Judicial
FGR comunica nuevas directrices para transacciones no financieras
Sujetos obligados deberán abstenerse de solicitar información personal en transacciones menores a $10,000 en efectivo o superiores a $25,000 en otras formas de pago
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Unidad de Investigación Financiera, ha emitido un comunicado dirigido a los Sujetos Obligados con Actividades Comerciales No Financieras.
Este mensaje busca alinear las políticas de debida diligencia con los umbrales establecidos por la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y el Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LDA/FT).
Lineamientos clave
Los sujetos obligados no deberán solicitar documentos de identidad ni datos personales en las siguientes circunstancias:
- Transacciones en efectivo inferiores a $10,000 dólares
- Transacciones superiores a $25,000 dólares en formas de pago distintas al efectivo
Estas directrices se enmarcan dentro de los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo, sin interferir en el dinamismo de las actividades comerciales. La Fiscalía también insta a los comerciantes a revisar sus políticas de debida diligencia, evitando implementar una sobreregulación que afecte las operaciones de sus clientes.
Judicial
La Corte Suprema de Justicia recuerda las causas legales del divorcio, incluida la vida intolerable
Cuando la vida conyugal es “un infierno”, hay una causal para el divorcio, recuerda la CSJ.
La Corte Suprema de Justicia, en un esfuerzo por divulgar los derechos y deberes legales de los ciudadanos, ha resaltado las diversas causas por las cuales se puede solicitar el divorcio, entre ellas, la denominada «vida intolerable».
Según la ley, si un matrimonio afecta la salud física o emocional de alguno de los cónyuges, este puede ser un motivo válido para disolver el vínculo matrimonial.
El divorcio puede ser solicitado por distintas razones, entre las cuales se incluyen:
- Mutuo consentimiento: Cuando ambas partes están de acuerdo en la disolución del matrimonio.
- Separación de los cónyuges: En caso de que los cónyuges hayan estado separados por un año o más.
- Vida intolerable: Situaciones donde la convivencia en el matrimonio se vuelve insostenible y perjudica gravemente la salud de alguno de los cónyuges.
- Incumplimiento grave de los deberes conyugales: Incluye la falta de igualdad de derechos y deberes, la ausencia de convivencia, la infidelidad, y la falta de apoyo mutuo en todas las circunstancias.
- Mala conducta notoria: Cuando uno de los cónyuges pone en peligro la salud física o emocional del otro, debido a conductas dañinas o abusivas.
- Cualquier otro hecho grave: Cualquier otro acontecimiento que se considere suficientemente grave y similar a los anteriores para justificar la disolución del matrimonio.
La Corte subraya que el derecho al divorcio está protegido por la ley y busca asegurar que las personas puedan vivir en condiciones saludables y respetuosas dentro de sus relaciones conyugales.
Judicial
El Consejo Nacional de la Judicatura impulsa formación en criterios de especialización judicial
En CNJ continúa con sus jornadas de capacitación a diferentes sectores relacionados con la aplicación de la justicia.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada formativa enfocada en los “Criterios de especialización para una eficiente administración de justicia”, en colaboración con la Oficina de Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT).
La actividad, que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del funcionariado judicial, se centró en áreas clave del derecho penal, civil y mercantil.
La capacitación estuvo dirigida a un amplio sector del sistema de justicia, incluyendo al personal de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), y defensores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).
De igual forma, se destacó la participación de funcionarios con competencia en diversas ramas del derecho, como los encargados de la administración de justicia en el ámbito civil, mercantil y penal.
El CNJ anunció que esta formación se replicará próximamente con profesionales encargados de funciones de secretarías y colaboración judicial en los juzgados de Paz y Primera Instancia, tribunales y juzgados de Sentencia, así como en las Cámaras de Segunda Instancia.
Esta ampliación permitirá alcanzar una mayor cobertura entre los servidores judiciales, fortaleciendo la especialización en las distintas áreas del derecho.
Con este tipo de iniciativas, el CNJ reafirma su compromiso con la mejora continua del sistema judicial y el acceso a la justicia, promoviendo la profesionalización y la eficiencia en la administración de justicia en el país.
Judicial
Exfuncionarios del gobierno de Funes condenados por desvío de fondos públicos
Vanda Pignato, exesposa de Mauricio Funes, recibió una condena de 3 años de prisión, que serán sustituidos por trabajo público. Entre los exfuncionarios condenados está el expresidente de CIFCO, el del Banco Hipotecario y el exsecretario de Comunicaciones.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), quienes fueron encontrados culpables de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y otros delitos relacionados. Las penas varían entre 3 y 13 años de prisión, en el marco del caso conocido como Saqueo público.
La exprimera dama de El Salvador, Vanda Pignato, fue condenada a 3 años de prisión por el delito de simulación de delito, aunque su pena será sustituida por trabajos comunitarios.
Pignato fue absuelta del cargo de lavado de dinero, pero hallada culpable de simular delitos relacionados con la gestión de fondos públicos.
Otros exfuncionarios de alto rango en el gobierno de Funes también fueron condenados. José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé», expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), recibió una pena de 6 años de cárcel por defraudación fiscal, además de una multa de más de $180,000.
Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, fue sentenciado a 8 años de prisión por peculado y a cinco años adicionales por lavado de dinero.
David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, y Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Funes, fueron ambos condenados a 8 años de prisión por lavado de dinero.
Las sentencias son el resultado de un juicio que había sido pospuesto en ocho ocasiones y que concluyó el 7 de noviembre de 2023. El caso involucra el desvío de más de $351 millones de fondos públicos durante la administración de Funes (2009-2014), quien se encuentra prófugo en Nicaragua y disfruta de asilo político.
Según la Fiscalía General de la República, los acusados abrieron cuentas bancarias en el Banco Hipotecario con el objetivo de desviar fondos públicos mediante cheques.
Al menos $270 millones fueron transferidos a cuentas personales del expresidente Funes, quien fue excluido del juicio por no comparecer ni nombrar un abogado defensor. Funes, quien enfrenta cargos relacionados con el desvío de fondos, fue declarado rebelde por el tribunal. El expresidente vive asilado en Nicaragua, para evadir la justicia salvadoreña.
El proceso judicial comenzó en 2022, cuando los imputados fueron enviados a juicio tras una serie de investigaciones que incluyeron más de 25 peritajes financieros y testimonios. Estos elementos probaron cómo los exfuncionarios aprovecharon sus cargos en el gobierno para realizar transferencias ilegales y desviar recursos para su beneficio personal.
Judicial
El CNJ refuerza su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades judiciales
El Consejo de la Judicatura desarrolló una nueva capacitación en su sede en Santa Ana, dirigida a secretarios y colaboradores de diferentes cámaras y juzgados.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades judiciales del país, destacando que iniciativas como la desarrollada este miércoles en Santa Ana, “Incidencia del recurso de casación civil y mercantil en la función judicial”, impulsan mejores desarrollos judiciales.
El propósito de la actividad, según las autoridades, es mejorar el acceso a la justicia y garantizar un sistema judicial más eficiente y transparente en beneficio de toda la ciudadanía.
El CNJ, en este caso, contó con la participación de su oficina regional en Santa Ana.
Las charlas forman parte de una serie de acciones que buscan mejorar la capacitación y el desarrollo dentro del sector judicial, con el fin de responder de manera más efectiva a las necesidades de los ciudadanos.
“Este espacio reunió a profesionales con funciones de secretarios y colaboradores de cámaras y juzgados con competencias en el área Civil, Mercantil, Laboral, Medio Ambiente y de Paz, de la zona occidental de nuestro país”, informó el Consejo Nacional de la Judicatura.
Con estas, el CNJ pretende además fortalecer la confianza de la población en el sistema judicial, asegurando que todos los ciudadanos, sin importar su estatus social, tengan acceso a una justicia pronta, imparcial y transparente.
Judicial
Corte Suprema inaugura capacitación anticorrupción ISO 37001
En las jornadas impartes a servidores de la CSJ aspectos fundamentales, herramientas y estrategias para prevenir y detectar el soborno en actividades cotidianas.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una serie de capacitaciones sobre el sistema de gestión anti soborno ISO 37001, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.
Estas son impartidas por la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.
La inauguración de las jornadas estuvo a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien también coordina la mencionada comisión.
El curso, dirigido a servidores públicos de diversas dependencias de la Corte, tiene como propósito dotar a los participantes de herramientas efectivas para detectar, prevenir y combatir las prácticas corruptas.
Durante su intervención, el magistrado Martínez destacó la importancia de este proceso formativo, invitando a los participantes a convertirse en agentes multiplicadores de una cultura de cumplimiento normativo.
“Les invitamos a aprovechar esta experiencia y fomentar una cultura de cumplimiento, cerrando las puertas a cualquier forma de corrupción que atente contra el patrimonio del país”, expresó.
Por su parte, Claudia Orozco, directora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, enfatizó la relevancia de la norma ISO 37001 como un marco robusto para implementar un sistema de gestión antisoborno. Orozco subrayó que, a lo largo de las jornadas, se abordarán los principios fundamentales, las herramientas y las estrategias necesarias para prevenir, detectar y abordar el soborno en las actividades cotidianas de los servidores públicos.
Las jornadas de capacitación, que se extenderán a lo largo de 5 sesiones de 4 horas cada una, son organizadas por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Unidad de Recursos Humanos de la CSJ.
La inauguración del evento también contó con la presencia de Julio Alberto Chávez, gerente general de Administración y Finanzas de la Corte, quien expresó su respaldo a esta iniciativa en pro de la transparencia y la integridad institucional.
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