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El CNJ concluye otro módulo del programa de formación especializada en derecho probatorio

El proyecto de capacitación busca que funcionarios judiciales tengan mejores conocimientos y elementos de análisis sobre la importancia de las sentencias judiciales.

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El módulo II del Programa de Formación Especializado en Derecho Probatorio en el Sistema Penal Salvadoreño, titulado «El Derecho Probatorio aplicado en la fundamentación de la sentencia», fue concluido este lunes por parte del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Este curso, que forma parte del Proyecto Justicia de Dexis Consulting Group y cuenta con el apoyo de USAID El Salvador, es considerado un gran avance en la capacitación de los operadores del sistema judicial salvadoreño.

El programa, dirigido a secretarios y colaboradores judiciales de Cámaras, Juzgados de Sentencia, Instrucción y otras jurisdicciones penales en las zonas central y paracentral del país, se centró en profundizar la comprensión sobre la fundamentación de las sentencias penales.
Durante este módulo, los participantes abordaron la importancia de los elementos y tipos de errores en las sentencias, así como los mecanismos de control disponibles a través del recurso de apelación.

Cooperación y capacitación

El éxito de este módulo es fruto de la colaboración entre Dexis Consulting Group y USAID El Salvador, que han brindado apoyo significativo para fortalecer el sistema judicial salvadoreño.
El curso ha sido diseñado para mejorar la capacidad de los funcionarios judiciales en la aplicación correcta del derecho probatorio, un aspecto fundamental para garantizar la justicia en el sistema penal.

Durante el módulodesarrollo, los participantes exploraron a fondo cómo los errores en las sentencias pueden impactar la justicia y qué medidas se pueden tomar para corregirlos.
El curso también cubrió los mecanismos de apelación disponibles para revisar y corregir sentencias, proporcionando a los asistentes herramientas valiosas para su trabajo diario.
La capacitación ofrecida en este módulo tiene un impacto directo en la calidad de las sentencias y en la eficacia del sistema judicial en general.

Al mejorar el conocimiento y las habilidades de los colaboradores judiciales, se espera que el sistema penal salvadoreño sea más robusto y justo.
La culminación de este módulo es un paso importante en la serie de formaciones programadas para este año, las cuales buscan elevar el nivel de competencia y profesionalismo en el ámbito judicial.

Este éxito no solo destaca el compromiso de Dexis Consulting Group y USAID El Salvador con la justicia en El Salvador, sino también el esfuerzo continuo de los operadores judiciales por mejorar la administración de justicia en el país. El próximo módulo del programa promete seguir avanzando en la capacitación especializada para enfrentar los retos del sistema penal salvadoreño.

Para más información sobre el programa y futuros módulos de capacitación, los interesados pueden contactar a los organizadores a través de los canales oficiales del Proyecto Justicia.

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La Corte Suprema de Justicia recuerda las causas legales del divorcio, incluida la vida intolerable

Cuando la vida conyugal es “un infierno”, hay una causal para el divorcio, recuerda la CSJ.

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La Corte Suprema de Justicia, en un esfuerzo por divulgar los derechos y deberes legales de los ciudadanos, ha resaltado las diversas causas por las cuales se puede solicitar el divorcio, entre ellas, la denominada «vida intolerable».

Según la ley, si un matrimonio afecta la salud física o emocional de alguno de los cónyuges, este puede ser un motivo válido para disolver el vínculo matrimonial.
El divorcio puede ser solicitado por distintas razones, entre las cuales se incluyen:

  1. Mutuo consentimiento: Cuando ambas partes están de acuerdo en la disolución del matrimonio.
  2. Separación de los cónyuges: En caso de que los cónyuges hayan estado separados por un año o más.
  3. Vida intolerable: Situaciones donde la convivencia en el matrimonio se vuelve insostenible y perjudica gravemente la salud de alguno de los cónyuges.
  4. Incumplimiento grave de los deberes conyugales: Incluye la falta de igualdad de derechos y deberes, la ausencia de convivencia, la infidelidad, y la falta de apoyo mutuo en todas las circunstancias.
  5. Mala conducta notoria: Cuando uno de los cónyuges pone en peligro la salud física o emocional del otro, debido a conductas dañinas o abusivas.
  6. Cualquier otro hecho grave: Cualquier otro acontecimiento que se considere suficientemente grave y similar a los anteriores para justificar la disolución del matrimonio.

La Corte subraya que el derecho al divorcio está protegido por la ley y busca asegurar que las personas puedan vivir en condiciones saludables y respetuosas dentro de sus relaciones conyugales.

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El Consejo Nacional de la Judicatura impulsa formación en criterios de especialización judicial

En CNJ continúa con sus jornadas de capacitación a diferentes sectores relacionados con la aplicación de la justicia.

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El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada formativa enfocada en los “Criterios de especialización para una eficiente administración de justicia”, en colaboración con la Oficina de Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT).

La actividad, que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del funcionariado judicial, se centró en áreas clave del derecho penal, civil y mercantil.

La capacitación estuvo dirigida a un amplio sector del sistema de justicia, incluyendo al personal de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), y defensores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

De igual forma, se destacó la participación de funcionarios con competencia en diversas ramas del derecho, como los encargados de la administración de justicia en el ámbito civil, mercantil y penal.

El CNJ anunció que esta formación se replicará próximamente con profesionales encargados de funciones de secretarías y colaboración judicial en los juzgados de Paz y Primera Instancia, tribunales y juzgados de Sentencia, así como en las Cámaras de Segunda Instancia.

Esta ampliación permitirá alcanzar una mayor cobertura entre los servidores judiciales, fortaleciendo la especialización en las distintas áreas del derecho.

Con este tipo de iniciativas, el CNJ reafirma su compromiso con la mejora continua del sistema judicial y el acceso a la justicia, promoviendo la profesionalización y la eficiencia en la administración de justicia en el país.

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Exfuncionarios del gobierno de Funes condenados por desvío de fondos públicos

Vanda Pignato, exesposa de Mauricio Funes, recibió una condena de 3 años de prisión, que serán sustituidos por trabajo público. Entre los exfuncionarios condenados está el expresidente de CIFCO, el del Banco Hipotecario y el exsecretario de Comunicaciones.

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), quienes fueron encontrados culpables de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y otros delitos relacionados. Las penas varían entre 3 y 13 años de prisión, en el marco del caso conocido como Saqueo público.

La exprimera dama de El Salvador, Vanda Pignato, fue condenada a 3 años de prisión por el delito de simulación de delito, aunque su pena será sustituida por trabajos comunitarios.

Pignato fue absuelta del cargo de lavado de dinero, pero hallada culpable de simular delitos relacionados con la gestión de fondos públicos.

Otros exfuncionarios de alto rango en el gobierno de Funes también fueron condenados. José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé», expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), recibió una pena de 6 años de cárcel por defraudación fiscal, además de una multa de más de $180,000.

Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, fue sentenciado a 8 años de prisión por peculado y a cinco años adicionales por lavado de dinero.

David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, y Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Funes, fueron ambos condenados a 8 años de prisión por lavado de dinero.

Las sentencias son el resultado de un juicio que había sido pospuesto en ocho ocasiones y que concluyó el 7 de noviembre de 2023. El caso involucra el desvío de más de $351 millones de fondos públicos durante la administración de Funes (2009-2014), quien se encuentra prófugo en Nicaragua y disfruta de asilo político.

Según la Fiscalía General de la República, los acusados abrieron cuentas bancarias en el Banco Hipotecario con el objetivo de desviar fondos públicos mediante cheques.

Al menos $270 millones fueron transferidos a cuentas personales del expresidente Funes, quien fue excluido del juicio por no comparecer ni nombrar un abogado defensor. Funes, quien enfrenta cargos relacionados con el desvío de fondos, fue declarado rebelde por el tribunal. El expresidente vive asilado en Nicaragua, para evadir la justicia salvadoreña.

El proceso judicial comenzó en 2022, cuando los imputados fueron enviados a juicio tras una serie de investigaciones que incluyeron más de 25 peritajes financieros y testimonios. Estos elementos probaron cómo los exfuncionarios aprovecharon sus cargos en el gobierno para realizar transferencias ilegales y desviar recursos para su beneficio personal.

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El CNJ refuerza su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades judiciales

El Consejo de la Judicatura desarrolló una nueva capacitación en su sede en Santa Ana, dirigida a secretarios y colaboradores de diferentes cámaras y juzgados.

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El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades judiciales del país, destacando que iniciativas como la desarrollada este miércoles en Santa Ana, “Incidencia del recurso de casación civil y mercantil en la función judicial”, impulsan mejores desarrollos judiciales.

El propósito de la actividad, según las autoridades, es mejorar el acceso a la justicia y garantizar un sistema judicial más eficiente y transparente en beneficio de toda la ciudadanía.

El CNJ, en este caso, contó con la participación de su oficina regional en Santa Ana.
Las charlas forman parte de una serie de acciones que buscan mejorar la capacitación y el desarrollo dentro del sector judicial, con el fin de responder de manera más efectiva a las necesidades de los ciudadanos.

“Este espacio reunió a profesionales con funciones de secretarios y colaboradores de cámaras y juzgados con competencias en el área Civil, Mercantil, Laboral, Medio Ambiente y de Paz, de la zona occidental de nuestro país”, informó el Consejo Nacional de la Judicatura.

Con estas, el CNJ pretende además fortalecer la confianza de la población en el sistema judicial, asegurando que todos los ciudadanos, sin importar su estatus social, tengan acceso a una justicia pronta, imparcial y transparente.

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Corte Suprema inaugura capacitación anticorrupción ISO 37001

En las jornadas impartes a servidores de la CSJ aspectos fundamentales, herramientas y estrategias para prevenir y detectar el soborno en actividades cotidianas.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una serie de capacitaciones sobre el sistema de gestión anti soborno ISO 37001, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.

Estas son impartidas por la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.
La inauguración de las jornadas estuvo a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien también coordina la mencionada comisión.

El curso, dirigido a servidores públicos de diversas dependencias de la Corte, tiene como propósito dotar a los participantes de herramientas efectivas para detectar, prevenir y combatir las prácticas corruptas.

Durante su intervención, el magistrado Martínez destacó la importancia de este proceso formativo, invitando a los participantes a convertirse en agentes multiplicadores de una cultura de cumplimiento normativo.

“Les invitamos a aprovechar esta experiencia y fomentar una cultura de cumplimiento, cerrando las puertas a cualquier forma de corrupción que atente contra el patrimonio del país”, expresó.

Por su parte, Claudia Orozco, directora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, enfatizó la relevancia de la norma ISO 37001 como un marco robusto para implementar un sistema de gestión antisoborno. Orozco subrayó que, a lo largo de las jornadas, se abordarán los principios fundamentales, las herramientas y las estrategias necesarias para prevenir, detectar y abordar el soborno en las actividades cotidianas de los servidores públicos.

Las jornadas de capacitación, que se extenderán a lo largo de 5 sesiones de 4 horas cada una, son organizadas por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Unidad de Recursos Humanos de la CSJ.

La inauguración del evento también contó con la presencia de Julio Alberto Chávez, gerente general de Administración y Finanzas de la Corte, quien expresó su respaldo a esta iniciativa en pro de la transparencia y la integridad institucional.

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