La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa ha emitido un dictamen favorable para la ratificación de la adhesión de El Salvador a la Convención sobre Circulación Vial de 1968. Este tratado internacional busca facilitar la circulación por vías públicas terrestres y aumentar la seguridad vial a través de la adopción de reglas uniformes de circulación.

Patricia Aguilera Brand, directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó durante una reunión con los parlamentarios que, aunque la convención es antigua, sigue ofreciendo importantes beneficios a los países miembros. Aguilera enfatizó que la uniformización de las regulaciones viales a nivel nacional, regional e internacional es crucial para mejorar la seguridad y facilitar el comercio.

«Parte del comercio se mueve por medio del transporte de carga; por ello, es importante contar con estas regulaciones internacionales acorde a nuestra legislación. Actualmente, son más de 125 países miembros que pertenecen a esta convención», afirmó Aguilera Brand.

La convención también establece normas para automóviles y remolques internacionales, incluyendo disposiciones sobre matrícula, signos distintivos, marcas de identificación y permisos de conducción.

El diputado Raúl Chamagua destacó la importancia de la uniformidad legislativa para facilitar la comprensión de señales de tráfico por parte de turistas extranjeros. «Uno de los beneficios es que ayuda a adaptar las señales, los signos viales y otras herramientas para los turistas. Estos signos de educación vial debemos aprenderlos ya que son universales y está contemplado en la convención cómo se van a utilizar los colores, formas, etc.», apuntó Chamagua.

La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de que se apruebe un contrato de préstamo suscrito, el 7 de mayo pasado, entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $84 millones.

Este financiamiento se destinará al «Programa de Facilitación Comercial y Modernización de Operación Portuaria en El Salvador», cuyo principal objetivo es optimizar los tiempos de las operaciones portuarias, mejorar la eficiencia del control aduanero y agilizar la inserción del país en el comercio global.

El programa se centra en mejorar las infraestructuras y procesos operativos de los puertos de Acajutla y Cutuco, clave para el comercio exterior de El Salvador. Las mejoras abarcarán desde la construcción de nuevos accesos y la reordenación de espacios portuarios hasta la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión de procesos y control aduanero.

Componentes del Proyecto

El proyecto contempla cuatro componentes principales:

1. Mejora de la Operación del Puerto de Acajutla: Este componente incluirá la construcción y habilitación de nuevos accesos y la infraestructura complementaria necesaria para optimizar las operaciones portuarias.
2. Desarrollo de un Ecosistema Digital para el Comercio Exterior: Se enfocará en la creación de soluciones tecnológicas que faciliten la digitalización de los procesos de comercio exterior, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de operación.
3. Digitalización del Control Aduanero: Este componente se encargará de modernizar el sistema de control aduanero, implementando tecnología avanzada para agilizar y asegurar las operaciones aduaneras.
4. Actividades de Apoyo para la Ejecución del Programa: Se incluirán medidas como la reubicación de talleres y otras infraestructuras, así como la capacitación y desarrollo de recursos humanos necesarios para la implementación exitosa del programa.

El financiamiento del BID tendrá una vigencia de 25 años, lo que brinda un marco temporal amplio para la implementación y consolidación de las mejoras proyectadas. Este proyecto no solo representa un avance significativo para el sector portuario, sino también una oportunidad para fortalecer la economía nacional y fomentar el desarrollo sostenible.

La Alcaldía de San Salvador Centro emitió ordenanza para la dispensa de intereses moratorios por tasas y contribuciones especiales aplicadas a la propiedad inmobiliaria, válida durante 30 días.

Esta medida tiene como objetivo facilitar a los propietarios de inmuebles la actualización de sus pagos de tributos municipales, en los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado

La dispensa abarca servicios esenciales como aseo, alumbrado eléctrico y disposición final de residuos, así como contribuciones especiales generadas hasta el 31 de abril de 2024, las cuales suelen estar reflejadas en los recibos de energía eléctrica. Con esta ordenanza, los contribuyentes podrán ponerse al día con sus pagos sin la carga adicional de intereses moratorios.

Los propietarios interesados en beneficiarse de esta dispensa tienen la opción de solicitar planes de pago a plazos de hasta 12 meses. Para ello, deben cumplir con ciertos requisitos, como presentar una solicitud en cualquiera de los Puntos de Atención Empresarial (PAE) o en el Centro de Atención Tributaria (CAT), y abonar una prima del 30% de la deuda total.

Es importante destacar que esta dispensa no se aplica a deudas relacionadas con multas, inscripciones extemporáneas, deudas comerciales, elementos publicitarios o deudas que ya estén sujetas a procesos de cobro judicial.

Los pagos pueden realizarse de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Centro de Atención Tributaria (CAT), la agencia en Metrocentro y en las sedes distritales designadas.

El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, presentó esta semana un proyecto de una nueva Ley de Educación Superior con el objetivo de actualizar la estructura de las instituciones de educación.

Según los considerandos de motivos, el nuevo proyecto de ley tiene como objetivo principal desarrollar el pleno potencial de los profesionales de la docencia en educación superior, así como fomentar el arte, el deporte, la cultura, la paz, el estado de derecho, la ciudadanía responsable y la seguridad jurídica. Además, busca promover alianzas estratégicas con entidades gubernamentales para desarrollar políticas públicas que respondan a las necesidades de la sociedad y actualizar la Política Nacional de Educación Superior para fortalecer este nivel educativo.

Una de las principales modificaciones del proyecto de ley es la reestructuración del Consejo de Educación Superior, eliminando la mención específica de la Universidad de El Salvador (UES). Ahora, se incluirán dos representantes de instituciones estatales, sin mencionar explícitamente a la UES. La actual Comisión de Acreditación de la Calidad Académica será renombrada como Consejo Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Conaces).

El proyecto también otorga a la máxima autoridad del Mineducyt la facultad de remover a los miembros del Consejo de Educación Superior y del Conaces por 12 causas específicas, incluyendo ineptitud, abuso de autoridad y condenas por delitos.

Otro cambio significativo es la redefinición del sistema de unidades valorativas a créditos académicos, donde un crédito equivale a 25 horas de trabajo del estudiante, reemplazando las unidades valorativas actuales basadas en 20 horas de trabajo en ciclos de 16 semanas. Además, se establece que los estudiantes deberán acreditar, como mínimo, el dominio intermedio de un segundo idioma para graduarse.

Los requisitos de graduación también se modifican, estableciendo que para pregrado se requiere completar al menos el 25% de los créditos académicos y para posgrado el 50%. El servicio social universitario continuará siendo un requisito para grados de técnico, tecnólogo, licenciatura, ingeniería, arquitectura y profesorado, pero ya no para posgrados.

En cuanto a los créditos académicos por grado, el proyecto establece que un técnico debe completar 120 créditos académicos, un tecnólogo 180, y una licenciatura, ingeniería, arquitectura o profesorado 240. Para un doctorado en medicina general y odontología general se requieren 540 créditos académicos, incluyendo un año de internado rotatorio.

Las maestrías tendrán una exigencia entre 60 y 120 créditos académicos, las especialidades en ciencias de la salud entre 120 y 180 créditos, y los doctorados requerirán 300 créditos académicos para ingreso, 60 créditos en el periodo de formación y 120 créditos en el periodo de investigación.

El proyecto de ley ha sido enviado a la Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa para su estudio. De ser aprobada, esta nueva normativa promete mejorar la calidad y la eficiencia de la educación superior en El Salvador.

Luego que la Asamblea Legislativa aceptará las observaciones hechas por Presidencia a las reformas la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, estas han sido publicadas en el Diario Oficial del seis de mayo.

Las reformas establecen la facultar de vigilar el cumplimiento del precio de venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, el control y la vigilancia sobre los precios del GLP tanto para uso doméstico como para negocios de subsistencia.

Según el proyecto, el Precio Base de la Estructura de Comercialización, establecido por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, será supervisado en toda la cadena de distribución. Esto garantizará que los precios establecidos para cada actor de la cadena sean respetados, sin posibilidad de alteraciones.

Como parte de las medidas de control, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas llevará a cabo la supervisión del cumplimiento de la estructura de precios. Cualquier diferencia encontrada en la cadena de comercialización constituirá una infracción grave.

El decreto responde a la observación de que algunos actores en la cadena de suministro o distribución están encareciendo el producto a pesar de recibir subsidios, haciendo necesario actualizar el marco regulatorio relacionado con el sistema de precios del GLP.