El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador llegaron a un acuerdo a nivel técnico para la implementación de un programa financiero en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por $1,400 millones.
Este acuerdo, que asciende está destinado a apoyar las reformas económicas del país y ya sólo dependen de la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
El programa tiene como objetivo principal reforzar la sostenibilidad fiscal y externa mediante un ambicioso plan de consolidación fiscal que impulse el crecimiento económico.
Entre sus pilares, también se incluyen medidas para fortalecer las reservas internacionales y mejorar la gobernanza, la transparencia y la resiliencia institucional, elementos considerados clave para aumentar la confianza y el potencial de crecimiento del país.

Foco en estabilidad fiscal y apoyo internacional
El acuerdo contempla la reducción del déficit fiscal a través de un incremento del balance primario equivalente al 3,5% del PIB en 3 años.

Entre las medidas previstas para 2025 se encuentran reducciones en la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias municipales.
Además, se espera que el programa catalice apoyo adicional de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos regionales, acumulando un paquete de financiación global superior a los $3,500 millones durante el período del programa.
El FMI también destaca la necesidad de fortalecer las finanzas públicas de forma que se protejan a las poblaciones más vulnerables y se priorice la inversión pública esencial.

Mejoras en transparencia y gobernanza
La transparencia fiscal ocupará un lugar central en el programa. Esto incluirá esfuerzos iniciales para mejorar la información sobre la deuda pública, las pensiones, las empresas estatales y los contratos públicos.
También se implementarán reformas para establecer un marco sólido contra la corrupción y mejorar los mecanismos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Estas iniciativas se complementan con proyectos dirigidos a modernizar infraestructuras, reducir la burocracia y fomentar la adaptación al cambio climático.

Bitcoin y activos digitales
En lo que respecta a bitcoin, el FMI señala que se han tomado medidas para mitigar riesgos potenciales. La aceptación de bitcoin por el sector privado será voluntaria, mientras que la participación del sector público en actividades relacionadas con esta criptomoneda estará limitada.
Asimismo, se reforzarán los marcos regulatorios para salvaguardar la estabilidad financiera y proteger a los consumidores.
Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Raphael Espinoza, jefe de la misión para El Salvador, destacaron el compromiso del gobierno salvadoreño en la implementación de este programa.
“Agradecemos la colaboración de las autoridades y el diálogo constructivo en el desarrollo de estas reformas. Este programa contribuirá a consolidar la prosperidad económica de El Salvador y de su población”, dijeron.
El Directorio Ejecutivo del FMI considerará la aprobación del programa a principios de febrero, una vez que se hayan implementado las acciones previas acordadas.

El fiscal general y candidato a la reelección en el cargo, Rodolfo Delgado, dijo que algunos de los principales retos que afrontará en caso de continuar en su puesto, es la modernización y la eficiencia de la institución, junto al acercamiento de la misma hacia la sociedad, para lograr consolidar una entidad que, dijo, por años pasó “desconectada” de muchos esfuerzos estatales para combatir efectivamente el delito.

Tras destacar ante los miembros Comisión Política de la Asamblea Legislativa los logros obtenidos desde 2021, entre los que figura la agilización del trabajo en el marco del régimen de excepción, Delgado sostuvo que ahora hay más fiscales auxiliares laborando.

Según él, en 2021 el 51 % de la institución era de áreas administrativas y ahora el 54 % son abogados o estudiantes de derecho sumados a las diferentes investigaciones.

De acuerdo al funcionario, han creado diferentes unidades que son el principal soporte de su trabajo y que todas están enfocadas a servir con eficiencia a la sociedad.

Explicó que la Fiscalía ha sido un actor clave en la desarticulación de pandillas, en colaboración con el Órgano Ejecutivo. 

Delgado destacó que en el régimen de excepción, los homicidios se han reducido a solo 111 este año, con una tasa de resolución del 96 %, una cifra histórica comparada con el 5 % registrado en 2015.

Su apuesta, añadió, es garantizar no sólo buenos resultados, sino un trato digno y especializado a las víctimas de los diferentes delitos, además de lograr una modernización tecnológica que permita simplificar procesos llegando a reducir el uso de papel y avanzar en diferentes instancias a los procesos virtuales.

Delgado también reconoció que la FGR enfrenta importantes desafíos en esta nueva etapa, entre los que destacó la consolidación de un modelo integral de desarrollo del fiscal y buscar la regionalización de la infraestructura de la Fiscalía para garantizar instalaciones adecuadas en todo el país.

Buscará implementar sistemas para reducir la carga laboral de los fiscales y potenciar sus habilidades mediante capacitación continua y el fortalecimiento de la fiscalía electoral que permita diseñar ejes estratégicos que garanticen un desempeño eficaz en los procesos electorales futuros.

Dijo que controlada la seguridad tras reducir las pandillas, los primeros agentes criminales que operaban en el país, ahora deben concentrarse en combatir delitos de contenido patrimonial, como estafas y estafas informáticas, cuyos fondos son frecuentemente transferidos a países de Oriente Medio y Sudamérica.

“Nos preparamos para combatir a otro tipo de delincuencia, hacia otras manifestaciones delictivas, de contenido patrimonial, que siguen afectando a los salvadoreños”, sostuvo. 

Aunque la FGR ha acompañado al Ejecutivo en el régimen de excepción, Delgado se mostró abierto a investigar cualquier denuncia de abuso en su aplicación y reconoció la importancia de fortalecer otras áreas de la institución.

Además ofreció impulsar la aprobación de una nueva Ley Orgánica de la FGR, que refleje las necesidades actuales y futuras, continuar avanzando en el uso de tecnologías en los actos de investigación y consolidar el sistema de gestión de procesos.

Delgado hizo un llamado a seguir apostando por el fortalecimiento de las unidades especializadas y a regionalizar la infraestructura de la FGR para optimizar la atención a la ciudadanía. 

Sostuvo que con la ejecución del proyecto para las oficinas centrales de la institución, un proyecto que sobrepasa los $70 millones, la institución ahorrará poco más de $5 millones anuales en alquileres de edificios (sólo en ese rubro invierte $4 millones cada año).

La Fiscalía General informó sobre la captura de 14 personas, incluyendo abogados, notarios y civiles, acusados de utilizar sus conocimientos técnicos para despojar a propietarios de sus bienes inmuebles.
Los sospechosos habrían realizado una serie de maniobras fraudulentas para vender las propiedades a terceras personas, generando un perjuicio que supera los $200,000.

Modus operandi
Entre los detenidos se encuentra el notario Miguel Ángel Rodríguez, quien valiéndose de su oficio, certificó la venta de un inmueble sin que el propietario legítimo compareciera ante sus oficios notariales.
Pese a esta irregularidad, Rodríguez ofertó la propiedad a una tercera persona, consumando el acto fraudulento.
A los capturados se les acusa de diversos delitos relacionados con la falsificación de documentos y el uso de artimañas para estafar a las víctimas. Los cargos incluyen: uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, falsedad ideológica, falsedad documental agravada y estafa agravada

La Fiscalía insistió en la gravedad de estos delitos, ya que involucran una violación directa a la confianza depositada en los profesionales del derecho, quienes utilizaron sus conocimientos para cometer actos ilícitos en lugar de defender los intereses de sus clientes.
Las autoridades continúan investigando para determinar la participación de otros posibles implicados y recuperar los bienes despojados. Además, la Fiscalía busca fortalecer las pruebas para garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
La Fiscalía instó a la población a estar alerta frente a este tipo de delitos y verificar cuidadosamente la legitimidad de las transacciones relacionadas con bienes inmuebles.

El sector de pequeños hoteleros de El Salvador se prepara para una temporada de fin de año prometedora, con una ocupación que podría alcanzar el 100 % en algunos destinos turísticos clave durante los últimos días de 2024.
De acuerdo con la Asociación de Pequeños Hoteles de El Salvador (Hopes), las reservas actuales ya rondan el 50 %, superando los registros del mismo periodo en 2023.
Leonor Castellanos, presidenta de Hopes, destacó que diciembre, tradicionalmente un mes de menor ocupación debido a que las familias suelen permanecer en sus hogares, está mostrando un comportamiento diferente este año.
“En algunos hoteles ya hemos registrado picos de hasta un 100 % de ocupación, y la tendencia parece indicar que este año cerraremos con mejores cifras que en 2023”, afirmó Castellanos.

Tendencias de reserva y picos de ocupación

Según Castellanos, el 50 % de reservas actuales podría incrementarse significativamente conforme se acercan las fechas festivas, ya que muchas personas realizan sus reservas de última hora.
La gremial prevé que las playas y montañas alcancen ocupaciones del 100 %, mientras que los hoteles urbanos podrían superar el 50 % de ocupación.
El Ministerio de Turismo (Mitur) proyecta que más de 125,000 turistas internacionales visitarán El Salvador entre el 23 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025, generando un impacto económico estimado en $125 millones.

La mayor parte de esta demanda provendrá de turistas provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de la comunidad de salvadoreños residentes en el extranjero, conocidos como “hermanos lejanos”.
“Desde octubre hemos notado un incremento significativo en visitantes hondureños, superando incluso a los guatemaltecos, que tradicionalmente lideraban las estadísticas”, comentó Castellanos.
Además, se observa un cambio en el patrón de visitantes nicaragüenses, quienes ahora llegan en familia y no solo por motivos laborales.

Mejora de la experiencia hotelera
Hopes enfatiza la importancia de mantener altos estándares de calidad en el servicio para consolidar el crecimiento del sector.
Castellanos subrayó que aspectos como la calidad de la comida y el servicio en las habitaciones son fundamentales para atraer y fidelizar a los clientes.
Con una demanda en alza y un panorama optimista, los pequeños hoteleros de El Salvador afrontan esta temporada como una oportunidad para cerrar el año con cifras récord en ocupación y contribución al dinamismo turístico del país.

El Gobierno busca una nueva reforma penal para endurecer las penas aplicables al delito de conducción peligrosa y llevarlas hasta 10 años de prisión en algunos casos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, propuso una nueva reforma al artículo 147-E del Código Penal con la que buscan fortalecer la legislación existente y aumentar las sanciones contra quienes pongan en riesgo la seguridad vial mediante disputas de vías, competencias sin autorización o la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

Incremento en las penas
En 2 ocasiones durante el 2021 el artículo 147-E del Código Penal fue modificado en dos ocasiones durante 2021 y este impone una pena de entre 2 y 4 años de prisión por conducción peligrosa de vehículos de motor, una reducción que se realizó en noviembre de 2021 después de que la reforma de septiembre del mismo año la elevara a entre 4 y 6 años.
La nueva propuesta contempla aumentar el rango a entre 2 y 5 años de prisión.

En cuanto a la conducción peligrosa en vehículos de transporte público o de carga, la propuesta elevaría las penas a entre 5 y 10 años de prisión.
Esto representa un cambio significativo respecto a las reformas de 2021, cuando inicialmente se establecieron penas de entre 5 y 8 años en septiembre, para luego reducirlas a entre 3 y 6 años en noviembre.

Sanciones más estrictas por homicidio culposo
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es el endurecimiento de las penas en casos donde la conducción peligrosa resulte en homicidio culposo o lesiones muy graves.
Actualmente, el Código Penal incrementa la pena hasta un tercio del máximo, lo que equivale a 8 años de prisión. Con la reforma, la pena podría alcanzar hasta 10 años en casos relacionados con vehículos de motor y hasta 15 años si el delito involucra transporte público o de carga.

Medidas complementarias
La propuesta también incluye disposiciones adicionales para combatir la conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas. Según el texto, las pruebas realizadas en controles vehiculares serán consideradas prueba suficiente en flagrancia para determinar el delito.
La iniciativa del gobierno busca responder al creciente número de incidentes de tránsito relacionados con conductas irresponsables, así como a las demandas de mayor seguridad vial por parte de la ciudadanía.
Con esta propuesta, el Ejecutivo pretende disuadir a los conductores de incurrir en comportamientos peligrosos y garantizar un entorno más seguro para los usuarios de las vías.
El pleno legislativo conoció el martes 17 de diciembre la iniciativa, que ahora se encuentra en proceso de análisis para su eventual aprobación.