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«Estoy convencido que el procedimiento en mi contra es un mecanismo de represión»: Enrique Anaya

Conversamos con el Dr. Enrique Anaya sobre el procedimiento sancionatorio en su contra y las implicaciones personas y sociales que esta significa para la democracia salvadoreña.

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Foto EDH Mauricio Cáceres
  • ¿Cómo es el proceso sancionatorio para un abogado?

En la resolución de inicio de procedimiento sancionatorio en mi contra, asemejaría que la Sección de Investigación Profesional (SIP/CSJ), sin consignarlo explícitamente, intentaría aplicar lo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), pero lo cierto es que, en primer lugar, no existe procedimiento específico para tramitación de investigaciones contra abogados y, en segundo lugar, la SIP no indica cuál será el trámite a aplicar, sino que únicamente se ha limitado a referenciar, de modo genérico, 31 artículos de la LPA, pero sin indicar fases o plazos específicos. Por ahora, lo única certeza es que se me han concedido 10 días hábiles para formular defensa.

  • ¿Qué se debe entender como «mala conducta profesional»?

No existe ninguna disposición legal que indique lo que deba entenderse como “mala conducta profesional”, así que lo que ha hecho la SIP/CSJ es consignar, entre comillas, lo que parece ser una transcripción, pero no cita fuente de referencia.

Así, la SIP/CSJ define mala conducta profesional como “la acción u omisión reprochable, deliberada, cometida por un profesional del derecho, en el ejercicio de su función, que se entiende negativa, excesiva perjudicial a las personas que entran en relación contractual con los mismos; el conglomerado social o la administración pública; o contra un estándar de conducta exigible y revisable en el tiempo”. Desconozco si es transcripción de otro sistema jurídico, o si es creación propia de la SIP/CSJ o de la CSJ.

  • ¿Cuáles son las implicaciones de este procedimiento contra su persona?

En la misma resolución de inicio del procedimiento sancionatorio se me informa que el resultado puede ser la suspensión en el ejercicio de la abogacía, entre 1 a 5 años.

En definitiva, entonces, las consecuencias, en la eventualidad de la imposición de una sanción, sería inhabilitarme para el ejercicio de la abogacía, despojándome de mi herramienta de trabajo (ejercicio liberal de la profesión jurídica) y creando una situación de desprestigio de mi calidad de jurista, tanto en el ejercicio de la profesión, como profesor universitario, autor de publicaciones, conferencista y articulista.

  • ¿Considera jurídicamente viable una sanción en su caso?

En mi opinión, no existe ninguna base objetiva ni razonable, ni fáctica ni jurídica, para la imposición de la sanción, ni siquiera para la iniciación del procedimiento sancionatorio: ahora bien, dados, por un lado, el contexto social y político de mi postura crítica contra el golpe de Estado del 1/mayo/2021 y, por otro lado, la ausencia de independencia judicial, estimo que existe la alta probabilidad que la CSJ, como parte de la estrategia de persecución, hostigamiento y acoso contra voces disientes al régimen autocrático que se desea instalar en el país, se me inhabilite para ejercer mi profesión de abogado.

Una muestra del contexto es que fue la “Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia” -integrada por 5 personas que ilegítimamente ocupan las oficinas- la que ordenó a la SIP/CSJ investigara mi conducta profesional, y lo hizo el 16/junio/2021; sin embargo, no fue sino hasta el 7/julio/2021, pocos minutos después de divulgar un artículo de mi columna semanal en un matutino (crítico contra declaraciones de la persona que ilegítimamente ocupa la oficina de la Presidencia de la CSJ), que se me notificó la iniciación del procedimiento sancionatorio en mi contra.

  • ¿Existe algún precedente comparable a este caso?

De mi conocimiento preliminar, no existe ninguna precedente, pero haremos las investigaciones pertinentes. Ahora bien, la investigación se complica en sumo grado, ya que los procedimientos y resoluciones de la SIP/CSJ no son públicas y, además, en nuestras investigaciones preliminares, la CSJ no motiva en forma debida la imposición de sanciones a los abogados.

  • ¿La sanción de un abogado queda a la completa discreción de los magistrados?

En realidad, dada la ausencia de un procedimiento claro y, además, el uso de un concepto jurídico indeterminado como “mala conducta profesional”, causa que, en efecto, la imposición de sanciones a un abogado está a total discrecionalidad -incluso, arbitrariedad- de los magistrados de la CSJ.

  • En caso de ser sancionado, ¿existen mecanismos para revertir la decisión?

Jurídicamente, sí existen vías para la reversión de una sanción contra un abogado y, incluso, a confirmar por investigaciones, ya existen precedentes, al menos en sede contencioso administrativa.

Ahora bien, con franqueza, dada la actual ausencia de independencia judicial, tengo escasas- por no decir, nulas- esperanzas que una eventual sanción sea revertida por una entidad integrante de la misma CSJ.

Y es que, las vías posibles para impugnar una eventual sanción son la vía contencioso administrativa y/o la constitucional, pero en ambos casos, tratándose de una sanción impuesta por el Pleno de la CSJ, quienes serían competentes serían la Sala de lo Contencioso Administrativo o la Sala de lo Constitucional, ambas de la CSJ, lo que generaría que la impugnación debería hacerse ante tales tribunales, con el agravante que actualmente, en su mayoría, no existen magistrados suplentes de la CSJ.

  • ¿Cuál considera que son las repercusiones sociales de este procedimiento?

Estoy totalmente convencido que el procedimiento sancionatorio en mi contra es, simple y llanamente, un mecanismo de represión contra mi persona, por mi postura pública criticando el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, sobre todo a partir del 1/mayo/2021, así que mi caso es una muestra más de la ejecución de una política de represión, persecución, hostigamiento y acoso contra las voces disientes al régimen autocrático.

Es, entonces, un ejemplo paradigmático de sancionar el ejercicio de la libertad de expresión y, por ende, un paso más en el deterioro de la institucionalidad democrática, ya que significa que la represión se profundizará y extenderá, dirigiéndose contra cualquier voz disiente, así que se trate de un simple ciudadano como quien escribe, pero se extendería -como ya estamos viendo- a periodistas, formadores de opinión, opositores y luego, a cualquier ciudadano que exprese inconformidad con el régimen.

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Economía

n1co inicia una nueva era financiera en la región

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n1co está liderando la innovación financiera en Centroamérica y el Caribe con el lanzamiento de su revolucionaria aplicación y tarjeta n1co, ofreciendo a los usuarios una experiencia 100% digital y Cashback en todas sus compras.

Este lanzamiento marca un hito en la historia financiera de la región y reafirma el compromiso de n1co con la inclusión financiera y el empoderamiento de la población.

La tarjeta y la app n1co permiten a los usuarios acceder a una amplia gama de servicios financieros, desde realizar pagos en establecimientos nacionales e internacionales hasta acumular Cashback y disfrutar de promociones exclusivas, todo desde la comodidad de su dispositivo móvil. Con una red de más de 12,000 comercios registrados en El Salvador, Honduras y Guatemala, n1co se está consolidando como un actor clave en el panorama financiero regional.

“n1co es el resultado de la buena ejecución obtenida en proyectos anteriores y esto se ve reflejado en la confianza de nuestros inversionistas, logrando así en tiempo récord el levantamiento de la ronda pre semilla más grande de Latinoamérica”, dijo Ricardo Cuellar, CFO fundador de n1co.

La combinación de la tarjeta y la aplicación n1co facilita transacciones entre comercios y usuarios, permitiendo realizar pagos tanto nacionales como internacionales, acumular Cashback al realizar compras, realizar transferencias o cobros entre cuentas n1co, acceder a promociones exclusivas de Cashback en comercios seleccionados, y disfrutar de beneficios en preventas de eventos destacados a través de una alianza estratégica con Fun Capital. Además, los usuarios pueden reservar efectivo en cajeros autorizados y acumular puntos n1co, todo con la ventaja de visualizar todas las transacciones de manera instantánea a través de la aplicación.

Con un enfoque en la inclusividad comercial, n1co está permitiendo desde 2022 que tanto pequeños como grandes comercios acepten y realicen pagos digitales y físicos en cualquier canal de venta. Respaldada por entidades financieras autorizadas, la plataforma n1co ofrece una experiencia financiera confiable, eficiente y segura. Con más de 209,000 usuarios, n1co se ha convertido en la principal plataforma digital en la región centroamericana, siendo la opción preferida por numerosos comercios para procesar pagos con tarjetas de crédito o débito.

«Nuestra misión es ofrecer soluciones financieras digitales que empoderen a individuos y empresas, construyendo un futuro financiero más inclusivo y eficiente para toda la región», afirmó Alejandro Argumedo, CEO y fundador de n1co.

n1co invita a los salvadoreños a formar parte de esta nueva era financiera descargando la n1co app, adquiriendo su tarjeta n1co y teniendo el control de su dinero en la palma de su mano.

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Legal

Gobierno presenta anteproyecto de nueva Ley de Educación Superior

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El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, presentó esta semana un proyecto de una nueva Ley de Educación Superior con el objetivo de actualizar la estructura de las instituciones de educación.

Según los considerandos de motivos, el nuevo proyecto de ley tiene como objetivo principal desarrollar el pleno potencial de los profesionales de la docencia en educación superior, así como fomentar el arte, el deporte, la cultura, la paz, el estado de derecho, la ciudadanía responsable y la seguridad jurídica. Además, busca promover alianzas estratégicas con entidades gubernamentales para desarrollar políticas públicas que respondan a las necesidades de la sociedad y actualizar la Política Nacional de Educación Superior para fortalecer este nivel educativo.

Una de las principales modificaciones del proyecto de ley es la reestructuración del Consejo de Educación Superior, eliminando la mención específica de la Universidad de El Salvador (UES). Ahora, se incluirán dos representantes de instituciones estatales, sin mencionar explícitamente a la UES. La actual Comisión de Acreditación de la Calidad Académica será renombrada como Consejo Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Conaces).

El proyecto también otorga a la máxima autoridad del Mineducyt la facultad de remover a los miembros del Consejo de Educación Superior y del Conaces por 12 causas específicas, incluyendo ineptitud, abuso de autoridad y condenas por delitos.

Otro cambio significativo es la redefinición del sistema de unidades valorativas a créditos académicos, donde un crédito equivale a 25 horas de trabajo del estudiante, reemplazando las unidades valorativas actuales basadas en 20 horas de trabajo en ciclos de 16 semanas. Además, se establece que los estudiantes deberán acreditar, como mínimo, el dominio intermedio de un segundo idioma para graduarse.

Los requisitos de graduación también se modifican, estableciendo que para pregrado se requiere completar al menos el 25% de los créditos académicos y para posgrado el 50%. El servicio social universitario continuará siendo un requisito para grados de técnico, tecnólogo, licenciatura, ingeniería, arquitectura y profesorado, pero ya no para posgrados.

En cuanto a los créditos académicos por grado, el proyecto establece que un técnico debe completar 120 créditos académicos, un tecnólogo 180, y una licenciatura, ingeniería, arquitectura o profesorado 240. Para un doctorado en medicina general y odontología general se requieren 540 créditos académicos, incluyendo un año de internado rotatorio.

Las maestrías tendrán una exigencia entre 60 y 120 créditos académicos, las especialidades en ciencias de la salud entre 120 y 180 créditos, y los doctorados requerirán 300 créditos académicos para ingreso, 60 créditos en el periodo de formación y 120 créditos en el periodo de investigación.

El proyecto de ley ha sido enviado a la Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa para su estudio. De ser aprobada, esta nueva normativa promete mejorar la calidad y la eficiencia de la educación superior en El Salvador.

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Noticias

Gobierno solicita autorización para nueva deuda por $1,500 millones en títulos valores

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El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización para gestionar la obtención de $1,500 millones mediante la emisión de títulos valores de crédito u otros instrumentos financieros. Esta solicitud será estudiada el lunes en la Comisión de Hacienda.

Según el artículo 2 del proyecto de decreto, los fondos serán destinados a «necesidades generales de presupuesto del Estado y/o financiación de operaciones de manejo de pasivos», sin descartar su uso en «esfuerzos y acciones del gobierno en la mejora de las condiciones sociales, medioambientales o económicas de la población».

El documento define el destino de los fondos como «necesidades de carácter estratégico» y permite su utilización «en el transcurso de los siguientes ejercicios fiscales». .

El decreto facultaría a Hacienda a realizar las operaciones necesarias para captar el financiamiento y para las operaciones de cobertura de riesgos. Además, se exonerará de todo tipo de impuestos la contratación de servicios de banca de inversión, agentes estructuradores, asesores financieros y legales, y otros agentes necesarios para realizar la operación.

Esta sería la primera emisión de títulos valores aprobada por la legislatura 2024-2027. Anteriormente, la Asamblea Legislativa había aprobado el 28 de febrero la emisión de hasta $1,000 millones en títulos valores para «atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado».

En 2023, también se aprobaron la emisión de $500 millones el 15 de agosto y $338.6 millones el 20 de diciembre para «cumplir con el financiamiento complementario» para el presupuesto general del Estado 2024.

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Economía

BCIE anuncia reducción en tasas de interés para préstamos del sector público soberano

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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó sobre un ajuste a la baja en las tasas de interés aplicables a los préstamos vigentes y nuevos del sector público soberano, con una reducción de entre 0.50% y 0.65%. Este ajuste afecta los préstamos con un esquema de tasa de interés con margen variable (Term SOFR + margen).

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Ing. Gisela Sánchez, detalló que alrededor de 120 operaciones serán elegibles para esta mejora. Esto incluye tanto la cartera ya desembolsada como los préstamos aprobados pendientes de desembolso y las aprobaciones contempladas en el Plan Anual 2024. En total, estas operaciones superan los US$12,000 millones.

Ing. Sánchez explicó que esta reducción en las tasas de interés es un reflejo de la mejora continua en los costos de captación del BCIE, especialmente en las emisiones de bonos en los mercados de capital internacionales, donde el Banco es reconocido como el mejor riesgo en toda Latinoamérica con un rating AA. El objetivo es trasladar este beneficio a los países de la región, especialmente en el contexto actual de altas tasas de interés derivadas de los esfuerzos globales por contener las presiones inflacionarias.

La estrategia de financiamiento del BCIE se centra en optimizar costos mediante la diversificación de plazos, mercados e instrumentos. Esto se refleja en las más de 170 emisiones de bonos ejecutadas en 23 mercados y 25 diferentes monedas a nivel global. En mercados como el de México, el BCIE obtiene menores costos, mientras que en los mercados de Asia y Europa busca mayor plazo y diversificación de inversionistas. El mercado benchmark/global acompaña el crecimiento orgánico de su hoja de balance.

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Judicial

Tribunal recibe solicitudes de agrupación de 1,828 presuntos pandilleros de la MS-13

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El Tribunal 1° contra el Crimen Organizado de San Salvador recibió ayer la solicitud de agrupación de 1,828 presuntos integrantes de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13), presentadas por la oficina fiscal de Santa Tecla.

Los acusados, vinculados a los programas Porteño y Libertad de la MS-13, enfrentan cargos por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, así como otros delitos conexos como tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego.

La investigación los relaciona con once clicas: cuatro del programa Porteño y siete del programa Libertad. Entre los acusados se encuentran individuos con rangos de corredores de programa, corredores de clica, homeboys, observación y chequeos.

Estas solicitudes de agrupación se enmarcan en el decreto legislativo N.º 803, que permite a la Fiscalía agrupar a los acusados en un mismo proceso según el territorio donde cometían los hechos delictivos.

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