Autoridades de El Salvador y Guatemala han tenido recientes acercamientos entre para intentar reactivar las adopciones internacionales entre ambos países.
Este diálogo surge con el objetivo de fortalecer los procedimientos existentes y garantizar procesos seguros y transparentes que salvaguarden el bienestar de los niños involucrados.
En el marco de estos esfuerzos, representantes gubernamentales de ambas naciones llevaron a cabo un encuentro en el que se trazaron alianzas y se plantearon acuerdos comunes para facilitar este proceso.
Entre los temas centrales de la discusión estuvo la firma de un memorando de entendimiento, documento clave que formalizaría los compromisos adquiridos en esta iniciativa.
El Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala (CNA) ha reiterado su compromiso con la seguridad y eficacia de los procedimientos de adopción, asegurando que cada caso será manejado con el máximo rigor para proteger los derechos de los niños en situación de adopción.
Por su parte, la Procuraduría General de la República de El Salvador ha manifestado su interés en evaluar y desarrollar futuros proyectos en esta materia, posicionando a Guatemala como el primer país en establecer un acercamiento de este tipo con la nación vecina.
El primer encuentro formal entre ambas delegaciones se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre de 2024, y se espera que los acuerdos alcanzados sirvan como base para una eventual reapertura de las adopciones internacionales, en beneficio de los niños que esperan una familia adoptiva.

La adopción como mecanismo de protección infantil
La adopción es una institución de protección social tutelada por el Estado, a través de la cual una persona asume como hijo propio al hijo biológico de otra.
En este contexto, el Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala es el organismo encargado de supervisar los procesos de restitución de derechos de los menores con sentencia de declaratoria de adoptabilidad y de dar seguimiento a las familias postulantes para la adopción.
El reinicio de las adopciones internacionales podría representar una alternativa viable para ofrecer a muchos niños en situación vulnerable la posibilidad de integrarse a un entorno familiar estable y seguro. No obstante, tanto Guatemala como El Salvador han enfatizado la necesidad de garantizar que cada adopción cumpla con estrictos protocolos legales y éticos, asegurando así la protección integral de la niñez.

La capacitación en Jurisprudencia Constitucional Relevante sobre Justicia Penal Juvenil, desarrollada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) finalizó este viernes, brindando herramientas fundamentales a magistrados y jueces para la correcta aplicación del derecho en casos que involucran a menores en conflicto con la ley penal.
Este espacio formativo estuvo dirigido a magistrados de Cámara de Segunda Instancia con competencia en materia penal, jueces de Sentencia e Instrucción, así como a integrantes de judicaturas especializadas en Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, Menores, Crimen Organizado, Primera Instancia con competencia mixta y de paz.
Durante el curso, los participantes profundizaron en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su aplicabilidad en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal.
Además, se abordó la jurisprudencia específica para adolescentes infractores, reafirmando el principio de especialidad en la conformación de los sistemas penales juveniles.
La iniciativa, según el CNJ, busca fortalecer el sistema judicial mediante el conocimiento y aplicación de normativas que garanticen un trato adecuado y especializado para los menores en situación de conflicto con la ley.

En el último año, la Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado resolver más de 17 mil 500 casos a través del proceso de mediación, una alternativa que se ha consolidado como una solución rápida y gratuita para resolver conflictos sin necesidad de recurrir a largos y costosos procesos judiciales.

La mediación es un mecanismo extrajudicial que promueve la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto, facilitando la negociación y la búsqueda de acuerdos beneficiosos para ambos lados. En lugar de que un juez imponga una resolución, el proceso está diseñado para que las personas involucradas puedan encontrar una solución por medio del diálogo, con la asistencia de un mediador profesional.

¿Cómo funciona la mediación en la PGR?

El proceso de mediación en la PGR sigue una serie de principios y etapas que aseguran su efectividad y confiabilidad. A continuación, se detallan algunos de los aspectos clave de este servicio:

Intervención de un mediador capacitado: Un mediador especializado se encarga de guiar a las partes en conflicto hacia una solución negociada, sin tomar partido ni emitir juicios sobre quién tiene la razón. Su objetivo es facilitar el diálogo y la comprensión mutua entre los involucrados.

Proceso de resolución no impositivo: A diferencia de otros mecanismos legales, en la mediación no se impone una decisión a las partes. El mediador se limita a facilitar la conversación y la búsqueda de soluciones, dejando que las personas en conflicto lleguen a un acuerdo por sí mismas.

Rapidez y eficiencia: El proceso es sencillo, oral, y se lleva a cabo en un tiempo relativamente corto, lo que permite resolver disputas de manera ágil sin la necesidad de acudir a procedimientos judiciales largos y costosos.

Confidencialidad: Todo lo discutido en una sesión de mediación se mantiene en estricta confidencialidad, lo que brinda a los participantes un entorno seguro para expresar sus opiniones y negociar una solución.

Expedientes y convocatorias eficaces: Por cada solicitud de mediación, se abre un expediente para asegurar el seguimiento adecuado del caso. Las convocatorias se realizan mediante los medios más eficaces para garantizar que las partes puedan participar de manera oportuna.

Con un número creciente de mediaciones resueltas cada año, la PGR reafirma su compromiso con la promoción de la paz social y la resolución pacífica de disputas. Este modelo ha demostrado ser no solo eficiente, sino también accesible para todos los ciudadanos, ya que se trata de un servicio gratuito.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) invita a la comunidad jurídica, funcionariado judicial y operadores del sector justicia de Centroamérica y El Caribe a participar en la videoconferencia “La inteligencia artificial en decisiones de la administración pública y su control judicial: Experiencia española y su posible proyección en Centroamérica y El Caribe». 

Este evento, que se desarrollará el 18 de marzo de 10:00 de la mañana al mediodía, brindará un análisis sobre la regulación del uso de la inteligencia artificial en la Administración Pública, con especial referencia a la experiencia española.

El ponente será Armando Enrique Mena Castro, doctor en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad de Deusto, Bilbao, y especialista en inteligencia artificial por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. 

Su trayectoria académica y profesional permitirá ofrecer un enfoque profundo sobre cómo las nuevas tecnologías pueden transformar la toma de decisiones en el ámbito público y su posible aplicación en la región centroamericana y caribeña.

La inteligencia artificial y su impacto en el ámbito jurídico

El uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico tiene el potencial de agilizar procesos, mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y optimizar la gestión de casos judiciales. 

Desde la automatización de procedimientos administrativos hasta el análisis predictivo en litigios, la IA puede ser una herramienta clave para modernizar los sistemas de justicia. 

Sin embargo, su implementación también plantea desafíos éticos y jurídicos que requieren un marco regulatorio claro y mecanismos de control efectivos.

En España, la inteligencia artificial ya es parte fundamental de la administración pública, y su regulación es un tema de creciente interés. 

Conocer cómo se está abordando este fenómeno en otros países puede proporcionar valiosas lecciones para su futura aplicación en la región.

Para información sobre la inscripción: https://lc.cx/EAZTC2

La 43ª reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) se realizó esta semana con la participación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

En un contexto de creciente interés por la lucha contra la corrupción, el evento reunió a expertos y representantes de diferentes países para compartir avances, desafíos y mejores prácticas en el ámbito judicial.

Entre los participantes más destacados, se encontraron el magistrado Héctor Nahun Martínez García, integrante de la Sala de lo Constitucional y coordinador de la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos, y la magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes, de la Sala de lo Penal, quien también forma parte de dicha comisión. Ambos participaron de manera virtual en la reunión, en la que se abordaron cuestiones clave relacionadas con la implementación efectiva de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El objetivo principal de la reunión fue promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos actores del sector justicia, con el fin de identificar y difundir las mejores prácticas en la lucha contra la corrupción. 

A lo largo de las sesiones, se discutieron estrategias y enfoques que permiten prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, así como las oportunidades para mejorar los mecanismos de control y supervisión.

La reunión también contó con la participación de delegados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes intercambiaron valiosas perspectivas sobre cómo las instituciones judiciales pueden mejorar sus esfuerzos en la implementación de la convención y en el fortalecimiento de la transparencia en sus procesos.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, un tratado internacional impulsado por la OEA, busca fortalecer la cooperación entre los países de América para prevenir y combatir la corrupción, un problema que sigue afectando a muchas naciones del continente. Esta reunión se enmarca dentro de los esfuerzos continuos por generar un compromiso firme y colaborativo para enfrentar la corrupción desde diversos frentes.