El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, encabezó la inauguración de la tercera edición del curso “Aplicación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, sus Mecanismos de Seguimiento y otros Estándares Internacionales”.
Este evento, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), está dirigido a operadores de justicia involucrados en la aplicación de normativas anticorrupción.
El curso tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la implementación de convenciones internacionales contra la corrupción y sus mecanismos de supervisión.
Además, se abordará el funcionamiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la aplicación de las 40 Recomendaciones del GAFI en el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Durante su intervención, Mejía destacó la relevancia de la ética en la administración pública y citó el derecho a la buena administración, reconocido en la Constitución y en la Ley de Procedimientos Administrativos.
“No puede haber una buena administración si no está regida por principios éticos y las normativas internacionales. Por ello, este tipo de formación es esencial para nuestros servidores públicos”, subrayó.
Por su parte, el presidente del TEG, Néstor Castaneda Soto, enfatizó la importancia de la formación en la prevención de la corrupción.
“Este curso es fundamental para fortalecer nuestras estrategias y políticas en la lucha contra este fenómeno. Es un esfuerzo que responde a las exigencias de las convenciones internacionales y promueve la cooperación interinstitucional”, señaló.
A la inauguración asistieron destacadas autoridades del ámbito judicial y gubernamental, entre ellos el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien participa como ponente; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; y Karina Burgos, asesora jurídica del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y experta titular de El Salvador ante el Comité de Expertos del MESICIC.
También estuvieron presentes miembros del pleno del TEG y representantes de diversas instituciones estatales.
Este curso refuerza el compromiso del Estado con la capacitación continua de los operadores de justicia, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para aplicar las normas internacionales en la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en la gestión pública.

Regresa el concurso interuniversitario sobre competencias para juicios orales en su XVIII edición 

El Consejo Nacional de la Judicatura anunció el regreso del Concurso Interuniversitario sobre Competencias para Juicios Orales, en su XVIII edición, una oportunidad única para los estudiantes de Derecho de diversas universidades del país para poner a prueba sus habilidades en audiencias orales.

Este evento, que se ha convertido en un referente en la formación de futuros abogados, busca fortalecer las destrezas de los participantes en la gestión y exposición de casos en el marco de juicios orales. 

En esta nueva edición, la temática central estará enfocada en los delitos contra las mujeres cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, un tema de gran relevancia en el contexto actual, marcado por el creciente uso de plataformas digitales.

La competencia, que se desarrollará en diversas fases, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una plataforma para mejorar su capacidad de argumentación y defender derechos en el contexto de la justicia penal. 

Además, les permitirá acercarse al mundo real de los procesos judiciales, enfrentándose a situaciones que requieren habilidades jurídicas, oratorias y de trabajo en equipo.

El período de inscripción está abierto del 17 al 31 de marzo, brindando a los estudiantes la oportunidad de formar parte de esta prestigiosa competencia. 

Las inscripciones se podrán realizar a través de la Escuela de Capacitación Judicial «Dr. Arturo Zeledón Castrillo», encargada de coordinar todo el proceso.

Participar en este concurso no sólo representa una oportunidad para reforzar las capacidades técnicas, sino también para destacar en el ámbito profesional, adquiriendo experiencia invaluable en el ejercicio de la oralidad, una de las áreas más cruciales del derecho actual.

La Procuraduría General de la República (PGR) recordó a la ciudadanía las sanciones que enfrentan aquellos padres que no cumplen con su obligación de pagar la cuota alimenticia o manutención de sus hijos. 

La ley establece diversas restricciones que afectan directamente a los derechos y facilidades de quienes no abonen este pago esencial para el bienestar de los menores.

Entre las sanciones más destacadas, se encuentran:

1. La imposibilidad de obtener o renovar el pasaporte, lo que limita la capacidad del incumplidor para viajar al extranjero.
2. La prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir o la tarjeta de circulación, lo cual afecta su libertad de movilidad.
3. La restricción para salir del país, lo que implica que los padres morosos no podrán viajar fuera del territorio nacional hasta que regularicen su situación.

Estas medidas buscan asegurar que los derechos de los hijos sean respetados y que los responsables del sustento de los menores cumplan con su deber legal. 

La Procuraduría destaca que las hijas e hijos tienen el derecho a que se les brinde una manutención adecuada, y que cualquier incumplimiento de este compromiso será sancionado conforme a la ley.

En caso de que el padre o madre no cumpla con la cuota alimenticia establecida por el tribunal, los afectados pueden acudir a la Procuraduría General de la República para presentar la denuncia correspondiente. 

La institución se compromete a garantizar que se respeten los derechos de los menores y que los padres responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes.

Es fundamental recordar que los menores tienen derecho a recibir el apoyo necesario para su desarrollo, y la Procuraduría está dispuesta a tomar las acciones necesarias para hacer cumplir la ley.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia presentó su informe sobre el trabajo jurisdiccional y administrativo correspondiente a febrero de 2025. Durante este período, se registraron, de acuerdo al reporte, avances significativos en la resolución de casos y la gestión de procesos.

Resumen de resoluciones judiciales

Total de resoluciones emitidas: 74

Total de egresos: 21

Total de sentencias: 4

Autos definitivos: 4

Autos simples: 13

Resoluciones de trámite: 53

Decretos emitidos: 46

Autos simples adicionales: 7

Ingresos del mes

El sistema también recibió 10 nuevos procesos, desglosados de la siguiente manera:

Demandas: 3

Avisos de demandas: 1

Recursos de apelación: 5

Incidentes – abstenciones: 1

Estado de los procesos

Actualmente, la Sala mantiene un total de 262 procesos en estudio, distribuidos de la siguiente manera:

Procesos en trámite: 173

Procesos en ejecución de sentencia: 39

Procesos con solicitudes de sujetos procesales o diligencias pendientes (posteriores a su terminación): 23

Amparos presentados: 27

Actividad administrativa

Además de la gestión de casos, la Sala de lo Contencioso Administrativo reportó haber realizado 282 notificaciones, 3 informes de amparos y 8 sesiones de Sala realizadas, entre otros.

El informe, hecho público por medio de redes sociales, busca la eficiencia y transparencia en la administración de justicia.

Autoridades de El Salvador y Guatemala han tenido recientes acercamientos entre para intentar reactivar las adopciones internacionales entre ambos países.
Este diálogo surge con el objetivo de fortalecer los procedimientos existentes y garantizar procesos seguros y transparentes que salvaguarden el bienestar de los niños involucrados.
En el marco de estos esfuerzos, representantes gubernamentales de ambas naciones llevaron a cabo un encuentro en el que se trazaron alianzas y se plantearon acuerdos comunes para facilitar este proceso.
Entre los temas centrales de la discusión estuvo la firma de un memorando de entendimiento, documento clave que formalizaría los compromisos adquiridos en esta iniciativa.
El Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala (CNA) ha reiterado su compromiso con la seguridad y eficacia de los procedimientos de adopción, asegurando que cada caso será manejado con el máximo rigor para proteger los derechos de los niños en situación de adopción.
Por su parte, la Procuraduría General de la República de El Salvador ha manifestado su interés en evaluar y desarrollar futuros proyectos en esta materia, posicionando a Guatemala como el primer país en establecer un acercamiento de este tipo con la nación vecina.
El primer encuentro formal entre ambas delegaciones se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre de 2024, y se espera que los acuerdos alcanzados sirvan como base para una eventual reapertura de las adopciones internacionales, en beneficio de los niños que esperan una familia adoptiva.

La adopción como mecanismo de protección infantil
La adopción es una institución de protección social tutelada por el Estado, a través de la cual una persona asume como hijo propio al hijo biológico de otra.
En este contexto, el Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala es el organismo encargado de supervisar los procesos de restitución de derechos de los menores con sentencia de declaratoria de adoptabilidad y de dar seguimiento a las familias postulantes para la adopción.
El reinicio de las adopciones internacionales podría representar una alternativa viable para ofrecer a muchos niños en situación vulnerable la posibilidad de integrarse a un entorno familiar estable y seguro. No obstante, tanto Guatemala como El Salvador han enfatizado la necesidad de garantizar que cada adopción cumpla con estrictos protocolos legales y éticos, asegurando así la protección integral de la niñez.