La firma Oliva & Oliva tiene más de 50 años en el derecho administrativo, practicante desde que esta área de Derecho era desconocida hasta que hoy en día, que es de las áreas más importantes en la práctica abogadil en El Salvador.

Entrevista principal a Roberto Oliva (RO), padre y Roberto Oliva de la Cotera (ROC) hijo, abogados referentes en el derecho administrativo.

Por Claudia Espinoza.
 

 La visión de la firma es la protección ciudadana frente a la administración. Creo que ese es un punto importante, porque para eso nace el derecho administrativo, para proteger a los  ciudadanos de las arbitrariedades que puede ejercer el poder ejecutivo

ECIJA El Salvador fue reconocida en varias áreas por el directorio mundial The Legal 500. Hablamos con los socios de esta firma Alfredo Navas (AN), Carlos Gil (CG) y Carlos Quintanilla (CQ) para que nos cuenten al respecto.    

The Legal 500 en su edición 2021 para Latinoamérica, destacó el trabajo de ECIJA El Salvador en tres áreas: Banking & Finance, Corporate & M&A e Intellectual Property. ¿Cómo perciben estos reconocimientos?

AN: Recibimos estas menciones con toda la humildad que debemos, pero con la convicción de que el trabajo y el esfuerzo realizado a lo largo del tiempo están rindiendo frutos.

Alfredo Navas, socio ECIJA El Salvador

Hemos tenido un objetivo claro desde el primer día que comenzamos a operar, el brindar servicios legales especializados que cumplan con los más altos estándares de calidad internacionales, y el formar parte del Ranking The Legal 500 es prueba de que estamos en el camino correcto. Lo tomamos como un feedback sobre la percepción del mercado sobre nuestro trabajo. Por los resultados obtenidos, podemos decir que estamos cumpliendo con el objetivo de alcanzar estos estándares de servicio de calidad internacional.

Asimismo, concluimos que la ruta que nos hemos trazado no sólo para El Salvador sino que para todas nuestras oficinas en Latinoamérica es la correcta, ECIJA está creciendo en áreas de especialidad las cuales hemos identificado correctamente, esto nos acrecenta nuestra pasión, orgullo y ganas de seguir escalando en un mundo tan competido como en el que practicamos.

The legal 500 destaca en ECIJA “su pasión por su trabajo, el compromiso de los socios y su conocimiento del sector”. Son grandes cualidades, ¿por qué consideran que estos puntos son importantes de destacar en una firma regional?

Carlos Quintanilla, socio ECIJA El Salvador

CQ: Es que ser parte de ECIJA es practicar día a día estos valores. En nuestro despacho no nos gustan los atajos y siempre preferiremos el estudio y el esfuerzo para poder entregar un servicio que vale la pena a nuestros clientes, esto va íntimamente ligado al compromiso con la mejora continúa que tenemos internamente, somos muy críticos con nuestro trabajo y de los entregables a nuestros clientes. Es muy importante recordar que estos valores se replican en todas las oficinas de ECIJA en Iberoamérica.

ECIJA tiene tres años de estar en El Salvador y sigue expandiéndose, ¿cuáles son las proyecciones para el próximo año?

CG: Nos hace mucha ilusión que en un año extremadamente difícil en donde nuestro país y el mundo ha enfrentado una crisis sanitaria y económica, nuestra firma haya podido crecer por tercer año consecutivo.

Carlos Gil, socio ECIJA El Salvador

Este crecimiento se debe en parte a que nuestra estrategia va por el camino de poder generar interés en áreas del derecho no tradicionales, como el Derecho de las Nuevas Tecnologías, prueba de ello fue el lanzamiento de la línea de negocios ECIJA TECH, por medio de la cual, prestamos servicios relativos a temas como ciberseguridad, implementación de la firma electrónica, ecommerce, teletrabajo y cumplimiento de normativas relacionadas con la protección de la información y plantes de continuidad de negocios.

Nuestra apuesta es esa, seguir buscando la confianza de nuestros clientes que han creído en nosotros desde un inicio así como de nuevos clientes a los cuales tenemos la oportunidad de servir.

¿Cómo está creciendo ECIJA en Latinoamérica en los últimos años?

AN: El proceso de expansión de ECIJA en LATAM inició en 2018. El proceso ha sido más que exitoso, además de cubrir todo Centroamérica, tenemos operaciones en Chile, Ecuador, Panamá, México, Puerto Rico, República Dominicana y recientemente en Brasil. Esperamos a inicio de 2021 lanzar Argentina y Colombia.

Ha sido un esfuerzo liderado por nuestro LATAM Manager, Mauricio París, desde Costa Rica. Nuestra apuesta ha sido muy clara: convertirnos en el despacho con mayor presencia por medio de oficinas propias en Latinoamérica, enfocados en servicios de muy alto valor agregado, manteniendo el mismo estándar de calidad en todas las plazas en las cuales estamos presentes. Esto nos ha permitido crecer, no solo en la cantidad de abogados dentro del equipo, sino también acompañar a nuestros clientes a todo lugar en el cual tenemos presencia.

Flavia de Araujo Cuenca – Socia Cuenca & Asociados. 

Uno de los sectores que actualmente está siendo gravemente afectado con la pandemia del COVID- 19 es el sector turístico, por lo que hay que tomar en cuenta los desafíos y cambios que sean necesarios para la reactivación del turismo, sean ellos temporales o permanentes.

 Temas como la reactividad de las actividades turísticas de forma segura, requisitos de bioseguridad a las empresas y el fortalecimiento del uso de la tecnología como forma de evitar el contacto, son algunos de los temas en la agenda del sector.

 El Secretario General de las Naciones Unidas el 9 de junio de 2020 ha enviado el siguiente mensaje: “El mundo afronta en estos momentos las devastadoras consecuencias de la pandemia de COVID-19 y el sector turístico se encuentra entre los más gravemente afectados. Los viajes han disminuido, el miedo ha aumentado, y el futuro es incierto. El turismo es un pilar esencial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (…) El turismo puede servir de puntal para superar la pandemia. Al reunir a las personas, el turismo puede promover la solidaridad y la confianza, ingredientes cruciales para impulsar la cooperación global que tan urgentemente se necesita ahora (…). Ánimo a todos los que de algún modo intervienen en el sector turístico a explorar cómo podemos recuperarnos mejor, mediante la acción por el clima y otras medidas que impulsen la sostenibilidad y la resiliencia. En nuestro viaje hacia un futuro mejor, debemos cumplir nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás”.

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye 17 Objetivos y 169 metas. La misma presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental. Los objetivos en los que figura el turismo son los objetivos 8, 12 y 14. El objetivo 8 consiste en “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.  El objetivo 12 consiste en “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. El objetivo 14 consiste en “conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. En este sentido, el marco legal relacionado al sector turístico salvadoreño debe adecuarse para mejor responder a estos objetivos.

Para tanto, el país debe de contar con una nueva Ley de Turismo, en sustitución de la ley actual (Decreto Legislativo número 899, del 10 de diciembre del 2005), que tenga un enfoque de sostenibilidad y sea orientada a un turismo más responsable. En este sentido, las actividades turísticas deben de realizarse en resguardo al medio ambiente, patrimonio cultural y natural y que promueva el turismo social en un ambiente y condiciones saludables, seguras, accesibles y en garantía de los derechos laborales.

 Para la garantía de un turismo sostenible y con miras en alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, es necesario el apoyo compartido entre los diversos sectores e instituciones públicas y privadas, debiendo el nuevo marco legal del sector turístico prever mecanismos de articulación y coordinación nacional y local.

En 2019, fue creado el Gabinete Turístico por medio del Decreto Ejecutivo número 14, Tomo número 424, publicado en el D.O. de fecha 26 de julio de 2019, teniendo el mismo como objetivo, fomentar y promover la industria y los servicios turísticos del país. Sin embargo, se reconoce la importancia del surgimiento de una instancia de articulación interinstitucional y de gestión estratégica para la toma de decisiones para el sector turístico de manera permanente y de largo plazo. Por lo que se recomienda la creación de un Consejo Nacional de Turismo, como un mecanismo y plataforma de diálogo y concertación entre los Ministerios, gobiernos locales y sociedad civil.

Las actividades turísticas en el periodo pospandemia van a demandar mejor calidad y garantías a la salud y seguridad de los turistas. El nuevo marco legal del sector turístico deberá clasificar las empresas turísticas, sean de alojamiento, alimentación, transporte, recreación, entre otras, estipulándose obligaciones específicas para cada una de ellas, garantizándose que sus servicios sean prestados en un ambiente propicio. Asimismo, se vuelve obligatorio la inscripción de las mismas en el Registro Nacional de Turismo (RNT). En este sentido, el Sistema del RNT deberá garantizar una plataforma que sea virtual, accesible y eficiente.

Del mismo modo, nuevos instrumentos económicos y mecanismos financieros deben de ser implementados para la valorización de los activos ambientales y mejora de la infraestructura turística y desarrollo socioeconómico del país, bien como a manera de propiciar un mejor apoyo a las micro y pequeñas empresas, proporcionando a las mismas mejores incentivos y acceso crediticio. La creación por medio de una ley especial de un Fondo Nacional para el Desarrollo Turístico podría corresponder a una alternativa viable. Es tiempo de avanzar en el marco legal del sector turístico mediante un enfoque de sostenibilidad.

 Las actividades turísticas en el periodo pospandemia van a demandar mejor calidad y garantías a la salud y seguridad de los turistas. El nuevo marco legal del sector turístico deberá clasificar las empresas turísticas, sean de alojamiento, alimentación, transporte, recreación, entre otras, estipulándose obligaciones específicas para cada una de ellas, garantizándose que sus servicios sean prestados en un ambiente propicio

José Serpas – Investigador Asociado del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia.

La firma del Acuerdo de Asociación (AdA) en junio del 2012, representa uno de los hechos históricos más importantes para el derecho internacional público y para las relaciones internacionales de las últimas décadas. Fue, por decirlo así, un rayito de luz en medio de la crisis económica e inmobiliaria que estaba azotando fuertemente a ambas supranacionales involucradas.

El AdA presentó, como otros acuerdos firmados entre la UE y Estados individuales alrededor del mundo, tres pilares de actuación: 1. El Pilar de Cooperación, el cual regula y amplía las áreas de cooperación y ayuda entre las supranacionales; 2. El Pilar del Comercio, que se encarga del área de importaciones, exportaciones y aranceles y 3. El Pilar del Diálogo Político, viene siendo una innovación en el que se prevé un diálogo político avanzado, continuo, fluido y permanente entre las partes.

En la teoría, el acuerdo parece muy adecuado al mundo globalizado y a las realidades de las regiones tan desiguales. Sin embargo, la práctica es por desgracia, muy diferente, tanto así que hasta la fecha no se ha implementado completamente el acuerdo y no hay fecha prevista para ello.

La situación actual del AdA es que solo se está aplicando íntegramente el pilar de comercio, el cual funciona como un TLC entre las regiones, mientras que por su parte el pilar de cooperación está a medio gas y el de diálogo político está aún por estrenar.

El hecho de dejar a un lado el potencial de desarrollo del AdA y hacer que caiga en una especie de desuso, es una señal que los involucrados están más atentos a otras problemáticas que requieren más atención. Temas como el BREXIT, la crisis económica europea, la crisis migratoria y más recientemente la pandemia de COVID-19 han hecho que la agenda de la UE le reste importancia al acuerdo. Lo mismo ocurre en Centroamérica, región sumergida en una coyuntura de gobernabilidad democrática débil, con índice de corrupción alto y con una sería fuga de capital humano. Dentro de este panorama tan oscuro es fácil que ambas regiones dejen en el olvido el AdA.

Es aquí donde debería entrar en escena un actor importante del Acuerdo de Asociación: La Sociedad Civil, figura que es conformada, según el artículo 11 del AdA, por la comunidad académica, los interlocutores sociales y económicos y las organizaciones no gubernamentales. La participación de la sociedad civil es, por ende, explícita en el articulado del instrumento internacional e incluso se crea un órgano, llamado Comité Consultivo Conjunto, encargado de canalizar la información que emane de ella y transmitirla a las supranacionales.

El hecho de dejar a un lado el potencial de desarrollo del AdA y hacer que caiga en una especie de desuso, es una señal que los involucrados están más atentos a otras problemáticas que requieren más atención. Temas como el BREXIT, la crisis económica europea, la crisis migratoria y más recientemente la pandemia de COVID-19 han hecho que la agenda de la UE le reste importancia al acuerdo

Desde el área académica, de la que puedo hablar en primera persona, como parte de la sociedad civil, también hemos ‘abandonado’ el estudio del AdA: basta con una búsqueda rápida en algún portal de artículos académicos para notar que la literatura sobre este tema está en declive. La mayoría de artículos relevantes datan de entre 2010 y 2015. Aunque, si bien es cierto que este no es un indicador fidedigno de la realidad de aplicación del acuerdo, nos siembra la duda si este ha pasado a un segundo plano en el panorama internacional.

Es lamentable el estado de descuido del AdA, pudiendo utilizarse para resolver varios problemas actuales en forma conjunta entre las dos regiones. Como una visión utópica pero plausible les explico: en la problemática centroamericana, primero, la democracia puede consolidarse con la ayuda del diálogo político; segundo, la corrupción se disminuiría con la ayuda observadores europeos para la transparencia; y tercero, la migración podría mitigarse con inversión europea en marco al pilar comercial.

Llegados a este punto es necesario aclarar que no sostengo que el acuerdo sea la solución para todos los problemas, pero sí puede ayudar a la construcción de sociedades más justas y eficientes.

Como nota concluyente, me limito a hacer un llamado a la sociedad civil, a no solamente opinar en cuanto al AdA se refiere, sino que, valiéndose de los mecanismos institucionales, debe monitorear su implementación, sensibilizar a las personas sobre sus oportunidades, intercambiar información con agencias gubernamentales e incidir en su correcta aplicación. Es decir, queda en manos de la sociedad civil el que las supranacionales regresen su mirada en la agenda internacional.

Erika Beatriz Saldaña Rodríguez – Abogada constitucionalista.

La separación de poderes es una cláusula fundamental en cualquier Estado de Derecho, que en la Constitución salvadoreña se encuentra prevista en el artículo 86. Esta implica que el poder soberano reside en la voluntad de todos los ciudadanos. El cual es dividido entre los diferentes órganos e instituciones con la finalidad de que sea ejercido por distintos funcionarios; para que existan controles recíprocos entre ellas y que se disuelva la posibilidad de cometer arbitrariedades.

Los órganos fundamentales son tres: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El Órgano Legislativo es elegido directamente por la población de manera proporcional; es el encargado de emitir las leyes de la República y de ejecutar las demás facultades previstas en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución, como nombrar funcionarios de las principales instituciones del Estado, interpelar ministros de gobierno o aprobar el Presupuesto General de la Nación que propone el Ejecutivo.

El Órgano Ejecutivo también es elegido por el voto popular, bajo el sistema mayoritario, siendo algunas de sus funciones principales emitir políticas públicas que determinen las líneas estratégicas de los proyectos estatales. Establecer la manera en que se distribuirán los recursos con los que cuenta el Estado, reflejado a través de la propuesta de Ley de Presupuesto que se debe presentar a la Asamblea. Observar, vetar, sancionar y promulgar las leyes aprobadas por el Legislativo, entre otras.

Y por otra parte, el Órgano Judicial es el que tiene a su cargo la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en las diversas materias. Controlar las decisiones del poder público y la protección de los derechos fundamentales a través de la Sala de lo Constitucional; y ejercer las demás funciones judiciales en cumplimiento de la legalidad a través de las demás Salas, Cámaras, Tribunales y Juzgados del país.

La defensa de la institucionalidad democrática pasa por exigir a los funcionarios el cumplimiento de las responsabilidades que la constitución y las leyes les han encomendado en el ejercicio del cargo, en apego al principio de legalidad y respetando los derechos de los ciudadanos

Una de las cuestiones principales que se advierte de la descripción anterior es que el poder es el facultado para frenar al poder. El Legislativo y Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, están obligados a controlarse y colaborarse mutuamente. Mientras que el Judicial debe ser el órgano imparcial encargado de controlar las actuaciones de los demás.

Además de los órganos fundamentales antes descritos, existen otras instituciones también creadas por la Constitución a las que se les atribuyen funciones específicas dentro del Estado Constitucional. Estas se encuentran sujetas al esquema de separación de poderes y atribuciones, por lo que la obligación de una no la puede ejercer otra, ni ser delegada. Entre estas instituciones constitucionales están la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras.

La defensa de la institucionalidad democrática pasa por exigir a los funcionarios el cumplimiento de las responsabilidades que la constitución y las leyes les han encomendado en el ejercicio del cargo, en apego al principio de legalidad y respetando los derechos de los ciudadanos. Además, el pleno respeto a la separación de competencias y poderes. Si algo ha avanzado nuestra institucionalidad ha sido con el apoyo e impulso de las voces ciudadanas que critican, proponen y exigen.

Y además, la defensa de la institucionalidad también pasa por exigir las acciones correspondientes a las instituciones encargadas y responsables de cumplir con mandatos constitucionales y legales específicos.

Algo muy recurrente en la era de la desinformación es atribuir responsabilidades a instituciones que no las tienen o no poseen facultad de realizar ciertas acciones. Esto genera  desgastes innecesarios en diversas instituciones del país. Por ejemplo, no ha faltado quien señale como responsables de aumentos de casos de enfermedades en la pandemia a la Sala de lo Constitucional, cuando su función se ha limitado a determinar la constitucionalidad de la normativa emitida.

En protestas se ha señalado a la Asamblea Legislativa de no brindar insumos de bioseguridad a los médicos que han luchado en primera línea en esta pandemia, cuando es la cartera de Salud Pública la encargada de las políticas de salud y de garantizar la seguridad y trato digno del personal sanitario.

Y muchos exigen a la Fiscalía General de la República la fiscalización y control de los recursos del Estado, cuando es atribución de la Corte de Cuentas la detección de desviaciones, ocultamientos, ineficiencias o malversaciones de fondos públicos, así como de realizar las auditorias correspondientes para posteriormente deducir las respectivas responsabilidades civiles, administrativas y penales.

Cada órgano e institución del Estado tiene facultades y competencias delimitadas por la ley. Tienen parte del control del poder, pero no todo. No pueden usurpar funciones y tampoco delegarlas. Esta es la esencia de la separación de poderes, que el poder soberano sea dividido para que a su vez sea mutuamente controlado con la finalidad de evitar arbitrariedades. Es la manera en que una república democrática se preserva a sí misma.