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Diputado solicita que instituciones públicas brinden servicio en lenguaje de señas

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El diputado Juan Carlos Mendoza presentó una pieza de correspondencia en el sentido se adicione un inciso al Art. 41 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad que el sector público y sus dependencias, capaciten personal a su disposición para que aprendan lo básico del lenguaje de señas.

Con la reforma las instituciones públicas y privadas abiertas al público en general, procurarán brindar información de acuerdo a modelos o formatos tecnológicos universales, acorde a la normativa internacional respectiva.

Para dar cumplimiento a lo anterior, las instituciones podrán utilizarse programas. sistemas, medidas, mecanismos y tecnología adecuada, tales como la lengua de señas, el sistema de lecto-escritura braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación e información, a fin de asegurar el derecho de información y comunicación de las personas con discapacidad.

El sector público y sus dependencias, deberán capacitar personal a su disposición para que aprendan lo básico de la lengua de señas y servir de intermediarios, facilitar la asistencia y acceso a la información de las personas sordas.

Este año entró en vigencia la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que crea un nuevo Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad CONAIPD, que se relacionará y coordinará con los demás Órganos del Estado por medio del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Así también, El Salvador es firmante de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, en el cual obliga adoptar todas las medidas legislativas para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que contribuyan a la discriminación contra las personas con discapacidad.

Según estadísticas realizadas por la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTYC, con el apoyo técnico de la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el 6.4% de la población posee alguna discapacidad y de estas aproximadamente 40,000 personas son sordas, las cuales se comunican con el lenguaje de señas, situación que complica ya que les es difícil ser comprendidas cuando se avocan a instituciones públicas, pues no existen personas capacitadas o que conozcan este lenguaje.

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Ministro de Justicia y Seguridad solicita aprobación de ley para fortalecer la ciberseguridad en instituciones públicas

Según Gustavo Villatoro, la ley busca proteger información estatal de ciberataques.

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El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una “Ley de ciberseguridad y seguridad de la información”. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio para vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en las instituciones públicas.

El proyecto, presentado el 15 de octubre, fue recibido por el pleno de la Asamblea el 30 de octubre y ha sido asignado a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.

La ley propone la creación de una Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director general será nombrado por el presidente de la República.

La propuesta tiene como objetivo establecer principios y políticas que regulen la protección de la información estatal, ante el creciente riesgo de compromisos a la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos de las entidades gubernamentales.

Villatoro advirtió sobre la «amenaza de ciertos comportamientos» que ponen en peligro el bienestar de la ciudadanía y la continuidad de las funciones del Estado. Entre las atribuciones de la nueva agencia se incluyen la facultad de requerir información a las entidades estatales en caso de incidentes de ciberseguridad y la creación de un Registro

Nacional de Amenazas e Incidentes. Asimismo, se prevé la posibilidad de sancionar a empleados o funcionarios por infracciones, que pueden ir desde despidos hasta multas que oscilan entre uno y 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.

La ley también contempla sanciones severas para quienes obstaculicen las medidas de ciberseguridad o presenten información incorrecta a la agencia.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Gobierno para mitigar los riesgos cibernéticos y garantizar la seguridad de la información en el sector público.

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La Defensoría del Consumidor ha recuperado este año $30 millones

De acuerdo a información oficial, la recuperación de este dinero ha beneficiado a 31,000 consumidores en 2024.

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Hasta el 20 de octubre en este año, la Defensoría del Consumidor (DC) logró recuperar $30 millones a favor de más de 31,000 consumidores que presentaron denuncias sobre irregularidades en el ámbito comercial.

El presidente de la DC, Ricardo Salazar, destacó que estas recuperaciones reflejan el compromiso de la institución en proteger los derechos de los consumidores salvadoreños.

Los sectores más denunciados en lo que va del año incluyen inmobiliarias, servicios financieros, turismo y servicios generales. Según Salazar, la mayoría de las devoluciones se ha dado en el sector inmobiliario, con más de $18 millones destinados a 2,417 personas.

En el sector financiero, se recuperaron más de $8.1 millones para 11,527 consumidores, mientras que en turismo se devolvieron $877,000 a 476 personas y en servicios generales, $755,000 a 13,281 ciudadanos.

De los $30 millones recuperados, el 63% se procesó a través de casos colectivos, que equivalen a más de $19 millones, y el 37% corresponde a casos individuales, sumando más de $10.9 millones.

Este enfoque ha permitido a la Defensoría atender de manera más efectiva las demandas de los consumidores, que han aumentado significativamente.
Salazar también subrayó que la confianza de la población en la Defensoría se refleja en el registro de más de 24,000 denuncias hasta la fecha, cifra que ya supera el total de denuncias recibidas en todo 2023.

“Este incremento indica una mayor confianza de los consumidores en nuestra institución y nuestro compromiso por ofrecer un servicio efectivo y oportuno», afirmó.

De cara al cierre del año, la DC dijo que mantendrá una vigilancia activa sobre la actividad comercial, especialmente durante eventos como el Viernes Negro y las festividades de Navidad y Año Nuevo.

«Continuaremos con los esfuerzos de verificación para asegurar que las ofertas y promociones sean justas y se respeten las garantías», concluyó Salazar.

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La amnistía fiscal vence el 2 de diciembre, ¿qué ocurre si no pago mi deuda con el Estado?

La amnistía decretada por la Asamblea Legislativa permite ponerse al día con el pago de impuestos sin enfrentar multas por los retrasos. En el país, evadir el fisco es un delito.

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La amnistía fiscal de 3 meses decretada por la Asamblea Legislativa, que permite a los contribuyentes saldar sus deudas con el Ministerio de Hacienda sin enfrentar multas ni recargos, continúa vigente y es la oportunidad para saldar esas inquietantes deudas con el fisco.

El decreto vence el 2 de diciembre de 2024 y otorga a los deudores la posibilidad de establecer planes de pago de hasta nueve meses. Durante este período, cualquier contribuyente puede solicitar un plan a la Dirección de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas o la administración pública. La primera cuota del plan debe ser el 10% de la deuda, a partir de la resolución de la solicitud.

Esta amnistía es especialmente relevante para aquellos con procesos pendientes en varias fases, incluyendo la jurisdicción contenciosa administrativa y la Fiscalía General de la República. Además, pueden beneficiarse aquellos que hayan declarado saldos a favor o que hayan presentado declaraciones fuera de plazo antes del 31 de julio de 2024.

Pero, ¿qué ocurre si alguien no salda esa deuda con el Estado? Es fundamental recordar que no cumplir con las obligaciones tributarias puede acarrear serias consecuencias legales.

En El Salvador, la evasión de impuestos se clasifica como un delito, lo que puede resultar en penas de prisión que van de cuatro a ocho años, dependiendo del monto evadido. Las autoridades fiscales están facultadas para iniciar acciones penales contra quienes no cumplan con sus deberes tributarios, incluso si han sido sujetos de fiscalización.

Por tanto, aquellos que opten por no pagar sus impuestos podrían enfrentarse a procesos judiciales que no sólo comprometen su libertad, sino que también pueden afectar su situación económica y social.

Asimismo, la falta de cumplimiento tributario no sólo tiene repercusiones legales, sino que también puede perjudicar la reputación del contribuyente. Las sanciones impuestas pueden incluir multas significativas, que agravan la carga financiera de los deudores y dificultan su capacidad para regularizar sus deudas en el futuro.

En un contexto donde la amnistía fiscal ofrece una vía de escape, la decisión de ignorar estas obligaciones podría resultar en consecuencias duraderas que impacten en la vida personal y profesional de los ciudadanos salvadoreños.

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El Salvador fue sede de curso regional anticorrupción en la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley

Con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la ILEA capacitó a 43 representantes de 6 países en técnicas y estrategias anticorrupción y en métodos para la recuperación de activos.

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En un esfuerzo por combatir la corrupción en la región, se llevó a cabo esta semana un curso intensivo sobre anticorrupción y recuperación de activos en las instalaciones de Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés).

Este programa fue posible gracias al apoyo de la Oficina del Departamento de Justicia (OPDAT) de los Estados Unidos, que se comprometió a fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de la ley.

Fueron 43 de cuerpos de seguridad de Aruba, Belice, Curazao, Guyana, República Dominicana y El Salvador participaron activamente en esta capacitación, la cual se desarrolló a lo largo de 5 días.

El curso tuvo como objetivo mejorar las técnicas de los funcionarios para enfrentar la corrupción pública y facilitar la recuperación de los recursos que han sido desviados por este tipo de delitos.

La ceremonia de clausura, que se celebró el viernes, fue presidida por autoridades de ILEA, quienes hicieron entrega de las certificaciones a los participantes. Durante el evento, se resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades de los funcionarios en la región.

La participación de delegaciones de Aruba, Belice, Curazao, Guyana, República Dominicana, San Martín y El Salvador demuestra el compromiso colectivo de estos países en la erradicación de la corrupción y en la promoción de una gobernanza más transparente.
Este curso no solo representa un avance en la capacitación de los funcionarios, sino que también subraya la urgencia de una acción coordinada y efectiva en la lucha contra la corrupción, un fenómeno que afecta gravemente el desarrollo y la estabilidad de las naciones.

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Corte Suprema invita a reponer tarjeta de abogacía con proceso seguro

La reposición de la tarjeta de identificación en caso de daño o deterioro de esta debe hacerse en la Sección de Investigación Profesional.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó a los abogados salvadoreños el procedimiento para la reposición de la tarjeta de identificación profesional en caso de deterioro o daño.

Los profesionales del derecho que necesiten reponer su identificación deben presentar un escrito dirigido a la Sección de Investigación Profesional, el cual puede entregarse en las oficinas de San Salvador o en las oficinas regionales de Santa Ana y San Miguel.

Además, se deberá adjuntar una copia simple de la tarjeta dañada para respaldar la solicitud.
Una vez que la nueva tarjeta esté lista, los solicitantes recibirán una notificación a través de los medios indicados en su escrito.

La entrega de las tarjetas se llevará a cabo en el Área de Carnetización de la Sección de Investigación Profesional, ubicada en el cuarto nivel de las Oficinas Administrativas y Jurídicas en San Salvador.

La CSJ ha instado a los profesionales del derecho a realizar este proceso de manera rápida y segura para asegurar la continuidad de sus funciones legales.

Para más información o consultas, los abogados pueden comunicarse a través del correo electrónico proporcionado por la CSJ.

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