Los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron con 59 votos a favor un convenio internacional para la gestión de cobros de cuotas alimenticias a favor de niños y familiares, aún cuando los responsables del pago se encuentren fuera del país.

La ratificación fue aprobada tras el dictamen emitido por la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno.

El acuerdo, ya suscrito por 52 países, permitirá que las cuotas alimenticias sean reclamadas a nivel internacional.

La Procuraduría General de la República (PGR) será la encargada de gestionar las solicitudes de cobro con las autoridades de otros países, reemplazando al Ministerio de Relaciones Exteriores en este proceso.

Durante la sesión, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores expusieron los beneficios que este convenio traerá para los salvadoreños, entre los que se destacan la simplificación de los procesos, reduciendo tanto los tiempos como los costos, así como la posibilidad de recibir asistencia jurídica gratuita. Además, se garantizó la seguridad alimentaria y una mejor coordinación en la ejecución de resoluciones alimenticias.

La Asamblea Legislativa ratificó este martes un convenio de asistencia mutua con el gobierno de Estados Unidos, destinado a fortalecer la lucha contra la corrupción aduanera.

Esta fue aprobada con 58 votos de 60 durante la sesión plenaria, luego de que la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno emitiera el dictamen favorable el miércoles pasado.

El acuerdo, firmado el 7 de octubre de este año, tiene como objetivo mejorar la transparencia y eficiencia en los procesos aduaneros en ambos países.

Entre sus principales propósitos se encuentran la identificación de infracciones y la correcta tasación de los derechos aduaneros, así como la implementación de medidas para enfrentar el contrabando y otras actividades ilícitas relacionadas.

El convenio busca una cooperación estrecha en diversas áreas clave, incluyendo:

• El intercambio de métodos y técnicas para el tratamiento de pasajeros y carga.
• La aplicación de técnicas coercitivas para hacer cumplir las normativas aduaneras.
• La represión de infracciones aduaneras y la identificación de nuevos métodos utilizados para cometer delitos en este ámbito.
• La obtención de información sobre la importación ilegal de mercancías y la supervisión de personas y bienes sospechosos de estar involucrados en actividades ilícitas.
• La facilitación mutua de información relacionada con medidas provisionales, decomisos y acciones conjuntas para abordar infracciones aduaneras.

Además, establece la creación de canales de comunicación entre ambos gobiernos para coordinar operaciones específicas y mejorar la efectividad en la lucha contra el tráfico ilícito.
Como parte de los compromisos del convenio, se prevé la mejora de la infraestructura de la Dirección General de Aduanas en El Salvador.

La comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable para los proyectos de ley relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos personales.

Los diputados debatieron y escucharon las exposiciones del secretario de Innovación de la Presidencia, Daniel Ernesto Méndez Cabrera, quien detalló los objetivos de ambas normativas.

La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información tiene como fin establecer un marco legal y político que permita a las instituciones públicas regular, vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad. Méndez explicó que esta ley busca estructurar las políticas de protección de datos y asegurar que las entidades gubernamentales cuenten con las herramientas necesarias para proteger la información que manejan.

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales tiene el objetivo de garantizar el tratamiento legítimo de los datos personales, estableciendo los requisitos para su recolección, procesamiento y almacenamiento. Méndez subrayó que esta ley permitirá a los ciudadanos pedir la eliminación de datos personales de los buscadores de información en línea, especialmente cuando estos datos sean filtrados o compartidos sin su consentimiento.

“Con la Ley de Protección de Datos Personales combinada con la Ley de Ciberseguridad, podremos solicitar a los buscadores que eliminen información que no queramos que esté disponible públicamente”, afirmó Méndez, quien también explicó que ambas leyes permitirán la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, un organismo que será responsable de supervisar y regular las políticas en materia de ciberseguridad y protección de datos personales.

El funcionario destacó que esta agencia será clave para garantizar los derechos de los ciudadanos salvadoreños, tanto en la protección de sus datos personales como en la seguridad de la información manejada por las instituciones públicas y privadas. Según Méndez, la nueva legislación establecerá los protocolos mínimos que deberán seguirse para proteger la seguridad de la población y la integridad de sus datos.

El ministro de Obras Públicas, Romero Rodríguez, confirmó este lunes que las fotomultas comenzarán a aplicarse a partir de la próxima semana en el Bulevar Monseñor Romero, luego de las últimas pruebas realizadas a las cámaras inteligentes y semáforos del sistema.

En una entrevista para la radio YSKL, Rodríguez detalló que la semana en curso se dedicará a realizar las últimas revisiones al sistema antes de su activación completa. “Esperamos que a más tardar, a finales de la próxima semana, iniciemos con el primer corredor, que será el Bulevar Monseñor Romero, y las fotomultas comenzarán a funcionar”, indicó el ministro.

El nuevo sistema de fotomultas, que incluye semáforos inteligentes y cámaras de vigilancia, está diseñado para reducir los siniestros viales en el país.

Según Rodríguez, esta tecnología ayudará no solo a regular el tráfico, sino también a disminuir la cantidad de accidentes de tránsito. “Queremos hacer una última revisión esta semana y, una vez finalizado ese proceso, comenzaremos a implementar este sistema que mejorará la seguridad vial”, explicó.

El sistema de fotomultas captará automáticamente los datos de la placa de los vehículos que infrinjan las normas de tránsito, generando una base de datos con las faltas cometidas. Un equipo autorizado será el encargado de revisar esta información y determinar si se cometió una infracción. En caso afirmativo, la multa será notificada al conductor por correo electrónico.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, había explicado previamente que las fotomultas se aplicarán a aquellos vehículos que no respeten las señales de tránsito, incluidos los límites de velocidad, el peso máximo permitido en vehículos de carga y el respeto de carriles.

¿Cómo apelar una fotomulta?

En cuanto al proceso de apelación de las multas, el ministro Rodríguez explicó que los conductores tendrán un plazo de 3 a 5 días hábiles para presentar su apelación, ya sea de manera presencial en las instalaciones del Viceministerio de Transporte (VMT) o a través de un proceso electrónico.

Aunque los detalles sobre el sistema electrónico de apelación aún no han sido proporcionados, se espera que esté disponible pronto.

Para evitar las fotomultas, los conductores deberán cumplir con tres principales regulaciones:

Respetar los límites de velocidad: En el Bulevar Monseñor Romero, el límite de velocidad será de 90 km/h en tramos rectos y de 70 km/h en intersecciones.

No exceder el peso permitido en vehículos de carga: El sistema utilizará básculas dinámicas ocultas para verificar el peso de los camiones en movimiento. Estas básculas no son visibles para los conductores, pero permitirán detectar si el vehículo sobrepasa el límite permitido, alertando al centro de monitoreo.

Respetar los carriles establecidos: El sistema también vigilará que los conductores respeten los carriles correspondientes según el tipo de vehículo que conducen.

Próximos pasos

Una vez que las fotomultas entren en operación en el Bulevar Monseñor Romero, el Ministerio de Obras Públicas tiene planeado extender su implementación a otros puntos clave, como la autopista al aeropuerto internacional y la carretera hacia el puerto de La Libertad, como parte de un esfuerzo para modernizar el control del tránsito y reducir los accidentes viales en El Salvador.

El partido oficialista Nuevas Ideas está en proceso de revisar y ajustar la propuesta de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de hacerla más «aplicable» y alineada con las observaciones del presidente Nayib Bukele. Así lo aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa,

Ernesto Castro, quien apegue que se busca una legislación que se ajuste a las «realidades» del país, en un tema complejo y de largo debate: la regulación del tránsito vehicular.

Castro explicó que la intención es que la ley sea efectiva y beneficiosa para la población, señalando que el proceso de revisión avanza con el fin de presentar una propuesta concreta a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial. «Estamos trabajando en ella, vamos a hacer una propuesta con algunos detalles. Lo que queremos es que sea algo que realmente sirva, que sea aplicable», afirmó el legislador.

La reforma que está siendo revisada fue inicialmente aprobada el 25 de enero de 2023, bajo el decreto legislativo 651. Este incluyó un aumento en las multas de tránsito, estableciendo rangos de entre $50 y $150, y nuevas regulaciones para los motociclistas, como la prohibición de circular por las líneas divisorias de los carriles o por el borde del carril izquierdo.

Esta medida, entre otras, generó controversia debido a las implicaciones para los conductores de motocicletas, quienes enfrentarían una multa de hasta $150 por infringir la normativa.
El presidente Bukele observó esta reforma el 30 de abril de 2023, y sus observaciones fueron enviadas a la Comisión de Obras Públicas.

Sin embargo, tras una reestructuración legislativa, la comisión fue absorbida el 14 de mayo por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, encargada ahora de revisar la propuesta.
Castro insistió en que lo que se busca con la reforma es que sea una ley funcional, que no se quede solo en el papel.

“Queremos que sea realmente aplicable, no queremos hacer algo que al final en la práctica no pueda tener los resultados que el pueblo salvadoreño nos está exigiendo», subrayó.

Además, aseguró que están comprometidos a resolver el tema antes de que termine el año.

El proceso legislativo en torno a esta ley ha sido tenso, dada la importancia de regular un tema tan sensible como el tránsito, que afecta a miles de salvadoreños a diario.

El presidente de la Asamblea confía en que, con las correcciones necesarias, la propuesta logrará tener el impacto esperado, mejorando la seguridad vial y la convivencia en las calles del país.