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Ley de Emisión de Activos Digitales ya publicada en el Diario Oficial

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Con fecha de 24 de febrero, este día ha sido publicado en el Diario Oficial la “Ley de Emisión de Activos Digitales”, con la que se pretende regular las operaciones de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas.

La normativa establece un período de ocho días luego de su publicación para su entrada en vigencia, la normativa regula los requisitos y obligaciones de los emisores de criptoactivos como proveedores de servicios de activos digitales.

La ley menciona entre sus considerandos que «debido a que el mercado de activos digitales ha crecido de una manera acelerada durante los últimos 12 años es imprescindible permitir que el Estado, las instituciones autónomas, el Banco Central de Reserva y el sector privado puedan financiarse en este nuevo mercado» .

En la normativa se define al activo digital como «una representación digital transferible cuyos registros se encuentran enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones» que se realizan.

Así, con esta nueva ley, el Gobierno podrá emitir activos digitales a través de ofertas públicas, que son llamados a suscribir o adquirir valores, con el objetivo de venderlos o comercializarlos en una plataforma de intercambio.

Esto lo hará a través del Estado, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva (BCR), y autónomas, sin necesidad de pedir autorización a la Asamblea Legislativa. También están autorizadas a estas emisiones las personas naturales, jurídicas y privadas.

El documento establece la obligatoriedad de crear una Comisión Nacional de Activos Digitales, que será , según el artículo 7, la encargada de «ponderar los derechos de los adquirientes de activos digitales y del público en general, la promoción de la innovación y de la competitividad».

La nueva ley regula todas las transacciones en activos digitales realizadas por el Estado o privados, incluidas deudas, inversiones, derechos a recibir flujos de dinero, activos o utilidades.

La Comisión Nacional de Activos Digitales habilitaría o autorizaría las ofertas públicas de activos digitales, luego de que certificadores autorizados por la misma Comisión concluyan que esas ofertas públicas de criptoactivos o activos digitales sean factibles.

La Ccomisión cobrará tasas por: registros de proveedores y certificadores (tasa registral de 15 salarios y tasa de renovación anual de 10 salarios mínimos del sector comercio), administración y emisión de certificaciones ($50 o su equivalente en bitcoin), y habilitación de ofertas públicas.

También, autorizaría a los proveedores de servicios de activos digitales (exchanges) y a los emisores de las ofertas de activos digitales.

La Comisión podrá constituir sociedades anónimas, mixtas o de cualquier otra índole para realizar inversiones a su favor, y suscribir contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

La normativa también establece la creación de una Agencia Administradora de Fondos Bitcóin (AAB), que sería la encargada de la administración y resguardo e inversión de los fondos provenientes de las ofertas públicas que de activos digitales realice el estado de El Salvador y sus instituciones autónomas y los rendimientos provenientes de dichas ofertas públicas».

La AAB será dirigida por un administrador nombrado por el presidente de la República por cinco años, y cobrará comisiones de administración por los fondos que invierte y maneja hasta un máximo de 0.5 %.

Esta agencia deberá “analizar constantemente nuevas oportunidades de inversión” y cuando invierta debe “procurar que presenten el menor riesgo posible”, dice el proyecto.

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Corte Suprema alerta sobre mensajes fraudulentos que solicitan códigos de verificación a usuarios del Sistema de Notificación Electrónica

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una alerta dirigida a la comunidad jurídica sobre mensajes fraudulentos que solicitan códigos de verificación para acceder al sistema SNE.

Según la institución, personas desconocidas envían mensajes a través de WhatsApp con el objetivo de obtener códigos de verificación bajo el argumento de habilitar notificaciones del sistema judicial.

El Órgano Judicial explicó que estos mensajes buscan engañar a los usuarios y obtener información que permita tomar control de cuentas o realizar acciones fraudulentas.

Advertencia a usuarios del sistema SNE

La advertencia se dirige especialmente a los usuarios del Sistema de Notificación Electrónica (SNE), utilizado para notificaciones y servicios vinculados al sistema judicial.

La Corte Suprema indicó que detectó intentos de fraude mediante solicitudes de códigos de verificación enviados por mensajería instantánea.

Por ello, la institución pidió a los usuarios no compartir códigos de verificación que no hayan solicitado a través de canales oficiales.

Además, recordó que el Órgano Judicial nunca pedirá enviar códigos de verificación por WhatsApp ni por otros medios informales.

Riesgo de fraude y control de cuentas

La institución explicó que compartir un código de verificación puede permitir que terceros tomen control de una cuenta de mensajería.

Este tipo de fraude digital suele utilizarse para suplantar identidades o acceder a información personal.

Por esa razón, el Órgano Judicial pidió a los usuarios actuar con cautela ante cualquier mensaje sospechoso que solicite datos personales o códigos de seguridad.

Asimismo, recomendó verificar siempre el origen de los mensajes antes de responder o compartir información.

Canales oficiales para consultas y reportes

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador también recordó que las consultas sobre el sistema SNE deben realizarse únicamente mediante sus canales oficiales de atención.

Los usuarios pueden reportar mensajes sospechosos o solicitar información a través del teléfono 2231-8359 o mediante el correo institucional csj.ddti.sne@oj.gob.sv

Además, el organismo reiteró que su sitio web oficial, Órgano Judicial de El Salvador, publica información actualizada sobre servicios y comunicaciones institucionales.

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Corte Suprema de Justicia de El Salvador pone en línea nuevas leyes y reformas del Diario Oficial para la comunidad jurídica e interesados

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador puso a disposición en línea un nuevo boletín de legislación con leyes, reformas y ordenanzas publicadas recientemente en el Diario Oficial de El Salvador.

El documento reúne la normativa publicada entre el 19 de enero y el 13 de febrero de 2026. Además, permite consultar el texto completo de cada ley y reforma a través del portal jurídico del Órgano Judicial.

Acceso digital a leyes y reformas en El Salvador

El boletín fue elaborado por el Departamento de Documentación Judicial del Órgano Judicial. Su objetivo es facilitar el acceso a nuevas leyes, reformas legales y normativa vigente en El Salvador.

Los usuarios pueden ingresar al portal de jurisprudencia https://bit.ly/4snD7XR y seleccionar cada normativa. Luego, el sistema redirige al texto completo con las reformas aplicadas.

Este servicio digital busca apoyar a abogados, estudiantes de derecho y ciudadanos que necesitan consultar legislación actualizada para análisis jurídico o trámites legales.

Además, la plataforma centraliza la información publicada en los diferentes números del Diario Oficial.

Reformas legales y normativa destacada del boletín

El boletín de legislación incluye varias reformas legales y nuevas disposiciones publicadas durante el período.

Entre las principales destacan:

Reformas a la Ley de Compras Públicas.

Reformas al decreto que establece el régimen de excepción en El Salvador.

Reformas al acuerdo que declara estado de emergencia zoosanitaria por el gusano barrenador del ganado.

Reformas al acuerdo de alerta zoosanitaria por la peste porcina africana.

Reglamento de establecimientos de alimentos y bebidas regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria.

También se publicaron diversas ordenanzas municipales relacionadas con tasas, exenciones de multas e impuestos locales.

Nuevas instituciones y acuerdos internacionales

El boletín también incorpora leyes que crean nuevas instituciones y acuerdos internacionales.

Entre ellas sobresalen:

Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, cuya vigencia inicia el 10 de abril de 2026.

Reformas a la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.

Acuerdo de comercio recíproco entre El Salvador y Estados Unidos.

Ley de creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República.

Estas disposiciones forman parte de la actualización normativa publicada en los últimos números del Diario Oficial.

Consulta en línea desde el portal del Órgano Judicial

La información está disponible en el portal de jurisprudencia del Órgano Judicial. Desde allí, los usuarios pueden acceder al boletín de legislación y al texto completo de cada normativa.

Además, el Departamento de Documentación Judicial mantiene canales de contacto para consultas. Los ciudadanos pueden solicitar información mediante correo electrónico o vía telefónica.

Con esta herramienta digital, la Corte Suprema facilita el acceso público a leyes, reformas legales y normativa vigente en El Salvador, centralizando la información oficial en un solo portal jurídico.

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Órgano Judicial de El Salvador fortalece la transparencia con certificación internacional ISO 37001

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El Órgano Judicial recibió este 3 de marzo la certificación internacional ISO 37001:2016. Este distintivo avala su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) y refuerza la integridad en la gestión pública.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía, aseguró que la entidad consolidó sus esfuerzos institucionales. La obtención de esta norma técnica busca fortalecer la transparencia y la confianza de los ciudadanos.

Durante el evento, Mejía calificó la jornada como un día importante para la justicia salvadoreña. “Hemos obtenido la certificación cumpliendo la norma ISO 37001”, afirmó el funcionario. Además, el presidente reconoció el mérito de todo el personal involucrado en este proceso de mejora.

Entrega oficial del certificado de calidad
La directora del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), Yanira Colindres, entregó el documento oficial. El OSN pertenece al Consejo Nacional de Calidad y supervisó las semanas intensas de evaluación.

Colindres destacó que este reconocimiento representa el fruto de un trabajo arduo y colaborativo. “Para nosotros es un triunfo estrechar estas alianzas con las instituciones del Estado”, señaló la directora. Por su parte, el Órgano Judicial reiteró su compromiso de mantener una cultura de cero tolerancia al soborno.

Alcance y modernización institucional
La certificación ISO 37001:2016 abarca diversos niveles dentro de la estructura judicial. El sistema implementado comprende procesos de dirección, áreas clave y servicios de apoyo técnico. Por consiguiente, la institución garantiza controles eficaces en todos sus niveles operativos.

En el acto participaron figuras clave de la administración de justicia:

Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, magistrado de la Sala de lo Penal.

Fernando Galo, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Integrantes del Comité de la Función de Cumplimiento.

Prevención de la corrupción y futuro del sistema
Con este avance, el Órgano Judicial acelera su modernización institucional. La implementación de políticas alineadas con estándares internacionales previene prácticas corruptas de forma sistemática.

Asimismo, las autoridades confirmaron que el trabajo apenas comienza. La institución debe ahora mantener y auditar estos controles de manera permanente. Esta estrategia asegura que la prevención del soborno sea un pilar fundamental en la administración de justicia salvadoreña.

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Corte Suprema de Justicia juramenta a 125 abogados en febrero

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) juramentó a 125 abogados durante febrero, quienes quedaron oficialmente habilitados para ejercer la profesión en El Salvador, conforme a la normativa que regula la abogacía y la defensa técnica de los derechos.

El acto fue presidido por el titular de la CSJ, Henry Alexander Mejía, quien encabezó la ceremonia en la que se reiteró el compromiso institucional con un sistema judicial basado en principios de integridad, ética, transparencia y probidad.

La toma de protesta estuvo a cargo del magistrado Vicente Alexander Rivas Romero, quien dirigió el juramento mediante el cual los nuevos profesionales del Derecho asumieron la responsabilidad de ejercer la abogacía conforme a los lineamientos legales vigentes.

Participación de la Comisión de Abogacía y Notariado
En la ceremonia participaron los integrantes de la Comisión de Abogacía y Notariado de la CSJ: los magistrados José Ernesto Clímaco Valiente, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez. También asistió el jefe de la Sección de Investigación Profesional, Rubén Atilio Meléndez.

De acuerdo con la institución, este tipo de actos forma parte del proceso formal que autoriza a los graduados en Ciencias Jurídicas a ejercer como abogados, una vez cumplidos los requisitos académicos y administrativos establecidos por la ley.

Más de 1,800 abogados juramentados en 2025
La CSJ juramentó alrededor de 1,800 abogados en 2025, según datos institucionales. La cifra refleja el flujo constante de nuevos profesionales que se integran al sistema jurídico nacional.

En El Salvador se estima que existen aproximadamente 42,000 abogados activos, lo que posiciona a la abogacía como una de las profesiones con mayor presencia en el ámbito académico y profesional del país.

La juramentación representa el paso final para que los nuevos abogados puedan ejercer la representación legal y la defensa técnica ante tribunales y otras instancias administrativas, contribuyendo así al funcionamiento del sistema de justicia salvadoreño.

La Corte Suprema de Justicia reiteró que el ejercicio de la abogacía implica una responsabilidad ética y profesional orientada a la protección de los derechos de la ciudadanía y al fortalecimiento del Estado de derecho.

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Sistema antilavado se fortalece tras mentoring camp coordinado por Corte Suprema y la Unidad de Investigación Financiera

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El Sistema Antilavado de El Salvador sumó un nuevo esfuerzo de articulación institucional tras la clausura de un mentoring camp enfocado en mejorar la coordinación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La iniciativa fue impulsada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en conjunto con la Unidad de Investigación Financiera (UIF), y contó con asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI).

Intercambio técnico para mejorar la lucha contra el lavado de dinero

Durante tres jornadas de trabajo, autoridades supervisoras participaron en mesas técnicas orientadas a reforzar el Sistema Antilavado.

El encuentro promovió el análisis de buenas prácticas, así como la revisión de mecanismos de cooperación y flujos de trabajo entre instituciones. Además, los equipos identificaron áreas de mejora para aumentar la eficacia en la prevención y detección de delitos financieros.

Las discusiones se centraron en medidas relacionadas con Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En consecuencia, los participantes revisaron procesos internos y compartieron experiencias aplicables a sus respectivas entidades.

Coordinación interinstitucional como eje central

La actividad priorizó la coordinación entre autoridades supervisoras y entidades vinculadas al control financiero.

Según los organizadores, el intercambio permitió fortalecer la articulación institucional frente a estructuras vinculadas al lavado de activos. También facilitó la construcción de rutas de trabajo más claras y eficientes.

Este tipo de espacios técnicos busca optimizar la respuesta del Estado ante operaciones sospechosas y mejorar la capacidad de supervisión del sistema financiero.

Participación de magistrados y autoridades técnicas

En las jornadas participaron magistrados integrantes de la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.

Entre ellos asistieron Héctor Nahun Martínez García, magistrado de la Sala de lo Constitucional y coordinador de la comisión, y Lidia Patricia Castillo, magistrada de la Sala de lo Civil.

También intervino Gabriela López Herrera, directora para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de la CSJ, junto a otros invitados especiales vinculados al sistema de control financiero.

Parte de un programa de capacitación en medidas ALA/CFT

El mentoring camp se desarrolló en el marco del Programa de Capacitación y Fortalecimiento en medidas ALA/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador.

Este programa forma parte del compromiso institucional por mantener actualizado el Sistema Antilavado y elevar sus estándares de cumplimiento.

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