La Procuraduría General de la República (PGR) recordó a la ciudadanía las sanciones que enfrentan aquellos padres que no cumplen con su obligación de pagar la cuota alimenticia o manutención de sus hijos. 

La ley establece diversas restricciones que afectan directamente a los derechos y facilidades de quienes no abonen este pago esencial para el bienestar de los menores.

Entre las sanciones más destacadas, se encuentran:

1. La imposibilidad de obtener o renovar el pasaporte, lo que limita la capacidad del incumplidor para viajar al extranjero.
2. La prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir o la tarjeta de circulación, lo cual afecta su libertad de movilidad.
3. La restricción para salir del país, lo que implica que los padres morosos no podrán viajar fuera del territorio nacional hasta que regularicen su situación.

Estas medidas buscan asegurar que los derechos de los hijos sean respetados y que los responsables del sustento de los menores cumplan con su deber legal. 

La Procuraduría destaca que las hijas e hijos tienen el derecho a que se les brinde una manutención adecuada, y que cualquier incumplimiento de este compromiso será sancionado conforme a la ley.

En caso de que el padre o madre no cumpla con la cuota alimenticia establecida por el tribunal, los afectados pueden acudir a la Procuraduría General de la República para presentar la denuncia correspondiente. 

La institución se compromete a garantizar que se respeten los derechos de los menores y que los padres responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes.

Es fundamental recordar que los menores tienen derecho a recibir el apoyo necesario para su desarrollo, y la Procuraduría está dispuesta a tomar las acciones necesarias para hacer cumplir la ley.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia presentó su informe sobre el trabajo jurisdiccional y administrativo correspondiente a febrero de 2025. Durante este período, se registraron, de acuerdo al reporte, avances significativos en la resolución de casos y la gestión de procesos.

Resumen de resoluciones judiciales

Total de resoluciones emitidas: 74

Total de egresos: 21

Total de sentencias: 4

Autos definitivos: 4

Autos simples: 13

Resoluciones de trámite: 53

Decretos emitidos: 46

Autos simples adicionales: 7

Ingresos del mes

El sistema también recibió 10 nuevos procesos, desglosados de la siguiente manera:

Demandas: 3

Avisos de demandas: 1

Recursos de apelación: 5

Incidentes – abstenciones: 1

Estado de los procesos

Actualmente, la Sala mantiene un total de 262 procesos en estudio, distribuidos de la siguiente manera:

Procesos en trámite: 173

Procesos en ejecución de sentencia: 39

Procesos con solicitudes de sujetos procesales o diligencias pendientes (posteriores a su terminación): 23

Amparos presentados: 27

Actividad administrativa

Además de la gestión de casos, la Sala de lo Contencioso Administrativo reportó haber realizado 282 notificaciones, 3 informes de amparos y 8 sesiones de Sala realizadas, entre otros.

El informe, hecho público por medio de redes sociales, busca la eficiencia y transparencia en la administración de justicia.

Autoridades de El Salvador y Guatemala han tenido recientes acercamientos entre para intentar reactivar las adopciones internacionales entre ambos países.
Este diálogo surge con el objetivo de fortalecer los procedimientos existentes y garantizar procesos seguros y transparentes que salvaguarden el bienestar de los niños involucrados.
En el marco de estos esfuerzos, representantes gubernamentales de ambas naciones llevaron a cabo un encuentro en el que se trazaron alianzas y se plantearon acuerdos comunes para facilitar este proceso.
Entre los temas centrales de la discusión estuvo la firma de un memorando de entendimiento, documento clave que formalizaría los compromisos adquiridos en esta iniciativa.
El Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala (CNA) ha reiterado su compromiso con la seguridad y eficacia de los procedimientos de adopción, asegurando que cada caso será manejado con el máximo rigor para proteger los derechos de los niños en situación de adopción.
Por su parte, la Procuraduría General de la República de El Salvador ha manifestado su interés en evaluar y desarrollar futuros proyectos en esta materia, posicionando a Guatemala como el primer país en establecer un acercamiento de este tipo con la nación vecina.
El primer encuentro formal entre ambas delegaciones se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre de 2024, y se espera que los acuerdos alcanzados sirvan como base para una eventual reapertura de las adopciones internacionales, en beneficio de los niños que esperan una familia adoptiva.

La adopción como mecanismo de protección infantil
La adopción es una institución de protección social tutelada por el Estado, a través de la cual una persona asume como hijo propio al hijo biológico de otra.
En este contexto, el Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala es el organismo encargado de supervisar los procesos de restitución de derechos de los menores con sentencia de declaratoria de adoptabilidad y de dar seguimiento a las familias postulantes para la adopción.
El reinicio de las adopciones internacionales podría representar una alternativa viable para ofrecer a muchos niños en situación vulnerable la posibilidad de integrarse a un entorno familiar estable y seguro. No obstante, tanto Guatemala como El Salvador han enfatizado la necesidad de garantizar que cada adopción cumpla con estrictos protocolos legales y éticos, asegurando así la protección integral de la niñez.

La capacitación en Jurisprudencia Constitucional Relevante sobre Justicia Penal Juvenil, desarrollada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) finalizó este viernes, brindando herramientas fundamentales a magistrados y jueces para la correcta aplicación del derecho en casos que involucran a menores en conflicto con la ley penal.
Este espacio formativo estuvo dirigido a magistrados de Cámara de Segunda Instancia con competencia en materia penal, jueces de Sentencia e Instrucción, así como a integrantes de judicaturas especializadas en Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, Menores, Crimen Organizado, Primera Instancia con competencia mixta y de paz.
Durante el curso, los participantes profundizaron en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su aplicabilidad en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal.
Además, se abordó la jurisprudencia específica para adolescentes infractores, reafirmando el principio de especialidad en la conformación de los sistemas penales juveniles.
La iniciativa, según el CNJ, busca fortalecer el sistema judicial mediante el conocimiento y aplicación de normativas que garanticen un trato adecuado y especializado para los menores en situación de conflicto con la ley.

En el último año, la Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado resolver más de 17 mil 500 casos a través del proceso de mediación, una alternativa que se ha consolidado como una solución rápida y gratuita para resolver conflictos sin necesidad de recurrir a largos y costosos procesos judiciales.

La mediación es un mecanismo extrajudicial que promueve la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto, facilitando la negociación y la búsqueda de acuerdos beneficiosos para ambos lados. En lugar de que un juez imponga una resolución, el proceso está diseñado para que las personas involucradas puedan encontrar una solución por medio del diálogo, con la asistencia de un mediador profesional.

¿Cómo funciona la mediación en la PGR?

El proceso de mediación en la PGR sigue una serie de principios y etapas que aseguran su efectividad y confiabilidad. A continuación, se detallan algunos de los aspectos clave de este servicio:

Intervención de un mediador capacitado: Un mediador especializado se encarga de guiar a las partes en conflicto hacia una solución negociada, sin tomar partido ni emitir juicios sobre quién tiene la razón. Su objetivo es facilitar el diálogo y la comprensión mutua entre los involucrados.

Proceso de resolución no impositivo: A diferencia de otros mecanismos legales, en la mediación no se impone una decisión a las partes. El mediador se limita a facilitar la conversación y la búsqueda de soluciones, dejando que las personas en conflicto lleguen a un acuerdo por sí mismas.

Rapidez y eficiencia: El proceso es sencillo, oral, y se lleva a cabo en un tiempo relativamente corto, lo que permite resolver disputas de manera ágil sin la necesidad de acudir a procedimientos judiciales largos y costosos.

Confidencialidad: Todo lo discutido en una sesión de mediación se mantiene en estricta confidencialidad, lo que brinda a los participantes un entorno seguro para expresar sus opiniones y negociar una solución.

Expedientes y convocatorias eficaces: Por cada solicitud de mediación, se abre un expediente para asegurar el seguimiento adecuado del caso. Las convocatorias se realizan mediante los medios más eficaces para garantizar que las partes puedan participar de manera oportuna.

Con un número creciente de mediaciones resueltas cada año, la PGR reafirma su compromiso con la promoción de la paz social y la resolución pacífica de disputas. Este modelo ha demostrado ser no solo eficiente, sino también accesible para todos los ciudadanos, ya que se trata de un servicio gratuito.