El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su gobierno continuará y aumentará las deportaciones de supuestos miembros de las pandillas MS-13 y Tren de Aragua hacia El Salvador, en el marco de una política de seguridad que ha generado polémica dentro y fuera del país.

En la más reciente operación, 17 personas identificadas como integrantes de estas organizaciones criminales fueron expulsadas a territorio salvadoreño. “Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluidos asesinos y violadores”, afirmó Rubio en una publicación en la red social X.

El funcionario defendió la medida como una acción para “proteger a la población estadounidense” y respaldó la reciente designación de estas estructuras criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del presidente Donald Trump. “Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades y ciudadanos”, agregó.

Cooperación con El Salvador y reacción internacional

Las deportaciones forman parte de una operación conjunta con el gobierno de Nayib Bukele, centrada en la lucha contra el crimen transnacional. 

En este contexto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde están siendo recluidos los deportados.

Durante su visita, Noem advirtió que quienes cometan delitos en EE.UU. enfrentarán consecuencias inmediatas. 

“Si cometes un crimen, esta es la consecuencia que puedes enfrentar”, señaló. 

Asimismo, elogió la cooperación con el gobierno de Bukele, destacando los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado y la migración irregular.

El anuncio ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la falta de transparencia en los procesos de deportación y advierten sobre posibles violaciones a los derechos de los expulsados. 

Especial preocupación han expresado por los ciudadanos venezolanos deportados, quienes supuestamente integraban el Tren de Aragua.

A pesar de las controversias, la administración Trump sostiene que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad nacional y continuar con su política de mano dura contra el crimen organizado.

A partir del 1 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pondrá en funcionamiento una nueva plataforma digital para la consulta de edictos judiciales, dirigida a la ciudadanía y a las partes procesales en casos de crimen organizado.

Con esta herramienta, la CSJ busca fortalecer el acceso a la información y agilizar los procesos judiciales en los tribunales especializados. 

La iniciativa se enmarca en el cumplimiento del Acuerdo No 3-P, aprobado el 25 de febrero de 2025.

La plataforma, denominada “Edictos Judiciales – El Salvador”, permitirá consultar de manera ágil y segura los edictos emitidos por estos tribunales. 

Según la Corte, su implementación responde a lo establecido en el artículo 163 del Código Procesal Penal, el cual faculta el uso de medios digitales para la publicación de resoluciones cuando se desconoce el paradero de la persona a notificar.

Con este paso, la CSJ reafirma su compromiso con la modernización del sistema judicial, promoviendo mayor transparencia y eficiencia en los procesos relacionados con el crimen organizado.

En un evento solemne celebrado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cerca de un centenar de nuevos abogados fueron juramentados por el presidente del máximo tribunal, Henry Alexander Mejía. La ceremonia, correspondiente al mes de marzo, marcó el inicio oficial de la carrera profesional de los graduados.
Durante su discurso, Mejía destacó el esfuerzo y dedicación de los nuevos profesionales del derecho, resaltando el respaldo de sus familias en el proceso.
“Hoy se concreta todo el esfuerzo que han realizado a lo largo de su formación universitaria», expresó.
Además, hizo un llamado a la ética y responsabilidad en el ejercicio de la abogacía.
“La CSJ no solo juramenta y autoriza, sino que también sanciona. Es fundamental que devuelvan la credibilidad a la sociedad a través del ejercicio profesional con rectitud», enfatizó, destacando la importancia de la justicia, la seguridad jurídica y la paz social en el país.

Como parte del acto, los abogados recibieron el Manual para la Prevención de Lavado de Activos, con el objetivo de fortalecer su conocimiento en la materia y cumplir con sus responsabilidades legales. También se les proporcionó información sobre el proceso de registro ante la Unidad de Investigación Financiera.
La ceremonia contó con la presencia de destacados miembros de la CSJ, entre ellos, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco Valiente, y el jefe de la Sección de Investigación Profesional, Rubén Atilio Meléndez.

El concejo municipal de La Libertad Este dejó sin efecto dos reformas a la «Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Antiguo Cuscatlán», aprobadas en julio y octubre de 2024.
Estas modificaciones buscaban aplicar un esquema único de cobros en todos los distritos del municipio, pero fueron revertidas por no alcanzar los resultados esperados.
Desde el 1 de mayo de 2024, La Libertad Este está conformado por los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza, tras la reducción de 262 municipios a 44 por decisión de la Asamblea Legislativa y el Gobierno.
En diciembre del mismo año, el concejo municipal resolvió extender las tasas de Antiguo Cuscatlán al resto de distritos.
Sin embargo, el 3 de marzo de 2025, el concejo determinó que la aplicación de esta medida no era efectiva debido a diferencias en la información catastral y la base tributaria de los distritos.
Ante esta situación, el gobierno municipal decidió mantener las ordenanzas previas de cada distrito hasta que se diseñe una nueva normativa que responda a sus características particulares.
El decreto que anula la homologación fue aprobado el 3 de marzo, publicado en el Diario Oficial el 25 de marzo y entrará en vigencia el 2 de abril.
Este documento lleva la firma de la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, junto con otros miembros del concejo municipal.
A pesar de esta derogatoria, la decisión no afecta la reforma a la ordenanza de convivencia del municipio, que estableció aumentos en las multas.
Las reformas anuladas

1. Reforma del 29 de octubre de 2024: Derogaba disposiciones contrarias a la ordenanza de Antiguo Cuscatlán y eliminaba ordenanzas previas en San José Villanueva, Zaragoza y Huizúcar, excepto en los cobros no mencionados en la normativa de Antiguo Cuscatlán.
2. Reforma del 19 de julio de 2024: Integraba los decretos de tasas de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva y Huizúcar en la ordenanza de Antiguo Cuscatlán.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado dictó sentencia contra 52 miembros de la pandilla Barrio 18, facción Sureños, de Soyapango, imponiendo penas que oscilan entre los 21 y 45 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este es el primer juicio masivo realizado tras la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022.

Condenas según su rol en la pandilla
Los procesados fueron capturados entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2022 y condenados de acuerdo con el papel que desempeñaban dentro de la estructura criminal. Entre ellos se encuentran ranfleros, palabreros, homeboys y colaboradores, pertenecientes a diferentes sectores de Soyapango, como El Progreso, Villa de Jesús, Montes de San Bartolo y Los Ángeles.
Entre los condenados con las penas más altas se encuentran:

• Víctor López Mármol, alias Black (Villa de Jesús) – 45 años de prisión (ranflero).
• José Mauricio Aguiluz Portillo, alias Repollero (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Dennis Humberto Velásquez García, alias Sol (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Sigfredo Alejandro Trujillo Hernández, alias Pollo (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
• Rafael Antonio Medrano Bonilla, alias Sombra (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
  Otros integrantes, como Erick Antonio Blanco Laínez y Juan Jeremías Martínez Escobar, recibieron penas de 28 años, mientras que 14 colaboradores fueron sentenciados a 21 años de cárcel.

Juicios masivos bajo críticas
El proceso se llevó a cabo en un Tribunal contra el Crimen Organizado, por lo que los medios de comunicación no tuvieron acceso a la audiencia. Toda la información fue proporcionada por la FGR a través de comunicados oficiales.
Desde julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones que permiten a la Fiscalía enjuiciar en bloque a presuntos pandilleros, agrupándolos según su clica y estructura criminal.
Esta medida, que estará vigente por dos años, ha sido cuestionada por la oposición y organizaciones internacionales, que advierten sobre posibles violaciones al debido proceso.