En El Salvador, un total de 22 padres de familia enfrentan deudas acumuladas que superan los $139,000 debido a su negativa a pagar las cuotas alimentarias establecidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta situación se ha agravado por el recargo adicional por mora que se ha acumulado a lo largo de los años, con algunos casos que datan de hace más de dos décadas.

Uno de los casos más destacados es el de un padre que no ha cumplido con sus obligaciones alimentarias durante 23 años, acumulando una deuda de $21,268.12.

Este asunto fue llevado a instancias judiciales, donde un juez ordenó la conciliación entre las partes y determinó que el padre debe realizar pagos mensuales de $1,000 para saldar su deuda.

Según datos de los Centros Judiciales de El Salvador, entre el 15 de abril y el 10 de octubre de este año, se han procesado 21 casos de incumplimiento en los tribunales. El 70% de estos progenitores ha tenido que pasar a la fase de instrucción debido a la falta de acuerdos con las madres demandantes para regularizar sus deudas.

En otro caso, un padre adeuda $10,760 a su hija desde 2010, tras la fijación de una cuota mensual de $60 por parte de la PGR. Al no llegar a una conciliación durante la audiencia inicial, el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió llevar el caso a la fase de instrucción y le impuso la prohibición de salir del país.

Asimismo, un hombre de 43 años enfrenta una deuda de $10,500 por cuotas alimentarias no pagadas desde 2016.
El Juzgado Primero de Paz de Soyapango le impuso restricciones de viaje y la prohibición de obtener licencia de conducir o inscribir vehículos a su nombre hasta que salde su deuda.

En otro incidente, una madre de tres hijos logró una resolución a su favor en 2016 para recibir $105 mensuales por parte de su expareja. Sin embargo, tras el incumplimiento de pagos, el padre acumuló una mora de $9,550. Después de que se descontaran $2,730 por el tiempo que tuvo bajo su cuidado a dos de sus hijos, el caso fue trasladado al Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, donde también se declaró la falta de acuerdo entre las partes, llevando el caso a la fase de instrucción.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, aseguró este viernes ante la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa que la propuesta de presupuesto general 2025 garantiza la continuidad de la inversión social del Estado y negó que haya planes de incrementar impuestos o crear nuevos.

El funcionario acudió para iniciar el análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, que asciende a $9,663 millones.
Durante la reunión, Posada destacó que el presupuesto para el próximo año asegura la continuidad de diversos programas sociales, incluyendo subsidios para el gas, el transporte público y la energía eléctrica.

También se mantendrá el programa de Paquetes Agrícolas y los proyectos destinados a la primera infancia.
Posada aclaró que el proyecto no contempla aumentos en impuestos, como el predial o el IVA, buscando así aliviar la carga fiscal sobre la población.

“El presupuesto incorpora las proyecciones de crecimiento para el próximo año, el buen desempeño de varios sectores económicos y los esfuerzos de nuestra institución para aumentar la recaudación de ingresos”, afirmó el Ministro.

Además, se ha previsto un incremento en los fondos destinados a proyectos de inversión pública, incluyendo iniciativas desarrolladas por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

La Comisión de Hacienda también acordó invitar a representantes de todas las carteras de Estado para que expongan cómo utilizarán los fondos asignados en el Presupuesto 2025, asegurando así un uso transparente y efectivo de los recursos públicos.

La propuesta fue presentada ante la Asamblea el 30 de septiembre pasado y de acuerdo a lo expuesto por el gobierno este será autofinanciado y no requerirá de nuevos endeudamientos.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, explicó que la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción volverá a estudio a la comisión respectiva, luego que en la plenaria no fuera sometida a votación.

El diputado del partido oficialista Nuevas Ideas explicó que se realizarán los ajustes que ayuden a agilizar los trámites de permisos, facilitando así las inversiones en el sector de la construcción.

“Creemos que lo mejor es regresar esta iniciativa a la comisión para que realice los cambios necesarios que permitan hacer más expeditos los trámites de permisos”, afirmó Castro.

El procurador general de El Salvador, René Escobar, insistió este miércoles en el compromiso de las instituciones públicas y los funcionarios en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la ética en la gestión pública, durante la tercera jornada de la Semana de la Ética 2024.

En este marco, Escobar asistió a la ponencia titulada “La toma de decisiones de la alta gerencia y los desafíos ante los sistemas de gestión antisoborno”, impartida por las especialistas internacionales Dra. Gloria Biassini y Dra. Lina Díaz.

La actividad, organizada por el Tribunal de Ética Gubernamental, reunió a representantes de diversas instituciones en un esfuerzo conjunto por concientizar sobre la importancia de la integridad y la gestión del riesgo reputacional y conductual. A través de un programa variado, la Semana de la Ética busca consolidar una cultura de integridad en la administración pública.

La ética en la gestión pública es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Promover la integridad en las instituciones no solo mejora la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, sino que también fomenta un entorno donde se prioriza el bienestar colectivo sobre los intereses individuales.

Cuando las decisiones se toman de manera transparente y responsable, se crean las bases para un desarrollo sostenible y un acceso equitativo a los servicios públicos.
Asimismo, el impacto de una gestión pública ética se refleja en la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones.

Esto, a su vez, mejora la calidad de vida de la población, ya que asegura que los recursos se utilicen de manera efectiva y se dirijan a las necesidades más apremiantes de la sociedad.
Una administración pública comprometida con la ética es, por tanto, un pilar esencial para el progreso social y económico de cualquier nación.

La Defensoría del Consumidor (DC) recuperó $29.2 millones a favor de más de 30,500 salvadoreños hasta el 2 de octubre, informó el titular de la institución, Ricardo Salazar, en una entrevista.

El funcionario indicó que esa cifra responde a la resolución de casos individuales y colectivos.
Mencionó, por ejemplo, que en el rubro inmobiliario (el cual ha tenido la mayor dinámica) han recuperado $18.3 millones en beneficio de 2,342 familias que habían sido afectadas por lotificaciones irregulares.

Salazar afirmó que los resultados muestran la efectividad de la institución, pero también son reflejo de la confianza de la población en su accionar. En ese sentido, añadió que se cerró septiembre con 103,000 atenciones, números récord en ese indicador.

“Esta es una cifra importante que muestra cómo la Defensoría tiene presencia a escala nacional, pero también fuera de nuestras fronteras a través de los quioscos virtuales. Esperamos cerrar el año con más de 130,000 atenciones… Esto es el resultado de un trabajo articulado”, añadió.

“Estas denuncias en lo que va del año superan las 21,000 que recibimos en todo 2023”, comentó.
Asimismo, en lo que va del año, se han impuesto multas por $800,000. Es importante que solo en temas de productos de la canasta básica, se han colocado $318,000.