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FUSAL lanza proyecto para enfrentar la inseguridad alimentaria por la tormenta Julia

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La Fundación Salvadoreña para la Salud y Desarrollo Humano (FUSAL) y la empresa 3M anunciaron la distribución de 1.3 millones de raciones en alimentos en los municipios de Guaymango, Ataco y Apaneca, en el departamento de Ahuachapán, y San Julián en Sonsonate.

El programa nace como respuesta a los daños generados por la reciente Tormenta Julia, y para conocer más a detalle el impacto de este evento climático en las comunidades que atiende FUSAL, la fundación realizó un sondeo entre más de 900 familias de los municipios de Guaymango, Ataco, Apaneca y San Julián que participan de sus proyectos.

Un 79% de los representantes de familia encuestados dijeron haber sido afectados por la tormenta, principalmente por daños en sus viviendas y pérdida de medios de vida. Asimismo, más del 90% compartió que la necesidad más imperante era la disponibilidad de alimento

La directora ejecutiva de FUSAL, Karla Segovia, explicó que en el programa de asistencia se invierten $170,000, destinados a enfrentar la inseguridad alimentaria agudizada tras el paso de la tormenta tropical Julia a inicios de octubre pasado. Se espera beneficiar a 2,400 familias.

“De la mano de 3M, nos va a apoyar para hacer tres intervenciones importantes, llevar alimento, equipar espacio donde se realiza vigilancia nutricional, y también dar entrenamiento a voluntarios”, añadió la ejecutiva.

“El proyecto arrancó en septiembre, lo cual fue muy oportuno para responder ante la emergencia que ocasionó la Tormenta Tropical Julia. Así pudimos realizar durante esos críticos momentos la distribución de 38,880 raciones de alimento a familias del occidente del país”, indicó Karla Segovia, directora ejecutiva de FUSAL.

«Con la reciente Tormenta Tropical Julia, miles de personas se tuvieron que resguardar en albergues activados en el territorio nacional y se perdieron muchas cosechas de alimentos, potencialmente agravando la situación proyectada», comentaron durante la presentación de proyecto.

El gerente país de 3M El Salvador, Tadeo Martínez, indicó que buscan apoyar a las familias más vulnerables que perdieron sus hogares a causa de las lluvias.

Las entregas iniciaron en septiembre pasado con la distribución de 38,880 raciones de comida, y se espera finalizar en agosto del 2023.

La jefa del programa de Ayuda Humanitaria de FUSAL, Marcela Magaña, dijo que hasta el momento se han distribuido dos contenedores, de cinco que se destinaron para el proyecto, entregando 2,520 raciones en San Julián, y 4,800 más en Guaymango.

El objetivo de FUSAL y 3M es combatir la inseguridad alimentaria en fase acentuada, una situación que puede fortalecerse por el incremento en el precio de los alimentos y los eventos climáticos, que limitan el acceso a comida a las familias más vulnerables.

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Judicial

Corte Suprema advierte sobre la prevención del lavado de dinero en el ejercicio profesional de abogados y notarios

La CSJ ha llamado a los profesionales del derecho a tener cuidado en la práctica de su trabajo para evitar ser instrumentalizados en lavado de dinero.

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La Corte Suprema de Justicia emitió un mensaje dirigido a los abogados y notarios del país, enfatizando la necesidad de implementar buenas prácticas para evitar su instrumentalización en el delito de lavado de dinero y activos.

Este llamado se enmarca en el contexto de un creciente enfoque en la prevención de actividades ilícitas que socavan la integridad del sistema financiero y legal.

Los abogados y notarios, como profesionales del derecho, desempeñan un papel crucial en la estructura legal del país, pero también pueden ser utilizados, sin saberlo, como herramientas para facilitar el lavado de dinero.

La Corte ha identificado varias prácticas comunes que podrían poner en riesgo la integridad de estos profesionales y, por ende, del sistema judicial.

Una de las formas más alarmantes de instrumentalización es la constitución de sociedades como negocios de fachada. Estos profesionales pueden, mediante sus oficios notariales, crear entidades que sirven únicamente como un vehículo para la entrada de fondos ilegales, ocultando así el verdadero origen del dinero.

Además, la creación de estructuras legales complejas puede dificultar el rastreo de los beneficiarios finales de las transacciones.

Este tipo de maniobras no solo compromete a los abogados y notarios, sino que también representa un desafío significativo para las autoridades en su labor de investigación y prevención del delito.

El asesoramiento legal también puede ser un punto crítico. Si bien es parte de su función ofrecer orientación, algunos abogados podrían inadvertidamente ayudar a sus clientes a llevar a cabo transacciones que aparentan ser legales, pero que en realidad están diseñadas para encubrir actividades ilícitas.

Finalmente, la compra y venta de inmuebles es otro ámbito de riesgo. Los notarios, al llevar a cabo escrituras de compraventa de bienes a precios inusuales, pueden facilitar la legitimación de dinero proveniente de actividades delictivas, lo que refuerza la necesidad de que estos profesionales ejerzan un control riguroso sobre las operaciones que manejan.

La Corte Suprema ha subrayado que la aplicación de buenas prácticas es esencial para mitigar estos riesgos.

Esto incluye la capacitación constante de los profesionales del derecho en materia de prevención del lavado de activos, así como la adopción de medidas que garanticen la transparencia y la legalidad en sus operaciones.

Con este mensaje, la Corte busca no solo proteger a los abogados y notarios de ser cómplices involuntarios en el lavado de dinero, sino también salvaguardar la confianza pública en el sistema judicial y financiero del país.

La prevención del lavado de activos es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en el ejercicio de la ley.

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Legal

Ministro de Justicia y Seguridad solicita aprobación de ley para fortalecer la ciberseguridad en instituciones públicas

Según Gustavo Villatoro, la ley busca proteger información estatal de ciberataques.

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El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una “Ley de ciberseguridad y seguridad de la información”. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio para vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en las instituciones públicas.

El proyecto, presentado el 15 de octubre, fue recibido por el pleno de la Asamblea el 30 de octubre y ha sido asignado a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.

La ley propone la creación de una Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director general será nombrado por el presidente de la República.

La propuesta tiene como objetivo establecer principios y políticas que regulen la protección de la información estatal, ante el creciente riesgo de compromisos a la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos de las entidades gubernamentales.

Villatoro advirtió sobre la «amenaza de ciertos comportamientos» que ponen en peligro el bienestar de la ciudadanía y la continuidad de las funciones del Estado. Entre las atribuciones de la nueva agencia se incluyen la facultad de requerir información a las entidades estatales en caso de incidentes de ciberseguridad y la creación de un Registro

Nacional de Amenazas e Incidentes. Asimismo, se prevé la posibilidad de sancionar a empleados o funcionarios por infracciones, que pueden ir desde despidos hasta multas que oscilan entre uno y 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.

La ley también contempla sanciones severas para quienes obstaculicen las medidas de ciberseguridad o presenten información incorrecta a la agencia.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Gobierno para mitigar los riesgos cibernéticos y garantizar la seguridad de la información en el sector público.

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Noticias

Presidente Bukele ofrece ayuda humanitaria para atender a víctimas de inundaciones en Valencia, España

El mandatario puso a disposición del gobierno español rescatistas, paramédicos e insumos para ser enviados a Valencia.

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El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador ha ofrecido asistencia humanitaria al gobierno español a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Valencia, que han dejado más de 155 fallecidos.

La ayuda consiste en el envío de 300 rescatistas y paramédicos, así como 20 toneladas de equipos médicos y suministros básicos, para apoyar a Valencia, que ha sido severamente afectada por inundaciones.

Bukele informó en su cuenta oficial de X que la oferta de ayuda ya ha sido realizada.

Entre las víctimas no figuran salvadoreños, pero el gesto de Bukele es parte de la solidaridad internacional con un país que históricamente ha contribuido con diferentes programas y proyectos sociales.

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Politica

Presidente Bukele viajará la próxima semana a Costa Rica en visita oficial

El mandatario salvadoreño se reunirá con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, y con funcionarios. La visita oficial será del 7 al 13 de noviembre, según la cancillería de ese país.

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El popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llevará a cabo una Visita de Estado a Costa Rica del 7 al 13 de noviembre de 2024, confirmaron fuentes de ese país centroamericano.

La información fue divulgada por medios costarricenses y confirmada a través de un acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que también convoca a la embajadora costarricense en El Salvador para integrarse a la comitiva que recibirá al mandatario.

El acuerdo menciona que “el señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, realizará una Visita de Estado a la República de Costa Rica del 7 al 13 de noviembre de 2024, ambas fechas inclusive».

La planificación de esta visita se inició en julio, aunque hasta ahora no se había definido una fecha concreta.

El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, también anunció que Bukele llevará a cabo diversas actividades oficiales durante su estancia en el país.

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Judicial

La Fiscalía reporta detención de varios presuntos miembros de una red de pedofilia

Los detenidos estarían ligados a una operación internacional que opera desde África, según el informe preliminar de la FGR.

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La Fiscalía General llevó a cabo un operativo en el que capturó a por los menos 11 personas acusados de compartir material pornográfico infantil. Esta acción se enmarca en una alerta regional sobre una red de pedofilia que opera desde África.

Las detenciones fueron realizadas por la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, en colaboración con la Policía Nacional Civil. Las detenciones en diferentes localidades del país, incluyendo San Miguel, Cuscatlán, La Paz, La Libertad y San Salvador.

Los capturados son:

  • Adonis Adalberto Magaña (San Miguel)
  • Jefferson David Blanco Caballero (Cuscatlán)
  • Marcos Olayo Cortez Domínguez (La Paz)
  • Luis Ernesto González (Cuscatlán)
  • Boris David Torres (La Libertad)
  • Óscar Ernesto Ayala Martínez (San Salvador)
  • Marlon Daniel González Iraheta (La Libertad)
  • Jonathan Stanley Quijada (La Libertad)
  • Diego Alfonso Martínez (La Libertad)
  • Brandon Monge Panameño (San Salvador)
  • Kelvin Rafael Paz Hércules (San Salvador)


Durante el operativo, las autoridades decomisaron una cantidad significativa de dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, memorias USB, laptops, CPU y tablets, que se utilizarán como parte de la investigación.

Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la posesión de pornografía infantil a través de tecnologías de comunicación, así como por la adquisición o posesión de material pornográfico que involucra a menores de edad o personas con discapacidad.

Se espera que los detenidos sean presentados ante los juzgados competentes en los próximos días, en un esfuerzo por combatir y erradicar estas prácticas delictivas en el país.

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