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Dictamen favorable para disolver el Fondo Ambiental de El Salvador

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La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático emitió un dictamen para el proyecto de ley que contiene la petición para disolver el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), y ser sustituida por la recientemente creada Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

Los legisladores recibieron al director del FONAES, Jorge Castaneda, quien destacó que las competencias y atribuciones de la institución son afines a lo establecido en el artículo 122 de la normativa del agua,  en la que se establece que la ASA debe desarrollar acciones para proteger, mejorar o mantener las condiciones de disponibilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad.

Según la propuesta las funciones del ASA son similares a las de FONAES por lo que están duplicadas. La ASA tendrá las funciones del FONAES en todas las leyes que se mencione y la sustituirá en todos los contratos y convenios de cooperación suscritos antes de la disolución.

El dictamen establece que el personal actual que labora en el FONAES pasará a formar parte del personal de la ASA, a partir del 13 de julio de 2022, previa evaluación de desempeño e idoneidad del mismo.

En el caso que un trabajador contratado por tiempo indefinido fuere cesado de sus labores en razón de la disolución del FONAES, tendrá derecho a que se le indemnice con una cantidad equivalente a un salario mínimo mensual del sector comercio y servicio, por cada año de servicio prestado a FONAES y proporcionalmente por fracciones del año.

El artículo 7 también menciona que «en ningún caso el monto total en concepto de indemnización será menor del equivalente a un mil noventa y cinco Dólares de los Estados Unidos de América ($1,095.00)».  

Igualmente, se asumirá las obligaciones laborales y demás prestaciones del personal del FONAES para que pasen a ser parte de la ASA, pudiendo disponer para esos efectos, del patrimonio de dicha institución.

Según la ley de creación del FONAES sus funciones son la “captación de recursos financieros y la administración de los mismos para el financiamiento de planes, programas y proyectos, y cualquier actividad tendiente a la protección, conservación, mejoramiento, restauración y el uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente”. Mientras que la ASA, según la Ley de Recursos Hídricos, es el ente rector de los recursos hídricos.

El decreto facultaría a la ASA a suscribir convenios de cooperación con otras instituciones del Estado, y derogaría todo el decreto de creación del Fonaes, en donde se incluyen sus funciones actuales.

La ASA es una institución encargada de autorizar todo el uso del agua en El Salvador para cualquier fin, según la nueva ley de recursos hídricos que iniciará su vigencia en julio de 2022.

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Noticias

Instalan Comisión Política ante próxima elección de cargos de segundo grado

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Luego de establecerse y definir cargos en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, su presidente, el diputado Ernesto Castro, anunció que se viene mucho trabajo con la próxima elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Castro reiteró que seguirán el mismo proceso empleado en anteriores elecciones de funcionarios de segundo grado.

Para el proceso de elección de los magistrados del TSE, actualmente, de las cinco magistraturas propietarias del TSE, una corresponde proponerla a Nuevas Ideas, una al FMLN, una a Arena, y dos a la Corte Suprema de Justicia, según la cantidad de votos obtenidos por estos partidos en la elección presidencial de 2024.

Los cinco magistrados propietarios y sus suplentes del TSE deben ser electos antes del 1 de agosto de 2024, mientras que los cinco magistrados de la CSJ deben ser electos antes del 23 de septiembre de 2023.

“Como ustedes saben, esta comisión le corresponde conocer sobre la creación de comisiones especiales, todas esas comisiones de investigación, de interpelaciones, de procesos de elección de funcionarios, como las que vienen en los próximos meses, como la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral que concluyen en el mes de julio de este año, y las elecciones de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, el cual corresponde a realizarla en el mes de septiembre”, recordó Castro.

Además, destacó que deben aprobar la elección del fiscal general de la República que inicia en enero de 2025 y del procurador general de la República en mayo de 2025. Castro reiteró que seguirán el mismo proceso para elegir a los nuevos funcionarios.

El proceso implica convocar a los candidatos propuestos para que se presenten ante la comisión, donde se les formularán preguntas, y posteriormente se emitirá un dictamen sobre su idoneidad para el cargo. La decisión final la tomarán los 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

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Economía

Comienza financiación del Hotel Hampton by Hilton en aeropuerto

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Inversiones Laguardia (Inverlag Hotels) ha lanzado la emisión de tokens destinados a financiar la construcción del hotel Hampton by Hilton. Este proyecto marcará un hito al convertirse en el primer hotel situado dentro del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La venta pública de tokens comenzó el martes y se mantendrá abierta durante un mes. Durante este periodo, los interesados pueden adquirir el token 1 HILSV a partir de US$1,000. La meta de Inverlag Hotels es recaudar US$6.5 millones para financiar este proyecto, que incluirá 80 habitaciones distribuidas en cinco niveles y ocupará una superficie de 4,484 metros cuadrados.

El hotel estará ubicado en un terreno arrendado por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) dentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador, específicamente en las inmediaciones del centro comercial situado en el estacionamiento principal.

Esta emisión representa la segunda tokenización de activos en El Salvador. La primera, lanzada en enero de este año, consistió en activos digitales por un monto de $100 millones, garantizados por el precio de la fanega de soya.

La tokenización es una tendencia creciente en el país, proporcionando nuevas formas de inversión y financiamiento que aprovechan la tecnología blockchain para ofrecer mayor transparencia y accesibilidad.

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Judicial

Fiscalía agrupa a 2,330 miembros de la Mara Salvatrucha en Nuevos Expedientes

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La Fiscalía General de la República ha presentado nuevas solicitudes para agrupar a 2,330 terroristas de la Mara Salvatrucha en cuatro expedientes distintos. Estos individuos, pertenecientes a diversas clicas, han estado involucrados en extorsiones y asesinatos en varias localidades de La Libertad, San Salvador, la zona Paracentral y los departamentos del oriente del país.

Ayer, la Fiscalía presentó tres peticiones ante tribunales contra el Crimen Organizado, basadas en las áreas donde delinquían 1,202 de estos terroristas. Las solicitudes fueron realizadas según las siguientes zonas:

  1. San Salvador:
  • 383 terroristas agrupados en varios programas de clicas específicas:
    • 132 pandilleros del programa centro de la clica Paraísos Gánster Salvatruchos, operativos en la capital.
    • 104 miembros de la clica Destroyer Criminal Locos Salvatruchos, activos en Apopa.
    • 85 imputados de las clicas Cusca Locos Salvatruchos (13) y Maníacos Locos Salvatruchos (72).
    • 44 miembros de la clica Bella Vista Locos Salvatruchos, operativos en San Marcos.
  • Todos enfrentan cargos por el delito de agrupaciones ilícitas.
  1. Zona Paracentral:
  • 158 imputados pertenecientes a la clica Agua Zarca de la MS.
  1. Oriente del País:
  • 661 imputados, divididos en las siguientes clicas:
    • 135 miembros de la clica Sitios Locos Salvatruchos.
    • 232 de la clica Normandis Locos Salvatruchos.
    • 206 de la clica Parkview Locos Salvatruchos.
    • 88 de la clica Coronados Little Cycos.
  • Estos individuos también enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas
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Judicial

Inicio del Juicio contra el expresidente Mauricio Funes por negociaciones ilícitas

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Ayer, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador inició el juicio contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien gobernó El Salvador de 2009 a 2014 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Funes enfrenta acusaciones de realizar negociaciones ilícitas entre 2012 y 2014, específicamente en la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa, en Chalatenango. Se le imputa haber aceptado como dádiva una avioneta a cambio de favorecer dichas negociaciones.

La Fiscalía cuenta con una vasta cantidad de pruebas contra Funes, incluyendo más de 230 documentos, testimonios de 34 testigos y pruebas periciales. Estas pruebas serán presentadas durante el juicio para respaldar las acusaciones de casos especiales de lavado de dinero y activos. Dado el peso de las evidencias, la Fiscalía ha anunciado que solicitará la pena máxima para el exmandatario.

Mauricio Funes se encuentra en Nicaragua desde 2016, donde recibió la nacionalidad de ese país, lo que ha complicado su extradición. Funes ya ha sido condenado en ausencia en otros casos. En mayo de 2022, fue sentenciado a 14 años de prisión por delitos relacionados con una tregua entre pandillas durante su gobierno. Posteriormente, en julio de 2023, recibió una condena adicional de 6 años por defraudación fiscal.

Además de estos casos, Funes enfrenta varias acusaciones penales y civiles. Está acusado de malversar más de 351 millones de dólares de fondos estatales y de corrupción en la construcción de una represa, lo que refleja un patrón de presunta conducta delictiva durante su administración.

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Judicial

Exdiputado del FMLN y su familia demandados por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda civil por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del FMLN, Guillermo Francisco Mata Bennet, y sus dos hijos, debido a un incremento patrimonial no justificado por un monto total de $271,314.65 dólares. La acción legal fue interpuesta ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla por la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción de la FGR.

Guillermo Francisco Mata Bennet, quien sirvió como diputado en dos períodos (del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018), enfrenta acusaciones por inconsistencias en su patrimonio, que suman $13,270.00 dólares. Estas irregularidades incluyen depósitos bancarios en efectivo, compra de vehículos y pagos de créditos hipotecarios.

La demanda también involucra a sus hijos:

Guillermo Eduardo Mata Mayorga: se le reclama un monto de $251,675.80 dólares.

Jorge Alberto Mata Mayorga: se le reprocha la cantidad de $6,357.85 dólares.

El proceso civil se inició después de que la Corte Suprema de Justicia notificara a la FGR sobre las irregularidades en las declaraciones patrimoniales del exdiputado y sus hijos. La documentación presentada por la Fiscalía incluye información detallada sobre el patrimonio de los demandados, evidenciando 15 irregularidades que no han podido ser justificadas.

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