El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada formativa enfocada en los “Criterios de especialización para una eficiente administración de justicia”, en colaboración con la Oficina de Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT).

La actividad, que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del funcionariado judicial, se centró en áreas clave del derecho penal, civil y mercantil.

La capacitación estuvo dirigida a un amplio sector del sistema de justicia, incluyendo al personal de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), y defensores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

De igual forma, se destacó la participación de funcionarios con competencia en diversas ramas del derecho, como los encargados de la administración de justicia en el ámbito civil, mercantil y penal.

El CNJ anunció que esta formación se replicará próximamente con profesionales encargados de funciones de secretarías y colaboración judicial en los juzgados de Paz y Primera Instancia, tribunales y juzgados de Sentencia, así como en las Cámaras de Segunda Instancia.

Esta ampliación permitirá alcanzar una mayor cobertura entre los servidores judiciales, fortaleciendo la especialización en las distintas áreas del derecho.

Con este tipo de iniciativas, el CNJ reafirma su compromiso con la mejora continua del sistema judicial y el acceso a la justicia, promoviendo la profesionalización y la eficiencia en la administración de justicia en el país.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), quienes fueron encontrados culpables de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y otros delitos relacionados. Las penas varían entre 3 y 13 años de prisión, en el marco del caso conocido como Saqueo público.

La exprimera dama de El Salvador, Vanda Pignato, fue condenada a 3 años de prisión por el delito de simulación de delito, aunque su pena será sustituida por trabajos comunitarios.

Pignato fue absuelta del cargo de lavado de dinero, pero hallada culpable de simular delitos relacionados con la gestión de fondos públicos.

Otros exfuncionarios de alto rango en el gobierno de Funes también fueron condenados. José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé», expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), recibió una pena de 6 años de cárcel por defraudación fiscal, además de una multa de más de $180,000.

Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, fue sentenciado a 8 años de prisión por peculado y a cinco años adicionales por lavado de dinero.

David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, y Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Funes, fueron ambos condenados a 8 años de prisión por lavado de dinero.

Las sentencias son el resultado de un juicio que había sido pospuesto en ocho ocasiones y que concluyó el 7 de noviembre de 2023. El caso involucra el desvío de más de $351 millones de fondos públicos durante la administración de Funes (2009-2014), quien se encuentra prófugo en Nicaragua y disfruta de asilo político.

Según la Fiscalía General de la República, los acusados abrieron cuentas bancarias en el Banco Hipotecario con el objetivo de desviar fondos públicos mediante cheques.

Al menos $270 millones fueron transferidos a cuentas personales del expresidente Funes, quien fue excluido del juicio por no comparecer ni nombrar un abogado defensor. Funes, quien enfrenta cargos relacionados con el desvío de fondos, fue declarado rebelde por el tribunal. El expresidente vive asilado en Nicaragua, para evadir la justicia salvadoreña.

El proceso judicial comenzó en 2022, cuando los imputados fueron enviados a juicio tras una serie de investigaciones que incluyeron más de 25 peritajes financieros y testimonios. Estos elementos probaron cómo los exfuncionarios aprovecharon sus cargos en el gobierno para realizar transferencias ilegales y desviar recursos para su beneficio personal.

Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington D.C. destacaron el avance global en la lucha contra la inflación, gracias a las medidas de los bancos centrales y la mejora de las cadenas de suministro.

OTRAS NOTICIAS

➡️ La semana pasada en Wall Street estuvo marcada por una intensa actividad económica y la publicación de resultados trimestrales, incluidos informes de cinco empresas del grupo conocido como “Los Siete Magníficos”.

➡️ Los precios de los bonos del gobierno británico cayeron ante la expectativa de que el presupuesto público hará que aumente la inflación.

La inflación de El Salvador registró un cierre negativo en octubre de 2024, un fenómeno no visto en los últimos 4 años, informó el Banco Central de Reserva (BCR). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en -0.07 %, marcando la primera deflación desde diciembre de 2020, cuando el país reportó una tasa de -0.09 %.

Este resultado se debe a una caída generalizada en los precios de varios bienes y servicios en el país, un hecho que sorprende, pero que no siempre se interpreta de manera positiva por los economistas.

La deflación es una reducción en los precios de bienes y servicios, lo que podría parecer favorable para los consumidores, pero en realidad es un indicador preocupante para la economía.

Los analistas explican que la deflación puede enfriar la actividad económica, ya que puede reducir la demanda de los consumidores, lo que, a su vez, puede afectar la producción de las empresas y generar una menor creación de empleos.

En Centroamérica, Costa Rica experimentó una inflación negativa en 2023 y, para octubre, se mantuvo con una tasa de -0.79 %. El IPC de El Salvador está compuesto por 12 sectores, que cubren una canasta de 238 productos y servicios de uso común entre los salvadoreños.

Según el BCR, cinco de estos sectores registraron deflación, mientras que tres experimentaron aumentos y cuatro reportaron desaceleración en su ritmo inflacionario. Los sectores que impulsaron la deflación fueron principalmente los alimentos, el transporte y algunos bienes de consumo, como muebles y artículos para el hogar.

El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa una parte significativa de la canasta básica, mostró una caída de precios, pasando de una inflación de 1.21 % en septiembre a -0.34 % en octubre.

Esta es la primera vez desde julio de 2021 que este sector registra una inflación negativa, tras una larga tendencia alcista que comenzó después de la pandemia de COVID-19, cuando las cadenas logísticas globales fueron interrumpidas.

Otros sectores, como el de transporte, también reflejaron una caída importante, con una deflación de -5.34 %, seguida de comunicaciones con -0.69 % y recreación y cultura con -2.47 %.

Por otro lado, algunos sectores mostraron aumentos en los precios durante octubre.
El sector de bebidas alcohólicas y tabaco fue uno de los más destacados, con un aumento en la inflación que pasó de 1.70 % en septiembre a 1.84 % en octubre. Además, los precios de alojamiento, agua y electricidad aumentaron, pasando de una inflación de 1.15 % a 1.68 %, lo que refleja el impacto de los costos de servicios básicos en el bolsillo de los salvadoreños.

Asimismo, los precios en el sector salud aumentaron de 2.38 % a 2.60 %, lo que podría generar preocupación en los consumidores debido al impacto de estos servicios en el presupuesto familiar.

En cuanto a otros sectores, algunos experimentaron una desaceleración en su ritmo inflacionario. El sector de prendas de vestir y calzado pasó de una inflación de 0.75 % en septiembre a 0.71 % en octubre, mientras que los restaurantes y hoteles redujeron su tasa inflacionaria, pasando de 5.35 % a 4.62 %. De igual manera, el sector de bienes y servicios diversos vio una desaceleración, con una reducción de 1.14 % a 0.79 %.

El sector de educación, por su parte, mantuvo una tasa inflacionaria estable de 0.43 %, la misma reportada desde abril de 2024.

El más reciente informe del Ministerio de Hacienda revela que, al cierre de octubre de 2024, los ingresos corrientes y contribuciones del Estado experimentaron un crecimiento del 7.1 %, lo que representa un aumento de $431.1 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

Este incremento marca la tendencia positiva en la recaudación fiscal del país y resalta una gestión fiscal sólida por parte del Gobierno.

Hasta octubre, las arcas del Estado habían recibido un total de $6,461.9 millones, superando las proyecciones gubernamentales en $127.5 millones. Este resultado refuerza las expectativas de una recaudación fiscal robusta durante el presente año.

El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) ha sido el principal impulsor de este crecimiento. Según el informe, hasta el décimo mes del año, se recaudaron $2,890.5 millones por concepto de IVA, superando en $163.1 millones las metas establecidas, lo que representa un crecimiento interanual del 10 % (un aumento de $263.6 millones).

Dentro de la recaudación del IVA, el segmento más relevante ha sido el de las importaciones, que generaron $1,552.9 millones, mientras que las declaraciones de los contribuyentes sumaron $1,337.5 millones, con un crecimiento interanual de 9.6 %.

Por otro lado, el Impuesto sobre la Renta (ISR) ha mantenido su tendencia al alza, alcanzando los $2,706.6 millones hasta octubre. En este caso, las retenciones fueron las que aportaron una mayor cantidad, con $1,179 millones, registrando una variación positiva de 9.5 %. Las declaraciones, aunque con una tasa de crecimiento más moderada (7.3 %), superaron en $22.9 millones las previsiones de Hacienda. Además, el pago a cuenta del ISR contribuyó con $610.8 millones.

Los impuestos selectivos al consumo, que gravan productos como alcohol, cerveza, cigarrillos y bebidas gaseosas, también registraron un importante aporte de $194.4 millones. Asimismo, los tributos relacionados con migración, turismo y la transferencia de bienes raíces aportaron $91.2 millones a la recaudación.

Este continuo crecimiento en la recaudación no es un fenómeno aislado. En los últimos cuatro años, los ingresos fiscales han mostrado una mejora constante.

Al cierre de octubre de 2022, la diferencia con respecto al mismo período de 2021 fue de $701.5 millones; en 2023, el aumento fue de $258.3 millones, y este año la variación es de $431.1 millones.