La Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño acordó convocar, con apercibimiento de apremio, al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para el próximo viernes 2 de octubre a las 9:30 a.m.

La Comisión tiene como función investigar el uso de recursos obtenidos por empréstitos, donaciones o reorientados del Presupuesto General, dentro del marco de la pandemia Covid-19. Luego de la tercera convocatoria realizada al ministro de Hacienda en la que no asiste, la Comisión acordó convocarlo con apremio.

El presidente de la Comisión Especial, diputado René Portillo Cuadra (ARENA), manifestó: “Lamento mucho tener que llegar a estos extremos de tener que citar a un ministro por apremio, pienso que todavía estamos a tiempo de que el señor ministro haga lo correcto y que él comparezca por su voluntad a darle explicaciones, no a los diputados si no al pueblo salvadoreño de, ¿Qué hicieron con los más de 3 mil millones de dólares que ingresaron durante lo más intenso de la pandemia? El señor director de la Policía Nacional Civil tendrá que hacer efectiva la comparecencia del señor ministro”.

La Comisión sostiene que la Constitución establece la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de colaborar con las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa; así también, se señala que el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) señala las obligaciones que tienen los funcionarios a colaborar con las Comisiones Especiales.

Sandra Renderos y Diego Meléndez, asociados de la la firma Arias.

En lo que va del presente año, nos ha tocado vivir una realidad anómala a nivel nacional y global, debido a la crisis sanitaria que se ha generado por la pandemia del COVID-19, la cual ha impactado el sistema de salud pública de la mayoría de los países del mundo y pone en riesgo la salud de la población en general. La pandemia del Covid-19, también ha impactado la economía de los países, por las medidas adoptadas para combatir su propagación y contagio.

El Salvador no ha sido la excepción, y en ese contexto las autoridades competentes han adoptado una serie de medidas sanitarias preventivas, entre ellas, el resguardo domiciliar obligatorio, el establecimiento de causales específicas y excepcionales por las cuales se puede circular en el territorio, y la autorización de operar únicamente para industrias esenciales para atender la pandemia. Actualmente, dichas medidas están reguladas en la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, la cual tiene vigencia hasta el 19 de mayo de los corrientes; el Decreto Ejecutivo Nº 24, que desarrolla el contenido de dicha Ley y que tiene vigencia hasta el 21 de mayo de los corrientes; y la Ley de Estado de Emergencia Nacional, la cual tiene vigencia hasta el 16 de mayo de los corrientes.

Como consecuencia de dichas medidas sanitarias, la mayor parte de industrias del país no están operando, y otras, están operando con una reducción en su capacidad productiva, lo cual implica una disminución significativa de ingresos para muchas empresas que pertenecen a diversos sectores de la economía. Lo anterior, repercute en la capacidad de dichas empresas de cumplir con sus obligaciones ordinarias tales como el pago del personal, gastos administrativos, entre otras.

En ese sentido, el Código de Trabajo contempla ciertas figuras que son aplicables cuando existe un caso fortuito o fuerza mayor, entre ellas, la reducción de la jornada ordinaria de trabajo. Al respecto, el artículo 34 de dicho cuerpo normativo establece que cuando el caso fortuito o fuerza mayor genera la reducción de la jornada, y dicho caso fortuito no sea imputable al patrono, este último estará obligado, durante los primeros tres días, además de pagar el salario por el tiempo trabajado, a pagar un equivalente al cincuenta por ciento que los trabajadores dejaren de devengar por la reducción. Una vez transcurridos dichos tres días, los trabajadores sólo devengarán el salario correspondiente al tiempo que trabajaren.

El caso fortuito o fuerza mayor es una figura legal, que aunque no está definida por el Código de Trabajo, sí está regulada y definida en el Código Civil. En ese sentido, el artículo 43 del Código Civil, al referirse al caso fortuito o fuerza mayor, dispone que es: “(…) el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc (…)”.

Tal disposición se complementa por la jurisprudencia nacional, entre otras, en la sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Ref. 329-2003, de fecha 16 de diciembre de 2003, en la que se sostuvo que: “(…) El caso fortuito es el acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible, que impide en forma absoluta el cumplimiento de la obligación. Se trata por consiguiente de hechos naturales inevitables que pueden ser previstos o no por el deudor, pero a pesar de que los haya previsto no los puede evitar, y que impiden en forma absoluta el cumplimiento de la deuda, constituyen pues, una posibilidad física insuperable…”. En la misma sentencia, referente a la fuerza mayor, se ha sostenido que: “(…) La fuerza mayor es el hecho del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide también en forma absoluta el cumplimiento de la obligación (…)”.

Asimismo, los elementos constitutivos de caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes de responsabilidad, según la jurisprudencia nacional son: la inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. (Sentencia de la Sala de lo Civil de la CSJ, Ref. 11-C-2007, de fecha 11 de noviembre de 2008). La misma jurisprudencia ha determinado que la inimputabilidad se refiere a que no exista culpa de parte de quien alega el caso fortuito o fuerza mayor;la imprevisibilidad se refiere a la imposibilidad de prever un hecho o acontecimiento; y la irresistibilidad se refiere a que a pesar de haberse tomado las medidas correspondientes, fue imposible evitar que el hecho se presentara.

Entendemos que la crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19, así como las medidas ordenadas por las autoridades para combatirla, por su carácter extraordinario, imprevisible e irresistible, se constituyen como hechos que reúnen las características de un caso fortuito o fuerza mayor, a la luz de nuestra legislación y jurisprudencia, de tal suerte que resultan aplicables determinadas figuras legales establecidas por el legislador en materia laboral, tal como la reducción en la jornada ordinaria de trabajo.

Es importante tomar en consideración que la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, es una figura que no puede aplicarse de forma generalizada, de modo que deberá analizarse de forma particular, según las circunstancias que rodean a cada caso.

Por: Walter Alonso Iraheta, investigador social  del Observatorio de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia. 

Ante el reciente lanzamiento y posicionamiento de la Agenda Digital Nacional por parte de la Secretaría de Innovación de la Presidencia, vale la pena rescatar una serie de elementos que se deben reflexionar de cara a su implementación en el país. Ante el particular escenario político y democrático de El Salvador, se nos presenta una gran oportunidad de desarrollar y consolidar la gobernanza digital que nos permita transitar hacia una sociedad de la información y del conocimiento. 

Acorde con lo que señalan las experiencias internacionales, la gobernanza digital en el país debe cumplir con una serie de rasgos relevantes y potencialidades que vale la pena resaltar: fomenta la transparencia del sector público, acelera trámites ciudadanos, mejora los servicios que entrega el gobierno y se puede convertir en una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción.

Tras 28 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, uno de los grandes retos que enfrenta la democracia salvadoreña es la ingobernabilidad. Esta se manifiesta en la desproporción entre las demandas provenientes de la sociedad civil y la capacidad del sistema político de responder con soluciones concretas. De igual forma, uno de los retos centrales consiste en cómo brindarle a la población las condiciones para que sean quienes, mediante su participación, controlen el ejercicio del poder político.

Ante esta realidad, la gobernanza digital ofrece grandes bondades al permitir la integración de las TIC en la administración pública y su principal propósito debe consistir en fomentar la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana. Por lo tanto, es un paradigma de gestión pública que puede favorecer la interacción entre los dos elementos constitutivos del Estado: Gobierno y sociedad. De modo que la gobernanza digital enfatiza la comunicación fluida en dos sentidos: desde el gobierno a la ciudadanía y viceversa. Así, permite mejorar la administración y la entrega de los servicios a la ciudadanía, lo cual satisface el propósito fundamental de la gobernanza.

Por ello, es necesario que la administración de los servicios se centre en la ciudadanía, para lo cual la infraestructura digital que el Estado diseñe debe permitir romper las barreras técnicas e institucionales que los ciudadanos enfrentan.

Para el desarrollo de la gobernanza digital es fundamental el papel de la institucionalidad pública para que rija y se encargue de ordenar todo el quehacer en cuanto a lo digital, tecnológico y administrativo. Se requiere de una institucionalidad sólida que funcione como rectora en la planificación nacional en materia de TIC y con capacidad de fomentar el espíritu colaborativo con el resto de instituciones del Estado.

Para que la gobernanza digital cumpla sus propósitos se requiere del surgimiento y consolidación de una ciudadanía digital. La ciudadanía digital es aquella que utiliza las TIC para participar activamente en la sociedad, en su transformación y desarrollo, en la política y en el gobierno. Esta ciudadanía, por sus características, cuenta con el gran potencial de ejercer un control más efectivo sobre el poder político.

Para que surja la ciudadanía digital se deben desarrollar procesos educativos destinados a ese fin. Es necesaria una educación y alfabetización digital en tecnología para servidores públicos y el diseño de una currícula que desde los primeros años de escolaridad prepare a los estudiantes para una sociedad digital. Por lo tanto, uno de los grandes retos consiste en combatir las brechas digitales ciudadanas mediante una currícula en tecnología.

Otra condición imprescindible para la consolidación de la ciudadanía digital es la cobertura total de internet. El internet posibilita la construcción social de conocimiento y la participación de la ciudadanía orientada al cambio social.

Así, los compromisos que debe asumir el gobierno consisten en formar ciudadanos digitales, que no solo sepan utilizar tecnologías, sino que también deben ser conscientes de sus responsabilidades y derechos en un mundo digital; en modernizar el Estado a través de la desmaterialización de documentos, la firma electrónica y el acercamiento de la información a la población, y, por último, el fomento de la identidad digital.

Sin duda, la apuesta es grande y falta mucho camino por recorrer, pero representa una gran oportunidad que no se debe desaprovechar para fortalecer la gobernabilidad y la democracia salvadoreña. Solo de esta forma la gobernanza digital permitirá responder a las expectativas sociales de desarrollo basado en la información y el conocimiento.