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Informe del GAFILAT señala deficiencias en el cumplimiento técnico de El Salvador
Aunque El Salvador ha avanzado en la implementación de medidas, persisten áreas críticas que requieren fortalecimiento, según el informe de Evaluación Mutua
El reciente Informe de Evaluación Mutua sobre el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de El Salvador, elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), presenta un análisis profundo del cumplimiento del país con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Aunque el informe reconoce avances importantes, también resalta varias deficiencias técnicas que limitan la efectividad del sistema ALA/CFT en áreas clave.
Principales deficiencias identificadas
- Evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgo (Recomendación 1): El informe señala que, aunque El Salvador ha llevado a cabo una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), esta carece de profundidad en áreas críticas como el financiamiento del terrorismo (FT) y los activos digitales, como el Bitcoin. El sector de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) fue evaluado con un bajo riesgo inherente, pero algunas organizaciones, como las religiosas, presentan vulnerabilidades debido a la falta de regulación adecuada.
- Delito de lavado de activos (Recomendación 3): El Salvador ha tipificado el delito de lavado de activos (LA) conforme a las convenciones internacionales de Viena y Palermo. Sin embargo, el país no cuenta con un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas involucradas en este delito, lo que limita su capacidad para sancionar a empresas implicadas en actividades ilícitas.
- Decomiso y medidas provisorias (Recomendación 4): El informe revela deficiencias en la legislación penal relacionada con el comiso de bienes de valor equivalente y en los procedimientos para la administración de bienes congelados o incautados. Además, la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para valuar bienes susceptibles de decomiso no está claramente definida.
- Sanciones financieras dirigidas al terrorismo y su financiamiento (Recomendaciones 6 y 7): Aunque existen disposiciones generales, los procedimientos específicos para implementar sanciones financieras no son claros, especialmente en lo relacionado con la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 1373. También se identificaron deficiencias en la aplicación de sanciones financieras dirigidas a la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), afectando la capacidad del país para cumplir con los requisitos internacionales.
- Nuevas tecnologías y servicios de activos digitales (Recomendación 15): El informe destaca que la evaluación de riesgos relacionados con las nuevas tecnologías y los proveedores de servicios de activos digitales es insuficiente. La legislación actual no establece medidas claras para identificar y sancionar a quienes operan sin la debida autorización ni supervisión basada en riesgos.
- Organizaciones sin fines de lucro (Recomendación 8): Las OSFL presentan desafíos significativos. No se ha identificado plenamente el riesgo que algunas entidades terroristas podrían representar para este sector, y no existe un sistema adecuado de monitoreo basado en riesgos que permita sancionar el incumplimiento de las medidas ALA/CFT por parte de estas organizaciones.
- Transparencia y beneficiario final de personas jurídicas (Recomendaciones 24 y 25): El Salvador no cuenta con un marco legal suficiente para garantizar la transparencia en la identificación de los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas, lo que limita la capacidad de las autoridades para rastrear la propiedad y el control de activos utilizados en delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El GAFILAT recomienda que El Salvador refuerce su marco legal y normativo en áreas clave como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la implementación de sanciones financieras dirigidas, la transparencia de los beneficiarios finales y el control sobre las nuevas tecnologías. Además, urge al país a fortalecer su supervisión de organizaciones sin fines de lucro y mejorar los mecanismos para el decomiso de bienes relacionados con el lavado de activos.
El informe subraya la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y una mejora en los mecanismos de supervisión y sanción para aumentar la efectividad del sistema ALA/CFT, contribuyendo así a mitigar los riesgos emergentes en El Salvado
Judicial
El Consejo Nacional de la Judicatura lanza programa de formación para empleados judiciales
El Consejo Nacional de la Judicatura inició el proceso formativo sobre gestión del despacho judicial, con enfoque en la «dirección del juzgado y del proceso», dirigido a empleados de las zonas central y paracentral del país.
Con el objetivo de fortalecer las competencias de los empleados del sistema judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), inició el itinerario formativo sobre gestión del despacho judicial.
Esta capacitación se centra en la “Dirección del Juzgado y del Proceso” y está dirigida especialmente a secretarios y colaboradores judiciales que desempeñan funciones en el área penal.
El programa busca mejorar las habilidades de estos profesionales y contribuir a una mayor eficiencia en la administración de justicia.
El itinerario formativo está orientado a los empleados judiciales que laboran en las regiones central y paracentral del país.
La iniciativa tiene como principal objetivo asegurar que los participantes adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para optimizar la gestión de los despachos judiciales.
A través de esta capacitación, el CNJ pretende avanzar hacia la excelencia en el servicio judicial, brindando a los empleados las habilidades requeridas para desempeñar su labor de manera más efectiva.
El Consejo Nacional de la Judicatura destacó que este tipo de programas son esenciales para la mejora continua de los procesos judiciales y para el fortalecimiento de la estructura del sistema de justicia.
La formación tiene un enfoque práctico que facilitará la implementación de mejores prácticas dentro de los juzgados, contribuyendo así a una mayor celeridad y transparencia en la resolución de casos penales.
Legal
El plazo de la amnistía fiscal de Hacienda está por concluir
El próximo 1 de diciembre finaliza el período de gracia para poner al día los impuestos de los ciudadanos. Quienes se acojan a la amnistía quedan exentos de multas e intereses generados por deudas con Hacienda.
El Ministerio de Hacienda recordó que la amnistía fiscal 2024, que permite a los contribuyentes con deudas tributarias ponerse al día sin recargos, intereses o multas, está por concluir.
El plazo de gracia vence el próximo 1 de diciembre.
La amnistía es una oportunidad única para aquellos que aún tienen pendientes declaraciones o pagos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Tesorería (DGT).
Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, destacó que, a través de esta amnistía, los salvadoreños pueden regularizar su situación tributaria de forma voluntaria y sin sanciones adicionales.
El funcionario subrayó que para facilitar el proceso, el Ministerio ha habilitado más de 17 Centros de Atención Express en todo el país, donde se brinda asesoría especializada y gratuita a los contribuyentes. Esta medida busca garantizar que todos tengan acceso a la información necesaria para aprovechar el beneficio antes de que termine el plazo.
La amnistía cubre una variedad de impuestos, incluidos aquellos gestionados por la DGII, DGA y los pagos pendientes ante la DGT cuya fecha de vencimiento haya sido antes del 31 de julio de 2024.
Además, se extiende a los intereses generados por multas de tránsito, aunque es importante aclarar que las multas en sí mismas no se exoneran. En su lugar, el contribuyente podrá eliminar los recargos por intereses si se pone al día con el pago de la deuda. Para quienes tengan multas de tránsito, también existe la posibilidad de fraccionar el pago en hasta nueve cuotas mensuales.
Sorto también informó que, para mayor comodidad, los contribuyentes pueden optar por un plan de pagos flexible, que permite saldar la deuda en hasta nueve cuotas.
Judicial
Corte Suprema de Justicia se suma a los llamados a prevenir la conducción peligrosa y advierte sus consecuencias
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se unió a los llamados a prevenir el fenómeno de la conducción peligrosa, pidiendo a la ciudadanía a tomar conciencia sobre los riesgos legales que esta práctica conlleva.
A través de mensajes en redes sociales, la CJS instó a los conductores a ser más responsables al volante, haciendo especial énfasis en el respeto por las leyes de tránsito, que buscan salvaguardar tanto la seguridad de los conductores como de los peatones.
Conducción peligrosa y su riesgo legal
El Código Penal de El Salvador establece que la conducción peligrosa no sólo pone en riesgo la vida de las personas, sino que también está sujeta a severas sanciones.
Según la legislación vigente, existen tres acciones principales que son consideradas conducción peligrosa y que pueden derivar en consecuencias legales graves:
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas: Esta es una de las infracciones más comunes y graves, ya que el consumo de sustancias psicoactivas afecta la capacidad de reacción y el juicio del conductor, aumentando significativamente el riesgo de accidentes.
Participar en competencias o carreras en la vía pública: La realización de competencias de velocidad en calles y carreteras, también conocida como “street racing”, es una de las conductas más peligrosas, pues pone en riesgo la vida no solo de los participantes, sino también de los transeúntes y otros conductores.
Disputar la vía con otro vehículo: El desafío entre conductores por obtener la preferencia de paso o por adelantarse de manera imprudente, puede dar lugar a accidentes graves, especialmente cuando se realiza a altas velocidades o sin el debido respeto por las señales de tránsito.
Sanciones severas
Las consecuencias legales para quienes sean detenidos por conducción peligrosa son significativas. De acuerdo con el Código Penal, las sanciones pueden incluir:
Prisión: La pena privativa de libertad varía según la gravedad del delito. En algunos casos, puede ser de hasta 3 años de prisión, especialmente cuando se causa daño a otras personas o se pone en grave riesgo la seguridad pública (en algunos casos con agravantes puede conllevar penas de hasta 8 años).
Multas económicas: Además de la prisión, los infractores pueden enfrentar fuertes multas que buscan disuadir la repetición de estas conductas.
Suspensión de la licencia de conducir: En muchos casos, el conductor puede perder temporal o permanentemente su derecho a conducir, lo que implica una restricción significativa en su libertad para moverse por el país.
Un llamado a la prudencia
La Corte Suprema recordó que, si bien la conducción peligrosa es un delito, también es un comportamiento que se puede evitar con mayor conciencia y responsabilidad al volante. En este sentido, el mensaje es claro: “Maneja con prudencia y respeta las leyes”.
Las autoridades también han señalado que, además de las sanciones penales, la conducción peligrosa contribuye al incremento de los accidentes de tránsito, que siguen siendo una de las principales causas de muerte en el país.
Economía
Panorama favorable para el financiamiento en 2025 | EXOR NEWS
El vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros, César Addario Soljancic, explica que una serie de factores como mejores perfiles fiscales en los países y la reducción de tasas de interés, crearán un entorno favorable para el financiamiento el próximo año.
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Legal
¿Se podrán apelar las nuevas fotomultas?: Sí y aquí le decimos cómo y cuándo hacerlo
De acuerdo al ministro de Obras Públicas, las fotomultas comenzarán a imponerse este mes y aclaró que habrá margen para poder “refutarlas”.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que los conductores que sean infraccionados a través del sistema de fotomultas en El Salvador tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para presentar su apelación.
Esta nueva medida, parte de la estrategia de control de tránsito, busca garantizar la transparencia y la posibilidad de defenderse ante cualquier error en la aplicación de las multas.
En una entrevista televisiva, Rodríguez detalló que aquellos que reciban una fotomulta podrán acceder a una plataforma en línea habilitada en el portal web del Viceministerio de Transporte (VMT), donde podrán presentar su objeción si consideran que la infracción no fue correctamente aplicada.
Tres etapas de validación
El proceso para imponer una fotomulta no es inmediato ni automático. Según explicó el ministro, se realizarán tres etapas de validación para asegurar la precisión en la aplicación de las sanciones:
Identificación inicial: El sistema de cámaras y el pesaje dinámico identificarán al conductor que cometió la infracción. Este paso se realizará mediante tecnología avanzada que garantiza una identificación precisa.
Verificación técnica: Tras la identificación, un equipo especializado revisará la información del conductor y de la infracción, asegurándose de que todos los datos sean correctos y la infracción haya sido correctamente cometida.
Revisión final: El último paso involucra una verificación adicional por parte de los equipos del VMT, quienes comprobarán que los equipos hayan operado correctamente antes de proceder a la aplicación definitiva de la multa en el sistema.
Estas validaciones están diseñadas para reducir los márgenes de error y asegurar que las multas sean aplicadas de manera justa.
¿Cómo apelar?
Los conductores podrán acceder al portal web del VMT para consultar las fotomultas impuestas en su contra, donde podrán ver no solo el detalle de la infracción, sino también las imágenes capturadas por las cámaras, las cuales servirán como prueba.
Rodríguez enfatizó que la transparencia es clave en este proceso y los ciudadanos podrán informarse de manera fácil y clara a través de las plataformas en línea de las autoridades de transporte, como el VMT y Sertracen.
Iniciativa en el bulevar Monseñor Romero
La implementación de las fotomultas comenzará en una de las zonas más conflictivas del país: el bulevar Monseñor Romero, donde, según el ministro, se han registrado varios accidentes en lo que va del año.
Algunos de estos siniestros involucraron vehículos con defectos mecánicos y rastras sobrecargadas, que circulan a altas velocidades sin control.
La incorporación de cámaras y sistemas de pesaje dinámico en esta zona busca justamente prevenir estos accidentes y mejorar la seguridad vial.
Según Rodríguez, el sistema de fotomultas tiene como objetivo no sólo sancionar a los infractores, sino también disuadir comportamientos peligrosos en las carreteras, contribuyendo a la reducción de accidentes y muertes en el tránsito.
Un proceso más ágil y seguro
Con la implementación de estas medidas, las autoridades esperan reducir la cantidad de infracciones sin sancionar y garantizar un sistema de transporte más seguro y ordenado.
Las fotomultas y el sistema de apelación permitirán, además, una gestión más eficiente y transparente de las infracciones viales.
El ministro concluyó su intervención recordando a la población que, a través del portal web del VMT, podrán acceder a toda la información relacionada con las infracciones cometidas, lo que les permitirá conocer las multas a tiempo y ejercer su derecho a apelarlas dentro del plazo establecido.
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