Con el objetivo de brindar orientación sobre la modalidad de la práctica jurídica y explicar los requisitos para acreditarse como abogado de la República, autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibieron a los aspirantes que comenzarán este proceso en el año 2025.

Un total de 365 egresados y graduados en Ciencias Jurídicas iniciarán su práctica bajo la modalidad de Apoyo a Instituciones, Tribunales y Dependencias de la CSJ, lo que les permitirá adquirir valiosa experiencia en el ejercicio profesional del derecho.

Durante la inducción, el presidente de la CSJ, Henry Mejía, subrayó la importancia de la práctica para fortalecer tanto los conocimientos como las competencias profesionales. 

“La practicidad es lo que los va a llevar a fortalecer no solo los conocimientos, sino también las competencias profesionales. Recuerden que en este proceso también comienza la prueba de su ética profesional, un aspecto esencial para caminar por el camino de la rectitud y la probidad que exige esta carrera”, expresó Mejía.

Por su parte, el magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco, destacó que el objetivo de la inducción era proporcionar a los nuevos practicantes una visión integral del trabajo en la administración de justicia, más allá de los aspectos jurídicos. 

“Queremos que conozcan las diversas facetas que influyen en la administración de justicia, las habilidades profesionales necesarias, y la importancia de las relaciones laborales en el entorno en el que se van a desempeñar. Esto contribuirá al fortalecimiento del sistema judicial”, afirmó Clímaco.

En su intervención, el jefe del Departamento de Práctica Jurídica, Mario Ernesto Ávalos, recordó a los practicantes que las mil 024 horas que tendrán frente a ellos representan una oportunidad única para desarrollarse en un entorno profesional similar al que encontrarán al ejercer la abogacía. 

“Esta práctica es un requisito para autorizarse como abogado, pero también es una oportunidad para adquirir habilidades fundamentales para el futuro. El esfuerzo y la dedicación durante este proceso también deben generar satisfacción personal, ya que lo que se dé en esta etapa se traducirá en futuras oportunidades profesionales”, comentó Ávalos.

Simultáneamente, las oficinas regionales de oriente y occidente realizaron sus respectivas jornadas de inducción en sus sedes locales, contando con la participación de la jefa de la Sección de Apoyo a Instituciones, Tribunales y Dependencias de la CSJ, María Elena Ortiz.

La Marina Nacional de El Salvador interceptó tres embarcaciones vinculadas a una red de narcotráfico internacional, incautando 1.3 toneladas de cocaína valoradas en 32.5 millones de dólares.
El operativo se realizó en aguas internacionales, al suroeste del país, a unas 920 millas náuticas (aproximadamente 1,704 kilómetros) de la costa salvadoreña.
El presidente Nayib Bukele informó sobre la operación, que comenzó con la interceptación de una embarcación en la que viajaban tres narcotraficantes guatemaltecos. Durante el interrogatorio, los detenidos revelaron que esperaban recibir un cargamento de droga, lo que permitió a las autoridades trazar la ubicación de las embarcaciones involucradas.
Poco después, una segunda lancha, con tres guatemaltecos a bordo, se aproximó a la zona. Estos individuos confirmaron que su tarea era apoyar la operación de la embarcación encargada de recibir la cocaína.
Con esta información, la Marina salvadoreña pudo rastrear la tercera embarcación, que resultó ser ecuatoriana y transportaba las 1.3 toneladas de cocaína.
El cargamento fue incautado y trasladado a puerto.
En el último año, la Marina Nacional ha logrado incautar un total de 27.2 toneladas de droga, con un valor aproximado de 681.1 millones de dólares

Este 27 de marzo se cumplen tres años de la implementación del régimen de excepción en El Salvador, una medida clave en la estrategia del gobierno de Nayib Bukele para enfrentar la violencia de las pandillas. La disposición, que ha sido prorrogada 36 veces desde su inicio, sigue contando con un sólido apoyo de la mayoría de la población, aunque enfrenta severas críticas de organismos de derechos humanos.
El régimen de excepción ha permitido la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas la ampliación de la detención provisional de 72 horas a 15 días y la intervención de telecomunicaciones sin la autorización judicial correspondiente.
La medida fue instaurada en marzo de 2022, tras un brutal repunte de violencia que dejó 62 homicidios en un solo día, y desde entonces el gobierno ha defendido su efectividad en la lucha contra las pandillas.
Las autoridades aseguran que, gracias a la implementación del régimen, se han logrado detenciones de más de 85,000 personas, además de incautaciones significativas de armas de fuego, vehículos y teléfonos celulares utilizados para actividades criminales.
También argumentan que la medida sigue siendo esencial ante la detección de nuevos métodos de reclutamiento y financiamiento de las pandillas, como el involucramiento de mujeres en puestos de liderazgo dentro de las organizaciones delictivas y el reclutamiento de menores en las escuelas.
No obstante, el régimen ha sido objeto de constantes denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que aseguran que cerca de 7,000 personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias.
A pesar de estos señalamientos, el gobierno de Bukele ha rechazado las acusaciones y subraya como un indicador de éxito la drástica reducción de homicidios en el país.
Las cifras oficiales reflejan una notable disminución de la violencia.
En 2019, cuando Bukele asumió la presidencia, El Salvador reportaba una tasa de homicidios de 38.2 por cada 100,000 habitantes. En 2024, esta cifra ha caído a 1.9, y el mandatario proyecta que, de mantenerse esta tendencia, en 2025 podría reducirse a menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.
Aunque el apoyo popular al régimen de excepción se mantiene alto, persisten los temores sobre las consecuencias de su extensión indefinida. Para muchos salvadoreños, la reducción de la violencia es un logro incuestionable, pero otros advierten sobre los riesgos de una erosión en el estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales.
La tensión entre la seguridad y la protección de los derechos humanos sigue siendo un tema de intenso debate en la sociedad salvadoreña.

En un paso importante para la lucha contra el crimen transnacional, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos (SAFE, por sus siglas en inglés).
Este convenio tiene como objetivo mejorar la colaboración entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado y la criminalidad transnacional.
El acuerdo se centra en garantizar el intercambio eficiente de los antecedentes penales de los fugitivos, un aspecto clave para evitar que los delincuentes se desplacen a través de las fronteras sin ser detectados. Noem enfatizó que la seguridad nacional de Estados Unidos se ve amenazada por la posibilidad de que criminales puedan refugiarse inadvertidamente en comunidades estadounidenses, un problema que el nuevo acuerdo busca mitigar.
Gracias a esta cooperación, se fortalecerán los mecanismos de identificación y captura de fugitivos internacionales, proporcionando a ambos países acceso a información crítica sobre los antecedentes criminales de aquellos que cruzan las fronteras.
Esto contribuirá significativamente a la seguridad en las comunidades de ambos países.
La actualización de la Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos (SAFE) representa un avance crucial en la cooperación bilateral, reafirmando el compromiso conjunto de Estados Unidos y El Salvador en la lucha contra las organizaciones criminales internacionales. “Este acuerdo es un paso fundamental para asegurar que los delincuentes no encuentren refugio en nuestras comunidades. Juntos, podemos garantizar que aquellos que huyan de la justicia no tengan un lugar donde esconderse”, declaró Noem al firmar el memorando.
La firma del acuerdo tuvo lugar en el marco de una visita oficial de la secretaria Noem a El Salvador, donde también sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele.
En su encuentro, Noem agradeció al gobierno salvadoreño por su colaboración en la aceptación de vuelos de deportación y destacó la importancia de continuar trabajando juntos en la protección de la región frente al crimen transnacional.
Como parte de su visita, Noem también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) junto al ministro Villatoro.
La gira de la secretaria continuará con visitas a Colombia y México, como parte de su esfuerzo para consolidar la cooperación en seguridad en toda la región.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, a través de la Unidad de Género y con el respaldo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), desarrolló el foro especializado “Derechos y ciudadanía digital para las mujeres”.
El evento tuvo como objetivo fortalecer las competencias técnicas y prácticas de las judicaturas para un abordaje integral en casos de violencia digital y garantizar un entorno seguro para las mujeres usuarias del sistema judicial.
Durante el foro, Claudia Nieves, coordinadora de la Unidad de Género, destacó la creciente problemática de la violencia digital de género y su impacto en miles de mujeres salvadoreñas.
“Hoy nos reunimos para reflexionar sobre una problemática que ha tomado fuerza en la era digital y que afecta a miles de mujeres salvadoreñas: la violencia digital de género. Este fenómeno, cada vez más común, se manifiesta en múltiples formas, como el acoso en redes sociales con la intención de generar daño”, expresó Nieves.
Asimismo, destacó el compromiso de la Corte Suprema de Justicia en la lucha contra este flagelo, enfatizando la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para investigar y judicializar estos casos con el fin de proteger a las víctimas y erradicar la impunidad.
Por su parte, Silvia Juárez, coordinadora del programa “Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres” de ORMUSA, resaltó la importancia de estos espacios de reflexión y aprendizaje.
“Nos encanta podernos encontrar para hacer reflexiones más profundas y reivindicar a todas aquellas que siguen luchando. Quiero agradecer a la Unidad de Género y su trabajo constante en medio de mucha adversidad que aún enfrentamos las mujeres. Todavía nos falta camino por avanzar y celebramos los logros alcanzados”, afirmó Juárez.
Entre los temas abordados en el foro se incluyeron las tecnologías y relaciones sociotécnicas, las características de la violencia digital y un análisis de las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El evento contó con la participación de judicaturas de paz, niñez y adolescencia, así como de especializadas en una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de la zona oriental del país, consolidando así un esfuerzo conjunto para fortalecer la justicia con enfoque de género en el entorno digital.