otras instituciones, anunciaron el pasado miércoles un acuerdo financiero de $1,000 millones. Esta suma se destinará a la recompra de bonos vigentes por un total de $1,031 millones, lo que permitirá invertir en la conservación y restauración de la cuenca del río Lempa.

Todos los ahorros generados de esta transacción se utilizarán para apoyar la conservación, la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa. JPMorgan Chase Bank, N.A. actuó como organizador del préstamo, mientras que J.P. Morgan Securities LLC manejó la recompra de los bonos.

La embajada de Estados Unidos destacó en un mensaje en redes sociales: «Tomemos $1,000 millones de deuda de El Salvador y convirtámosla en agua limpia para los salvadoreños. Nos unimos para construir crecimiento».

La DFC, como banco de desarrollo del gobierno de EE. UU., proporcionará $1,000 millones en seguro de riesgo político, complementado por una carta de crédito de $200 millones del CAF, lo que refuerza la base crediticia del proyecto y cataliza inversiones adicionales en la cuenca del río Lempa.

“El Salvador está entrando en un proyecto grande e innovador”, afirmó el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan”.

El río Lempa, uno de los más largos de Centroamérica, es crucial para el bienestar de las comunidades salvadoreñas, ya que proporciona agua potable, apoya la generación hidroeléctrica y el riego. Se prevé que los proyectos financiados mejoren la calidad y cantidad de agua, fortalezcan la resiliencia climática y protejan el ecosistema natural.

El Gobierno de El Salvador estima obtener más de $352 millones en ahorros a lo largo de la vida de la deuda. De estos, $350 millones se destinarán al Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa durante los próximos 20 años. Este programa contará con una financiación directa de $200 millones y un fideicomiso de $150 millones destinado a asegurar financiamiento continuo más allá de 2044.

La gestión del programa estará a cargo de CRS y FIAES, que colaborarán con diversas agencias gubernamentales para promover la seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible. Se espera que las primeras subvenciones a organizaciones no gubernamentales se otorguen en 2025, y el programa será supervisado por una Junta Directiva compuesta por representantes del gobierno y del sector no gubernamental.

Este acuerdo representa un compromiso histórico hacia la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en El Salvador.