El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) continúa su misión de mejorar la formación y capacitación de los actores del sistema judicial del país. En esta ocasión, con el objetivo de profundizar en el ámbito del Derecho Procesal Civil y Mercantil, se desarrolló el Módulo I del Diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil, que abordó temas cruciales como “El acto jurídico y las obligaciones civiles y mercantiles”.
Durante esta capacitación, los participantes recibieron herramientas doctrinales y jurisprudenciales fundamentales para una correcta interpretación y aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil.
A través de un enfoque práctico y teórico, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos esenciales para resolver casos complejos dentro de estas ramas del derecho.
El CNJ reafirmó, una vez más, su compromiso con la excelencia judicial y la profesionalización de los operadores de justicia, promoviendo un aprendizaje significativo que contribuye a la mejora de la administración de justicia en el país.
Con esta capacitación, se busca no sólo fortalecer los conocimientos, sino también fomentar la aplicación correcta de la ley, lo que a su vez garantiza la equidad y efectividad en la resolución de conflictos.
Este diplomado es parte de los esfuerzos continuos del CNJ, dijo la institución, por ofrecer formación especializada a jueces, abogados y demás profesionales del ámbito judicial, en aras de construir un sistema de justicia más sólido y eficiente.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) continúa su misión de mejorar la formación y capacitación de los actores del sistema judicial del país. En esta ocasión, con el objetivo de profundizar en el ámbito del Derecho Procesal Civil y Mercantil, se desarrolló el Módulo I del Diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil, que abordó temas cruciales como “El acto jurídico y las obligaciones civiles y mercantiles”.

Durante esta capacitación, los participantes recibieron herramientas doctrinales y jurisprudenciales fundamentales para una correcta interpretación y aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil. 

A través de un enfoque práctico y teórico, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos esenciales para resolver casos complejos dentro de estas ramas del derecho.

El CNJ reafirmó, una vez más, su compromiso con la excelencia judicial y la profesionalización de los operadores de justicia, promoviendo un aprendizaje significativo que contribuye a la mejora de la administración de justicia en el país. 

Con esta capacitación, se busca no sólo fortalecer los conocimientos, sino también fomentar la aplicación correcta de la ley, lo que a su vez garantiza la equidad y efectividad en la resolución de conflictos.

Este diplomado es parte de los esfuerzos continuos del CNJ, dijo la institución, por ofrecer formación especializada a jueces, abogados y demás profesionales del ámbito judicial, en aras de construir un sistema de justicia más sólido y eficiente.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que en el último año ha brindado atención psicológica a 10,668 personas, reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud mental de la población.
“En el último año hemos atendido 10,668 personas en el área de atención psicológica. Para más información, comunícate con nuestro Centro de Atención Virtual, CAVAL, al 2231-9484”, informó la institución a través de un mensaje en redes sociales.
La PGR es una institución clave en la protección de los derechos de los ciudadanos, brindando asesoría y asistencia legal gratuita a quienes lo necesiten. Históricamente, ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de personas en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la justicia y promoviendo el respeto a los derechos humanos.
Además de su labor legal, la PGR también ha incorporado servicios de apoyo psicológico con el objetivo de atender a quienes enfrentan situaciones de crisis emocional o requieren acompañamiento en procesos judiciales que afectan su salud mental.
“En la Procuraduría te ayudamos a que cuides de tu salud mental”, reiteró la institución, invitando a la ciudadanía a hacer uso de los servicios de atención psicológica disponibles.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, y el procurador general, René Gustavo Escobar, firmaron un convenio de cooperación tecnológica con el objetivo de mejorar la administración de justicia en el país. 

El acuerdo busca impulsar el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito judicial.

Entre los puntos más destacados del convenio, se encuentra la interoperabilidad de sistemas, que permitirá una mayor integración entre las plataformas de ambas instituciones. 

Asimismo, se promoverá el desarrollo de audiencias y diligencias judiciales por videoconferencia, lo que contribuirá a agilizar los procesos judiciales y facilitar el acceso a la justicia.

Este acuerdo interinstitucional tiene como fin optimizar los recursos disponibles, garantizando al mismo tiempo el respeto al debido proceso y aumentando la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial. 

Con esta iniciativa, se espera que la implementación de nuevas herramientas tecnológicas haga más ágil y transparente la administración de justicia en el país.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Héctor Nahun Martínez García, y la directora para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la CSJ, Claudia María Orozco Aguilar, fueron ponentes en un conversatorio titulado “Descripción de la buena práctica. Aplicación preferente de la Convención Interamericana contra la Corrupción sobre la figura de asilo”.
Durante sus intervenciones, ambos funcionarios destacaron la implementación de buenas prácticas por parte de la CSJ en dos casos específicos, donde se aplicó de manera preferente el artículo 6, literales A y B de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Esta decisión, coincidieron, subraya el compromiso de El Salvador con la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional en este ámbito.
El magistrado Martínez resaltó la importancia de esta práctica, afirmando: “Esta buena práctica representa un hito para la jurisprudencia que se genera desde la Corte Suprema de Justicia, especialmente en materia de cooperación internacional. Como poder judicial, tomamos una decisión aplicando las convenciones y demostramos el compromiso que el Estado salvadoreño tiene, siendo un ejemplo para los demás países de la región”, explicó.
El conversatorio, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), concluyó con la entrega de diplomas a los participantes, una actividad en la que también participó el magistrado Martínez. Estos espacios tienen como objetivo fomentar que los servidores públicos se conviertan en agentes de cambio y multiplicadores del conocimiento adquirido en la lucha contra la corrupción.