Judicial
Cristosal presenta inconstitucionalidad contra régimen de compra pública fuera de la LACAP

La fundación Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto que crea el “Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios y para la Ejecución de Obras y todo tipo de inversión por parte del Estado”, al considerar que facilita procesos de compra fraudulentos que favorecen la corrupción durante la suspensión de derechos.
“Este régimen distorsiona el sistema de contratación pública establecido por la Constitución en el uso de poderes de emergencia, violenta los principios y valores de no discriminación, publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, centralización normativa y descentralización operativa, que deben regir las compras con fondos públicos para la optimización de estos y la buena gestión administrativa”, señala la demanda presentada por la organización este día.
La Asamblea aprobó el “Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado, en el marco de la Declaratoria del Régimen de Excepción” el 24 de abril de 2022 y lo reformó el 25 de mayo de 2022 para incluir a la Fiscalía General de la República (FGR). La reforma agregó en el título de las adquisiciones que estas aplican para “todo tipo de inversión por parte del Estado”.
El régimen faculta a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), una dependencia del Ministerio de Hacienda, la de aprobar la normativa que el Ejecutivo aplicará en los procesos de adquisiciones y contrataciones. “Es decir, el Ejecutivo será la autoridad que aprobará la normativa que luego aplicará”, señala la demanda.
Cristosal señala que el régimen especial permite que el Ejecutivo pueda adquirir bienes y servicios sin realizar procesos de licitación pública, argumentando que dichas contrataciones o adquisiciones servirán para cumplir los objetivos del régimen de excepción.
“El uso de conceptos jurídicos indeterminados como ese podría generar condiciones para que los fondos públicos se utilicen de forma generalizada para favorecer directamente a contratistas u oferentes, ya que los titulares de instituciones están facultados para designar directamente a los contratistas (sin competencia). Este tipo de procedimientos no garantizan la transparencia ni la eficacia en el uso de los fondos, además de fomentar la corrupción”, argumentan.

Judicial
Cabecilla de la MS-13 condenado a más de 300 años de prisión

El cabecilla de la célula Centrales Locos Salvatruchos, César Ernesto Álvarez, conocido como “Lobo”, pasará el resto de su vida en prisión. Él es pandillero de la MS-13.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado lo sentenció a 321 años de cárcel por una larga lista de crímenes: tres homicidios agravados, once extorsiones, seis intentos de asesinato, tráfico de drogas y pertenencia a agrupaciones ilícitas.
Álvarez era uno de los máximos líderes del programa Centro de la MS-13, y operaba principalmente en zonas urbanas de alta densidad como la colonia Escalón, San Antonio Abad y Miramonte.
No fue el único condenado. Bryan Enrique Chicas Martínez, alias “Delincuente de Iberia”, también recibió una dura sentencia: 111 años de prisión. Se le procesó por homicidio agravado, extorsión y vínculos con pandillas. Era uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil.
Otras ocho personas vinculadas a las clicas Centrales y Leewards también fueron sentenciadas. Las penas oscilan entre 21 y 72 años, según confirmó la Fiscalía.
Las autoridades aseguran que con esta condena se golpea directamente a los remanentes de estructuras criminales que todavía operan en ciertos sectores del país.
Judicial
Departamento de Estado confirma visita de Marco Rubio a El Salvador como parte de su gira por Centroamérica

El Departamento de Estado de Estados Unidos conformó la visita de Marco Rubio a El Salvador, como parte de su gira por Centroamérica, que comenzará este sábado 1 de febrero.
Durante su viaje, Rubio, quien es el secretario de Estado, se reunirá con altos funcionarios y líderes empresariales en varios países de la región para abordar temas clave que afectan tanto a Estados Unidos como a los países centroamericanos.
La gira, que abarcará también Guatemala, Panamá y Costa Rica, se centra en cuestiones como la migración ilegal, la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico, así como el desafío que representa la creciente influencia de China en la región.
Estos son algunos de los temas más relevantes que Rubio discutirá con los presidentes y autoridades de cada nación.
La agenda de la gira no solo busca estrechar la cooperación regional en áreas de seguridad, sino también promover la prosperidad económica mediante el fortalecimiento de los lazos comerciales y las asociaciones económicas en el hemisferio.
La Secretaría de Estado informó que los temas a tratar son de vital importancia para los intereses de Estados Unidos y los países latinoamericanos.
Aunque ya se había anticipado la gira del secretario, no fue hasta ahora cuando se confirmaron las fechas y los detalles de su visita a cada uno de los países centroamericanos y caribeños.
Esta gira forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos para consolidar su política exterior en la región, bajo el marco de la iniciativa “América Primero” del presidente Donald Trump.
Judicial
Conductor peligroso condenado a trabajo comunitario tras ser detenido bajo efectos del alcohol

osé Roberto Jiménez Arias, un conductor acusado de manejar bajo los efectos del alcohol y detenido el 25 de diciembre pasado, fue condenado a 2 años de cárcel, aunque la pena fue sustituida por 96 jornadas de trabajo de utilidad pública. Además, se le impuso una inhabilitación de 12 meses para conducir, tras ser encontrado culpable del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores.
El incidente ocurrió el 25 de diciembre del año pasado, cuando Jiménez fue detenido en un control vehicular frente al Centro Comercial La Joya, ubicado en Santa Tecla. Durante la detención, se le practicó una prueba de alcoholemia que reveló que su nivel de alcohol en sangre era de 143 miligramos por decilitro, muy por encima del límite legal permitido.
Ante estas pruebas, el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla dictó una sentencia condenatoria en un procedimiento abreviado, donde se determinó la sustitución de la pena privativa de libertad por trabajo comunitario, reflejando así una respuesta judicial ante un delito que pone en riesgo tanto la vida del conductor como la de los demás usuarios de la vía.
La sentencia busca sentar un ejemplo de las medidas de control y de sanciones a quienes incurren en conductas peligrosas al volante, especialmente cuando hay consumo de alcohol involucrado.
Además, la inhabilitación temporal para conducir busca reforzar la responsabilidad al volante y evitar nuevos incidentes relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.
Judicial
Corte Suprema de Justicia define la integración de salas para el 2025

La Corte Suprema de Justicia acordó en su primera sesión de Corte Plena del año la conformación de las cuatro salas que operarán durante el 2025.
Las salas establecidas son: de lo Civil, de lo Penal, de lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo.
La integración de estas responde a lo dispuesto en el artículo 4, inciso segundo, de la Ley Orgánica Judicial, que establece que este proceso debe realizarse el primer día hábil del año.
Según este marco legal, la conformación de las salas de lo Civil, Penal y Contencioso Administrativo corresponde a Corte Plena, mientras que la designación de la Sala de lo Constitucional es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa.
Integración de las salas
Sala de lo Constitucional: Presidirá Henry Alexánder Mejía, quien también ocupa el cargo de presidente de la CSJ y del Órgano Judicial. Los demás integrantes son Elsy Dueñas Lovo (vocal 1), José Ángel Pérez Chacón (vocal 2), Luis Javier Suárez Magaña (vocal 3) y Héctor Nahún Martínez (vocal 4).
Sala de lo Civil: Está presidida por Óscar Alberto López Jerez, con Álex David Marroquín Martínez como vocal 1 y Lidia Patricia Castillo Amaya como vocal 2.
Sala de lo Penal: Su presidente será Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, acompañado por Sandra Luz Chicas como vocal 1 y Roberto Carlos Calderón como vocal 2.
Sala de lo Contencioso Administrativo: La presidirá José Ernesto Clímaco Valiente, con Vicente Alexánder Rivas Romero (vocal 1), José Fernando Marroquín Galo (vocal 2) y Miguel Elías Martínez Cortez (vocal 3).
El pasado 23 de septiembre de 2024, la Asamblea Legislativa, con 57 votos a favor, eligió al presidente y magistrados que conformarán la Sala de lo Constitucional para el periodo del 24 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2027.
Además, se designó a magistrados para integrar otras salas, cuyos periodos concluirán en diferentes fechas, dependiendo del nombramiento.
Destaca que Henry Alexánder Mejía fue elegido como presidente del Órgano Judicial, de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional, reafirmando su liderazgo en la institución.
Por su parte, Lidia Patricia Castillo Amaya, Miguel Elías Martínez Cortez, Vicente Alexánder Rivas Romero y Óscar López Jerez desempeñarán funciones en sus respectivas salas hasta el 23 de septiembre de 2033. Alejandro Antonio Quinteros Espinoza y José Fernando Marroquín Galo ocuparán sus cargos hasta el 30 de junio de 2030.
Judicial
Exfiscal general Luis Martínez condenado por enriquecimiento ilícito de más de $71 mil

La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, condenó al exfiscal General de la República, Luis Martínez, por el delito de enriquecimiento ilícito.
La condena se basa en un incremento injustificado de su patrimonio por un monto de $71,736.62, cifra que no pudo justificar.
Como resultado de este fallo, Martínez deberá devolver esa cantidad al Estado salvadoreño.
La sentencia establece que el exfuncionario, quien ocupó el cargo de fiscal general entre 2012 y 2015, presentó un aumento de su patrimonio que no coincidía con sus ingresos declarados, según los análisis realizados por las autoridades.
Los fondos en cuestión provienen de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito, cuyos registros no concuerdan con sus declaraciones de ingresos y egresos.
El Órgano Judicial de El Salvador, a través de su cuenta oficial en X, indicó que, además de la devolución de la suma mencionada, Martínez será inhabilitado para ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años.
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