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Ha lugar Hábeas Corpus por negligencias del Director del CPPH de Izalco

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La Sala de lo Constitucional declaró ha lugar un Hábeas Corpus contra el Director del Centro de Cumplimiento de Penas para Hombres Izalco al haber omitido actuar con diligencia en la tramitación de citas médicas y asistencia a consultas del mismo, que permitirían la realización de una cirugía para revertir una colostomía realizada en el 2017.

Así también, se dió a lugar el Hábeas Corpus por haberse vulnerado los derechos fundamentales del favorecido a la resocialización en conexión con la conservación del vínculo familiar, al prohibírsele sin fundamento legal la visita familiar.

El proceso de Hábeas Corpus fue presentado por fue solicitado por el señor FASA a favor del señor BIRM, en contra del Director el Centro de Cumplimiento de Penas para Hombres Izalco (CCPH Izalco).

En la demanda se explica que el señor RM tiene un orificio en el abdomen por donde expulsa excremento debido a una herida de bala. Refiriendo que esa herida la tiene abierta desde hace aproximadamente dos años, sin embargo, no ha sido trasladado al Hospital Nacional Rosales para cerrársela.

Además, alegó que el padre del señor R no había podido verlo por las medidas implementadas por la Dirección General de Centros Penales, pero “[…] personas que han guardado detención con su hijo le han expresado que este adolece de dolores fuertes derivados de dicha herida y que solo al solicitar medicina le proporcionan pastillas para el dolor, […] a su padre le preocupa que [a] su hijo se le complique dicha herida por falta de atención médica especializada, ya que dicha herida debió ser operada hace mucho tiempo […]”.

En su intervención el Director del CCPH Izalco manifestó que no se ha podido efectuar la intervención quirúrgica por el estado de emergencia en que se encontraba el centro penal y porque el Hospital Nacional Rosales atiende con cita previa, realizada en forma personal, no vía electrónica o telefónica.

En la resolución, la Sala de lo Constitucional señaló que el expediente clínico del privado de libertad presentado en este proceso se encuentra desordenado e incompleto, dado que, no se encuentran anexas todas las citas médicas que las autoridades penitenciarias aseveran haber gestionado ante el Hospital Nacional Rosales.

Advierten que las autoridades penitenciarias en diversas ocasiones demoraron gestionar las citas ante el Hospital Nacional Rosales, se interrumpió el tratamiento por la inasistencia a consultas, sin que consten razones que lo justifiquen.

La Sala señala que según el informe de peritaje el favorecido tenía programada una consulta para el 19 de noviembre de 2018 en el Hospital Nacional Rosales, pero no asistió debido a que el CPS de San Francisco Gotera se encontraba en estado de emergencia.

El 18 de junio de 2019 el Hospital de San Francisco Gotera le programó exámenes médicos, pero no los realizó porque el centro penal estaba en estado de emergencia. En el informe del juez ejecutor se indica que el Director del CCPH Izalco afirmó que el estado de emergencia de marzo de 2020 no permitía efectuar la intervención quirúrgica.

“Con la prueba incorporada, ha quedado demostrado que, durante los años 2017, 2018, 2019 y los primeros 2 meses del 2020, la administración penitenciaria omitió actuar con diligencia en la tramitación de citas para consultas médicas y garantizar su asistencia a ellas” se lee en la resolución.

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Corte Suprema inaugura capacitación anticorrupción ISO 37001

En las jornadas impartes a servidores de la CSJ aspectos fundamentales, herramientas y estrategias para prevenir y detectar el soborno en actividades cotidianas.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una serie de capacitaciones sobre el sistema de gestión anti soborno ISO 37001, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.

Estas son impartidas por la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.
La inauguración de las jornadas estuvo a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien también coordina la mencionada comisión.

El curso, dirigido a servidores públicos de diversas dependencias de la Corte, tiene como propósito dotar a los participantes de herramientas efectivas para detectar, prevenir y combatir las prácticas corruptas.

Durante su intervención, el magistrado Martínez destacó la importancia de este proceso formativo, invitando a los participantes a convertirse en agentes multiplicadores de una cultura de cumplimiento normativo.

“Les invitamos a aprovechar esta experiencia y fomentar una cultura de cumplimiento, cerrando las puertas a cualquier forma de corrupción que atente contra el patrimonio del país”, expresó.

Por su parte, Claudia Orozco, directora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, enfatizó la relevancia de la norma ISO 37001 como un marco robusto para implementar un sistema de gestión antisoborno. Orozco subrayó que, a lo largo de las jornadas, se abordarán los principios fundamentales, las herramientas y las estrategias necesarias para prevenir, detectar y abordar el soborno en las actividades cotidianas de los servidores públicos.

Las jornadas de capacitación, que se extenderán a lo largo de 5 sesiones de 4 horas cada una, son organizadas por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Unidad de Recursos Humanos de la CSJ.

La inauguración del evento también contó con la presencia de Julio Alberto Chávez, gerente general de Administración y Finanzas de la Corte, quien expresó su respaldo a esta iniciativa en pro de la transparencia y la integridad institucional.

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Ministro de Justicia y Seguridad reporta 34 arrestos en colonia 10 de Octubre, en San Marcos

De acuerdo a Gustavo Villatoro, de los detenidos 13 están relacionados con pandillas. Dijo, además, que han decomisado armas y drogas gracias al cerco de seguridad en el que intervienen 500 policías y 2,000 militares.

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El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, anunció que hasta la noche del viernes las fuerzas del orden realizaron 34 detenciones en el cerco de seguridad montado en la populosa colonia 10 de Octubre, en el distrito de San Marcos, en San Salvador Sur. De estas, 13 están vinculadas a pandillas.

El funcionario aseguró en una entrevista televisiva que durante estas operaciones han incautado armas y droga, y se han utilizado agentes caninos (K9).

El lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele anunció una operación especial de seguridad con 2,000 militares y 500 policías para capturar a remanentes de las peligrosas pandillas que según los servicios de inteligencia del Estado se encontraban escondidos ahí.

Villatoro insistió en la importancia de transmitir confianza y tranquilidad a los más de 6 millones de salvadoreños, resaltando que el país ha avanzado significativamente en su lucha contra el crimen organizado.

“Hemos desmantelado ese Estado criminal paralelo. Nuestra estrategia avanza tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y cada día estamos más cerca de capturar a estos asesinos seriales”, agregó.

Villatoro también mencionó que El Salvador se ha convertido en un referente mundial en materia de seguridad, destacando que ha pasado de ser la capital del crimen a ser uno de los países más seguros del continente americano y del mundo.

“Cerrar octubre con sólo 4 homicidios intencionales es un logro significativo. A pesar de que esto pueda incomodar a algunos globalistas, contamos con el respaldo de la población salvadoreña, que apoya nuestro trabajo”, afirmó.

El Ministro explicó que, en el pasado, la impunidad en el país alcanzaba el 97%, lo que significaba que solo se resolvía el 3% de los homicidios. Sin embargo, la tasa de impunidad se redujo al 5% el año pasado. “Estamos destruyendo la rentabilidad del crimen”, concluyó Villatoro.

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Fiscalía ordena la detención de falso médico en San Miguel

Un hombre que tenía una clínica y ejercía la medicina sin tener las credenciales para hacerlo, fue detenido este viernes. Lo acusan de ejercicio ilegal de la profesión y despacho o comercio indebido de.

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Josué Otoniel Guevara Alemán fue detenido por orden de la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser acusado de ejercicio ilegal de la profesión y despacho indebido de medicina.

La intervención de las autoridades se produjo después de una inspección rutinaria realizada el 10 de junio por el Consejo Superior de Salud Pública, en la que se constató que Guevara no contaba con las credenciales necesarias para ejercer la medicina.

Durante la inspección, el Consejo encontró que la clínica operada por Guevara no cumplía con los estándares requeridos, lo que llevó al cierre inmediato del establecimiento.

Posteriormente, las irregularidades fueron reportadas a la FGR, que procedió con la detención del acusado.
“Al momento del allanamiento (en la colonia Granillo) se incautaron medicamentos, cheques, equipo médico y otros objetos”, dijo la Fiscalía.

Ejercer la medicina sin la debida licencia y credenciales no solo pone en riesgo la salud de los pacientes, sino que también tiene graves consecuencias legales.

En El Salvador, el ejercicio ilegal de la profesión médica puede resultar en penas que incluyen multas significativas y, en casos extremos, prisión.

Josué Otoniel Guevara Alemán, acusado de ejercer la medicina sin tener las credenciales para ello, fue detenido en San Miguel.

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Cuidado con estas señales de alerta, dice la Corte Suprema

La CSJ continúa con su rol advirtiendo sobre riesgos profesionales. Compartió algunas señales que deben encender las alarmas de abogados y de otros profesionales.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una nueva advertencia dirigida principalmente a los abogados, aunque aplica en términos generales a diferentes profesiones, instándolos a estar atentos a diversas señales de alerta en el ejercicio profesional.

Este llamado busca fortalecer la prevención de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La CSJ señaló que ciertas acciones pueden considerarse atípicas y fuera de lo normal en la práctica legal, y es crucial que los profesionales estén atentos a ellas sean para identificarlas.

Entre las principales señales de alerta destacan:

Factores relacionados con el cliente: Los abogados deben prestar especial atención a las operaciones que no coinciden con la capacidad económica y el perfil del cliente. Esto incluye casos donde los ingresos o la actividad económica del cliente no justifican las transacciones que están realizando.

Factores relacionados con el servicio ofrecido: Se han identificado riesgos en situaciones donde los clientes realizan la compra de bienes inmuebles y efectúan el pago inicial en efectivo. Esta práctica, que puede parecer inusual, debe ser evaluada detenidamente, ya que podría ser indicativa de intentos de ocultar la procedencia de los fondos.

Factores geográficos: La CSJ también advierte sobre el origen de los clientes. Aquellos que provienen de países considerados de alto riesgo deben ser objeto de un escrutinio más riguroso. Las transacciones que involucran a personas de estas naciones pueden estar más propensas a actividades delictivas.

La advertencia de la CSJ insiste en la responsabilidad que tienen los abogados no solo de asesorar a sus clientes, sino también de actuar como guardianes del sistema legal, protegiendo la integridad del mismo al detectar y reportar posibles irregularidades.

El llamado a la vigilancia no es solo una medida preventiva, sino una obligación ética y legal que busca preservar la confianza en el sistema judicial de El Salvador.

La Corte Suprema enfatiza que la colaboración de los abogados es fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

En un contexto donde la seguridad y la transparencia son prioridades, este recordatorio de la CSJ pone de manifiesto la necesidad de que los profesionales del derecho mantengan altos estándares en su práctica y estén alerta ante cualquier señal que pudiera comprometer la integridad del sistema.

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Corte Suprema advierte sobre la prevención del lavado de dinero en el ejercicio profesional de abogados y notarios

La CSJ ha llamado a los profesionales del derecho a tener cuidado en la práctica de su trabajo para evitar ser instrumentalizados en lavado de dinero.

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La Corte Suprema de Justicia emitió un mensaje dirigido a los abogados y notarios del país, enfatizando la necesidad de implementar buenas prácticas para evitar su instrumentalización en el delito de lavado de dinero y activos.

Este llamado se enmarca en el contexto de un creciente enfoque en la prevención de actividades ilícitas que socavan la integridad del sistema financiero y legal.

Los abogados y notarios, como profesionales del derecho, desempeñan un papel crucial en la estructura legal del país, pero también pueden ser utilizados, sin saberlo, como herramientas para facilitar el lavado de dinero.

La Corte ha identificado varias prácticas comunes que podrían poner en riesgo la integridad de estos profesionales y, por ende, del sistema judicial.

Una de las formas más alarmantes de instrumentalización es la constitución de sociedades como negocios de fachada. Estos profesionales pueden, mediante sus oficios notariales, crear entidades que sirven únicamente como un vehículo para la entrada de fondos ilegales, ocultando así el verdadero origen del dinero.

Además, la creación de estructuras legales complejas puede dificultar el rastreo de los beneficiarios finales de las transacciones.

Este tipo de maniobras no solo compromete a los abogados y notarios, sino que también representa un desafío significativo para las autoridades en su labor de investigación y prevención del delito.

El asesoramiento legal también puede ser un punto crítico. Si bien es parte de su función ofrecer orientación, algunos abogados podrían inadvertidamente ayudar a sus clientes a llevar a cabo transacciones que aparentan ser legales, pero que en realidad están diseñadas para encubrir actividades ilícitas.

Finalmente, la compra y venta de inmuebles es otro ámbito de riesgo. Los notarios, al llevar a cabo escrituras de compraventa de bienes a precios inusuales, pueden facilitar la legitimación de dinero proveniente de actividades delictivas, lo que refuerza la necesidad de que estos profesionales ejerzan un control riguroso sobre las operaciones que manejan.

La Corte Suprema ha subrayado que la aplicación de buenas prácticas es esencial para mitigar estos riesgos.

Esto incluye la capacitación constante de los profesionales del derecho en materia de prevención del lavado de activos, así como la adopción de medidas que garanticen la transparencia y la legalidad en sus operaciones.

Con este mensaje, la Corte busca no solo proteger a los abogados y notarios de ser cómplices involuntarios en el lavado de dinero, sino también salvaguardar la confianza pública en el sistema judicial y financiero del país.

La prevención del lavado de activos es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en el ejercicio de la ley.

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