La Procuraduría General de la República, a través de su Procuraduría Especializada de Derechos Laborales, en colaboración con la ONG Ormusa, llevó a cabo un taller formativo sobre “Técnicas de ligitación oral” dirigido a defensores públicos laborales.

Este proceso de capacitación tiene como objetivo principal fortalecer las competencias técnicas de los defensores en el ámbito laboral, permitiéndoles utilizar herramientas efectivas en las audiencias orales. Con esta iniciativa, se busca garantizar y proteger los derechos de los trabajadores en el país.

La presentación oral es un método en el que las partes involucradas plantean sus argumentos, pruebas y testimonios de manera verbal ante un juez o tribunal.

Este enfoque permite una interacción directa y dinámica, facilitando el debate y la aclaración de puntos en tiempo real.

Se utiliza comúnmente en juicios, audiencias y otros procedimientos, promoviendo la transparencia y la inmediatez en la administración de justicia.

Además, puede contribuir a una resolución más ágil de los casos, al permitir que el juez escuche y evalúe las posiciones de las partes de manera más directa.

En El Salvador, un total de 22 padres de familia enfrentan deudas acumuladas que superan los $139,000 debido a su negativa a pagar las cuotas alimentarias establecidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta situación se ha agravado por el recargo adicional por mora que se ha acumulado a lo largo de los años, con algunos casos que datan de hace más de dos décadas.

Uno de los casos más destacados es el de un padre que no ha cumplido con sus obligaciones alimentarias durante 23 años, acumulando una deuda de $21,268.12.

Este asunto fue llevado a instancias judiciales, donde un juez ordenó la conciliación entre las partes y determinó que el padre debe realizar pagos mensuales de $1,000 para saldar su deuda.

Según datos de los Centros Judiciales de El Salvador, entre el 15 de abril y el 10 de octubre de este año, se han procesado 21 casos de incumplimiento en los tribunales. El 70% de estos progenitores ha tenido que pasar a la fase de instrucción debido a la falta de acuerdos con las madres demandantes para regularizar sus deudas.

En otro caso, un padre adeuda $10,760 a su hija desde 2010, tras la fijación de una cuota mensual de $60 por parte de la PGR. Al no llegar a una conciliación durante la audiencia inicial, el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió llevar el caso a la fase de instrucción y le impuso la prohibición de salir del país.

Asimismo, un hombre de 43 años enfrenta una deuda de $10,500 por cuotas alimentarias no pagadas desde 2016.
El Juzgado Primero de Paz de Soyapango le impuso restricciones de viaje y la prohibición de obtener licencia de conducir o inscribir vehículos a su nombre hasta que salde su deuda.

En otro incidente, una madre de tres hijos logró una resolución a su favor en 2016 para recibir $105 mensuales por parte de su expareja. Sin embargo, tras el incumplimiento de pagos, el padre acumuló una mora de $9,550. Después de que se descontaran $2,730 por el tiempo que tuvo bajo su cuidado a dos de sus hijos, el caso fue trasladado al Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, donde también se declaró la falta de acuerdo entre las partes, llevando el caso a la fase de instrucción.

La Corte Suprema de Justicia recordó a los abogados y a los ciudadanos en general que por medio su Departamento de Documentación Judicial se pueden realizar diferentes búsquedas en línea, con el objetivo de facilitar el acceso a información relevante sobre jurisprudencia y leyes.

Este departamento se convierte en un recurso importante para abogados, estudiantes de derecho y cualquier ciudadano que busque entender mejor el marco legal del país.
A través de una amplia base de datos, los usuarios pueden acceder a documentos legales sobre jurisprudencia, legislación, instrumentos internacionales y doctrina legal.

Por medio de jurisprudencia.gob.sv el interesado puede realizar sus búsquedas desde cualquier computadora o dispositivo.
La búsqueda es sencilla y en el apartado de “Legislación” se encuentras leyes, acuerdos, decretos institucionales, decretos ejecutivos y legislativos, entre otros.

En los “instrumentos internacionales» están los tratos y textos suscritos entre El Salvador y otros estados. En “Jurisprudencia”, resoluciones de Corte Plena, las diferentes salas, cáaras, tribunales d Sentencia y Juzgados.

Mientras que en “Doctrina”, están los artículos jurídicos escritos por diferentes juristas nacionales e internacionales.
Este esfuerzo busca, además, mejorar la transparencia y el acceso a la justicia, que se alinea con las iniciativas globales para modernizar los sistemas judiciales.

La Corte Suprema espera que, mediante la consulta y el uso de esta herramienta, se fomente una mayor comprensión de los derechos y deberes legales, así como una participación activa de la ciudadanía en el ámbito jurídico.

Los tenedores de bonos salvadoreños presentaron ofertas para recomprar $1,756 millones al gobierno, dentro de un proceso que abarca un total de $7,199.5 millones en deuda con vencimientos entre 2027 y 2052.

El 4 de octubre, el gobierno salvadoreño lanzó una nueva invitación para que los inversionistas participaran en este proceso, el cual cerró el jueves a las 5:00 de la tarde (hora de Nueva York, 3:00 de la tarde de El Salvador).

Al finalizar la invitación, los inversionistas mostraron un interés notable, ofreciendo el 23.3 % del total pendiente en las nueve emisiones incluidas en la convocatoria, con una mayor demanda para los títulos con vencimientos próximos.

A través de un comunicado, el gobierno anunció que revelará el monto aceptado para cada serie de bonos después del cierre de la invitación el 15 de octubre de 2024, y la liquidación de las operaciones está programada para el 16 de octubre.

Para la emisión con vencimiento en 2027, los inversionistas ofrecieron $245.6 millones, lo que representa el 38.8 % de los $633.06 millones pendientes. Asimismo, se ofrecieron $172.9 millones, un 31.66 % de los $529.5 millones que vencen en 2029, y $354.66 millones de los $1,000 millones de la emisión de 2030, equivalente al 35.4 %.

En una nota de paso, el gobierno había ofrecido $1,000 millones, de los cuales los inversionistas mostraron interés por $182.6 millones, un 18.2 %. En cuanto a la emisión de 2034, se ofrecieron $38.7 millones de los $286.4 millones pendientes, un 13.36 %, mientras que para los bonos con vencimiento en 2035 hubo ofertas por $166.5 millones, un 16.6 %.

Para el vencimiento de 2041, los tenedores presentaron ofertas por $137.6 millones de una deuda total de $653.5 millones, lo que representa un 21.06 %. Además, se recibió interés del 30.41 % para los títulos que vencen en 2050, con $333.6 millones ofrecidos de un total de $1,097 millones.

En contraste, para los bonos con vencimiento en 2051 sólo se ofrecieron $124.4 millones, un 12.4 % de los $1,000 millones. Esta es la cuarta oferta de recompra lanzada por el gobierno de Nayib Bukele, un mecanismo utilizado por primera vez en 2022 durante una crisis de liquidez, ante el temor de no contar con los recursos suficientes para cumplir con un vencimiento en enero de 2023.

Desde entonces, se han realizado dos ofertas en 2022 y una tercera en abril de 2024 para títulos entre 2025 y 2029.

El vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros habló sobre los bonos soberanos de Paraguay y las oportunidades que abre el grado de inversión para dicho país.

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