La Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado dirigido a todas las abogadas y abogados recién juramentados, instándolos a realizar una consulta dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de su juramentación.
Este procedimiento debe llevarse a cabo a través del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados, disponible en el portal oficial de la Corte, servicios.csj.gob.sv.
El proceso para consultar el acuerdo de autorización de abogado es sencillo y se puede hacer en unos pocos pasos:

Ingreso al sistema: Los abogados deben acceder al Sistema de Expediente Electrónico Único con su número de DUI.

Contraseña y notificación electrónica : Es necesario ingresar la contraseña del Sistema de Notificación Electrónica para poder proceder.

Consulta del acuerdo: Una vez dentro, deben seleccionar la pestaña “Acuerdos” para visualizar el acuerdo de autorización que está firmado electrónicamente por la autoridad competente.

Descarga y respaldo: El acuerdo debe ser descargado y guardado en una memoria USB. Es importante tener en cuenta que el documento no debe ser impreso.

Entrega al Diario Oficial: Posteriormente, se debe llevar este archivo al Diario Oficial, como parte del proceso de validación.

Es importante señalar que si es la primera vez que el abogado o abogada ingresa al sistema, deberá actualizar sus datos personales para completar el proceso.
La Corte ha enfatizado que este trámite debe completarse en un plazo de 20 días hábiles después de la juramentación.
Para obtener más información o en caso de dudas, los abogados pueden comunicarse con la Corte a través del número telefónico 2271-8888, extensión 1202.
La Corte Suprema de Justicia recalca la importancia de cumplir con este procedimiento en el plazo estipulado para poder continuar con el ejercicio legal de manera oficial.

La Sala de los Constitucional, por medio del magistrado Héctor Nahun Martínez García, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional al participar en el taller de coordinación de la sexta edición del Diplomado de Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental.
Durante la jornada, funcionarios de diversas instituciones analizaron y actualizaron los elementos curriculares del diplomado, abordando aspectos clave como la metodología de enseñanza, la evaluación del aprendizaje y las cartas didácticas que se impartirán a los participantes.
El taller contó con la presencia de directores y jefaturas de la Corte Suprema de Justicia, quienes destacaron la importancia de la capacitación en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la ética en el ejercicio de la función pública.
Este diplomado busca consolidar estrategias efectivas para la prevención y el combate de la corrupción, fomentando una cultura de transparencia y responsabilidad en la administración pública.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) avanza en la ampliación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) en el distrito de Santa Ana. En este marco, la magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del SNFJ, Elsy Dueñas Lovos, participó en una jornada de presentación e intercambio de experiencias sobre la implementación de este servicio.
El encuentro estuvo dirigido a representantes del Juzgado de Paz de Santa Ana y a la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural (ASAPROSAR).
Durante su intervención, la magistrada Dueñas Lovos enfatizó la relevancia del trabajo conjunto para fortalecer las comunidades, afirmando: “Esta reunión se trata de trabajar todos en conjunto para sacar adelante a las comunidades a través de la puesta en marcha de este servicio”.
El objetivo principal de la iniciativa es establecer una alianza estratégica con ASAPROSAR para potenciar las actividades interinstitucionales y fortalecer la capacitación de jueces y facilitadores judiciales que forman parte del programa.
En el desarrollo de la jornada, la jueza de Paz de Santa Ana, Patricia Marroquín, junto con facilitadores judiciales de San Sebastián Salitrillo, compartieron sus experiencias, retos y estrategias en la promoción de la armonía y la paz social en las comunidades.
El evento también contó con la presencia de la jueza segundo de Paz de Santa Ana, Victoria Argueta, quien resaltó la importancia de la próxima implementación del servicio en el distrito. Asimismo, participaron Marta Morales, representante de la Misión Internacional de Justicia (IJM); Lucy Luna, de ASAPROSAR; y el jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, Benjamín Chicas.

El fiscal general de la República (FGR), Rodolfo Delgado, aprobó recientemente los “Lineamientos para la determinación de categorías de riesgo de clientes para facilitar la apertura de cuentas de depósitos y ejecución de transacciones financieras para inversionistas extranjeros y salvadoreños en el exterior”.
Estos lineamientos fueron publicados como parte del “Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, en el Diario Oficial del 22 de octubre de 2021.
Una de las novedades que traen los nuevos lineamientos es que contar con una constancia de atención por parte del gobierno, a través de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), la Secretaría de Comercio e Inversiones o el Ministerio de Economía, será un factor determinante para mejorar la categoría de riesgo de un cliente bancario.
El documento establece tres categorías para los clientes: A, B y C, según el tipo de persona, ya sea salvadoreño en el exterior, persona natural extranjera inversionista o persona jurídica extranjera inversionista. La categoría A, que incluye a los salvadoreños en el exterior, solo requerirá el Documento Único de Identidad (DUI), pasaporte y NIT, además de la escritura de constitución y nómina de la junta directiva si se trata de una persona jurídica. En las categorías B y C, se solicitarán otros documentos adicionales como constancia de ingresos, declaración de impuestos o estados financieros, y justificación del origen de los fondos.
Los lineamientos fueron aprobados el 12 de febrero de 2025 y publicados en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2025.
Aunque la FGR no mencionó específicamente los nuevos lineamientos en su comunicado, Delgado destacó que estos representan un paso hacia un “acceso más transparente y seguro a los servicios financieros”, con “lineamientos claros para proteger la inversión” de los salvadoreños en el exterior y los inversionistas extranjeros.
Estos lineamientos se suman a las reformas discutidas en diciembre de 2023, cuando la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable para modificar la Ley Especial contra el Lavado de Activos. La reforma excluía a inversionistas, sociedades mercantiles y mixtas de los sujetos obligados a reportar transacciones, permitiendo la aplicación de medidas más flexibles para la identificación de clientes y el origen de sus fondos. Aunque dicha reforma fue aprobada en Comisión, no pasó al pleno legislativo.
En diciembre de 2023, tanto el Fiscal Delgado como el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señalaron que era fundamental garantizar la inclusión financiera y evitar la exclusión arbitraria de cuentas bancarias, como había ocurrido en el pasado.
Con información de diario El Mundo

En un esfuerzo por mejorar la calidad y efectividad del sistema judicial salvadoreño, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo el curso “Interposición eficaz de las objeciones” en la sede regional de Santa Ana. 
La capacitación reunió a magistrados de Cámara de Segunda Instancia con competencia en materia penal, jueces de Sentencia, de Instrucción y de Paz, así como a judicaturas especializadas en Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres Menores y Crimen Organizado. Todos los participantes provenían de la zona occidental del país.
El objetivo del curso fue fortalecer las competencias de los operadores de justicia en la identificación de preguntas prohibidas durante las audiencias judiciales, así como reconocer aquellas que están permitidas dentro de los límites del interrogatorio. 
Esta formación busca optimizar la manera en que los jueces y magistrados resuelven objeciones, lo que contribuye a audiencias más ordenadas y ajustadas a derecho.
Entre los temas clave abordados en la capacitación destacan la fundamentación sólida de resoluciones judiciales y el control y dirección judicial en la producción de la prueba testimonial. 
Estos aspectos son esenciales para garantizar que las objeciones presentadas en audiencias se sustenten en criterios jurídicos bien definidos, evitando dilaciones innecesarias y asegurando el cumplimiento de los principios del debido proceso.
La iniciativa del CNJ es parte del esfuerzo por la obtención de una justicia más transparente y eficiente, promoviendo el desarrollo profesional de jueces y magistrados para que desempeñen su labor con mayor rigor técnico y precisión en la aplicación del derecho.