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«Estoy convencido que el procedimiento en mi contra es un mecanismo de represión»: Enrique Anaya

Conversamos con el Dr. Enrique Anaya sobre el procedimiento sancionatorio en su contra y las implicaciones personas y sociales que esta significa para la democracia salvadoreña.

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Foto EDH Mauricio Cáceres
  • ¿Cómo es el proceso sancionatorio para un abogado?

En la resolución de inicio de procedimiento sancionatorio en mi contra, asemejaría que la Sección de Investigación Profesional (SIP/CSJ), sin consignarlo explícitamente, intentaría aplicar lo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), pero lo cierto es que, en primer lugar, no existe procedimiento específico para tramitación de investigaciones contra abogados y, en segundo lugar, la SIP no indica cuál será el trámite a aplicar, sino que únicamente se ha limitado a referenciar, de modo genérico, 31 artículos de la LPA, pero sin indicar fases o plazos específicos. Por ahora, lo única certeza es que se me han concedido 10 días hábiles para formular defensa.

  • ¿Qué se debe entender como «mala conducta profesional»?

No existe ninguna disposición legal que indique lo que deba entenderse como “mala conducta profesional”, así que lo que ha hecho la SIP/CSJ es consignar, entre comillas, lo que parece ser una transcripción, pero no cita fuente de referencia.

Así, la SIP/CSJ define mala conducta profesional como “la acción u omisión reprochable, deliberada, cometida por un profesional del derecho, en el ejercicio de su función, que se entiende negativa, excesiva perjudicial a las personas que entran en relación contractual con los mismos; el conglomerado social o la administración pública; o contra un estándar de conducta exigible y revisable en el tiempo”. Desconozco si es transcripción de otro sistema jurídico, o si es creación propia de la SIP/CSJ o de la CSJ.

  • ¿Cuáles son las implicaciones de este procedimiento contra su persona?

En la misma resolución de inicio del procedimiento sancionatorio se me informa que el resultado puede ser la suspensión en el ejercicio de la abogacía, entre 1 a 5 años.

En definitiva, entonces, las consecuencias, en la eventualidad de la imposición de una sanción, sería inhabilitarme para el ejercicio de la abogacía, despojándome de mi herramienta de trabajo (ejercicio liberal de la profesión jurídica) y creando una situación de desprestigio de mi calidad de jurista, tanto en el ejercicio de la profesión, como profesor universitario, autor de publicaciones, conferencista y articulista.

  • ¿Considera jurídicamente viable una sanción en su caso?

En mi opinión, no existe ninguna base objetiva ni razonable, ni fáctica ni jurídica, para la imposición de la sanción, ni siquiera para la iniciación del procedimiento sancionatorio: ahora bien, dados, por un lado, el contexto social y político de mi postura crítica contra el golpe de Estado del 1/mayo/2021 y, por otro lado, la ausencia de independencia judicial, estimo que existe la alta probabilidad que la CSJ, como parte de la estrategia de persecución, hostigamiento y acoso contra voces disientes al régimen autocrático que se desea instalar en el país, se me inhabilite para ejercer mi profesión de abogado.

Una muestra del contexto es que fue la “Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia” -integrada por 5 personas que ilegítimamente ocupan las oficinas- la que ordenó a la SIP/CSJ investigara mi conducta profesional, y lo hizo el 16/junio/2021; sin embargo, no fue sino hasta el 7/julio/2021, pocos minutos después de divulgar un artículo de mi columna semanal en un matutino (crítico contra declaraciones de la persona que ilegítimamente ocupa la oficina de la Presidencia de la CSJ), que se me notificó la iniciación del procedimiento sancionatorio en mi contra.

  • ¿Existe algún precedente comparable a este caso?

De mi conocimiento preliminar, no existe ninguna precedente, pero haremos las investigaciones pertinentes. Ahora bien, la investigación se complica en sumo grado, ya que los procedimientos y resoluciones de la SIP/CSJ no son públicas y, además, en nuestras investigaciones preliminares, la CSJ no motiva en forma debida la imposición de sanciones a los abogados.

  • ¿La sanción de un abogado queda a la completa discreción de los magistrados?

En realidad, dada la ausencia de un procedimiento claro y, además, el uso de un concepto jurídico indeterminado como “mala conducta profesional”, causa que, en efecto, la imposición de sanciones a un abogado está a total discrecionalidad -incluso, arbitrariedad- de los magistrados de la CSJ.

  • En caso de ser sancionado, ¿existen mecanismos para revertir la decisión?

Jurídicamente, sí existen vías para la reversión de una sanción contra un abogado y, incluso, a confirmar por investigaciones, ya existen precedentes, al menos en sede contencioso administrativa.

Ahora bien, con franqueza, dada la actual ausencia de independencia judicial, tengo escasas- por no decir, nulas- esperanzas que una eventual sanción sea revertida por una entidad integrante de la misma CSJ.

Y es que, las vías posibles para impugnar una eventual sanción son la vía contencioso administrativa y/o la constitucional, pero en ambos casos, tratándose de una sanción impuesta por el Pleno de la CSJ, quienes serían competentes serían la Sala de lo Contencioso Administrativo o la Sala de lo Constitucional, ambas de la CSJ, lo que generaría que la impugnación debería hacerse ante tales tribunales, con el agravante que actualmente, en su mayoría, no existen magistrados suplentes de la CSJ.

  • ¿Cuál considera que son las repercusiones sociales de este procedimiento?

Estoy totalmente convencido que el procedimiento sancionatorio en mi contra es, simple y llanamente, un mecanismo de represión contra mi persona, por mi postura pública criticando el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, sobre todo a partir del 1/mayo/2021, así que mi caso es una muestra más de la ejecución de una política de represión, persecución, hostigamiento y acoso contra las voces disientes al régimen autocrático.

Es, entonces, un ejemplo paradigmático de sancionar el ejercicio de la libertad de expresión y, por ende, un paso más en el deterioro de la institucionalidad democrática, ya que significa que la represión se profundizará y extenderá, dirigiéndose contra cualquier voz disiente, así que se trate de un simple ciudadano como quien escribe, pero se extendería -como ya estamos viendo- a periodistas, formadores de opinión, opositores y luego, a cualquier ciudadano que exprese inconformidad con el régimen.

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Noticias

CEPA reporta un incremento de al menos 10 % en sus operaciones de pasajeros

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on 48 vuelos de llegada y 49 de salida programados para este 24 de diciembre, el Aeropuerto Internacional de El Salvador corona esta temporada con un incremento del 10 % en las operaciones de pasajeros, de acuerdo a los datos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
“Hoy es un día muy especial. Nos alegra ver a las familias salvadoreñas reencontrándose con sus seres queridos”, publicó CEPA en un mensaje en redes sociales.
Solo este diciembre la institución reportó haber atendido al menos 44,100 vuelos de llegada, salida y conexión.
Además, haber movilizado más de 34.1 millones de kilogramos de importación y exportación en la terminal de carga aérea.
Esto, hasta el 15 de diciembre. La cifra representa un 21 % de incremento en este transporte, en comparación con los registros de 2023.
Hace unos días, CEPA reportó haber atendido 5 millones de pasajeros en una terminal aérea que crece en operaciones, principalmente por el floreciente turismo.

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Politica

Rodolfo Delgado seguirá como fiscal general de 2025 al 2028

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Rodolfo Delgado fue reelecto como fiscal general para el período 2025-2028 con 57 votos de diputados del oficialismo de Nuevas Ideas y sus aliados.
En la votación en la sesión plenaria, la número 36 de esta legislatura, hubo un voto en contra y 2 abstenciones.
En una decisión que se daba por sentada, el abogado, en el cargo desde mayo de 2021, era el más fuerte aspirante al cargo en una competencia en la que su rival fue Gonzalo Octavio Ayala López.
Delgado, que larga data en la Fiscalía, ha sido un actor clave en la política estatal de seguridad, marcada por un régimen de excepción que ha permitido el arresto, desde marzo de 2022, de casi 84,000 pandilleros.
El funcionario cuenta con una amplia experiencia en la investigación de delitos complejos, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.
Sus colaboradores más cercanos sostienen que su enfoque es pragmático y esto le permite una toma de decisiones “ágiles”.

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Economía

Precios de combustibles disminuirán hasta $0.03 para cerrar el año

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Los precios de referencia de los combustibles tendrán una ligera disminución, de hasta $0.03 por galón desde este 24 de diciembre, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
La DGEHM, que actualiza cada quincena los precios de las gasolinas y el diésel, reportó que desde este martes los combustibles registrarán una disminución de $0.02 a $0.03 en todo el país. Estos precios se mantendrán vigentes hasta el 6 de enero de 2025.

Precios detallados por región
La gasolina regular costará $3.65, $3.66 y $3.69 en las zonas central, occidental y oriental, respectivamente, tras una reducción general de $0.02 por galón.
Además, el galón de gasolina regular tendrá una baja específica de $0.02 en el centro y occidente, con precios de referencia de $3.54 y $3.55, mientras que en oriente el descenso será de $0.03, fijándose en $3.58.
En cuanto al diésel, el precio también disminuirá $0.02 por galón a nivel nacional, con un costo que oscilará entre $3.40 y $3.44, dependiendo de la región.

Tendencias recientes
Según los datos de la DGEHM, esta es la cuarta quincena consecutiva en que la gasolina regular registra una baja en su precio.
Por otro lado, la gasolina superior verá su primer descenso tras un incremento de hasta y $0.02 ocurrido entre el 10 y el 23 de diciembre.
En el caso del diésel, la reducción se produce después de un leve aumento en la quincena anterior.
La DGEHM explicó que esta disminución en los precios de los combustibles está relacionada con una mayor disponibilidad de productos en el mercado. Informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) destacan un incremento en las reservas de gasolina y diésel desde la segunda quincena de noviembre, tendencia que se ha mantenido durante los primeros 15 días de diciembre.

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Politica

Asamblea Legislativa aprueba Ley General de Minería Metálica en medio de polémica

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Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa daprobó este lunes la Ley General de Minería Metálica, derogando la prohibición vigente desde 2017. La decisión generó protestas dentro y fuera del recinto, con fuertes acusaciones por parte de opositores al gobierno y el rechazo de sectores de la sociedad civil, incluidos líderes religiosos.
La nueva normativa fue discutida en comisión legislativa durante el fin de semana y presentada a votación en sesión plenaria este 23 de diciembre.
Diputados de la bancada oficialista Nuevas Ideas y aliados del PCN y PDC respaldaron la ley, mientras que los partidos Arena y Vamos votaron en contra, calificando la decisión como un retroceso ambiental y social.
A las afueras de la Asamblea, grupos opositores manifestaron su rechazo. Dentro del recinto, diputados de partidos minoritarios alzaron rótulos con mensajes como “No a la minería”, destacando la creciente preocupación por el impacto ambiental y en la salud pública que podría traer la reactivación de esta industria en el país.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, defendió la medida argumentando que la ley busca proteger los recursos naturales y el bienestar del país a largo plazo. Según explicó, la normativa incluye estudios técnicos para identificar áreas donde la minería puede desarrollarse sin comprometer el medio ambiente ni los recursos hídricos.
Sin embargo, diputadas como Cesia Rivas, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron estas afirmaciones.
Rivas aseguró que la ley prioriza intereses económicos y políticos sobre la salud y el bienestar de los salvadoreños. Por su parte, Villatoro acusó al oficialismo de aprobar una normativa que, según ella, «envenenará el agua y afectará gravemente a la población».
William Soriano, diputado oficialista, argumentó que la minería podría generar beneficios económicos significativos, citando estimaciones del Banco Mundial que sugieren que cada dólar invertido en minería produce entre tres y cuatro dólares en retorno. Soriano destacó que los ingresos derivados de esta actividad podrían destinarse a proyectos de infraestructura, educación y salud.
Reynaldo Carballo, del PDC, añadió que los metales son esenciales para el avance tecnológico y que los procesos actuales de extracción pueden realizarse con menos impacto ambiental. Aseguró que la ley es necesaria para garantizar el acceso a recursos indispensables para la vida moderna.
Por su parte, la diputada Dania González insistió en que esta ley representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de las economías locales y prometió que el gobierno no repetirá los errores del pasado, asegurando un equilibrio entre explotación minera y cuidado ambiental.
Finalmente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió la ley a votación, la cual fue aprobada con los 57 votos de la bancada oficialista y sus aliados. Los diputados celebraron con aplausos, mientras persisten las críticas y el rechazo por parte de la oposición, organizaciones civiles y sectores religiosos, que consideran que esta decisión compromete el futuro ambiental y social del país.

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Noticias

Mauricio Gutiérrez Castro recibe medalla al mérito cívico de parte de magistrados y jueces salvadoreños

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El doctor Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro recibió la medalla al mérito cívico de parte de la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES), en reconocimiento a su labor como jurista destacado.
Por décadas, como abogado, ha figurado en el ámbito jurídico y político y sus aportes han contribuido al desarrollo del país en diferentes momentos y coyunturas históricas. Por ello, es reconocido por su contribución a la sociedad.
La medalla al mérito cívico fue entregada en durante el convivio navideño de AMJUES, durante el fin de semana, en donde decenas de colegas de Gutiérrez Castro se fundieron en aplausos y felicitaciones para el profesional y al que muchos consideran su maestro y mentor.

El hombre y el funcionario
Nacido el 18 de marzo de 1942 en Santa Ana, Mauricio Gutiérrez Castro se ha destacado como una de las figuras más relevantes en el ámbito jurídico y político de El Salvador.
Es licenciado en derecho y profesor de derecho público de la Universidad de El Salvador y ha dedicado su vida al servicio público y al fortalecimiento de las instituciones democráticas y judiciales del país.

Su carrera política comenzó en la década de 1970, cuando en 1973 fue designado gobernador del departamento de Santa Ana. Posteriormente, de 1974 a 1977, fue miembro de la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde su trabajo sentó bases para reformas significativas.
En el ámbito ejecutivo, Mauricio Gutiérrez Castro ocupó el cargo de segundo vicepresidente de El Salvador entre el 2 de mayo de 1982 y el 1 de junio de 1984, durante la administración del presidente Álvaro Magaña.
Este periodo estuvo marcado por un contexto político complejo, en medio del conflicto armado que afectaba al país, lo que dio mayor relevancia a su papel en la toma de decisiones nacionales.
En 1989, Gutiérrez Castro fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupó hasta 1994. Su gestión estuvo orientada a la modernización del sistema judicial y a garantizar la independencia de los jueces en un periodo crítico para la institucionalidad del país.

Contribuciones y reconocimientos
Además de su labor jurídica y política, Mauricio Gutiérrez Castro fue presidente de la Comisión Nacional de Turismo, donde impulsó iniciativas para promover a El Salvador como un destino turístico internacional.
Su visión integradora y su capacidad de liderazgo le valieron el reconocimiento tanto dentro como fuera del país.
La vida y obra de Mauricio Gutiérrez Castro son un testimonio de compromiso y dedicación al bienestar de El Salvador.
Desde las aulas universitarias hasta los más altos cargos del poder judicial y ejecutivo, su influencia ha sido clave en momentos decisivos para la historia del país.
Su capacidad de combinar el conocimiento jurídico con el liderazgo político lo convierten en un ejemplo para las generaciones futuras de juristas y servidores públicos.

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