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Conversatorio sobre la modernización de la Adminstración Pública

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El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) llevó a cabo el conversatorio “Modernización de la administración pública”, cuya ponente fue la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Dafne Sánchez quien hizo énfasis en que es necesario una Ley de Procedimientos Administrativos para que regulen de manera adecuada las pautas y los cauces de la actuación de la administración pública.

Para la experta, en El Salvador se ha vuelto urgente contar con una Ley de Procedimientos Administrativos ya que es necesario complementar el marco normativo que rige a la administración pública. “Se corre menos riesgo de incurrir en ilegalidades o hasta inconstitucionalidades. El país merece esa ley”, expresó la magistrada.

“Todo órgano del Estado que dicte actos administrativos constituye administración pública estos órganos cuando ejercen función administrativa siguen procedimientos administrativos esto quiere decir que dictan actos de procedimientos”, explicó.

“Nos preguntamos si la normativa que rige actualmente la administración pública es suficiente, ¿satisface las necesidades de la administración pública de los funcionarios para seguir procedimientos con toda seguridad?”, cuestiona la magistrada.

Hay dos puntos de vista, el régimen que rige la administración pública cuando ella sigue sus procedimientos administrativos de los órganos antes mencionados, por otra parte en nuestro sistema legal, estos procedimientos que se siguen en sedes administrativas son controladas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) allá en sedes jurisdiccional.

“El no poseer una ley adecuada que con carácter general rija los procedimientos en sede administrativa, también dificulta el control por parte de la Sala de lo Contencioso. Si los funcionarios se encuentran con dificultades a la hora de seguir sus procedimientos porque nuestras leyes de procedimientos administrativos no establecen cómo va a actuar el funcionario cuando alguien le presente una petición, y el funcionario advierte que la petición no llena los requisitos necesarios o no se ha presentado la documentación completa que se necesita para decidir y el funcionario se pone a pensar ¿qué hago?”

“Esto genera inseguridad jurídica porque el funcionario no tiene ningún respaldo legal claro que le diga en qué sentido debe actuar. Esto genera duda para el funcionario y los ciudadanos”.

“Hay una serie de aspectos que por no contar actualmente con una Ley de Procedimientos Administrativos, los funcionarios se ven en problemas y los ciudadanos se ven en situaciones que no comprenden y que puedan terminar en violación a sus derechos”.

La ponente explicó que hay funcionarios que quieren hacer las cosas bien pero si no tiene una normativa adecuada que le rija los pasos a seguir pueden incurrir en ilegalidades e inconstitucionalidad y que al existir una normativa adecuada en sede administrativa también le va a resultar más seguro a la Sala de lo Contencioso Administrativo controlar las funciones de los funcionarios.

“Solo tenemos como norma general que rija la Sede Administrativa la Constitución de la República, pero la constitución tiene disposiciones de contenido muy denso que no cualquier persona puede interpretarla por eso, existe una legislación secundaria que admite la Asamblea Legislativa también reglamentos que dicta la administración pública precisamente para desarrollar esas disposiciones constitucionales”, detalló.

En nuestro país solo está como regla general la constitución pero no hay una ley secundaria que facilite la comprensión de los principios constitucionales de los valores que rigen la administración pública.

“De no aprobarse esta ley, seguirían las frecuentes violaciones a la constitución y a los derechos de los administrados”, expresó la experta.

Entre los aspectos significativos que trae el proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos están: desarrollar los principios que rigen el actuar de la administración pública que deban regirse, legalidad, economía, proporcionalidad, eficacia, verdad material, principio de simplicidad entre otros.

También viene regulado en el proyecto, los requisitos de los actos administrativos, lo relativo a la notificación de los actos administrativos, regulación sobre procedimiento sancionatorio.

El último proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos trae como regla general el silencio positivo, según explicó la ponente quiere decir que la regla general en los casos que un ciudadano o ciudadana dirija una petición a los funcionarios públicos y no le responden en el plazo fiado por la ley, se va a entender que se accedió a la petición del particular, cuando surge este silencio ya la administración pública no puede resolver en otro sentido. El ciudadano puede pedir la certificación de ese acto mediante el cual se accedió a su petición y la administración se la debe dar.

La doctora Dafne manifestó que este proyecto de ley se viene trabajando desde 1993 que entró a la Asamblea Legislativa pero no avanzó. El proyecto se volvió a movilizar en los gobiernos comprendidos entre 2004-2014 y tampoco avanzó.

El año pasado se remitió el proyecto a Casa Presidencial y han dicho que se está en la disposición del Órgano Ejecutivo y esperan presentar de nuevo este proyecto de ley.

Al aprobarse dicha ley, es necesario realizar capacitaciones para poder aplicar debidamente el proyecto.

En los próximos meses se espera presentar la iniciativa de ley.

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Corte Suprema inaugura programa que busca fortalecer la prevención de la corrupción en el sistema judicial

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador inauguró la tercera edición del programa “Integridad Pública y Cumplimiento Normativo Anticorrupción”, dirigido a jueces, magistrados y personal judicial de la zona oriental del país.

La actividad fue organizada por la Dirección de Talento Humano Institucional con el objetivo de fortalecer las capacidades para prevenir y combatir la corrupción dentro del Órgano Judicial salvadoreño.

Además, la jornada reunió a funcionarios judiciales encargados de aplicar normas vinculadas con transparencia, ética pública y cumplimiento anticorrupción.

Magistrado expone sobre consecuencias jurídicas y sociales de la corrupción

Durante la inauguración, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, impartió el primer módulo de la capacitación.

El funcionario también coordina la Comisión de Prevención Contra el Lavado de Dinero y Activos del sistema judicial salvadoreño.

En su exposición, Martínez García abordó las definiciones y consecuencias de la corrupción desde perspectivas jurídicas, éticas y sociales.

Asimismo, explicó herramientas básicas para interpretar y aplicar correctamente las disposiciones legales relacionadas con el combate a la corrupción.

“El propósito de esta ponencia es facilitarles competencias y herramientas básicas para que sepan interpretar y aplicar adecuadamente las disposiciones de la ley”, expresó el magistrado durante la actividad.

Programa analiza normas internacionales contra la corrupción

La capacitación también incluyó el estudio de disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

De esta manera, el programa busca reforzar el conocimiento sobre estándares internacionales vinculados con transparencia institucional, prevención de delitos y cumplimiento normativo.

Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de jornadas forma parte de los esfuerzos para fortalecer la integridad pública dentro de las instituciones del sistema de justicia.

Además, la iniciativa pretende mejorar las prácticas internas relacionadas con la ética judicial y la prevención de actos irregulares.

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Consejo Nacional de la Judicatura realiza charla sobre inteligencia artificial aplicada al Derecho

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El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) desarrolló este viernes la jornada académica “Una aproximación a la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho”, enfocada en el uso de nuevas tecnologías dentro del sistema judicial y administrativo.

La actividad reunió a magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y de Paz, además de personal jurídico de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y representantes de otras instituciones vinculadas al organismo.

Durante la jornada, los participantes conocieron aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y analizaron su impacto en la administración de justicia.

CNJ destaca impacto de la inteligencia artificial

El consejero propietario Santos Guerra Grijalba señaló que estos espacios académicos permiten fortalecer el conocimiento tecnológico del funcionariado judicial.

Además, explicó que la capacitación ayuda a comprender el alcance de la inteligencia artificial en procesos legales y administrativos.

Según indicó el funcionario, las nuevas herramientas digitales pueden apoyar distintas tareas relacionadas con el análisis jurídico y la gestión institucional.

Participaron jueces, magistrados y personal jurídico

En la actividad participaron magistrados de distintas competencias judiciales, jueces de Paz y de Primera Instancia, así como personal especializado de instituciones que mantienen acuerdos de cooperación con el Consejo Nacional de la Judicatura.

El organismo explicó que estas jornadas buscan actualizar conocimientos y promover el intercambio académico sobre tecnologías aplicadas al Derecho.

Además, el CNJ mantiene iniciativas de formación para fortalecer capacidades técnicas dentro del sistema judicial salvadoreño.

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Corte Suprema y Consejo de la Judicatura inauguran programa de formación especializada para servidores judiciales en materia criminal

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La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inauguraron el Programa de Formación Especializada para Servidores Judiciales con Competencia en lo Criminal.

La iniciativa está dirigida a magistrados, jueces, secretarios y colaboradores judiciales que integrarán las nuevas sedes especializadas en materia criminal.

Las jornadas académicas iniciaron de forma simultánea en la Escuela de Capacitación Judicial Dr. Arturo Zeledón Castrillo y en Santa Ana. Además, las actividades para la zona oriental comenzarán este jueves en San Miguel.

El programa forma parte de un trabajo coordinado entre la Corte Suprema de Justicia y el CNJ. También participaron expertos en derecho penal, derecho constitucional y derecho procesal penal.

Cinco módulos especializados

La formación especializada contempla cinco módulos principales. Entre ellos destacan el diseño procesal penal, el derecho penal sustantivo y el razonamiento probatorio en materia criminal.

Asimismo, el programa abordará temas como evidencia digital, operaciones encubiertas, litigación oral y ejecución de la pena perpetua. También incluirá contenidos sobre audiencias judiciales, redacción de sentencias y protección de víctimas vulnerables.

Según las autoridades, el objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de los operadores judiciales ante las recientes reformas constitucionales y legales.

Reformas penales impulsan nueva estructura judicial

Durante el acto inaugural, el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, afirmó que las reformas procesales y constitucionales generaron nuevas competencias jurisdiccionales para
delitos graves.

Entre esos mencionó homicidio, feminicidio, violación y otros casos que afectan bienes jurídicos fundamentales.

El magistrado señaló que el nuevo modelo penal exige preparación técnica y coordinación institucional permanente. Además, destacó que la capacitación judicial busca mejorar la calidad de las decisiones judiciales y fortalecer la seguridad jurídica.

En el evento participaron magistrados de distintas salas de la Corte Suprema, autoridades del CNJ y representantes de la Escuela de Capacitación Judicial.

Las instituciones indicaron que el programa contribuirá al fortalecimiento de una justicia penal especializada, moderna y eficiente

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Notarios: no olviden que el trámite de sus sellos es en línea, dice la Corte Suprema de Justicia

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a los notarios que deben tramitar por primera vez su sello a través de su plataforma oficial en línea.

La institución indicó que el proceso debe realizarse en el sistema digital habilitado para abogados y notarios. Además, reiteró que el trámite cumple pasos específicos y requisitos obligatorios.

Este recordatorio busca ordenar el proceso y garantizar que los notarios cumplan con la normativa vigente.

Pasos para solicitar el sello de notario por primera vez
Según la Corte, el proceso inicia en el Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados y Notarios.

El usuario debe ingresar con su número de DUI y contraseña.

Luego, el solicitante debe seleccionar la opción de trámite de autorización de sellos. En ese apartado, debe completar los datos requeridos en la solicitud.

Posteriormente, debe adjuntar en formato digital la constancia de publicación en el Diario Oficial del acuerdo que lo acredita como notario.

Plazo de respuesta y descarga de autorización

La Corte informó que la autorización estará disponible en un plazo de tres días hábiles. Esto aplica siempre que no existan observaciones en la solicitud.

Después, el usuario puede verificar el estado del trámite en la opción de consulta. Para ello, debe ingresar nuevamente su número de DUI.

Una vez aprobada, la autorización debe descargarse y guardarse en una memoria USB. La institución aclaró que este documento no debe imprimirse.

Uso del documento y validación final

La autorización emitida tiene validez para una sola elaboración de sellos notariales. Por tanto, el solicitante debe presentarla en formato digital en la imprenta correspondiente.
Finalmente, el notario debe asistir a una cita para registrar su sello y firma. Este proceso se realiza en el libro de la Oficialía Mayor.

La sede indicada es el Palacio Judicial, ubicado en el Centro de Gobierno en San Salvador.

Corte refuerza cumplimiento de requisitos

Con este aviso, la Corte busca que los notarios sigan el procedimiento establecido sin errores.

Además, promueve el uso de herramientas digitales para agilizar los trámites.
El organismo reiteró que cumplir cada paso evita retrasos y observaciones en la solicitud.

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Procuraduría General acredita 28 nuevos mediadores de conflictos y refuerza servicios de resolución 

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La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores de conflictos. Ellos apoyarán la resolución pacífica de disputas sin acudir a procesos judiciales.

La institución informó que los mediadores trabajarán en distintas sedes del país. Su función será facilitar el diálogo y promover acuerdos entre las partes.

Mediación busca evitar procesos judiciales

La PGR impulsa la mediación como una herramienta para resolver conflictos de forma rápida. Este mecanismo evita que los casos escalen al sistema penal.

El procurador general, René Escobar, destacó la importancia de este proceso. Señaló que la mediación promueve una sociedad más justa y pacífica.

Además, explicó que este enfoque transforma los conflictos en oportunidades de entendimiento. Por ello, la institución fortalece su equipo con nuevos profesionales.

Cobertura nacional con nuevos mediadores

Con esta acreditación, la PGR suma 388 mediadores en todo el país. Estos atienden en la sede central y en 18 procuradurías auxiliares.

Los nuevos mediadores serán asignados a oficinas en San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango. Así, la institución amplía su cobertura territorial.

Alta demanda de servicios de mediación

Durante el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación recibió 4,023 casos. Las personas buscaron apoyo para resolver conflictos patrimoniales y familiares.

También se registraron disputas vecinales, cuotas alimenticias y custodias. Estos casos reflejan la demanda de soluciones rápidas y accesibles.

Mediación promueve acuerdos sostenibles

La procuradora especializada, Jeanneth Marconi, explicó el impacto del programa. Indicó que la mediación facilita acuerdos duraderos entre las partes.

Asimismo, destacó que este mecanismo reduce costos y tiempos. También fortalece el acceso a la justicia mediante el diálogo y la comprensión mutua.

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