El Salvador ha asestado fuertes golpes al narcotráfico con la incautación de más de 10 toneladas de droga entre enero y marzo de este año, según informaron este jueves las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado. 

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, participó en el anuncio destacando el impacto de estas acciones en la lucha contra el crimen organizado.

“Hemos asestado un duro golpe al narcotráfico, interceptando a tres embarcaciones involucradas en actividades ilícitas. Se capturaron personas y se confiscó un gran cargamento de cocaína”, afirmó Delgado, quien enfatizó el compromiso del país con la persecución penal.

Una de las operaciones tuvo lugar el pasado 26 de marzo, cuando la Marina Nacional interceptó una embarcación a 920 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz. En esta acción se decomisaron 1.3 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 32.5 millones de dólares. La embarcación era tripulada por tres ciudadanos ecuatorianos, quienes fueron capturados en flagrancia.

El fiscal general subrayó el papel de la Fiscalía General de la República (@FGR_SV) en garantizar que los capturados enfrenten la justicia. “Nuestro papel es garantizar que los responsables enfrenten un proceso riguroso, transparente, objetivo y apegado a la legalidad”, declaró.

Durante la operación, fueron detenidos nueve extranjeros: siete guatemaltecos y dos ecuatorianos, quienes serán puestos a disposición judicial en los próximos días. Según el Ministerio de Defensa, en lo que va de 2025, un total de 32 extranjeros han sido capturados en operaciones antidrogas realizadas en altamar.

Estas acciones se suman a un total de cinco decomisos ejecutados por la Marina Nacional en lo que va del año, con los cuales se ha logrado interceptar 10.6 toneladas de droga. De estas, 10.5 fueron capturadas en altamar, lo que representa más del 50 % de todo lo decomisado durante el año 2024.

“Esto nos indica que estamos teniendo un nivel de eficiencia mucho mayor a lo que veníamos logrando en años anteriores”, aseguró el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, al presentar los datos más recientes.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, recordó que durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han confiscado más de 60 toneladas de droga, un récord en la historia del país.

Delgado cerró su intervención con un mensaje directo a la población salvadoreña: “A los salvadoreños quiero decirles que una operación como esta salva vidas. Al evitar que estas drogas lleguen a nuestras comunidades, protegemos a nuestras familias y construimos un futuro más seguro para nuestros hijos”.

El gobierno salvadoreño reafirmó que continuará reforzando la vigilancia en altamar y cooperando a nivel internacional para frenar las redes de narcotráfico que intentan usar el territorio nacional como ruta.

“El Salvador no será un territorio permisivo para el crimen organizado”, concluyó Delgado.

Un nuevo capítulo en la historia del compromiso social salvadoreño se escribe con la apertura oficial de la convocatoria 2025 del programa Ayudando a Quienes Ayudan, impulsado por la Fundación Gloria Kriete (FGK). En su vigésima edición, el programa vuelve a tender la mano a quienes trabajan incansablemente por transformar realidades: ONG y organizaciones comunitarias que buscan construir un país más justo y solidario.

Desde su creación hace dos décadas, Ayudando a Quienes Ayudan ha evolucionado más allá de la simple entrega de fondos. Se ha convertido en una plataforma de empoderamiento social, ofreciendo recursos económicos —pero también herramientas— a quienes luchan contra la desigualdad desde las trincheras de la salud, la educación, el acceso al agua, el saneamiento, la infraestructura y otras necesidades básicas aún insatisfechas.

“Este programa nació hace 20 años con una misión clara: apoyar a quienes están en el terreno, buscando soluciones reales a problemas urgentes. Hoy celebramos ese compromiso con una nueva edición, fortaleciendo nuestro enfoque multidisciplinario y nuestra fe en el poder de las comunidades organizadas”, afirmó Juana Jule, directora ejecutiva de la FGK.

Dos caminos, una misión

La convocatoria está abierta en dos categorías:

1. Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

Con fondos que oscilan entre $50,000 y $100,000, esta categoría está diseñada para ONGs legalmente constituidas que desarrollen proyectos en áreas como arte y cultura, agricultura, desarrollo económico, empleabilidad y más. La fecha límite de inscripción es el 14 de mayo de 2025.

Para aplicar, las organizaciones deben tener al menos tres años de experiencia en El Salvador, estar inscritas en el Registro del Ministerio de Gobernación, presentar contrapartidas, respetar un límite del 10% en costos administrativos, y aplicar medidas de sostenibilidad ambiental cuando el proyecto lo requiera.

2. Desarrollo Comunitario

Con apoyos económicos entre $5,000 y $15,000, esta categoría prioriza la acción desde la base. Está dirigida a ADESCOS, cooperativas, juntas de agua, centros escolares y otras organizaciones legalmente establecidas en comunidades rurales. Los proyectos deben enfocarse en temas como agua y saneamiento, infraestructura, educación y medio ambiente. La fecha límite para aplicar es el 21 de mayo de 2025.

Entre los requisitos: documentación legal vigente, aportes en especie por parte de la comunidad y experiencia previa en gestión de proyectos. Si se trata de construcción, también se exige la escritura de propiedad o comodato por mínimo 20 años.

¿Cómo participar?

El proceso es completamente en línea y los formularios están disponibles en los siguientes enlaces:

https://ayudandoaquienesayudan.org/requisitos-desarrollo-comunitario/
https://ayudandoaquienesayudan.org/requisitos-ong/

La convocatoria 2025 se presenta como una nueva oportunidad para que la fuerza organizada de El Salvador impulse cambios duraderos. A través de esta iniciativa, la Fundación Gloria Kriete reafirma su compromiso con un país donde el desarrollo sostenible deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad tangible.

La Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador informó que entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 brindó un total de 506,656 servicios de atención a mujeres, lo que representa una disminución del 3 % en comparación con el mismo período anterior, cuando se registraron 521,106 atenciones.

De acuerdo con el informe de rendición de cuentas de la institución, el presupuesto asignado en 2024 para atender casos de violencia y discriminación contra las mujeres fue de $1,994,380, monto destinado principalmente al pago de salarios del personal especializado en esta área.

Una parte clave de esta labor se desarrolla en la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM), donde se atendieron 61,029 mujeres. Estas unidades están presentes en las procuradurías auxiliares departamentales y cuentan con tres delegadas especializadas, junto a un equipo compuesto por 35 defensoras públicas especializadas, dos auxiliares jurídicas, 14 psicólogas y siete trabajadoras sociales.

Entre los departamentos con mayor cantidad de atenciones destacan San Salvador, con 14,846 casos; La Libertad Sur, con 6,589; y San Miguel, con 5,872 atenciones registradas.

Además, en coordinación con el programa Ciudad Mujer, se atendieron 10,917 mujeres a través de servicios como formación técnica, emprendimiento, salud sexual y reproductiva, créditos para mujeres y fortalecimiento de la autonomía financiera.

Detalle de servicios prestados

Durante el periodo reportado, la PGR brindó diversos servicios a las mujeres salvadoreñas:

• 170,297 atenciones generales a usuarias de la institución.
• 769 mujeres fueron acreditadas como mediadoras en sus comunidades.
• 40,929 atenciones psicosociales.
• 32,825 mujeres atendidas en el centro de atención virtual.
• 6,055 atenciones en control de fondos a terceros.
• 53,436 mujeres beneficiadas con defensa pública penal.
• 11,280 mujeres recibieron asesoría en derechos patrimoniales.
• 1,280 atenciones relacionadas con desplazamiento forzado interno.
• 66,189 servicios en temas de familia.
• 537 servidoras públicas y 9,694 trabajadoras atendidas en materia laboral.
• 4,490 mujeres recibieron apoyo en ludotecas.
• 6,148 atenciones en mediación y conciliación.
• 26,248 mujeres fueron atendidas en temas vinculados a niñez y adolescencia.
• 335 atenciones relacionadas con penas juveniles.
• 289 mujeres fueron orientadas sobre quejas y denuncias.
• 163 servicios brindados a través de unidades móviles o itinerantes.
• 3,747 trámites notariales realizados para mujeres.

La reciente decisión del expresidente Donald Trump de imponer un arancel del 104% a todos los productos importados desde China ha sacudido con fuerza al gigante tecnológico Apple. La medida, que busca proteger la industria estadounidense, ya ha tenido consecuencias directas: el coste de producción de un iPhone se ha disparado en más de 300 dólares.

Apple, que fabrica la mayoría de sus dispositivos en China, se ve ahora obligada a enfrentar un sobrecoste que afecta directamente a su producto estrella: el iPhone. El modelo iPhone 16 Pro Max, por ejemplo, pasaría de costar 550 dólares en producción a unos 850 dólares, según cifras publicadas por The Wall Street Journal.

Este incremento podría trasladarse a los consumidores. Un informe de Rosenblatt Securities, recogido por Reuters, señala que los precios del iPhone podrían aumentar hasta un 43%. Así, el modelo más caro —el iPhone 16 Pro Max de 1 terabyte— pasaría de 1.599 a casi 2.300 dólares en Estados Unidos.

En Europa, especialmente en países como España, el impacto también podría sentirse, aunque de forma distinta por los ya elevados precios base: el mismo modelo ya cuesta en torno a los 1.969 euros.

Las repercusiones no se han hecho esperar. Apple ha perdido cerca de un 23% de su valor bursátil desde que se anunciaron los aranceles, lo que equivale a más de 300.000 millones de dólares evaporados. La caída ha permitido que Microsoft recupere el primer lugar como la compañía con mayor capitalización del mundo.

Ante la emergencia, Apple ha reaccionado con rapidez: fletó cinco aviones con iPhones ensamblados en India para abastecer el mercado estadounidense antes de la entrada en vigor del arancel. Sin embargo, esta solución es temporal y costosa. Además, los productos procedentes de India y Vietnam también han sido alcanzados por nuevos aranceles del 27% y 46%, respectivamente.

La tensión comercial ha resucitado un viejo debate: ¿por qué Apple no fabrica en EE.UU.? La respuesta, según los propios fundadores y ejecutivos de la empresa, es simple: no existe en el país la infraestructura ni el volumen de ingenieros cualificados necesarios. China sigue ofreciendo ventajas en costes, velocidad y capacidad técnica que hoy no pueden replicarse en suelo estadounidense.

Con el mercado global en alerta, las decisiones políticas vuelven a poner en jaque a la industria tecnológica. Y mientras se redefinen las reglas del juego comercial, los consumidores podrían ser los primeros en pagar el precio.

El cabecilla de la célula Centrales Locos Salvatruchos, César Ernesto Álvarez, conocido como “Lobo”, pasará el resto de su vida en prisión. Él es pandillero de la MS-13.

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado lo sentenció a 321 años de cárcel por una larga lista de crímenes: tres homicidios agravados, once extorsiones, seis intentos de asesinato, tráfico de drogas y pertenencia a agrupaciones ilícitas.

Álvarez era uno de los máximos líderes del programa Centro de la MS-13, y operaba principalmente en zonas urbanas de alta densidad como la colonia Escalón, San Antonio Abad y Miramonte.

No fue el único condenado. Bryan Enrique Chicas Martínez, alias “Delincuente de Iberia”, también recibió una dura sentencia: 111 años de prisión. Se le procesó por homicidio agravado, extorsión y vínculos con pandillas. Era uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil.

Otras ocho personas vinculadas a las clicas Centrales y Leewards también fueron sentenciadas. Las penas oscilan entre 21 y 72 años, según confirmó la Fiscalía.

Las autoridades aseguran que con esta condena se golpea directamente a los remanentes de estructuras criminales que todavía operan en ciertos sectores del país.