La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha lanzado una campaña informativa con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial del país. La campaña busca resaltar la importancia de la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función judicial, alineándose con los principios establecidos en el Código de Ética Judicial.

La honestidad, pilar fundamental de la función judicial

Uno de los aspectos clave de esta campaña es la promoción de la honestidad como valor esencial en la conducta de jueces y juezas. 

Según el artículo 12 del Código de Ética Judicial, se establece que la honestidad es indispensable para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial y contribuir al prestigio del Órgano Judicial. De acuerdo con este principio, los magistrados deben evitar cualquier conducta que pueda generar dudas sobre su imparcialidad y legalidad en el ejercicio de sus funciones.

Prohibición de beneficios injustificados 

La campaña también pone énfasis en la prohibición de que jueces y juezas reciban beneficios fuera de los que les corresponden por derecho. En este sentido, el Código de Ética Judicial prohíbe expresamente que los magistrados se apropien o hagan un uso indebido de los recursos destinados al cumplimiento de su labor. 

Esta medida tiene como objetivo asegurar que las decisiones judiciales sean tomadas sin influencias externas o incentivos personales, garantizando así la justicia imparcial.

Transparencia en el ejercicio del cargo

La integridad de los jueces y juezas se extiende a su comportamiento en el ejercicio de su cargo, buscando siempre que no exista ni la más mínima interpretación de que se aprovechan ilegítimamente de la posición que ocupan. 

Los magistrados deben actuar de tal forma que ningún observador razonable pueda pensar que se benefician de manera irregular de las personas o los bienes bajo su administración.

Esta campaña informativa resalta, según la Corte Suprema, su interés en el buen accionar del sistema judicial para actuar con transparencia, justicia y sin corrupción, en un esfuerzo por consolidar un Órgano que sea modelo de honestidad e integridad. 

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, compareció ante la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa para exponer una propuesta de reformas a la Ley Orgánica Judicial.

Las modificaciones buscan optimizar el funcionamiento del sistema judicial mediante la conversión del Juzgado de Primera Instancia de Armenia y del Juzgado de lo Civil y Mercantil Pluripersonal de Sonsonate, además de ampliar la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco y del Juzgado de lo Laboral de Sonsonate.

Según el magistrado Quinteros Espinoza, esta propuesta permitirá redistribuir la carga de trabajo sin necesidad de nuevas sedes, aprovechando los recursos existentes en el departamento de Sonsonate y en los municipios de Jayaque, Sacacoyo y Tepecoyo, del departamento de La Libertad.

“La idea es optimizar la administración de justicia y mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía, garantizando un acceso más eficiente a los servicios judiciales dentro de un esquema de racionalización de recursos”, destacó Quinteros Espinoza.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos para fortalecer el sistema judicial y garantizar una atención más ágil a las demandas legales de la población.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, entregó a la Asamblea Legislativa el proyecto para la creación de  la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales en Espacios Públicos. 

Esta propuesta busca regular los mercados nacionales y locales, los puestos de venta en plazas, parques y otros espacios públicos del país.

El proyecto fue asignado a la Comisión de Infraestructura, que convocará su primer encuentro el lunes 7 de abril a las 11:00 a.m. para su análisis.

Objetivo: mayor control y competencia en mercados públicos 

La iniciativa responde a la necesidad de crear una entidad centralizada que administre y regule los mercados, garantizando tanto la competencia libre como las condiciones de salubridad en estos espacios. 

El gobierno argumenta que esta regulación es esencial para modernizar y mejorar los mercados del país, beneficiando tanto a los comerciantes como a los consumidores.

¿Qué mercados regulará?
La ley se enfoca en mercados nacionales y locales ubicados en espacios públicos, como plazas y parques. Se establecerá un «Registro Único de Puestos de Mercado» con un sistema informático para mantener un control claro y actualizado sobre los puestos de venta.
La Dirección de Mercados Nacionales será la nueva entidad encargada de la supervisión, vinculada directamente con la Presidencia de la República. El director, nombrado por el presidente, será la máxima autoridad y ocupará el cargo por un periodo de cinco años. Además de ser mayor de 30 años, deberá tener experiencia en la gestión de mercados y temas relacionados.
La nueva dirección se financiará a través del Fondo General, los cobros por servicios prestados, y la posibilidad de solicitar inversión al Ejecutivo para proyectos de construcción y remodelación de mercados municipales.

Atribuciones y funciones 

Una de las principales tareas de la Dirección será la adjudicación y posible revocación de los puestos de venta. Además, se encargará de asegurar el pago de arrendamientos, imponer sanciones y destinar recursos para mejorar y expandir los mercados.

Entre las funciones más destacadas están:

1. Adjudicación de puestos: Priorizando a los comerciantes previos y a grupos vulnerables.
2. Control y regulación: Supervisará el acceso a servicios básicos como agua, electricidad y sanitarios en los mercados.
3. Normativa y horarios: Fijará horarios de funcionamiento y creará regulaciones específicas para cada mercado.

El rol del director nacional de Mercados

Las principales atribuciones del director serán:

1. Evaluar y aprobar solicitudes de adjudicación de puestos de venta.
2. Revocar adjudicaciones de puestos cuando sea necesario.
3. Firmar contratos de arrendamiento con los comerciantes.
4. Imponer sanciones por infracciones, desde multas hasta la revocación de los puestos.
5. Establecer las tarifas de arrendamiento.

Mercados municipales y su posible integración

El proyecto también contempla la posibilidad de que los mercados municipales sean transferidos a la Dirección de Mercados Nacionales. Los municipios podrán solicitar inversión para la mejora de sus mercados, pero deberán manifestar su voluntad de entregar los bienes en comodato a la nueva Dirección.

Normas y Prohibiciones

La nueva ley establece una serie de prohibiciones, entre las cuales destacan:

1. Venta ambulante dentro de un radio de 100 metros de los mercados.
2. Colocación de puestos en pasillos o vías de circulación.
3. La transferencia de puestos de venta sin autorización.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. Las multas para infracciones leves oscilarán entre los $5 y $25, mientras que las infracciones graves tendrán una sanción de entre $26 y $50. En casos de infracciones muy graves, se procederá con la revocación de la adjudicación del puesto.

Los procuradores auxiliares en El Salvador destinan la mayor parte de su tiempo a audiencias judiciales, dejando poco espacio para la preparación técnica de los casos y la atención a familiares de los privados de libertad. Así lo reveló la procuradora general adjunta, Cándida Parada de Acevedo, durante su comparecencia ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa el pasado lunes.

Parada de Acevedo, quien aspira a dirigir la Procuraduría General de la República (PGR) en el período 2025-2028, presentó los hallazgos de un estudio reciente. Según los datos expuestos, un defensor público penal emplea un 60 % de su tiempo en audiencias, un 20 % en atender a los familiares de los imputados y solo otro 20 % en la preparación técnica de los casos.

Ante esta situación, la funcionaria propuso la implementación de un sistema de atención virtual que permitiría a los defensores públicos brindar información a los familiares de los reclusos y facilitar mediaciones en línea. Esta medida busca optimizar el trabajo de los abogados que asisten a las audiencias diariamente.

Una apuesta por la justicia digital

En su intervención, Parada de Acevedo planteó el programa “Justicia digital al alcance de todos y todas”, basado en datos recientes del Censo de Población y Vivienda 2024. 

Según el estudio, el 80 % de la población salvadoreña usa internet, el 77 % posee un teléfono inteligente y el 53 % de las mujeres hacen uso de la tecnología, lo que facilitaría la implementación de herramientas digitales en la PGR.

Además, destacó que actualmente el 56 % de los casos atendidos por la PGR se resuelven por la vía administrativa, principalmente a través de mediación, mientras que el 40 % siguen un proceso judicial. 

No obstante, la funcionaria sugirió que la proporción ideal sería un 70 % de resoluciones administrativas y un 30 % judiciales, con el fin de agilizar los procesos y descongestionar el sistema de justicia.

Con estas propuestas, la candidata busca modernizar la PGR y mejorar la eficiencia del servicio de defensa pública, adaptándolo a las nuevas tecnologías y a las necesidades de la población.

Con información de diario El Mundo

El gobierno de Donald Trump reconoció que la deportación de Kilmar Armando Ábrego García, un padre hispano de Maryland, a El Salvador se debió a un «error administrativo». Este incidente, ocurrido el 15 de marzo, ha generado controversia, ya que Ábrego García había recibido en 2019 un estatus de protección contra la deportación, lo que le impedía ser expulsado a su país de origen.

Ábrego, ciudadano salvadoreño, fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a presuntos vínculos con la pandilla MS-13, acusación que sus abogados niegan, asegurando que nunca ha sido miembro de esa organización. 

Aunque no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, el gobierno argumentó que su deportación fue un error basado en una supuesta orden final de expulsión y la acusación de ser parte de la pandilla.

Este caso ha llamado la atención porque es la primera vez que el gobierno de Trump reconoce un error en los vuelos de deportación a El Salvador, los cuales han estado en el centro de una batalla legal. 

A pesar de admitir el error, ICE explicó que la deportación fue realizada «de buena fe», basándose en la existencia de una orden final de deportación y en la supuesta relación de Ábrego con la MS-13.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, señaló que nunca había visto un caso similar y ha solicitado que se ordene el regreso de su cliente a Estados Unidos. 

Además, la familia de Ábrego García, que incluye a su esposa y un hijo discapacitado, teme por su seguridad en El Salvador, país al que fue deportado. 

El gobierno, por su parte, sostiene que no puede revertir la situación, ya que el salvadoreño está bajo custodia de las autoridades de ese país.