La transformación digital del sector jurídico avanza con fuerza, impulsada en gran parte por el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA). Lejos de ser una promesa futurista, la IA ya está presente en los despachos, potenciando la eficiencia, mejorando la precisión y redefiniendo los procesos tradicionales de la abogacía.

Si bien no existe una única herramienta “mejor” para todos los abogados, algunas plataformas han demostrado tener un impacto real y comprobable, adaptándose a diversas necesidades profesionales, desde la investigación legal hasta el análisis predictivo.

Sof-IA: el asistente legal de Tirant lo Blanch

Desarrollada por la editorial jurídica Tirant lo Blanch, Sof-IA se ha posicionado como una de las propuestas más innovadoras en el ámbito hispanohablante. Este asistente jurídico inteligente combina IA generativa con una vasta base de datos legal, permitiendo redactar documentos, corregir textos, generar resúmenes y construir esquemas jurídicos de forma automatizada. Su facilidad de uso y enfoque en el lenguaje jurídico la convierten en una herramienta de referencia para juristas y académicos.

Lex Machina: análisis predictivo para litigios

Especializada en litigación, Lex Machina ofrece análisis basados en datos reales extraídos de miles de casos judiciales. Esta herramienta, utilizada principalmente en EE. UU., permite identificar patrones en decisiones de jueces, evaluar el comportamiento de las partes contrarias y estimar las probabilidades de éxito en un proceso. Es especialmente útil para firmas que operan en entornos altamente competitivos y necesitan diseñar estrategias con base en datos empíricos.

Casetext, Bloomberg Law, LexisNexis y Westlaw: pilares de la investigación legal

Estas plataformas consolidadas siguen siendo indispensables en la práctica legal. Casetext integra IA para facilitar la búsqueda de jurisprudencia relevante, mientras que Bloomberg Law combina noticias jurídicas, análisis y herramientas de investigación. Por su parte, LexisNexis y Westlaw continúan liderando el acceso a información legal a través de motores de búsqueda avanzados, con miles de documentos, sentencias y recursos doctrinales disponibles en tiempo real.

La elección depende de la necesidad

Antes de adoptar una herramienta de IA, los abogados deben evaluar con precisión cuáles son sus objetivos: ¿buscan redactar con mayor agilidad? ¿automatizar contratos? ¿o analizar posibles resultados en litigios? La respuesta a estas preguntas determinará cuál plataforma se ajusta mejor a su práctica profesional.

Además de la funcionalidad específica, factores como la integración con otras herramientas, la usabilidad y el grado de personalización también juegan un papel clave en la elección tecnológica.

La inteligencia artificial está dejando una huella profunda en el derecho. Herramientas como Sof-IA, Lex Machina, Casetext o LexisNexis demuestran que es posible mejorar la calidad del trabajo jurídico sin sacrificar el rigor ni la seguridad. Lejos de sustituir al abogado, la IA se presenta como un apoyo estratégico, capaz de liberar tiempo, reducir errores y potenciar el análisis legal. El reto ahora es saber cómo, cuándo y con qué propósito integrarla en el día a día profesional.

El Ejecutivo salvadoreño presentó una propuesta de reforma a la Ley de Migración y Extranjería con la que busca otorgar residencia definitiva a extranjeros que se involucren en proyectos impulsados por el Gobierno Central. Esta medida estaría acompañada de una tarifa de $690 y tiene como fin principal fomentar la inversión extranjera y reactivar la economía nacional.

Según el documento remitido a la Asamblea Legislativa, el beneficio aplicaría a todas aquellas personas extranjeras que realicen donaciones o inversiones en programas gubernamentales, sin importar su naturaleza. De aprobarse, la Dirección General de Migración y Extranjería implementaría un procedimiento especial para estos casos.

“Se pretende facilitar el trámite para extranjeros que deseen apoyar el desarrollo económico, social y cultural del país a través de aportes financieros en programas estratégicos”, justificó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en la solicitud oficial.

La reforma agregaría un nuevo inciso al artículo 152 de la legislación migratoria, permitiendo que quienes se sumen a iniciativas del Gobierno puedan obtener directamente la residencia definitiva, sin necesidad de haber tramitado previamente una residencia temporal. Además, quedarían exentos de solicitar permiso para ausentarse del país por más de dos años, como lo exige actualmente el artículo 154.

La propuesta también plantea una modificación al artículo 325, donde se establecería una tasa de $690 por la residencia definitiva, válida por un año, específicamente para quienes califiquen bajo el nuevo numeral 13 del artículo 152.

El proyecto ha sido remitido a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, la cual se reunirá el próximo martes 29 de abril para iniciar su análisis.

El Salvador logró un crecimiento del 8.8 % en sus exportaciones de bienes durante el primer trimestre de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), desafiando un entorno internacional marcado por la creciente incertidumbre económica y las tensiones comerciales promovidas por Estados Unidos.

Entre enero y marzo, el país exportó productos por un valor total de $1,681.3 millones, lo que representa $136.4 millones más que en el mismo período del año pasado. En términos de volumen, también se registró un aumento del 7.3 %, con más de 993.8 millones de kilogramos de mercancías enviadas al exterior.

Importaciones crecen a mayor ritmo
Las importaciones también crecieron, aunque a un ritmo mayor: 12.7 %, alcanzando los $4,242 millones en el mismo período. El mayor dinamismo se registró en la compra de bienes de consumo (+15.5 %), bienes intermedios (+11.6 %) y bienes de capital (+14.2 %). En contraste, el sector de maquila redujo su demanda de insumos, con una contracción de 17.8 %.

Maquila sigue en terreno negativo
La industria maquiladora sigue mostrando signos de debilidad. Sus exportaciones totalizaron $176 millones entre enero y marzo, una caída del 19.4 % respecto al mismo período del año anterior. La baja se reflejó en productos clave como camisetas, que si bien retrocedieron un 21.8 %, se mantienen como el principal rubro de exportación con $130.1 millones y una participación del 7.7 % en la canasta exportadora.

Otros productos que registraron caídas fueron el azúcar (-25 %), hilados de algodón (-8.6 %), hilos y conductores aislados (-65.4 %), trajes de sastre (-4.6 %) y condensadores eléctricos fijos (-2.1 %).

EE. UU. sigue perdiendo terreno como destino comercial
Estados Unidos, tradicionalmente el principal destino de las exportaciones salvadoreñas, mantuvo una tendencia negativa con una reducción del 4.9 %, sumando $522.4 millones al cierre del primer trimestre. En volumen, sin embargo, apenas se notó un crecimiento del 0.2 %.
Aunque la “guerra comercial” iniciada por el gobierno estadounidense aún no ha impactado de forma drástica, el temor persiste entre los exportadores salvadoreños, especialmente ante el posible arancel del 10 % que el presidente Donald Trump ha propuesto imponer a los productos importados desde la región.

Con la participación de magistrados y funcionarios del sistema judicial, fue inaugurada la primera edición del posgrado en Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción, un esfuerzo formativo impulsado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) con el objetivo de fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública.

El programa, dirigido especialmente a servidores públicos del sector justicia, tiene como meta reforzar sus capacidades en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, tanto en el ámbito administrativo como judicial. La formación también incluye el uso de tecnología y herramientas modernas para mejorar los procesos de fiscalización y control institucional.

El acto de apertura contó con la presencia de magistrados de las Salas de lo Constitucional, Penal y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahun Martínez García, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero y José Fernando Marroquín Galo.

La iniciativa marca un paso importante hacia una gestión pública más ética, al consolidar una cultura institucional basada en la integridad y la rendición de cuentas.

El posgrado, que se desarrollará de abril a noviembre, está compuesto por ocho módulos. La jornada inaugural comenzó con el primer módulo: Introducción al fenómeno de la corrupción, que sienta las bases conceptuales y contextuales del curso.

Funcionarios de distintas entidades del sector justicia también se sumaron al programa, en un gesto colectivo que refuerza el compromiso del Estado salvadoreño por mejorar la calidad del servicio público y recuperar la confianza ciudadana.

La administración del Puerto de Acajutla ha mostrado señales de mayor eficiencia desde que el consorcio turco Yilport asumió el control de la terminal marítima, de acuerdo con declaraciones de representantes del sector privado salvadoreño.

La Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) señaló que los procesos portuarios se han agilizado significativamente, lo cual ha generado una percepción positiva entre los empresarios que operan en la zona.

“Hay mucha más agilidad en el Puerto de Acajutla. No han cambiado las tarifas, todo se mantiene igual y la eficiencia se está mejorando”, indicó Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de AmCham.

Uno de los principales temores del sector empresarial tras el cambio de administración era un posible incremento en las tarifas portuarias. No obstante, hasta la fecha, los costos se han mantenido estables.

Concesión a largo plazo
La mejora en el funcionamiento de la terminal coincide con el inicio de una concesión de 50 años otorgada al grupo Yilport por el gobierno salvadoreño.

Anunciado en agosto de 2024 por el Gobierno, el acuerdo también contempla la gestión del puerto de La Unión e incluye una inversión de más de $1,600 millones.

Yilport y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) firmaron un acuerdo de sociedad de economía mixta. En este esquema, CEPA mantiene una participación del 20 % en la dirección de los puertos.

El traspaso de la administración se oficializó el 16 de diciembre de 2024, fecha en la que ambas entidades reiteraron su compromiso con la creación de un sistema portuario moderno, eficiente y competitivo.

Retos iniciales
A pesar del nuevo liderazgo, los primeros meses no estuvieron exentos de problemas. En febrero de 2025, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) reportó congestión en el Puerto de Acajutla, con al menos 27 embarcaciones varadas durante una semana crítica. Muchas de ellas transportaban insumos vitales para las industrias alimentaria, plástica y metalmecánica.

Sin embargo, en semanas recientes, el panorama ha cambiado. AmCham destacó que una de las navieras que opera en la terminal eliminó los cargos por almacenaje de mercancías, una señal de que los retrasos están disminuyendo.

“Antes se cobraba por los atrasos que se podían tener en el puerto; hoy ya se quitó ese recargo que había para las empresas”, afirmó Muñoz.

Además, la gremial empresarial confirmó que no hay reportes de aumentos en los fletes marítimos que estén afectando a las compañías que importan o exportan desde El Salvador.

Con una operación en proceso de consolidación, el Puerto de Acajutla parece avanzar hacia una mayor eficiencia, lo cual representa un alivio para los actores económicos que dependen de un flujo comercial fluido y predecible.

Con información de diario El Mundo