Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores judiciales encargados de la vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo el “taller de actualización sobre estándares nacionales e internacionales en Derecho Penitenciario”. 

Esta iniciativa fue coordinada por la Escuela de Capacitación Judicial (ECJ), con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El taller estuvo dirigido a secretarios y colaboradores judiciales de cámaras y juzgados competentes en materia de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, quienes tuvieron la oportunidad de actualizar y ampliar sus conocimientos sobre los más recientes enfoques y estándares en la materia.

El principal objetivo de esta actividad académica fue proporcionar a los participantes herramientas y enfoques diferenciados en el control de penas y medidas restrictivas para personas privadas de libertad. 

En un contexto donde la justicia penal y la administración penitenciaria son cruciales para el respeto de los derechos humanos, este taller destacó la importancia de implementar un sistema más eficiente y humano en el manejo de los reclusos, alineado con los estándares nacionales e internacionales.

Durante las sesiones, se abordaron temas clave relacionados con las mejores prácticas y normas internacionales en Derecho Penitenciario, incluyendo los derechos de las personas privadas de libertad, el trato digno y la rehabilitación en el sistema penitenciario. Además, se promovió la reflexión sobre el papel de los funcionarios judiciales en el seguimiento y control de las penas, con un enfoque en la protección de los derechos humanos.

El apoyo del CICR fue fundamental para el éxito de esta capacitación, ya que brindó su experiencia y conocimientos en la implementación de estándares internacionales, reforzando así la relevancia de este tipo de talleres en el fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario.

Este taller se enmarca dentro de un esfuerzo continuo por mejorar las competencias de los profesionales del derecho, promoviendo una justicia más equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales de todas las personas, incluso aquellas privadas de libertad.

Fortalecimiento de la Justicia Juvenil Restaurativa en los Países Miembros del SICA”. El evento, presidido por la procuradora adjunta de la República, Cándida Parada de Acevedo, congregó a titulares y equipos técnicos de diversas instituciones estatales, con el objetivo de presentar y consolidar este proyecto que busca transformar el enfoque de la justicia juvenil en la región.
Este proyecto, que cuenta con la coordinación de la Dirección de Seguridad Democrática de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y con el financiamiento de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS) y el apoyo del Istituto Italo-Latino Americano (IILA), tiene como principales objetivos abordar la rehabilitación, reintegración y reparación de los jóvenes en conflicto con la ley, promoviendo a su vez una cultura de paz en las comunidades.
Durante su intervención, la procuradora adjunta destacó la importancia de este proyecto no solo en términos de reinserción social de los jóvenes, sino también en la creación de un entorno que fomente la resolución pacífica de conflictos.
“Nuestro objetivo es que, a través de la justicia restaurativa, los jóvenes puedan reparar el daño causado y se les brinden las herramientas necesarias para una reintegración efectiva en sus comunidades”, expresó.
El encuentro sirvió para la conformación del Grupo Técnico Nacional de Justicia Juvenil, encargado de impulsar las actividades en el país y definir el mecanismo de funcionamiento del proyecto en El Salvador.
Además, se elaboró una agenda de trabajo nacional inicial, que guiará los esfuerzos para abordar los resultados previstos por la iniciativa.
En el evento participaron importantes figuras del ámbito judicial y gubernamental, tales como el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Miguel Ángel Calero; el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Martínez; representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia, y la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), entre otros.
Este encuentro se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el SICA.

Con la participación de destacados representantes del sector justicia y organismos internacionales, se inauguró el “II Congreso Regional para la Prevención y Combate de las Violencias Contra las Mujeres” en El Salvador.
El evento, convocado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tiene como objetivo crear un espacio para el análisis y la coordinación interinstitucional en la lucha contra la violencia de género.
La inauguración del congreso contó con la presencia del Embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, quienes se unieron al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura para dar inicio a las actividades.
El congreso, que reúne a expertos y autoridades del ámbito judicial, fue organizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en colaboración con la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La alianza entre estas instituciones busca fortalecer las acciones encaminadas a erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, un tema prioritario para los gobiernos y organizaciones internacionales.
Este evento resalta el compromiso de El Salvador y sus socios internacionales para avanzar en la prevención de la violencia de género, un fenómeno que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.
A través de conferencias, paneles y mesas de trabajo, el congreso pretende generar propuestas y estrategias que contribuyan a mejorar la respuesta de las instituciones ante este flagelo y a crear un entorno más seguro para las mujeres y niñas.
El encuentro también busca hacer un llamado a la unidad y al compromiso de todos los actores sociales, desde las instituciones gubernamentales hasta la sociedad civil, para combatir la violencia de género de manera integral y eficaz.
La realización de este congreso es un paso más en la construcción de un futuro libre de violencia para todas las mujeres.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador busca modernizar su comunicación institucional por medio de la red social del momento, TikTok, sumándose a las plataformas Facebook y X, donde ya tiene presencia desde 2010.
Con el creciente auge de las redes sociales, especialmente entre las nuevas generaciones, la Corte busca acercarse a un público joven y ofrecerles contenido relevante sobre temas legales y noticias institucionales de forma innovadora y accesible.
Esta decisión refleja una tendencia global hacia la digitalización de las instituciones públicas y su adaptación a las nuevas formas de consumo de información.
TikTok, una plataforma que inicialmente ganó popularidad por sus videos de entretenimiento y desafíos virales, ha emergido en los últimos años como una fuente clave de información, especialmente entre los jóvenes.
De hecho, un informe del Reuters Institute destaca que el 44 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años utilizan TikTok como una fuente de noticias, un porcentaje significativo que pone de relieve la relevancia creciente de la plataforma en el panorama informativo global.
En contraste, otras redes sociales como Facebook han visto una disminución en su influencia, especialmente entre las audiencias más jóvenes.
A nivel global, el informe del Reuters Institute señala que la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania aceleraron el cambio hacia un entorno mediático dominado por lo digital.
Este cambio ha favorecido el ascenso de plataformas como TikTok, que se ha consolidado como una herramienta poderosa no solo para el entretenimiento, sino también para la difusión de información y noticias. Sin embargo, este fenómeno también ha traído consigo desafíos, como la proliferación de desinformación, especialmente en eventos políticos y sociales, lo que pone en evidencia la necesidad de una educación mediática sólida.
En El Salvador, el uso de TikTok por parte de la Corte Suprema tiene un potencial interesante, ya que puede ser una herramienta efectiva para llegar a una audiencia más amplia y diversa.
Al mismo tiempo, al fomentar la educación sobre derechos y recursos legales, la Corte también puede contribuir a fortalecer el entendimiento de la ley en un país donde, según algunos estudios, el acceso a la información jurídica aún enfrenta barreras.
Esta iniciativa refuerza la importancia de las redes sociales como un canal no solo para el entretenimiento, sino también para la educación y la construcción de una ciudadanía informada.
El impacto de TikTok en El Salvador no es menor. La plataforma ha tenido un notable crecimiento en Latinoamérica, donde la expansión de su uso entre las nuevas generaciones está cambiando la forma en que se consumen las noticias.
En este contexto, la presencia de la Corte Suprema en esta red social no solo representa una adaptación a las nuevas tendencias, sino también una respuesta a la necesidad de las instituciones públicas de conectar con las audiencias del futuro, aprovechando una plataforma que se ha consolidado como una fuente clave de información y comunicación para los jóvenes.
De esta forma, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador está alineándose con una tendencia mundial hacia la digitalización y la democratización del acceso a la información, reconociendo el rol de las redes sociales como actores importantes en la formación de una sociedad más conectada e informada.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Procuraduría General de la República (PGR) organizó el panel fórum titulado “Abordaje y atención inclusiva a personas con discapacidad», con el propósito de sensibilizar y fortalecer los mecanismos de atención a este grupo vulnerable.
El evento, realizado por la Procuraduría Especializada en Atención a la Población en Situación de Vulnerabilidad, reunió a expertos y activistas en temas relacionados con la inclusión y la accesibilidad.
La Procuraduría destacó su compromiso con el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de aquellas que viven con alguna discapacidad, y subrayó las diversas iniciativas que se implementan para garantizar el acceso a la justicia y otros servicios esenciales.
Uno de los aspectos más destacados de la PGR es su oferta de atención en el Sistema de Localización y Evaluación de Servicios Sociales (LESSA), una plataforma que facilita la conexión entre los usuarios y los servicios jurídicos, sociales y de atención que la institución ofrece.

Además, la Procuraduría cuenta con Servicios Itinerantes, que permiten acercarse a la población que no puede desplazarse hasta las instalaciones, llevando el apoyo directo a los rincones más alejados del país.
La inclusión y accesibilidad son principios fundamentales en la estrategia de la PGR, cuyo objetivo es que todas las personas, sin importar su condición, puedan ejercer plenamente sus derechos.
Esta jornada fue una oportunidad para reflexionar sobre los avances en la atención a personas con discapacidad y sobre los desafíos que aún persisten para garantizar una inclusión efectiva en todos los ámbitos.
La Procuraduría reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera incansable para crear una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad reciban la atención y el respeto que merecen, independientemente de su ubicación geográfica o situación personal.